Son las doce del mediodía y ya llevo una hora de carretera. Detrás quedó Ciudad Juárez, sus talleres, sus ‘yonkes’ o deshuesaderos, como ese que en 1983 recibió una cápsula de cobalto-60 robada de un hospital y la fundió junto con toneladas de varilla de construcción. Atravieso las dunas de Samalayuca, esas pequeñas montañas de arena que se enclavan en un desierto que tiene la memoria enterrada. Aquí, en un predio llamado El Vergel, el gobierno mexicano sepultó miles de toneladas de tierra, escoria, varilla y contenedores contaminados. El esqueleto del mayor accidente radiactivo de la historia terminaría enterrado debajo de estas dunas.

Un hospital privado de Ciudad Juárez había comprado, sin permiso ni norma que lo respaldara, una máquina de radioterapia con una fuente de cobalto-60. La dejaron guardada, sin usarla, hasta que en 1983 don Vicente Sotelo la sacó de la bodega y la vendió como chatarra en uno de los ‘yonkes’ de la ciudad. 

Ahí en Yonke Fénix la desarmaron a mano, sin saber lo que tenían entre los dedos, y la fundieron junto con toneladas de fierro viejo. De esa fundición salieron varillas que se usaron para construir cientos de casas en México, y mesas industriales que terminaron en restaurantes de Estados Unidos. Nadie en Chihuahua sabía que el material que circulaba por sus calles y carreteras, que entraba a sus casas y cocinas, emitía radiación.

Los tráilers me rebasan a toda velocidad, quieren llegar al parador de descanso antes de que la arena que se levanta por las tardes les nuble el parabrisas y les impida el paso. Es inevitable imaginar que así se veía este entorno en 1985, dos años después del accidente de cobalto-60: hace algunos años los pobladores de la Samalayuca me describieron la misma escena.

Una mañana sólo vieron la andanada de trailers, que se acercaban como caravana fúnebre, pero esa vez a rueda lenta. Estoy segura que descendieron igual, que activaron el mismo freno de motor cuando agarraron esta rampa empinada que conecta la ciudad con el desierto. Que los pobladores los escucharon acercarse gracias al traqueteo grave y entrecortado, como de ametralladora, que hacen cuando vienen ‘jakeando’, como le llaman los traileros. Pero aquella vez, con las varillas contaminadas de radiación nuclear a cuestas.

Un retén de la Guardia Nacional me detiene. Un joven muy solemne pregunta qué ando haciendo por aquí con el desgano de traer a cuestas el calor. El carro rentado, con placas de Yucatán me delata antes de que pueda explicarle que no soy de acá. Le digo que en efecto no soy de aquí y vengo en busca de un señor llamado don Raúl, uno de los liquidadores del accidente de cobalto 60.

“¿Un liquidador?”. Sí, uno de los hombres que en 1985 cavó estos hoyos con las manos y bajó ahí los tambos de cobalto-60 que hoy siguen bajo la arena.

El Guardia Nacional, que dice ser de Acapulco, me cuenta que odia el desierto, que no hay mujeres y sólo se ven entre ellos. Que extraña el mar.

El camino se angosta y la arena empieza a comerse el asfalto. Estoy buscando el pueblo de Samalayuca. Atravieso las vías del tren, y como en todo pueblo la gente me va dando indicaciones, que si el abarrotes, que si una casa con dos perros, una vuelta con un monumento hasta que llego a la casa de Martha Ávila.
A ella la conocí hace casi cinco años, cuando encontré su nombre en un expediente que logré desclasificar en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Ahí, entre más de quinientas hojas sostenidas con ‘clips’, entre mapas y análisis médicos con la tinta ya corrida, aparecía mencionada de pasada.
En ese entonces me habló de 1985, del año entero que Samalayuca dejó de sembrar por miedo a que el cobalto se filtrara al agua de los pozos profundos con los que regaban sus cultivos. Me habló de las nubes negras que la gente veía pasar por el cielo del desierto y temía que trajeran veneno. Y me contó de Antonio Fabela, un muchacho de veintitrés años, hijo de su comadre Sanjuana, al que ella conocía de toda la vida. Que tocó la fuente de cobalto-60 con las manos peladas, sin saber qué era. Que se le empezó a caer el cabello. Le salieron llagas en la piel.
Cuando por fin Antonio fue al doctor, le dijeron que tenía cáncer. Murió siete meses después de aquel día en que tocó las varillas de Cobalto-60.
Han pasado casi cinco años desde que me contó esto y Martha sigue siendo la misma mujer afable. Hoy llegué a su casa pero me esperaba alguien más: don Raúl Castro Aguirre, uno de los hombres que enterraron el material radiactivo. Yo lo llamo ‘El Liquidador’, porque así apodaron en Chernobyl a los bomberos y mineros que en 1986 entraron a la zona del reactor nuclear para apagar el incendio, cubrir el núcleo con concreto y arena, y limpiar con las manos los techos y los campos contaminados. Muchos de ellos murieron en los meses siguientes.
Don Raúl no tiene medalla alguna pero le tocó hacer algo así. Me espera en el comedor de la casa de Martha, en Samalayuca. Viene de trabajar con el ganado, trae una camisa vaquera de trabajo color blanca, un cinto piteado y una gorra con un caballo a galope. Es un hombre mayor de barba blanca y lleno de surcos en el rostro por el trabajo duro en el desierto. Él es, me dice, de los pocos que quedan en El Vergel, el ejido que hoy carga sobre su tierra el cementerio de cobalto-60.
Antes que don Raúl, su abuelo araba estas mismas dunas. Siente orgullo de ser uno de los pocos originarios de este lugar, donde se buscan flores de arena, rosas de yeso que el desierto tarda siglos en formar bajo la arena, capullos de cristal que sólo se encuentran a puro tanteo, con una pala o con las manos.
Así aprendió que estas dunas guardan debajo tierra secretos que apenas uno imagina. Pero años después, aprendería que también guardan flores menos bellas: objetos que no brillan y no se pueden sostener sin que le arranquen a uno la vida.

Un cementerio nuclear de seis fosas para el cobalto-60

Estamos sentados en el patio de la casa de Martha, justo donde se apilan bloques de alfalfa. Ahí don Raúl recuerda que en 1983, cuando sucedió el accidente de cobalto-60, no tenían casi nada de información. Sólo el rumor de que querían llevarlo a enterrar al desierto de Samalayuca, a un ejido llamado Villa Luz. “Pero la gente protestó y terminaron llevándolo al Vergel”. A su Vergel. 

Aunque a él y otros pobladores no les gustaba la idea, en comunidad consintieron que era mejor eso que llevarlo al poblado de Samalayuca, donde vivía la mayor cantidad de gente del pueblo. Y ese rumor de Villa Luz no era el único destino que se barajó antes de que la basura nuclear cayera en El Vergel. Yo tengo otro documento, uno que encontré antes de venir. En él, tres dependencias de gobierno se escriben cartas para decidir dónde enterrarlo.

El 19 de septiembre de 1984, el gobierno de Chihuahua propone tres terrenos al secretario de Salubridad y Asistencia: uno llamado Estrella del Norte, cerca de Guadalupe; otro, Cerro Colorado, junto a Villa Ahumada; y un tercero, sin nombre, en la zona de los médanos, mitad roca y mitad pura arena.

Un mes después, unos geólogos contratados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología entregan su veredicto sobre otros dos sitios que ya estaban en la mesa: Villa Luz y un paraje llamado Mal Querido. Ambos son buenos, dicen, “desde el punto de vista geológico”, solo que Villa Luz está sobre roca fracturada y necesita una impermeabilización, y en Mal Querido el nivel freático está a apenas veinte metros bajo la superficie.

El 15 de noviembre de 1984, la propia Comisión Nacional de Seguridad Nuclear le explica por escrito a Salubridad y Asistencia cómo se debe construir una fosa para que sea segura: trincheras de hasta tres metros de profundidad, muros y piso de concreto armado, un desnivel para que el agua de lluvia escurra hacia un sumidero, un montículo final de dos metros de tierra inerte sembrado con raíces cortas para que no se erosione. Ahí está, dibujado a mano en un plano con clips oxidados, el corte transversal de lo que después sería la tumba: nivel de suelo, tierra inerte, desechos radiactivos, concreto, sumidero de escurrimiento.

Y el 26 de noviembre de 1984, en una minuta firmada por ingenieros y arquitectos de tres dependencias distintas, aparece por fin la decisión: el confinamiento se hará “en el lugar denominado La Piedrera, colindando con el ejido El Vergel”. La obra la construirá una empresa llamada Arlic, S.A. de C.V., que empezará a trabajar el 5 de diciembre y tiene cien días hábiles para terminar.

Cien días hábiles, calculo yo, debieron llevar la obra hasta cerca de abril de 1985. Y en efecto, ahí está: un informe fechado el 11 de abril de ese año, titulado sin adornos “Situación del problema de la contaminación con Cobalto-60 al 11 de abril de 1985”, cuenta que la instalación de La Piedrera consta de seis fosas de concreto, de cuarenta metros de largo por quince de ancho y cinco de profundidad, y que el avance de la obra apenas llega al cincuenta por ciento. 

De las seis fosas, sólo tres tienen paredes, y de esas, sólo una tiene los castillos de refuerzo terminados. Mientras tanto, en el sitio ya esperaban, apiladas, 5 mil 200 metros cúbicos de tierra, 4 mil 400 toneladas de productos metálicos, ochocientos barriles y una camioneta entera, todo contaminado, todo esperando un hoyo que todavía no estaba listo.

Nadie explicaba a los trabajadores sobre la radiación nuclear

Don Raúl dice que el rumor corrió antes que la noticia. Que en El Vergel se supo que iba a haber trabajo antes de saber para qué. Su hermano fue de los primeros en llegar porque ellos vivían muy cerca del camino vecinal que conectaba la carretera con el ejido, y ese camino terminó siendo la puerta de entrada al nuevo cementerio nuclear.
Un hombre llegaba con los aparatos y contrataba gente como eventual para la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Nadie explicaba más. “Pero hay gente que no sabía lo que estaban haciendo, no sabían que existía ese mal”.
Ese mal es la radiación nuclear, que más tarde terminaría afectando a personas como Agustín Villanueva, un chico de dieciséis años al que las uñas se le pusieron color café, como si tuvieran arena incrustada que ningún solvente lograba quitar: sus estudios apuntaron a una infertilidad temporal por ausencia total de espermatozoides.
O como Pedro Torres, de veintiocho años, curtido ya en el trabajo pesado del Yonke Fénix, le dieron dolores de cabeza y las mismas manchas en las palmas de las manos, y a quien diagnosticaron una producción de esperma muy por debajo de lo normal. O como los hermanos Agustín, Pedro y Lorenzo de la Cruz, en quienes el IMSS terminaría reconociendo, años después, esterilidad permanente e irreversible.
En Prípiat, del otro lado del mundo, dos años después, los liquidadores soviéticos tampoco lo sabían. Lo supieron cuando la piel empezó a desprenderse de sus manos y de sus brazos, cuando la sangre dejaba de coagular y las quemaduras que nadie había sentido arder abrían la carne semanas después de tocar los escombros.
Don Raúl recuerda que el lugar elegido para el cementerio nuclear fue El Vergel, pero específicamente en un terrenito al que le llamaban La Piedrera, a quinientos metros de la estación Desierto del ferrocarril Chihuahua-Ciudad Juárez, y a doce kilómetros al sur de la garita del kilómetro 28, sobre la carretera.
Dice que uno de los primeros movimientos de la Comisión Nuclear y del gobierno mexicano fue instalar una caseta “junto al entierro”, como le llama él a la tumba radioactiva. Fue el hermano de don Raúl quien se encargó de contar los camiones que llegaban a descargar y de anotar cuántos entraban y quién los conducía.
Dice que a la mayoría de los trabajadores nunca les explicaron qué era el cobalto-60 pero algo detectaban. Los ingenieros, así les llamaban a los trabajadores de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, traían un aparato parecido a un radar que pasaban sobre el cuerpo de la gente. “Parece que cuando subía la aguja, era que subía la radiación, y entonces tenían que ser retirados de ahí. Periódicamente se pasaba ese radar. La gente podía estar un rato pero después se retiraba. No podíamos estar tiempos largos”.
En Chernóbil los llamaban los “hombres del biorobot” porque cuando las máquinas fallaban, en el techo del reactor, mandaban a personas a subir, correr, tirar los escombros y bajar, noventa segundos por turno, ni uno más. Aquí no hubo techo ni noventa segundos, pero hubo un cálculo hecho con el cuerpo como instrumento de medición: cuánto aguanta un hombre antes de que el aparato ordene retirarse.

Paredes enormes para que la radiación no encontrara salida

Decenas de hombres y maquinaria pesada fueron convocados para enterrar miles de toneladas de cobalto-60. Durante semanas transitaron camiones cargados de fierro y varilla recién salida de la fundidora de Chihuahua. Impresionaba ver cómo enterraban las varillas enteras, larguísimas. En el desierto instalaron grúas del tamaño de una casa. Contrataron a los pocos habitantes que vivían en El Vergel y en los alrededores de Samalayuca. A unos les tocó cavar las fosas; a otros, rellenarlas de cemento hasta convertirlas en un hoyo blindado. Don Raúl recuerda paredes de casi un metro de grosor, hechas para que la radiación no encontrara salida.
“Cuando echaban esos fierros que nos decían que estaban contaminados, también se les ponía cemento encima, y luego una capa de tierra”. Él alcanzó a contar nueve fosas de cuarenta por veinte metros. Las tumbas, les dice él. Ahí entraba todo junto, el fierro y hasta la tierra del Yonke Fénix, sin separar lo uno de lo otro.
Lo que más recuerda es que después tenían que sembrar plantas encima, reforestar lo que acababan de exhumar. Tapar la radiación con plantas como mezquite, de una belleza: “Me acuerdo que entre los trabajadores decíamos que cuando enterraran el cobalto ahí se iba a acabar toda la flora… pero no pasó así”.
Mientras tanto en Samalayuca, dice, la gente estaba aterrorizada, convencida de que aquello era el fin del mundo. Martha ahora se ríe cuando me cuenta lo que me dijo hace cinco años: que a todo le echaban la culpa al cobalto, que si una mujer salía embarazada era porque la pastilla no había hecho efecto por culpa del cobalto. Hubo un día entero en que pensaron que, cuando cayera la próxima lluvia, del cielo bajaría una especie de ácido que los desharía a todos.
En El Vergel, en cambio, eran pocos ejidatarios, y quizá por eso mismo se opusieron menos: mejor que el peligro cayera donde había poca gente, no donde estaba asentada la mayor población del pueblo.

Tres hombres cargan entre todos un tambo pesado

Don Raúl no se arrepiente de haber trabajado ahí. Me cuenta que de hecho a él le tocaba recorrer el desierto con el señor del aparato que marcaba la contaminación radiactiva. Así fue cómo encontraba que a los camiones se les había caído un fierro, una varilla, o hasta un puño de tierra. Lo recogían y lo metían en la última fosa que quedaba abierta, la única que todavía recibía, porque las demás ya estaban selladas. Cuando terminaron, la taparon también. Después sembraron hierbas nativas.
No usaban traje especial ni mascarilla: el único que cargaba algo distinto era el inspector, con su aparato que hacía ‘tik-tak’, pasándolo sobre los choferes que llegaban de Juárez con la carga. Cuando el número subía demasiado, el hombre tenía que parar, apartarse, esperar. De hecho, le muestro unas fotos que encontré hace algunos años en el expediente de la investigación del mayor desastre radioactivo que ha existido en México. Son pequeñas, pegadas sobre hojas blancas ya amarillentas, y el color que conservan todavía me sorprende, aunque ha empezado a virar hacia un verde sepia, como si la imagen se estuviera oxidando junto con el metal que retrata.
En una de ellas, tres hombres cargan entre todos un tambo pesado, de metal verde oscuro, hacia la caja de una camioneta blanca. Visten como visten aquí, con sombrero vaquero, gorra de béisbol, camisa de cuadros, pantalón de mezclilla desgastado por el trabajo del campo. No hay guantes en ninguna de las manos. Cargan el tambo a mano pelada, apoyando el peso contra el cuerpo. Esa negligencia afectaría su salud años después.
Al fondo se alcanza a ver una construcción sencilla, de tabique, con ventanas pequeñas, y otra camioneta blanca estacionada. Sobre la tierra suelta hay dos garrafones amarillos, de esos que se usan para cargar agua en el desierto, uno junto a cada rueda trasera del vehículo. El agua y el veneno compartieron el mismo viaje esa mañana.

El Vergel, con sus flores de arena y con las fosas selladas bajo tierra

Yo tengo otro expediente que don Raúl nunca vio. En él está la cuenta final de lo que quedó enterrado en su tierra: 36 mil toneladas métricas de desechos radiactivos, de las cuales 2 mil 930 toneladas eran varilla contaminada de las aceradoras, mil 738 toneladas de material en proceso, doscientas toneladas de bases metálicas, mil 950 toneladas de chatarra, y 29 mil 181 toneladas de tierra, escoria y plasta recogidas de las calles de Juárez y Chihuahua, del río Sacramento y hasta de un arroyo llamado El Jorudo. Y aparte de todo eso, 860 tambos con gránulos de cobalto-60 puro, recuperados uno por uno de los patios de las fundidoras, de las calles, de la carretera, y del cabezal de la máquina original, la misma que viajó meses entera en una camioneta Datsun con placas 981-YUB.
El expediente aclara algo que don Raúl nunca supo con exactitud: no todo cupo en las fosas selladas. Hubo desechos con niveles tan bajos de radiación que la Comisión decidió no meterlos en las trincheras principales, sino colocarlos solamente bajo la tapa de concreto que cerraba cada fosa por encima. Una segunda capa de veneno, más delgado, más disperso.
El trabajo, sin embargo, no terminó cuando se selló la última fosa. Encontré, entre las páginas de este expediente, un rastro de basura contaminada que siguió apareciendo suelta por Chihuahua meses después de que don Raúl y su cuadrilla creyeran haber terminado.
El 17 de agosto de 1985, un inspector de la Comisión reportó haber localizado, a un lado de la carretera que va de Villa Ahumada a Moctezuma, en el kilómetro 36, alrededor de ocho toneladas de tierra contaminada procedente de la ciudad de Chihuahua, abandonada ahí, a la intemperie, esperando quién sabe cuánto tiempo antes de ser descubierta. Pidió que la recogieran y la llevaran, como todo lo demás, a La Piedrera. Diez días después, el 26 de agosto de 1985, el propio gobernador de Chihuahua, Óscar Ornelas, le escribió al director de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear para darle una noticia: la ciudad de Chihuahua había quedado, según sus palabras, “libre de contaminación por Co-60”.
Pero el cierre real llegó unos días después: El 7 de septiembre de 1985, la secretaría de salubridad del estado avisó, por escrito, que las fosas del cementerio nuclear serían cerradas totalmente, y que, a partir de ese día, ya no se aceptaría en la ciudad ningún material contaminado proveniente de otras entidades del país.
Una semana después, la misma dependencia le repitió el aviso, ya de forma definitiva, al secretario técnico de la Comisión Nacional: las obras en La Piedrera estaban concluidas, y cualquier material contaminado que todavía anduviera suelto por ahí tendría que resolverse en el lugar donde se encontrara, porque Chihuahua ya no iba a recibir nada más.
Don Raúl no leyó nunca esas minutas, esas cartas. Él solo sabía que un día llegaron los camiones y que otro día, sin que nadie viniera a explicarle nada, dejaron de llegar. Se acabó el trabajo. Se acabaron los aparatos con su ‘tik-tac’.  Y él se quedó ahí, en El Vergel, con sus flores de arena y con las fosas selladas bajo tierra, viviendo encima de un cementerio nuclear.

Un correo anónimo llegó el 7 de noviembre de 2011. Lo firmaba un supuesto colectivo de hackers que decía haber descubierto una operación internacional. Era extenso y empezaba fuerte:

Un grupo de mercenarios ha mancillado la paz y la seguridad del país, integrado por canadienses, estadounidenses y mexicanos que, sin pudor, reciben y transfieren millones de dólares para corromper a mexicanos que, como apátridas, a través de cuantiosas transacciones internacionales en dólares, euros y dinares, con el uso de aeronaves privadas en vuelos desde el norte de África y Europa, intentan internar ilegalmente al país al hijo del coronel Muamar el Gadafi, Saadi Gadafi.

Los hackers pedían que siguieran sus pistas y, como prueba de buena voluntad, anexaban una credencial con fotografía: según ellos era el hombre que se encargaba de tramitar la documentación falsa para una red de traficantes. Además lanzaron otras pistas a la Policía de Investigación mexicana: no sólo se trataba de este personaje, si no que había otros tres cómplices: Gabriela, una mujer mexicoamericana; Pierre, un ciudadano danés; y Cynthia, una mujer de Canadá.

Los agentes federales pusieron la fotografía en sus sistemas y descubrieron que era verdadera. Al menos de entrada parecía que no era una broma. Pertenecía a José Luis Kennedy Prieto, un expolicía que había sido comandante de homicidios en la Ciudad de México y excomandante del Grupo Tritón, de la extinta Dirección Federal de Seguridad. Esta sería la primera pista con la que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) se armaría una causa de extracción internacional.

Un expediente exhibe que hace más de una década, la PGR se armó una de las teorías más rocambolesca de los últimos años: según la Procuraduría, una red de canadienses, un danés y mexicanos intentaron sacar de Libia a la familia de Muamar el Gadafi después de su caída –coronel que gobernó Libia por más de cuarenta años–, y esconderla bajo identidades falsas en una casa cerca de Puerto Vallarta, en México.

Para el 20 de octubre de 2011, cuando asesinaron a Gadafi en Sirte y su hijo Saadi huyó a Níger, la operación para meterlo a México con actas de nacimiento y credenciales falsas ya llevaba meses armándose: incluía aviones privados arrendados en Canadá, una casa apartada en la costa del Pacífico mexicano y una identidad nueva para cada integrante de la familia. Todo esto lo disfrazaron de negocios legítimos y con personajes de altísimo nivel. Una consultora canadiense contratada, en teoría, por una empresa de ingeniería para “investigar” el conflicto libio, y una corredora de aviones privados registrada en Delaware, Estados Unidos.

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA que reconstruye este caso gracias a la desclasificación de expedientes olvidados entre cajones y viejas oficinas públicas. Casos como éste revelan que en México la verdad oficial está en obra negra.

Una conspiración internacional para esconder al hijo de Gadafi

Para entender por qué sonaba creíble que Saadi Gadafi quisiera refugiarse en México hay que remontarse a febrero de 2011, cuando Libia comenzaba a caerse a pedazos. La OTAN bombardeaba, los rebeldes avanzaban, y Muamar Gadafi calculaba, junto a su círculo más cercano, rutas de salida.

Saadi Gadafi, uno de sus hijos, era el más visible fuera de Libia. Exfutbolista profesional, empresario, tenía contactos repartidos entre Canadá y el golfo Pérsico. Incluso desde hacía años tenía contratado a un guardaespaldas en Estados Unidos: Gary Peters, un exmilitar australiano de 49 años que vivía en Cambridge, Ontario, desde 2002 y era dueño de la empresa de seguridad privada CSI-International, Inc.

Saadi, además, tenía otro aliado, más grande y menos visible: SNC-Lavalin, un  gigante canadiense de ingeniería y construcción con sede en Montreal, que durante décadas había operado en Libia bajo el régimen de su padre, con miles de millones de dólares en contratos de carreteras, agua, cárceles y aeropuertos. La Real Policía Montada canadiense alegó en un documento judicial para obtener orden de cateo en las oficinas de SNC-Lavalin, que el entonces vicepresidente de la empresa, Riadh Ben Aïssa, había pagado a Saadi unos 160 millones de dólares en sobornos a cambio de dichos contratos. El documento, de 59 páginas, lo obtuvo y publicó el ‘National Post’.

Cuando estalló la guerra en Libia, en febrero de 2011, Stéphane Roy, controlador de SNC-Lavalin, contrató a Cynthia Vanier, una mediadora de conflictos  internacionales de Ontario para viajar a Trípoli, capital de Libia, y elaborar un reporte “de investigación” de diez días sobre la situación del país, según reconstruyó la CBC. Vanier hizo lo que ya había hecho antes en otros proyectos: contratar como escolta a Gary Peters, además de Barrie Rice, un exmilitar de las fuerzas especiales de Nueva Zelanda. Lo que no sabía –y esto lo confesaría Peters a la CBC, años después– es que la idea original del viaje había sido de él “al servicio de mi jefe”.

Peters reconoció que a Vanier la usaron como ‘dupe’: alguien con la cara legítima de una mediadora profesional, para ejecutar un viaje cuyo verdadero origen y propósito ella desconocía. Cómo llegó esa idea de Peters hasta los ejecutivos de SNC-Lavalin es algo que nunca se ha esclarecido.

El brote psicótico que delató la relación de Gary Peters con Gadafi 

El 17 de julio partieron a Trípoli. Según la propia declaración de Vanier, en ese vuelo chárter iban también Lorent Berenda, estadounidense; Belind Izizza, iraquí-estadounidense; Barrie Rice, neozelandés; un hombre de apellido que ella no recordaba, rumano-canadiense, al que llamaban ‘Enclor’; y Roger Lenouf, un estadounidense que trabajaba para la CIA. Durante ese viaje Gary presumió que él ya había dado seguridad a Saadi Gadafi cuando el libio visitó Canadá, al parecer con motivo del festival de cine de Toronto.

El viaje fue caótico: cuando llegaron a Libia, según declaró Vanier, Gary “se puso muy loco” y rompió las reglas de seguridad del equipo. Empezó a decir que era amigo de Saadi Gadafi –lo era, aunque ella todavía no lo supiera del todo– y en uno de los refugios llegó a soltar, frente a los demás, cómo él podría sacarlo del país. Los otros miembros del equipo, con más experiencia que él, pensaron que estaba mintiendo y prácticamente lo callaron para no verse relacionados con lo que decía.

Cuando la guerra se cerró sobre Trípoli, Peters empezó a mover piezas. Ofreció hasta mil dólares diarios a contratistas de seguridad dispuestos a sacar a Saadi, a su esposa y a sus dos hijos de Libia.

Para que la operación pareciera otra cosa, hacía falta una fachada. Ahí entró Cynthia Vanier que, para julio de 2011, fue contratada por dos ejecutivos de SNC-Lavalin, una empresa canadiense que brindaba servicios de ingeniería, adquisiciones y construcción a diversas industrias. Tenían previsto volver a Libia en septiembre. No lo lograron: el país ya no lo permitía. El 12 de septiembre de 2011, la policía canadiense la buscó. Le preguntaron si ella o su compañía habían ayudado a Gary a cruzar la frontera hacia Níger. A finales de octubre, empezaron a salir notas de que el guardaespaldas podría haber ayudado a escapar a Saadi Gadafi.

El 29 de octubre, el ‘National Post’ publicó: Gary Peters, contratista de seguridad privada, admitía haber ayudado al hijo del coronel a huir de Libia. Cuando estalló la revuelta lo contrataron como guardaespaldas personal de Gadafi; durante los siguientes seis meses lo mantuvo lejos del peligro y, cuando la caída ya era inevitable, lo escoltó a través del desierto hasta el exilio en Níger.

El expiloto del ‘Chapo’ Guzmán no quiso llevarse a Gadafi

Christian Eduardo Esquino Núñez era socio de dos empresas de Toluca, Estado de México, dedicadas a comprar, vender y rentar aviones ejecutivos: Recreación y Diversión, S.A., y Star Wood Management. Conocía a Gabriela Dávila desde hacía trece años por una casa que ella le había vendido en San Diego, California. Así lo declaró él mismo ante el Ministerio Público, el 9 de enero de 2012.

En julio de 2011, contó, Gabriela lo buscó: quería rentar un avión con matrícula y pilotos mexicanos para llevar gente de Canadá a África. No le dijo nombres ni cuántas personas ni el motivo del viaje. Sólo que era “una misión especial” y que se vieran en la Ciudad de México con su socio, Gregory Lynn Gillespie, para cerrar el trato. Se reunieron el 15 de julio en el bar del hotel JW Marriott. Gillespie, “un exmarino americano de las fuerzas especiales”, le explicó lo esencial y nada más: irían a Túnez con escala en Pristina, Kosovo. Los pasajeros serían sobre todo exmilitares que acompañaban a “una funcionaria importante”. Le pagaron 144 mil dólares por adelantado, transferidos ese mismo día de una cuenta del Bank of Montreal a una cuenta de Wells Fargo.

El avión salió de Toluca al día siguiente tripulado por los pilotos José Aguilar Talavera, Roberto García Galindo y Mario Mabarak Lagunes.

Un dato interesante es que en 2006 la PGR había acusado a Águilar Talavera de formar parte de una organización que trabajaba para Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Había sido indiciado, junto a otras diez personas, por la logística detrás del decomiso de 5.5 toneladas de cocaína en un avión DC-9 en Ciudad del Carmen, Campeche; era un caso que destapó una red de trasiego aéreo de droga desde África y Sudamérica. Ese mismo año lo habían detenido en el aeropuerto de Tijuana, acusado de traslado de indocumentados, lavado de dinero y trasiego de drogas, al aterrizar con cinco ciudadanos colombianos a bordo.

Entonces, el 17 de julio recogió a dos pasajeros en Pittsburgh, Estados Unidos –uno de ellos, según la declaración, “de origen musulmán”–, y de ahí voló a Kitchener, Canadá, donde subieron cuatro personas más. Entre ellas estaban Cynthia Vanier y Gary Peters. Los seis pasajeros junto con la tripulación llegaron a Pristina el día lunes. Ahí, en la base de operaciones improvisada en Kosovo, alguien dijo a los pilotos que al día siguiente dejarían a los pasajeros en otro punto y después debían quedarse en Pristina, disponibles para lo que llamaron una “extracción de emergencia”. Los pilotos preguntaron qué significaba eso. Nadie les respondió. Llamaron a Esquino Núñez, que a su vez llamó a Gillespie.

Gillespie se lo explicó: la extracción consistía en aterrizar en una carretera, en territorio libio, y sacar de ahí a ciertas personas rumbo a Pristina sin pasar por ningún control migratorio. “Ese no había sido el trato”, le contestó Esquino Núñez. Y se negó. El vuelo se realizó sólo hasta Yerba, Túnez, sin la escala clandestina en Libia. Los pilotos esperaron una semana en un hotel de Pristina donde se les unió “un sujeto de apariencia latina”, antes de volver por los pasajeros y regresar a Kitchener. Uno de los seis se quedó en Kosovo; otro, que subieron en Pristina, se quedó en Canadá.

La investigación rocambolesca de la PGR 

A José Luis Kennedy Prieto lo localizaron a las ocho y media de la mañana, cerca de la calle Norte 5, colonia Defensores de la República, en Ciudad de México. Esa tarde rindió su versión ante el Ministerio Público. Dijo que conocía a  Gabriela Dávila desde hacía unos ocho años, presentados por un amigo en común. Que se veían poco, diez o quince minutos cada vez, casi siempre en el hotel donde se hospedaba, y que nomás se preguntaban por su salud. Que en septiembre, en uno de esos encuentros en el St. Regis, Gabriela le presentó a una mujer canadiense: era Cynthia.

Cynthia tramitaba un crédito de cinco millones de pesos para comprar una casa cerca de Puerto Vallarta y necesitaba unos documentos: acta de nacimiento, credencial de elector, pasaporte. Kennedy Prieto dijo que conocía a alguien que trabajaba “asuntos de migración” y podía conseguirlos, lícitamente, por sesenta mil pesos. Le entregó una foto de Cynthia y sus datos, pagó los sesenta mil en dos partes, y una semana después tenía en las manos un acta de nacimiento, un pasaporte y una credencial de elector, que le entregó a Gabriela en el mismo hotel. Insistió, más de una vez, en que él desconocía si esos documentos eran auténticos.

A Pierre Christian Flensborg lo detuvieron cerca de la Plaza de la República, junto con Gabriela: ambos estaban en la zona del St. Regis, donde ella tenía –dijo Gabriela después– una cita en la Comisión Nacional del Agua, la misma que le canceló esa mañana. Agentes vestidos de civil los interceptaron cuando iban en camino, con lo que dijeron era una orden de localización y presentación, y se los llevaron a declarar. Flensborg cargaba un pasaporte danés de pastas color vino, con sellos de Suiza, Kosovo, Turquía, Irak, Dinamarca y Panamá.

Ahí es donde las dos versiones chocan. Gabriela, ese mismo 11 de noviembre, se refirió a Flensborg como “su socio”. Christian Eduardo Esquino Núñez, el ‘broker’ de aviones de Toluca, dijo lo mismo: que Gabriela se lo había presentado como tal y hasta describió su físico con detalle –un metro con ochenta, complexión delgada, tez blanca, unos treinta y cinco años, cabello castaño oscuro, ojos café claros, nariz recta y grande, sin bigote ni barba– al declarar sobre una reunión en el restaurante del hotel donde los tres discutieron el pago de la renta de un avión.

Pero Flensborg, en su declaración del 29 de noviembre, lo negó todo de manera categórica: “Desconozco a Gabriela Dávila”. Dijo no pertenecer a ninguna red de tráfico de personas, no haber rentado ni volado jamás una aeronave privada, no conocer ninguna empresa de aviación privada, y admitió apenas haber saludado y despedido “de cordial saludo, dos veces en el transcurso de mi vida” al hombre acusado de tráfico de documentos, sin dar más detalles.

Sobre sus viajes reales, dijo que había estado en Erbil, Irak, los días 11 y 12 de octubre, como asesor de una negociación para una planta de reciclaje y una posible venta de azúcar, y que esa era la única vez que había pisado ese país en su vida.

A Gabriela la bajaron de su camioneta sobre Paseo de la Reforma. En su propia declaración contó que a la mujer que ella conocía como Cindy Vanier la había tratado, desde agosto de 2011, porque había gestionado vuelos privados para ella, vuelos a Pristina, Kosovo, y otros destinos como Canadá, Puerto Vallarta, Tijuana.

A Cynthia Vanier la detuvieron también en la Ciudad de México. Ese mismo 10 de noviembre organizaba una reunión entre Stéphane Roy, el ejecutivo de SNC-Lavalin que la había contratado para ir a Libia, y funcionarios mexicanos. Oficialmente, hablarían de plantas de tratamiento de agua. Roy llegó a México al día siguiente sin saber que Vanier ya estaba presa.

Lo que vino después…

Cynthia Vanier y Gabriela Dávila salieron libres primero, alrededor del 19 de abril de 2013. El fallo, según reportó la prensa canadiense, se basó en violaciones a sus derechos humanos y constitucionales durante el proceso, y no se pronunció sobre su culpabilidad o inocencia. Vanier había pasado dieciocho meses presa en Chetumal.

Una semana después, el 26 de abril, el mismo tribunal le concedió el amparo a Pierre Christian Flensborg: anuló el testimonio del principal testigo del caso, que se había retractado de sus declaraciones iniciales, aunque en los documentos está testado quien se habría echado para atrás.

José Luis Kennedy Prieto fue el último en salir libre, el 30 de octubre de 2013, casi dos años después de su detención. En entrevistas posteriores dijo que su esposa había sido amenazada por la PGR para que lo inculpara, bajo la advertencia de que si no lo hacía, la encarcelarían a ella; y que él se declaró culpable para protegerla, aunque sostiene que era inocente.

Gregory Lynn Gillespie libró su propia batalla legal, por separado. En enero de 2013, un tribunal colegiado le negó el amparo y confirmó la orden de aprehensión en su contra. Desde entonces se desconoce si salió o sigue en prisión.

Gary Peters, el guardaespaldas australiano, fue deportado de Canadá a Australia en marzo de 2013, después de que la Junta de Inmigración y Refugiados determinó que era cómplice de los abusos cometidos por el régimen de Gadafi. ‘It is what it is’, dijo al ‘National Post’ antes de subir al avión.

Ya libre, Vanier demandó a SNC-Lavalin por 15 millones de dólares, alegando que su trabajo para la empresa había sido legítimo y que la arrastró a una acusación que no le correspondía. La empresa, por su parte, la había demandado antes, a Riadh Ben Aïssa y a Stéphane Roy por 2 millones de dólares, acusándolos de haber usado fondos de la compañía para financiar el plan de sacar a la familia Gadafi de Libia. 

Ben Aïssa, a quien la Real Policía Montada canadiense le atribuía haber canalizado 160 millones de dólares en sobornos a Saadi Gadafi, terminaría declarándose culpable tiempo después en una corte suiza, de corrupción y lavado de dinero. Este mismo hilo que apareció por primera vez en el año de 2011, en el caso de una consultora detenida por intentar esconder al hijo de un dictador en una playa mexicana, terminaría por convertirse ocho años después en el escándalo que sacudió al gobierno de Justin Trudeau en 2019.

Uno de los pilotos, Juan José Aguilar Talavera, de formación militar, murió en mayo de 2017, cuando la avioneta que piloteaba se desplomó en Coahuila, con otras doce personas a bordo. Saadi Gadafi nunca llegó a México. Se quedó en Níger, bajo arresto domiciliario, hasta que en 2014 fue extraditado a Libia, donde sigue preso.

Nicolás Rodríguez había peleado en la Revolución al lado de Francisco Villa, sin embargo en los últimos años había dado un giro emocionado por el nazismo en Alemania: se había autoproclamado “líder supremo” de un grupo que fundó y al que llamó los Camisas Doradas, una organización ultra nacionalista en la época del Cardenismo. En las fotografías de la época aparece tieso, con una camisa como de ‘boy scout’ y sombrero de palma, con el brazo extendido y el puño cerrado.

Durante tres años, entre 1933 y 1936, los Camisas Doradas habían sembrado el terror en México bajo el lema “México para los mexicanos”. Asaltaron las oficinas del Partido Comunista, reventaron huelgas a golpes, extorsionaron a comerciantes judíos y chinos, y en una noche de 1936, en Monterrey, destruyeron negocios judíos mientras gritaban:

“¡Sangre judía, sangre judía!”. Además, publicaban un periódico llamado ‘Defensa’, según la investigadora Alicia Gojman de Backal, en la revista ‘Relatos e Historias en México’, repleto de propaganda antisemita y a través del cual llamaron a disolver los sindicatos y acabar con el comunismo. Por eso, el 11 de agosto de 1936, el presidente Lázaro Cárdenas tomó una acción inminente: expulsarlo de México.

En un telegrama amarrillo y oficial del Departamento del Distrito Federal se cuenta cómo Nicolás Rodríguez fue expulsado del país a las cinco de la mañana en un avión piloteado por el capitán Feliciano Flores, por su “labor subversiva”.  Se instaló en El Paso, Texas, con su esposa, Leonor Gutiérrez y, según los informes de inteligencia de la época, vivía en una fortaleza financiada por grupos fascistas en Estados Unidos. Pero la novela empieza verdaderamente acá: 

Desde el exilio conocería a Emilia Herrón, una joven estadounidense, hija de un empresario texano. Según testimonios de la época, Nicolás vio en la señorita una oportunidad para lograr financiamiento del padre millonario. Fue así que le hizo una promesa rocambolesca que quedaría en los expedientes judiciales. Si se casaba con él, sería la primera dama de México y, lo mejor, le entregaría como residencia el Castillo de Chapultepec, ese lugar que obsesiona a los fascistas de aquellos y estos años. 

Fascinados con los tiempos en que hubo monarquía, seguían soñando con recuperar la excasa de Carlota de Habsburgo, la emperatriz belga que llegó a México creyendo en la promesa de un hombre y terminó loca. Emilia aceptó. Pero Nicolás se olvidó de un detalle mínimo: ya tenía esposa. Así que, gracias a conexiones con agentes de migración, logró que deportaran a Leonor. Dolida por la afrenta, la esposa regresó a México y contó todo, además de que logró robarse una maleta de documentos que contenían archivos y planes para hacer a México ‘great again’. 

Hoy esos documentos forman parte de un expediente de la Jefatura de Policía capitalina en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, que revela cómo los Camisas Doradas se convirtieron en uno de los primeros grupos nacionalistas de México, que justificaron la violencia en nombre de la patria. En su momento más esquizofrénico, llamaron a exterminar a los 30 mil judíos que vivían en el país.  

Pero los Camisas Doradas sólo serían los antecesores de grupos radicales. Con los años aparecerían otras células secretas con nombres como El Yunque o los Tecos de Guadalajara que infiltraron universidades, partidos políticos e instituciones religiosas. Hoy las ideas de los Camisas Doradas permean en plataformas digitales y coordinan campañas de odio desde cuentas anónimas, con memes para atraer a los más jóvenes desde grupos de WhatsApp o Telegram.

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA, que reconstruye el caso gracias a la desclasificación de expedientes olvidados entre cajones y viejas oficinas públicas. Historias como esta revelan que en México la verdad oficial está en obra negra.

Los llamaron “pogromos mexicanos”

El expediente R/308/396 es ligero. Es una carpeta manila con las esquinas vencidas y 76 fojas mecanografiadas en papel cebolla que el tiempo ha vuelto de color tabaco. En la portada alguien tecleó con una máquina de cinta vieja: “Nicolás Rodríguez, jefe de la Acción Revolucionaria Mexicanista de Puebla, y jefe de la Asociación de Camisas Doradas”. Está fechada el 10 de agosto de 1936. 

Pero lo que queda es suficiente para reconstruir cómo operó en México la oleada “nazifascista”. Regresemos a 1933, cuando surgió el grupo que se llamaba a sí mismo los Camisas Doradas o también Acción Revolucionaria Mexicanista. Entre las fojas encontramos un informe del 16 de diciembre de 1934. Lo firma el general de brigada José Juan Méndez, jefe de la Policía del Distrito Federal, con el sello oficial estampado en tinta morada ya desvanecida. Es el registro de cómo ese mes los Dorados arrancaron una campaña de boca en boca para que la gente hiciera sus compras en comercios mexicanos. 

El 15 de diciembre bloquearon por la fuerza la entrada a comercios extranjeros, específicamente de judíos. En Monterrey asaltaron esos mismos comercios, los destrozaron y golpearon a sus dueños. ‘La Prensa’ los llamó “los pogromos mexicanos”.  Y no se equovocaban: estaban replicando el método de Hitler de identificar al judío como el enemigo y ponerle la letra escarlata a su negocio. 

Dentro del expediente hay otra carta que deja evidencia de sus pilladas. La escribió el coronel Armando Sosa Jurado, exmilitar y exCamisa Dorada arrepentido, en papel membretado del Hotel German American de la colonia Buenavista, en la Ciudad de México. En la misiva enviada al gobierno mexicano explicó que los Camisas Doradas se aprovechan del miedo al comunismo para extorsionar a los ciudadanos; se presentaban ante dueños de haciendas, fábricas y comercios con oficios falsos de Gobernación o cartas supuestamente firmadas por militares, y les advertían que, sin su protección, los comunistas y los judíos acabarían con sus negocios. A los hermanos Brígido y Rutilio, dueños de la Hacienda del Pedregal, les sacaron 300 pesos. A Francisco Serrano, de la Fábrica de Chocolates, 500 pesos. A un cura de Tlalnepantla le quitaron 100 pesos de las limosnas de la iglesia con una firma falsificada, entre otros.

En el expediente también hay un informe que revela el poder de convocatoria que los fascistas habían logrado en pocos años: para el 12 de abril de 1936 habían reclutado a siete mil nuevos Camisas Doradas en un solo evento en Coahuila, en el norte del país. En una carta dice que eran “hombres dignos de aquella clase humilde consumándose el acto nacionalista en todos sus extremos”. 

Y hay una carta oficial de la Acción Revolucionaria Mexicanista, fechada el 7 de diciembre de 1935. Está impresa en papel amarillo, grueso, con letras góticas en la parte superior que imitan la tipografía nazi y que dice “Acción Revolucionaria Mexicanista”.  Debajo, enmarcado como escudo de armas: “México para los Mexicanos”. A la izquierda, el símbolo del Yaoyotl, término náhuatl para la guerra, inscrito en un medallón con las siglas A. R. M. Sus oficinas estaban en Justo Sierra número 29, en el Centro Histórico, donde hoy se encuentra una librería escolar. 

La firma es del propio Nicolás Rodríguez C., jefe supremo, y autoriza a Mario R. Baldwin, secretario de Industria y Comercio de la A. R. M., a solicitar del comercio y los particulares “la ayuda económica necesaria para la reorganización de los contingentes”. Una extorsión institucionalizada.

El fin de la conexión nazi en México

Según el periodico ‘La Prensa’ del 25 de agosto de 1937, Arthur Dietrich, jefe de prensa de la embajada nazi, quien financiaba revistas antisemitas mexicanas, recomendó al general Nicolás Rodríguez que nombrara un representante personal ante el Reich. Rodríguez lo nombró en 1935. Con ese nombramiento, los Camisas Doradas se convirtieron en la única organización nacionalista mexicana con un delegado oficial ante la Alemania de Hitler.

Recomendó a Arnold Krumm-Heller, alemán de nacimiento, médico, ocultista y agente de inteligencia naval alemana durante la Revolución mexicana, médico personal de Francisco I. Madero, luego espía de Venustiano Carranza y corresponsal de periódicos de Berlín y Hamburgo. Desde Alemania, Krumm-Heller le escribía cartas al jefe supremo. En el expediente quedó reproducida una de ellas. Acusaba recibo de su nombramiento y prometía lealtad: “Agradezco esta distinción de todo mi corazón y prometo a usted ser Dorado leal y firme hasta ver vuestro triunfo, que significa la salvación de mi patria mexicana”. 

Nicolás Rodríguez murió en 1940 sin haber vuelto a pisar México, luego de ser expulsado por el presidente Lázaro Cárdenas. Aún así la maquinaria ideológica que construyó no murió con él. Las mismas consignas, casi calcadas, hoy tienen plataformas digitales, cuentas anónimas y algoritmos que distribuyen el odio más rápido y más lejos que cualquier periódico de la época. El enemigo sigue siendo el mismo, comunistas y  extranjeros, pero los medios se modernizaron.

Prefieren llamarse “Antifa” que “Nazis” 

Hoy los grupos fascistas en México se han modernizado: operan desde plataformas digitales como WhatsApp, canales de Telegram y cuentas de TikTok. Los controles por parte de las compañías han sido insuficientes y aunque son eliminadas vuelven con otro nombre pero con el mismo mensaje.

Humberto Yáñez-Orozco, estudiante del doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales de El Colegio de México, publicó en 2025 en la revista ‘Estudios Sociológicos’ una investigación sobre un grupo mexicano que se autodenomina nacionalsocialista: la Unión Azteca. Su logotipo era un águila con las alas extendidas dentro de un círculo en el que se leía la frase “soy mexicano”. Acercarse fue sorprendentemente fácil. Bastaron un par de mensajes a la cuenta de TikTok del grupo para que le solicitaran su número y lo agregaran a un grupo de WhatsApp. Éste tenía entre sesenta y setenta miembros, de entre quince y cuarenta años, y enviaba más de seiscientos mensajes al día.

El líder se hacía llamar ‘Heinz Guderian’, en homenaje al mariscal alemán de la Segunda Guerra Mundial. Otros usaban los nombres ‘Rommel’ y ‘Heydrich’. El grupo adoptaba elementos mesoamericanos y promovía un nacionalismo excluyente, muy parecido a los ideales que los Camisas Doradas celebraban hace más de noventa años. Lucio, a quien solo llamaremos así para preservar su identidad, pertenece al Frente Memero Subversivo, un colectivo dedicado a identificar y documentar grupos fascistas en redes sociales en México. Cuando preguntamos por estos neonazis y nacionalistas explicó que han detectado cómo viven y se multiplican en Telegram e Instagram presentándose como movimientos de orgullo nacional. Es decir, nadie llega porque le ofrecen ser nazi. Más bien hablan de orgullo patriótico y “mestizo”.

En enero de 2023, el periodista Miguel Ángel Teposteco Rodríguez publicó una investigación en la revista ‘Emeequis’, “Bandas neonazis en México: descafeinadas y atrincheradas en el rock duro”, donde explica que estos grupos han aprendido cómo no activar las alarmas de los algoritmos. No usan la palabra nazi, pero sí se presentan como “nacionalistas”, “patriotas”, “militantes” y “disidentes”.

El Frente Nacionalista de México es el ejemplo más documentado. Fundado por Juan Carlos López Lee en 2006 con el nombre de Organización por la Voluntad Nacional, adoptó su nombre actual después de pasar por una denominación intermedia. Según un informe de julio de 2024 del Global Project Against Hate and Extremism, creado por exdirectivos del Southern Poverty Law Center, el grupo combina propaganda antisemita, rechazo a migrantes centroamericanos y haitianos, reivindicación del Segundo Imperio Mexicano y la aplicación de la pena de muerte. 

El propio López Lee ha reconocido que su ideología incluye elementos de fascismo y nacionalsocialismo. Tuvieron Facebook. Tuvieron Instagram. Tuvieron Twitter y los sacaron de todas. Hoy están en Telegram, uno de los lugares menos regulados de internet. 

Además de las plataformas digitales, también existe el submundo de la música. Entre octubre de 2022 y marzo de 2024, México tuvo al menos cuatro conciertos de bandas internacionales de RAC (Rock contra el comunismo, por sus siglas en inglés), género nacido en el Reino Unido en los años setenta, que tocaron con bandas mexicanas, según documentó ‘Emeequis’. El 29 de octubre de 2022 –cuando se conmemora la culminación de la Marcha sobre Roma que organizó Benito Mussolini y que marcó el inicio de su régimen fascista– unas trescientas personas acudieron al Salón Pentatlón en la colonia Santa María la Ribera, en la Ciudad de México, según reportó el diario español ‘El País’. Tocaron las españolas Batallón de Castigo e Irreductibles, junto con las mexicanas Last Chance Band, Ejecución 1980, Royal Aces Convicted y SunCity Skins, de acuerdo con la crónica. Hubo consignas hitlerianas y saludos nazis durante toda la noche. Los boletos costaban mil 580 pesos.

Para conocer la dirección exacta era necesario registrarse con los organizadores, quienes enviaban la ubicación y un código QR un día antes del evento.

La organización estuvo a cargo de Desperados División y el colectivo Mictlán Crew, que usa la calavera de las SS (abreviatura de Schutzstaffel, «escuadrones de protección», la organización paramilitar, política y de seguridad de élite más poderosa y temida de la Alemania nazi), con un sombrero mexicano y organiza eventos para las bandas Retrocarga y Ejecución 1980, de acuerdo con una investigación de la revista ‘Emeequis’.

Hay 12 organizaciones de ultraderecha activas en México

En julio de 2024, el Global Project Against Hate and Extremism perfiló doce organizaciones de ultraderecha activas en México. Entre las declaradas abiertamente neonazis estaba Unión, Nación, Revolución, conocida por sus siglas UNR, descrita como “la nueva cara del neonazismo y el fascismo en México”, con presencia en redes y en las calles de al menos cinco ciudades desde 2021. 

La ‘Revista Común’ reportó que ya tenía 300 seguidores en Instagram. Ese mismo año Ana Mónica Rodríguez publicó en ‘La Jornada’ que la Librería Heidelberg era el espacio donde se organizaba el movimiento en Monterrey y promovía en X el canal de Telegram de la UNR. El canal de Telegram más activo era el M.N.F.M, que significa Movimiento Fascista y Nacionalista de México. Ahí comparten imágenes homofóbicas, misóginas y de esvástica como “el símbolo que salvará a México”. Tiene 98 miembros y todos los días publican contenido. 

Sin embargo, el 20 de abril de 2026, en el cumpleaños de Hitler y aniversario de la masacre de Columbine, México vivió las consecuencias tangibles de los discursos de odio. Julio César Jasso Ramírez subió a la Pirámide de la Luna en Teotihuacán y disparó con un revólver Smith & Wesson calibre .38 contra un grupo de turistas. Mató a una turista canadiense e hirió a otras 13 personas. Poco después se disparó con su propia arma al verse acorralado por elementos de la Guardia Nacional.

Entre sus pertenencias encontraron un portarretrato con una imagen generada con inteligencia artificial donde aparecía junto a Eric Harris y Dylan Klebold, los tiradores de la masacre de Columbine, perpetrada el 20 de abril de 1999. Ese día asesinaron a 12 estudiantes y un profesor, 13 víctimas en total, el mismo número de personas que hirió Jasso Ramírez en las ruinas arqueológicas. 

Vestía una camiseta con la leyenda “Disconnect and Self-Destroy”, ligada al movimiento True Crime Community surgido tras la masacre de Columbine y que se vende por 299 pesos en Mercado Libre. 

A finales de febrero de 2011, Daniel se fue por delante con lo poco que llevaba en el bolsillo. Cuando le ofreció a Carmen irse a vivir con él a Saltillo, Coahuila, porque le habían dado trabajo en una carnicería nueva, ella apenas había cumplido los veintiún años. Aun así ella aceptó de inmediato. Todo parecía mejor que quedarse a vivir en su natal Tlaxcala. Además eran novios desde hacía un año y la verdad es que estaban enamorados.

Carmen, como la llamaremos para proteger su identidad, buscó a su madre en la Ciudad de México para pedirle prestado lo del boleto del camión. Pero su madre tampoco tenía dinero, así que tuvo que empeñar un viejo anillo. El 12 de marzo de 2011 tomó el autobús con rumbo al norte de México. La central de autobuses la recibió con olor a orines y café quemado. Las luces blancas tiriteaban sobre las cabezas cansadas, y el piso de mosaico estaba manchado de años de pisadas y chicles aplastados. Un poco asustada, caminó hacia un teléfono público y llamó a Daniel para avisarle que ya había llegado. 

Su novio le dijo que estaba trabajando en ese momento, que no podía ir, pero que una muchacha pasaría por ella. A Carmen le pareció raro, aunque pensó que tal vez así eran las cosas en el norte. La muchacha la llevó a su casa y ahí la tuvo quince días. La trató bien, no le dejaba hacer nada. Hasta que un domingo por la mañana Daniel se apareció por fin, venía acompañado de un hombre, y le dijo que ahora sí podrían irse a la casa donde vivirían. 

Llegaron a una casona beige de zaguán negro, de dos pisos con dos recámaras abajo y tres arriba. Pero no estaban solos: en cuanto cruzó la puerta se dio cuenta de que había hombres armados. Entonces Daniel le confesó la verdad, que a él se lo habían llevado con engaños: el patrón de la carnicería lo había entregado, y desde que pisó Saltillo lo tenían como empleado doméstico del cártel de Los Zetas, una de las organizaciones delictivas más sanguinaria y cruel de todos los tiempos.  Y ahora ella también lo sería. “De esta casa no vas a salir nunca”, le advirtió uno de ellos.

Esta es la historia de Carmen, que terminó cautiva de un cártel que no sólo decapitaba rivales en plazas públicas, también mantenía como esclavas domésticas a mujeres del interior del país, secuestradas y llevadas de casa en casa de seguridad. Su caso está dentro de la causa penal 36/2011, una sentencia dictada en Saltillo, uno de los pocos expedientes en que la justicia mexicana ha llevado a juicio la trata de personas con fines de esclavitud cometida por Los Zetas. 

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA, que revela que la verdad siempre está en obra negra.

La convirtieron en servidumbre de Los Zetas

Carmen recuerda a dos hombres en particular. Uno tenía un tatuaje de dragón y una corona de espinas con los nombres de dos mujeres. El otro tenía la cara cortada cerca de la boca, algo así como el Guasón. Fueron ellos, dos de los más despiadados, los que la recibieron aquel día de marzo. “¡Ponte a limpiar la casa!”, le gritaban.

Dice que hasta los Zetas más jóvenes la trataban como esclava. Uno de esos primeros días, un chavito de unos dieciocho años la agarró de las greñas para que no intentara escaparse: con una mano la traía arrastrando del cabello y con la otra sostenía su metralleta. “Me dijo que jamás iba a salir de esa casa”.

Eran servidumbre que trabajaban todos los días sin paga y entre el trabajo esclavo que realizaban estaba la limpieza, la preparación de alimentos y el lavado de coches, además de obedecer cualquier orden. Carmen limpiaba las casas de seguridad o los “puntos”, como les llamaban. También  guisaba para los grupos de muchachos que iban llegando, los recién reclutados. Cuando la limpieza no les gustaba, los tableaban como castigo de la epoca de la esclavitud.

Dice que ‘El Cuñado’, como le decían a uno de los jefes de la casa, también le ordenaba a su pareja que limpiara las armas, cuando llegaban las “estacas”, las células operativas al regreso “de la guerra”. En total vivían ahí doce personas. En abril se la llevaron vendada de los ojos y esposada a otra casa, donde estuvo cerca de un mes, y luego a otro punto en una colonia distinta. Ahí un muchacho la cuidaba las veinticuatro horas del día, y a su esposo prácticamente ya no lo veía. 

Aunque guisaba el día entero, hubo veces en que la tuvieron hasta ocho días encerrada sin dejarla comer. En una de esas casas, una vecina la vio flaca y le pasó algo de alimento. Cuando los jefes se enteraron de que Carmen había ido a pedir comida a la casa de al lado, hubo represalias. Llegó el que decían era el jefe de la plaza, con el muchacho de la boca cortada, y trajeron también a Daniel para reclamarle de que su mujer había salido a buscar comida. El castigo fue obligar a la propia vecina a hacerla de vigilante. 

El 7 de junio de 2011 mandaron traer a Carmen a las tres de la mañana. La llevaron con un hombre que estaba furioso porque ella, sin querer, había andado repitiendo su apodo. El tipo se sentó como en el quinto escalón de la escalera y le ordenó a Daniel que se bajara los pantalones para enseñarle a Carmen las nalgas, para que viera los tablazos que le habían dado. Daniel estaba lleno de moretones. Luego el sujeto jaló el gatillo de una pistola al aire, le preguntó al chico si se creía de muchos huevos, y a ella le dijo que si los militares llegaban al punto la iba a matar. Que al cabo no serían los primeros ni los últimos esclavos domésticos que mataba.

Finalmente pudo escapar el 9 de junio por un descuido del cártel: iba con la vecina a un mandado. Aceleraron y llegaron hasta una gasolinera donde se escondieron, después llegaron al Hotel La Torre, en Saltillo, donde le pidieron permiso al vigilante para meterse. Sin saberlo, unos tres, cuatro minutos después aparecieron los soldados. Ahora sabe que, si no hubieran escapado, ese día estarían muertos, porque uno de los jefes ya le había hablado por teléfono a la hija de la vecina avisando que iban por ellas.

Una segunda mujer secuestrada por Los Zetas

A los hombres los detuvo la Marina cinco días más tarde, el martes catorce de junio de 2011, alrededor de las cinco de la tarde. Llegaron guiados por lo que Carmen había declarado tras escapar: una casa de dos pisos, color verde olivo, cerca de una escuela en construcción. Dos infantes de Marina, Ricardo Tapia Ramos y Víctor Manuel Berber Reyes, vieron salir a un hombre con uniforme camuflajeado tipo jungla y gorra negra con el logotipo de los Zetas, cargando un fusil al hombro. 

Al verlos, el sujeto corrió hacia adentro; lo persiguieron hasta la sala, donde había otros dos hombres vestidos igual, cada uno con un fusil entre las piernas: dos AR-15 calibre 5.56 y un AK-47. Al revisarlos les encontraron dos pistolas escuadra, una nueve milímetros y una .45, cargadores abastecidos y una granada de fragmentación, que había descrito Carmen. También tres juegos de llaves de vehículos estacionados afuera y seis teléfonos celulares sobre una mesa del centro.

Y ahí empezó lo otro. Uno de los detenidos, buscando que lo soltaran, les dijo a los marinos que en la misma colonia tenían otra casa de seguridad, con uniformes guardados y “una mujer secuestrada”. Los infantes se trasladaron hacia las seis y veinte de la tarde. La casa parecía vacía, pero al tocar y gritar que eran de la Armada escucharon una voz de mujer pidiendo ayuda desde un cuarto del fondo, cerrado con llave. Forzaron la puerta y la sacaron.

Era una joven que había llegado a Saltillo apenas el 9 de junio, el mismo día en que Carmen escapaba, sola, desde Monterrey, huyendo de una expareja que la hostigaba. Trabajaba como edecán y promotora y su último empleo había sido de demostradora para una marca de alimentos. Buscaba trabajo. En una taquería se le acercó una mujer de unos 45 o cincuenta años, que dijo llamarse Lourdes, y le ofreció ayuda para conseguir empleo y hospedaje en su casa para no gastar en hotel. La joven confió. La casa era de esa mujer; ahí estaban sus hijos, fumando mariguana, que al verla entrar le preguntaron a su madre “ese regalito para quién era”.

La encerraron, le quitaron el teléfono y la bolsa, y un hombre armado le dijo que ahí se hacía lo que él ordenara y que no iba a salir. Cuando insistió en irse, la mujer le contestó que no era tan fácil, que si se iba la mataban. La Marina la encontró cinco días después. Iba a ser la próxima empleada doméstica del cartel. 

La sentencia llegó 12 años después de la captura

En el expediente pueden leerse los careos entre las dos jóvenes con sus captores. De frente soltó lo que le hicieron y agregó que llevaba “tres años y medio aguantando el daño psicológico” de las agresiones físicas y psicológicas. Soñaba con frecuencia con sus captores y con los maltratos, y en ocasiones se orinaba dormida por esas pesadillas. Uno de los dos Zetas detenidos le respondió cínicamente que a él lo había perjudicado el tiempo que llevaba preso. 

La sentencia llegó 12 años después de la captura, el 30 de noviembre de 2023. El juzgado halló a los tres hombres plenamente responsables de cinco delitos: delincuencia organizada, secuestro, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos de uso reservado y trata de personas. A cada uno le impuso, sumadas las penas, cuarenta y un años de prisión y una multa de 2 mil 850 días, equivalente a 161 mil 595 pesos. El desglose: veinticinco años por el secuestro, seis por la trata, seis por los delitos de armas y cuatro por delincuencia organizada. 

El tribunal también los condenó a reparar el daño a las dos mujeres, indemnización material y moral, incluido el pago de los tratamientos psicoterapéuticos que necesiten. Un hecho único.

El ‘Tolteca I’, un barco tiburonero, soltó las amarras el 16 de marzo de 2001. Era temprano cuando salió del Puerto San Carlos, en Baja California. Antes de enfilarse mar adentro, debían recoger un nuevo regulador de velocidad en Los Cabos, que unos días antes había comenzado a fallar. La embarcación con doce tripulantes al mando del capitán José Carlos Gutiérrez, a 9.8 nudos de velocidad, salió un día después con destino al Océano Pacífico. Los pescadores recuerdan que a las nueve de la noche hicieron el primer lance, con el que sólo capturaron seis tiburones. Ocho días estuvieron en el mar y la pesca hasta entonces había sido un fracaso. 

Pero el 24 de marzo la pesca sería el menor de sus problemas: el babor, el lado izquierdo de la embarcación, empezó a calentarse, y el barco quedó a la deriva. Los jefes de máquinas, Amador Hernández y Santiago Vázquez, intentaron repararlo pero se dieron cuenta que el problema era más grave de lo que creían: el pistón, una pieza dentro del motor, estaba roto. Así que en seis días la embarcación quedó sin energía eléctrica. Dejaron de funcionar todos los sistemas internos, como la refrigeración, las planchas para cocinar, el sistema de agua dulce, etcétera. “Nos encontrábamos en una situación grave”, dirá meses después el capitán.

Así estaban cuando el 31 de marzo de ese 2001, a las 8:11 de la mañana, recibieron un llamado por radio de otro navío. Era un buque estadounidense, el ‘Rodney M. Davis’, que había peleado en la Guerra del Pacífico y ahora la Marina lo utilizaba para misiones en mar abierto. “Hicieron preguntas relacionadas con la documentación del barco […], con el número de tripulantes”, contará el capitán. Los estadounidenses sin mayor explicación dijeron que iban a abordar la embarcación. 

Los tripulantes del ‘Tolteca I’ no supieron qué hacer. Siete elementos de la Armada de Estados Unidos subieron portando armas de fuego cortas y largas. Pusieron a todos en la proa mientras tres de ellos vigilaban y los cuatro restantes inspeccionaban el barco. Los marineros mexicanos nunca habían visto los aparatos que usaban los estadounidenses: les iban pegando unas tiritas de papel en el cuerpo, en la ropa y en el barco, y algunos de los estadounidenses al ver su cara de angustia les explicaron de mala gana que servían para detectar si habían tenido contacto con alguna droga. A las nueve de la noche, tras no encontrar nada, el capitán José Carlos Gutiérrez se exasperó y, con la poca autoridad que le quedaba, les ordenó que descendieran de su barco: su situación estaba al borde del naufragio. Podían convertirse en el Titanic en cualquier momento. 

Un oficial norteamericano les dijo que no podían hacerlo: ya se habían comunicado con autoridades en México, a quienes externaron sus sospechas de que en el tiburonero se transportaba droga. Éstas pidieron el favor de no soltar a los marineros hasta que llegara un guardacostas mexicano. “¡Deja descansar a mi tripulación en sus camarotes, no son animales!”, le gritó el capitán en respuesta. 

Los estadounidenses los acompañaron a su camarote y permitieron que el Tolteca avanzara hacia aguas mexicanas. En costas mexicanas fueron interceptados por el buque fragata ‘Hermenegildo Galeana’, de la Armada de México.

Finalmente, el 2 de abril llegaron a los muelles de la Armada en Manzanillo, donde la tripulación fue revisada nuevamente. A diferencia de los norteamericanos, los mexicanos encontrarían residuos de droga en el camarote del cocinero, en la cocina y en el pasamanos del barco. Aún hoy se desconoce por qué, a pesar de que las pruebas fueron positivas, la PGR decidió no ejercer acción penal contra los sospechosos, bajo el argumento de que el plazo para consignarlos ya había vencido. Entonces incluso la Secretaria de la Marina dijo que “le resulta sumamente sospechosa la actitud de los agentes del Ministerio Público”.

Doce días después, las autoridades mexicanas encontrarían en un doble fondo en los frigoríficos del barco la mayor cantidad de cocaína en altamar en la historia de México: cuatro toneladas de cocaína pura. Años más tarde dos testigos protegidos revelarían que la droga había sido cargada en aguas internacionales desde Colombia y la operación fue orquestada por el Cártel de Tijuana, por entonces el más poderoso, comandada por los hermanos Arellano Félix.

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA que reconstruye esta historia gracias a expedientes olvidados. Casos como este revelan que en México la verdad siempre está en obra negra.

El doble fondo del Tolteca I

Los capitanes Rufo García y Héctor Guerrero Yáñez, del grupo de comando de la decimocuarta flotilla naval del Pacífico, con sede en Manzanillo, integraron una comisión para inspeccionar el barco. Iniciaron el viernes 5 de abril de 2001 por la proa y la parte delantera del buque. Siguieron con las cocinas, el comedor y una bodeguita. Finalmente llegaron a los cuartos frigoríficos, un área de cuartos fríos con hielo, bodegas de víveres y, en este caso, los congeladores donde guardaban los tiburones pescados en altamar. 

Durante doce días buscaron en cada rincón hasta que el 11 de abril, a las tres de la tarde, empezaron a remover el hielo apilado en esa zona. Fue entonces cuando a un integrante del operativo le llamó la atención los tornillos: los de esa parte del barco  eran nuevos y aún brillaban. Al quitarlos se encontraron con un mamparo, una pared vertical sobrepuesta y fijada con plastiacero, que no debía estar ahí.

“Por la situación en que trabaja cualquier buque y el medio en que se desenvuelve, no era normal”, recordó después. Al retirarla salió toda la mercancía: 170 bultos enormes envueltos en plástico gris. El capitán Rufo García tomó un cuchillo y rompió el plástico de uno de los paquetes. Adentro había más paquetes pequeños. Acercó el polvo blanco a la nariz y supo que era cocaína. La Armada de México lo admitiría después ante un juez: en ese entonces no contaban con buques dedicados a buscar narcotráfico en el mar. 

Cuando por fin la sacaron, contaron poco más de cuatro toneladas de cocaína con un grado de pureza impresionante, de acuerdo a los expedientes judiciales de la causa penal 156/2001. Sin embargo, para ese momento, los marineros habían sido liberados por dos ministerios públicos. No los detuvieron bajo el argumento de que el plazo para consignarlos ya había vencido. Pero el Estado Mayor General de la Armada, capitán de navío José María Pellit, dijo que resultaba sumamente sospechosa la actitud de los agentes. Incluso dijo en una conferencia de prensa del 18 de abril de 2001 que la experiencia de que quedaran libres los doce tripulantes por falta de méritos y que actualmente están prófugos de la justicia debe servirle a las autoridades federales como lección. 

El 25 de abril, en medio del escándalo por la fuga de los marineros, Juan José Retes Razo, funcionario de alto nivel Centro de Planeación para el Control de Drogas (Cendro), presentó la detención del ‘Tolteca I’ como un triunfo de la colaboración con Estados Unidos: la embajada había dado “el aviso del blanco sospechoso” y la Armada mexicana había hecho el resto. También dijo que en aquellos años el Cendro generaba apenas 40% de los reportes que terminaban en detenciones. El otro 60% venía de los gringos. 

‘Raúl’ y ‘Juan López’, dos testigos protegidos del Cártel de Tijuana

‘Raúl’ y ‘Juan López’ se llamaban realmente Óscar Eduardo Gómez Angarita y Sergio Rodríguez Tapia. Habían sido integrantes del cártel de los Arellano Félix, el Cártel de Tijuana, y se habían vuelto testigos protegidos. Desde el anonimato hundieron, declaración tras declaración, a toda la estructura marítima de la organización.

Lo que contaron, leído hoy en los expedientes, es la cartografía del negocio. Aseguraron que la cocaína venía de Colombia y se entregaba en alta mar, en aguas internacionales, “a la altura de Oaxaca”. Los barcos mexicanos se encontraban con los barcos colombianos y, de cubierta a cubierta, pasaban el cargamento. De ahí, las lanchas se dirigian hasta las costas de Michoacán,la droga avanzaba por tierra a la sierra de Tepalcatepec, y en pistas de aterrizaje arregladas con militares salían aviones hasta Ensenada. Cinco toneladas por viaje movían, en promedio. Las operaciones se hacían siempre en barcos con permisos de pesca que les servían como tapadera. Además, revelaron que los barcos “se descomponían” en altamar y había que rescatarlos con todo y cargamento, “sin que alguna embarcación de la Armada hubiera hecho algo en su contra”. 

‘Juan López’ tenía una labor dentro de la organización: controlar a la Armada. Su trabajo era conseguir, por sus contactos en la Marina, la posición de las fragatas y las corbetas, y pasársela a los capitanes de los barcos para que esquivara la intercepción. Por cada viaje cobraba hasta cuatro mil dólares. ‘Raúl’, por su parte, manejaba el dinero y la logística: coordinó embarques de mil 800 y 2 mil 200 kilos, se entendía por radio con los capitanes desde una oficina en Ensenada, y movió cerca de un millón de dólares a Panamá y a Estados Unidos a través una casa de cambio.

Fue ‘Raúl’ quien cerró el círculo. En una de sus declaraciones, que reaparece en la sentencia de Manuel Aguirre Galindo, ‘El Caballo’, otro operador financiero del cártel, contó que la organización de Ismael Higuera Guerrero, ‘El Mayel’, planeaba montar un negocio de importación de pescado como fachada, y que para eso compró dos embarcaciones: uno se llamaba ‘Paloma’, de Mazatlán, y el otro, ‘Tolteca’, de Ensenada. 

Un marinero que cayó ocho años y medio después

A los marineros del ‘Tolteca’ los detuvieron unas semanas después del hallazgo. El capitán José Carlos Gutiérrez peleó su condena hasta el final. En diciembre de 2009 un tribunal colegiado de Toluca, Estado de México, le negó el amparo y confirmó su sentencia por transporte de cocaína, no por pertenecer al cártel, que eso nunca se les probó. Lo mismo, casi al pie de la letra, les pasó a los demás.

Los jueces, en parte, les creyeron. O mejor dicho, no pudieron desmentir lo esencial. Como el barco había salido del norte y lo agarraron en el sur, en sentido contrario a la ruta del narco, y como nadie pudo probar dónde ni cuándo subieron la droga, el tribunal concluyó que el transporte de cocaína “se verificó al menos” desde el punto donde los interceptaron, “y no a partir del puerto de salida, pues éste se trata de un dato menos certero”. Traducido: sabemos que el barco llevaba cuatro toneladas, no sabemos de dónde salieron ni a dónde iban. Quedaba probado el transporte. Nada más. Ni de quién era la droga ni para quién. Sobre el papel, el ‘Tolteca’ era un misterio flotante: un barco de una pesquera fantasma, lleno de cocaína, navegando en sentido contrario al sentido común.

Otro de los tripulantes del ‘Tolteca’ no estuvo presente en ese proceso. Lo detuvieron el 17 de noviembre de 2009, ocho años y medio después de aquel abril en Manzanillo. Lo sentenciaron a once años, once meses y siete días de prisión por transporte. En 2017 otro tribunal de Toluca le negó el amparo. El mar tiene su tiempo y la burocracia el suyo: a este hombre lo alcanzó casi una década más tarde por subirse a un barco averiado en el año 2001.

Los testigos que hundieron al cártel de los Arellano Félix corrieron suertes distintas. ‘Juan López’, Sergio Rodríguez Tapia, el que sabía dónde estaban las fragatas, está hoy preso en el penal del Altiplano. En un expediente de 2019 ya no aparece como el operador que burlaba a la Armada, sino como un interno que pelea por su correspondencia: reclama una circular que le restringe el correo con el exterior, se queja de la comida del penal, pide atención médica por un dolor de estómago que no se le quita.

El mar se las cobra 

El Tolteca cayó en abril de 2001. Pocos meses antes, en marzo de 2000, había caído su dueño: Ismael Higuera Guerrero, ‘El Mayel’, brazo derecho de Benjamín Arellano Félix, detenido por el Ejército en su mansión de la carretera Tijuana-Ensenada. ‘El Mayel’ intentó alcanzar su pistola. La borrachera no lo dejó. Lo encerraron en el Altiplano, lo sentenciaron en México a dieciocho años y medio, y en enero de 2007 lo extraditaron a Estados Unidos. En diciembre de ese año, ante una corte de San Diego, lo único que dijo antes de escuchar su condena fue: «En nombre de Cristo, pido perdón por mis pecados». Le dieron cuarenta años.

Higuera y su hermano Gilberto, ‘El Gilillo’, negociaron: cooperaron contra sus antiguos jefes, los Arellano Félix, y en septiembre de 2021 un juez de California aprobó su libertad supervisada. Hoy, según la revisión de su expediente, viven en Estados Unidos. El dueño del barco que desnudó la red pactó y la libró.

Y queda el jefe del clan. Cinco años después del ‘Tolteca’, en agosto de 2006, Francisco Javier Arellano Félix, ‘El Tigrillo’, el último de los hermanos en pie, fue capturado a bordo de su yate de pesca deportiva, el ‘Dock Holiday’, a unas quince millas náuticas de La Paz, en aguas internacionales, por la Guardia Costera de Estados Unidos. Andaba de paseo. Lo condenaron a cadena perpetua. Después, como ‘El Mayel’, como casi todos, cooperó y la perpetua se le redujo a veintitrés años. Los jefes negociaron su libertad en cortes extranjeras mientras en México los marineros enfrentaban su condena.

La fragata que hizo aquel récord, el ‘Rodney M. Davis’, fue dada de baja en 2015 y el 12 de julio de 2022 hundida a cañonazos como blanco de tiro en un ejercicio naval frente a Hawái. Hoy descansa en el fondo del Pacífico, en la misma agua por la que persiguió a los barcos de la droga.

La reconstrucción de esta historia se basa en los expedientes judiciales de la causa penal 156/2001, instruida ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México. 

Ignacio González de Arriba aún era joven: llevaba el cabello rubio medio largo y la barba como Jesucristo. Aún así, Luna había notado que tenía los dientes completamente cafés con un sarro expansivo. Un día se atrevió a preguntarle por qué los tenía tan podridos. “Bueno hija, qué esperas, llevo dos mil años con ellos… antes sí que siguen en su lugar”, respondió el ‘Maestro Félix’ con una sonrisa.

Luna, que aún dudaba de las palabras mesiánicas de Ignacio, le preguntó cómo era posible que hubiera vivido dos mil años. Él le contestó que era porque nunca moría: cambiaba de cuerpos físicos, si no, la gente sospecharía de él. Cada cien años fingía su muerte y entonces su alma se apropiaba del cuerpo de otro. 

Luna no entendía, así que siguió preguntando hasta que Ignacio la paró en seco: “Es que soy descendiente directo de Cristo”. 

Con eso zanjaba todo. Pero a ella no le hacía sentido que el hijo de Cristo en la Tierra fuera tan asqueroso. A veces le contaba los días sin bañarse: cuando menos quince, incluso después de tener sexo con tres mujeres a la vez –sus “Marías Magdalenas”–, varias veces al día. Vivía entre el hedor, carteles religiosos y los colchones tirados en el piso donde dormían amontonados sus aprendices.

Ignacio González de Arriba había nacido 34 años antes en Gijón, España, donde a principios de los dos mil montó una empresa llamada Fénix Corp SL, dedicada –según el Registro Mercantil– a la “venta de productos intangibles por internet”. Publicó un libro llamado ‘Manual Samurai’ que según él mismo contaba había superado los cuarenta millones de copias. 

El libro, aún disponible en internet, es bastante mediocre: cuenta la historia de un samurái japonés y su maestro, y lo rellena de obviedad sobre obviedad, con frases como “no debéis perder el tiempo en caer en las tentaciones de los demás. Sólo el trabajo duro conlleva a los resultados y el éxito”. Aún así, afirmaba que esa lectura había evitado que diez mil personas se suicidaran en todo el mundo.

El Ministerio de Hacienda español lo perseguía por deudas: tanto Fénix Corp como su otra empresa, Proyecto Market 2000, cerraron sin presentar sus cuentas anuales. En 2005, el ‘Maestro Fénix’ llegó a México cargando sus deudas, su libro y la teoría de que él era Jesucristo.

Lo que lo diferenciaba de otros charlatanes era la historia que se había inventado para explicarse a sí mismo. Relataba que en 2005 había tenido una muerte clínica, llegó al cielo y Dios le reveló su verdadera identidad. Aunque su Dios era bastante perverso: le pidió fue que promoviera la riqueza económica y la poligamia como algo bendito. Con el tiempo dejó los talleres de superación personal y empezó a venderse como el Nuevo Jesucristo: uno con gustos bastante perversos. 

Dicho así suena ilógico que hubiera captado seguidores. Sin embargo, él tenía una explicación perfectamente construida: esto era para que los discípulos –sólo los hombres– mantuvieran la magia o frecuencia vibracional en su cuerpo, para así tener energías y esparcir por el mundo el mensaje de Jesucristo. 

“Tienen que tener diez mujeres de planta pero, en lo que las consiguen, deben tener relaciones con tres mujeres al día, para cargarse de magia y con ello regenerar sus órganos y revitalizarse, y acrecentar sus poderes diarios para cumplir la misión de salvar al mundo y todas sus almas”, les decía.

El mesías llegó a vivir directamente a la casa de Luna, en Torreón, Coahuila, luego de que su esposo fuera reclutado por internet.

Esta es la historia de los Defensores de Cristo, una secta surgida en el norte del país donde un español aseguró ser la reencarnación de Cristo: el hombre que iba a salvar al mundo a través de la poligamia y el sexo. Una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA, que reconstruye este caso gracias a expedientes olvidados entre cajones y viejas oficinas públicas. Historias como ésta revelan que en México la verdad oficial siempre está en obra negra.

‘Maestro Fénix’ llegó a Torreón a formar aprendices

Luna había conocido a su esposo en 2004 porque los dos trabajaban en un ‘call-center’ español: ella desde México, él desde Venezuela. Al principio fue su novio por internet, algo inofensivo. En agosto de 2005 él viajó a Torreón a visitarla y se quedó tres meses. En enero de 2006 se mudó con ella definitivamente.

Era platicador y encantador, y siempre le iba bien en el trabajo. Cuando ella le preguntó cómo lo hacía, él finalmente le confesó la fórmula secreta: todo era gracias a un maestro, un español llamado Ignacio, el ‘Maestro Fénix’. Le había comprado por internet –por mil 300 dólares– un curso llamado “Técnico en Bioprogramación”, una mezcla de programación neurolingüística, autoayuda y técnicas de ventas. 

“Me dijo que aprendía diez veces más rápido que cualquier persona, controlaba el dolor con la mente, veía el aura de las personas”, dijo Luna en una declaración ante el Ministerio Público muchos años después.

Sorprendida, le pidió comprar el curso. Su esposo incluso la convenció de pagarlo con su tarjeta de crédito: la oportunidad era única, porque el maestro le daba 360 dólares para cada nuevo comprador, así que técnicamente le saldría muy barato.

A Luna le maravillaron las técnicas. Se les ocurrió entonces replicar el negocio con cursos presenciales en Torreón. Ella le enseñó a su esposo a hablar en público: pasaron cuatro días ensayando: ella le corregía la postura, la modulación de la voz. Había estudiado Comunicación y sabía cómo manejarse ante una audiencia. Luna se encargaba de la logística, las negociaciones con hoteles, los contratos, las invitaciones, las llamadas de confirmación, los cobros y él daba los cursos. Llegaron a tener grupos de hasta 400 personas. Los módulos llevaban nombres como “Renace de tus cenizas”.

Ese año jamás se trataron temas religiosos. Luna reconocía fragmentos de autores como Wayne Dyer o Tony Robbins, mezclados con otros temas. Tenían más de 800 alumnos en Torreón y redes de distribución en otras ciudades del país. Así pasaron varios años: compraron casa, compraron coche nuevo, pidieron viajar a Europa. Hasta que estando de vacaciones en Roma, en algún momento de 2009, Ignacio mandó un correo al esposo de Luna. 

Le dijo que había llegado el momento: él era uno de sus mejores aprendices, uno de los elegidos, y le revelaría el verdadero propósito de la Bioprogramación. “El tiempo había llegado y que ahora se sabría la verdad sobre todo”.

Cuando regresaron de Europa, la actitud del esposo de Luna empezó a cambiar. Se encerraba horas y horas –hasta diez al día– chateando por internet con Ignacio. También comenzó a repartir entre los alumnos de Bioprogramación un documento que llamaban “la brújula”, con el que anunciaban el giro religioso del proyecto: ya no era sólo cómo mejorar las ventas, ahora aprenderían a “Matar Demonios (Nivel 1)”, a hacer el “Milagro de Resucitarte a ti Mismo”, a “Curar el Cáncer”, a “Recibir Superfuerza Física como Sansón”, a “Detectar los Demonios en el Aura de Otras Personas”, y hasta “Demonología Avanzada”.

“Le dijo que tenía que empezar a ayudarle a repartir la brújula a todo el mundo, ahí empezó la pesadilla…”. La taquimecanógrafa del Ministerio Público detiene la transcripción. “La compareciente guarda silencio y llora”.

Luna le advirtió a su esposo que si metían esos temas iban a perder todo lo que habían construido. No la escuchó. Muchos alumnos se alejaron. Ignacio respondió diciendo que a todos los que dudaban les iría mal.

Los aprendices entregan ahorros y cerraron negocios propios

En septiembre de 2009, Ignacio González de Arriba llegó a Torreón a impartir los primeros cursos y a empezar a enseñar a un grupo selecto de aprendices físicos para propagar la enseñanza, todo con temas religiosos. Como adivinador, Ignacio les dijo a Luna y su pareja que querían tener un hijo pero que no podían, lo que los impresionó profundamente porque era cierto. 

En octubre, el esposo de Luna la convenció de rentar una casa más grande: debían “reflejar más su éxito y estilo de vida como ejemplo de que lo que se enseña en Bio sí sirve”. Luna se daría cuenta después de que no había sido idea de su esposo. Dos meses más tarde, el esposo le ofreció vivir en la nueva casa y así Ignacio se estableció definitivamente en el país. El esposo lo recibió como el heraldo del mesías.

Así fueron llegando más aprendices. La carta de invitación que Ignacio mandó por internet a sus seguidores les ofrecía aprender 343 poderes, cada uno con un valor estimado en un millón de dólares, y la posibilidad de convertirse en apóstoles de la Universidad de Bioprogramación que establecieron en el inmueble. 

El doctorado en Metafísica Teológica costaba 180 mil pesos. Ser apóstol de planta exigía entre diez mil y 100 mil dólares de entrada. A eso se sumaba una colegiatura de 300 dólares semanales de tres a cinco años, más un diezmo vitalicio equivalente al 20% de todos los ingresos de por vida. Para reunir ese dinero, algunos hipotecaron sus casas. Otros liquidaron ahorros de décadas, vendieron vehículos, cerraron negocios propios. 

Hubo quien llegó de Bolivia, de Venezuela, de Brasil, dejando atrás familia, trabajo y un país entero, convencidos de que el ‘Maestro Fénix’ los haría millonarios y los salvaría del infierno. La Red de Apoyo a las Víctimas de Sectas estima que en México el número de personas afectadas superó las cuatro mil, y que los adeptos por internet que mandaban dinero desde sus países de origen llegaron a más de diez mil. 

La casa de Luna operó como sede, monasterio, dormitorio, oficina y centro de adoctrinamiento. A la par, abrieron un local llamado la Universidad, donde el maestro mal alojaba a la gente que llegaba de afuera y les daba apenas comida.

Luna fue desterrada y repudiada por la organización

En marzo de 2010, Luna conoció el infierno: Ignacio le dijo que la Virgen María quería que ella fuera una de sus principales promotoras. Que el primer paso era pedirle a su marido que tuviera relaciones con prostitutas, para que su mente se fuera acostumbrando. Que para cumplir la misión de Cristo, su esposo tendría que tener varias esposas y concubinas, pero que como la primera ella tendría privilegios y poder sobre todas las demás: sería algo así como la supervisora o jefa del equipo de esposas. 

La instrucción la dio bajo lo que él llamaba la “Orden de Buen Siervo”: irrevocable, para ejecutarse de inmediato, sin posibilidad de objetar. “Dijo que mi marido tenía que ir a comer magia”, recuerda Luna. 

Esa noche, durante la cena, lloró. Y finalmente le dijo: “Ok, Ignacio, lo haré”. Entonces el maestro lo mandó llamar y le dijo que ella quería decirle algo. “Está lista”. Esa noche su marido fue a un prostíbulo. Al regresar, Ignacio le ordenó a Luna que lo recibiera sin reproches y que estuvieran juntos, para que el subconsciente de él grabara que lo que había hecho era correcto a los ojos de Dios. Luna no pudo.

“No pude, le dije que me perdonara que no podía hacerlo… primero se quitó, me abrazó llorando y me dijo: te entiendo. Pero sólo por esta vez te voy a permitir este comportamiento, porque te amo”. Sin embargo, el llanto de Luna despertó al maestro, quien tocó a la puerta. A pesar de que ella no no quería abrirle, Ignacio entró y le dijo que lo había decepcionado, pero que aún la amaba porque era “su nieta”. Luego le pidió a su marido que la insultara frente a todos como lección. Le dijo que si no cambiaba, buscaría otra esposa que sí aceptara la misión.

El esposo obedeció. Ella describió en su declaración ante el Ministerio Público la primera vez que le vio maldad en los ojos, dirigida hacia ella. “Eres un animal de mierda”, le dijo, con una voz que al principio tembló y después cobró fuerza.

Al día siguiente Ignacio ordenó que volviera al prostíbulo y duplicara la dosis, porque la rabia de Luna había malgastado toda la energía de la noche anterior. Así ocurrió todas las noches. Cuando ella se negaba, venían las bofetadas. Y las amenazas: si intentaba irse, podrían ocurrirles muchas cosas feas a su familia. Accidentes pasan todos los días. Mencionaban que habían pasado frente al colegio de su sobrino y que era muy fácil llevarse a un niño sin que nadie se diera cuenta.

Como castigo, la llevaron al prostíbulo a mirar. Esta historia la vivieron todas las mujeres del grupo. Luna fue repudiada. Más tarde su esposo le arrebató el anillo de matrimonio para dárselo a una mujer que había conocido en Venezuela, a quien Ignacio designó como nueva primera esposa. Luna fue desterrada de su propia casa y destinada a vivir en un cuchitril con otros estudiantes.

Dos veces pensó en quitarse la vida. En su declaración lo dijo sin rodeos: para ese momento sentía que ya no tenía nada más que perder.

“Para ser Cristo olía a purititos demonios”

En octubre de 2010 Juan llegó a Torreón con la intención de confrontar a Ignacio González de Arriba, porque años antes también lo había estafado con otra empresa piramidal llamada Market 2000. Juan le contó después cómo fue su primer encuentro con Ignacio. Mientras le daba la mano, decía que pensaba insultos contra él y lo retaba mentalmente a que, si de verdad era Cristo, le leyera la mente. Ignacio, en cambio, le pidió un abrazo. Carlos tuvo que acercarse y soportar el olor a sudor sin hacer gestos. “Para ser Cristo olía a purititos demonios”.

Juan le habló de Lima, de apoyarla económicamente, de montar una empresa de coaching y de empezar una vida lejos de aquello. Luna le dijo que sí, aunque casi no lo conocía. Cuando Juan le preguntó si no tenía miedo, ella respondió que ya no tenía nada que perder y que nada podía ser peor que el infierno que estaba viviendo. Sólo puso una condición: quería un boleto de ida y vuelta, para poder regresar a México si algo no salía bien

La ruptura definitiva llegó después de una agresión que sufrió Luna. Carlos estaba ahí y cuando se dieron cuenta que los había visto, le dijeron que ella tenía problemas mentales y que inventaba cosas. Les respondió que la única persona cuerda parecía ser ella, que iba a llevarla al médico porque la habían golpeado “como un bestia”, y que ya había visto suficiente. Logró sacar sus cosas sin que lo detuvieran. Ese fue el último día que ella los vio. 

Mas tarde psiquiatras consideraron que Luna tenía estrés postraumático complejo, la variante que deja el abuso sostenido y sistemático durante años, el que se diferencia del trauma ordinario porque el daño no viene de un solo golpe sino de una acumulación tan larga que el cerebro termina por reescribirse. 

Ignacio González de Arriba fue detenido en enero de 2013 por agentes del Instituto Nacional de Migración en una finca ubicada en el kilómetro 14 de la Carretera Nacional de Nuevo Laredo. Con él cayeron 24 personas, entre ellos 14 extranjeros y cinco menores de edad. Solo tres de los 19 adultos detenidos fueron consignados ante un juez federal en Matamoros. El español, el esposo de Luna y un marroquí. Los cargos fueron: inducción a la prostitución, tráfico de mujeres y de órganos, ejercicio ilegal de la medicina, reducción a la servidumbre, fraude. 

Luna declaró ante el Ministerio Público y sus palabras quedaron transcritas en un expediente. La taquimecanógrafa anotó los silencios, las pausas, el momento en que lloró. Luna ya no vive en México.