Son las doce del mediodía y ya llevo una hora de carretera. Detrás quedó Ciudad Juárez, sus talleres, sus ‘yonkes’ o deshuesaderos, como ese que en 1983 recibió una cápsula de cobalto-60 robada de un hospital y la fundió junto con toneladas de varilla de construcción. Atravieso las dunas de Samalayuca, esas pequeñas montañas de arena que se enclavan en un desierto que tiene la memoria enterrada. Aquí, en un predio llamado El Vergel, el gobierno mexicano sepultó miles de toneladas de tierra, escoria, varilla y contenedores contaminados. El esqueleto del mayor accidente radiactivo de la historia terminaría enterrado debajo de estas dunas.

Un hospital privado de Ciudad Juárez había comprado, sin permiso ni norma que lo respaldara, una máquina de radioterapia con una fuente de cobalto-60. La dejaron guardada, sin usarla, hasta que en 1983 don Vicente Sotelo la sacó de la bodega y la vendió como chatarra en uno de los ‘yonkes’ de la ciudad. 

Ahí en Yonke Fénix la desarmaron a mano, sin saber lo que tenían entre los dedos, y la fundieron junto con toneladas de fierro viejo. De esa fundición salieron varillas que se usaron para construir cientos de casas en México, y mesas industriales que terminaron en restaurantes de Estados Unidos. Nadie en Chihuahua sabía que el material que circulaba por sus calles y carreteras, que entraba a sus casas y cocinas, emitía radiación.

Los tráilers me rebasan a toda velocidad, quieren llegar al parador de descanso antes de que la arena que se levanta por las tardes les nuble el parabrisas y les impida el paso. Es inevitable imaginar que así se veía este entorno en 1985, dos años después del accidente de cobalto-60: hace algunos años los pobladores de la Samalayuca me describieron la misma escena.

Una mañana sólo vieron la andanada de trailers, que se acercaban como caravana fúnebre, pero esa vez a rueda lenta. Estoy segura que descendieron igual, que activaron el mismo freno de motor cuando agarraron esta rampa empinada que conecta la ciudad con el desierto. Que los pobladores los escucharon acercarse gracias al traqueteo grave y entrecortado, como de ametralladora, que hacen cuando vienen ‘jakeando’, como le llaman los traileros. Pero aquella vez, con las varillas contaminadas de radiación nuclear a cuestas.

Un retén de la Guardia Nacional me detiene. Un joven muy solemne pregunta qué ando haciendo por aquí con el desgano de traer a cuestas el calor. El carro rentado, con placas de Yucatán me delata antes de que pueda explicarle que no soy de acá. Le digo que en efecto no soy de aquí y vengo en busca de un señor llamado don Raúl, uno de los liquidadores del accidente de cobalto 60.

“¿Un liquidador?”. Sí, uno de los hombres que en 1985 cavó estos hoyos con las manos y bajó ahí los tambos de cobalto-60 que hoy siguen bajo la arena.

El Guardia Nacional, que dice ser de Acapulco, me cuenta que odia el desierto, que no hay mujeres y sólo se ven entre ellos. Que extraña el mar.

El camino se angosta y la arena empieza a comerse el asfalto. Estoy buscando el pueblo de Samalayuca. Atravieso las vías del tren, y como en todo pueblo la gente me va dando indicaciones, que si el abarrotes, que si una casa con dos perros, una vuelta con un monumento hasta que llego a la casa de Martha Ávila.
A ella la conocí hace casi cinco años, cuando encontré su nombre en un expediente que logré desclasificar en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Ahí, entre más de quinientas hojas sostenidas con ‘clips’, entre mapas y análisis médicos con la tinta ya corrida, aparecía mencionada de pasada.
En ese entonces me habló de 1985, del año entero que Samalayuca dejó de sembrar por miedo a que el cobalto se filtrara al agua de los pozos profundos con los que regaban sus cultivos. Me habló de las nubes negras que la gente veía pasar por el cielo del desierto y temía que trajeran veneno. Y me contó de Antonio Fabela, un muchacho de veintitrés años, hijo de su comadre Sanjuana, al que ella conocía de toda la vida. Que tocó la fuente de cobalto-60 con las manos peladas, sin saber qué era. Que se le empezó a caer el cabello. Le salieron llagas en la piel.
Cuando por fin Antonio fue al doctor, le dijeron que tenía cáncer. Murió siete meses después de aquel día en que tocó las varillas de Cobalto-60.
Han pasado casi cinco años desde que me contó esto y Martha sigue siendo la misma mujer afable. Hoy llegué a su casa pero me esperaba alguien más: don Raúl Castro Aguirre, uno de los hombres que enterraron el material radiactivo. Yo lo llamo ‘El Liquidador’, porque así apodaron en Chernobyl a los bomberos y mineros que en 1986 entraron a la zona del reactor nuclear para apagar el incendio, cubrir el núcleo con concreto y arena, y limpiar con las manos los techos y los campos contaminados. Muchos de ellos murieron en los meses siguientes.
Don Raúl no tiene medalla alguna pero le tocó hacer algo así. Me espera en el comedor de la casa de Martha, en Samalayuca. Viene de trabajar con el ganado, trae una camisa vaquera de trabajo color blanca, un cinto piteado y una gorra con un caballo a galope. Es un hombre mayor de barba blanca y lleno de surcos en el rostro por el trabajo duro en el desierto. Él es, me dice, de los pocos que quedan en El Vergel, el ejido que hoy carga sobre su tierra el cementerio de cobalto-60.
Antes que don Raúl, su abuelo araba estas mismas dunas. Siente orgullo de ser uno de los pocos originarios de este lugar, donde se buscan flores de arena, rosas de yeso que el desierto tarda siglos en formar bajo la arena, capullos de cristal que sólo se encuentran a puro tanteo, con una pala o con las manos.
Así aprendió que estas dunas guardan debajo tierra secretos que apenas uno imagina. Pero años después, aprendería que también guardan flores menos bellas: objetos que no brillan y no se pueden sostener sin que le arranquen a uno la vida.

Un cementerio nuclear de seis fosas para el cobalto-60

Estamos sentados en el patio de la casa de Martha, justo donde se apilan bloques de alfalfa. Ahí don Raúl recuerda que en 1983, cuando sucedió el accidente de cobalto-60, no tenían casi nada de información. Sólo el rumor de que querían llevarlo a enterrar al desierto de Samalayuca, a un ejido llamado Villa Luz. “Pero la gente protestó y terminaron llevándolo al Vergel”. A su Vergel. 

Aunque a él y otros pobladores no les gustaba la idea, en comunidad consintieron que era mejor eso que llevarlo al poblado de Samalayuca, donde vivía la mayor cantidad de gente del pueblo. Y ese rumor de Villa Luz no era el único destino que se barajó antes de que la basura nuclear cayera en El Vergel. Yo tengo otro documento, uno que encontré antes de venir. En él, tres dependencias de gobierno se escriben cartas para decidir dónde enterrarlo.

El 19 de septiembre de 1984, el gobierno de Chihuahua propone tres terrenos al secretario de Salubridad y Asistencia: uno llamado Estrella del Norte, cerca de Guadalupe; otro, Cerro Colorado, junto a Villa Ahumada; y un tercero, sin nombre, en la zona de los médanos, mitad roca y mitad pura arena.

Un mes después, unos geólogos contratados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología entregan su veredicto sobre otros dos sitios que ya estaban en la mesa: Villa Luz y un paraje llamado Mal Querido. Ambos son buenos, dicen, “desde el punto de vista geológico”, solo que Villa Luz está sobre roca fracturada y necesita una impermeabilización, y en Mal Querido el nivel freático está a apenas veinte metros bajo la superficie.

El 15 de noviembre de 1984, la propia Comisión Nacional de Seguridad Nuclear le explica por escrito a Salubridad y Asistencia cómo se debe construir una fosa para que sea segura: trincheras de hasta tres metros de profundidad, muros y piso de concreto armado, un desnivel para que el agua de lluvia escurra hacia un sumidero, un montículo final de dos metros de tierra inerte sembrado con raíces cortas para que no se erosione. Ahí está, dibujado a mano en un plano con clips oxidados, el corte transversal de lo que después sería la tumba: nivel de suelo, tierra inerte, desechos radiactivos, concreto, sumidero de escurrimiento.

Y el 26 de noviembre de 1984, en una minuta firmada por ingenieros y arquitectos de tres dependencias distintas, aparece por fin la decisión: el confinamiento se hará “en el lugar denominado La Piedrera, colindando con el ejido El Vergel”. La obra la construirá una empresa llamada Arlic, S.A. de C.V., que empezará a trabajar el 5 de diciembre y tiene cien días hábiles para terminar.

Cien días hábiles, calculo yo, debieron llevar la obra hasta cerca de abril de 1985. Y en efecto, ahí está: un informe fechado el 11 de abril de ese año, titulado sin adornos “Situación del problema de la contaminación con Cobalto-60 al 11 de abril de 1985”, cuenta que la instalación de La Piedrera consta de seis fosas de concreto, de cuarenta metros de largo por quince de ancho y cinco de profundidad, y que el avance de la obra apenas llega al cincuenta por ciento. 

De las seis fosas, sólo tres tienen paredes, y de esas, sólo una tiene los castillos de refuerzo terminados. Mientras tanto, en el sitio ya esperaban, apiladas, 5 mil 200 metros cúbicos de tierra, 4 mil 400 toneladas de productos metálicos, ochocientos barriles y una camioneta entera, todo contaminado, todo esperando un hoyo que todavía no estaba listo.

Nadie explicaba a los trabajadores sobre la radiación nuclear

Don Raúl dice que el rumor corrió antes que la noticia. Que en El Vergel se supo que iba a haber trabajo antes de saber para qué. Su hermano fue de los primeros en llegar porque ellos vivían muy cerca del camino vecinal que conectaba la carretera con el ejido, y ese camino terminó siendo la puerta de entrada al nuevo cementerio nuclear.
Un hombre llegaba con los aparatos y contrataba gente como eventual para la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Nadie explicaba más. “Pero hay gente que no sabía lo que estaban haciendo, no sabían que existía ese mal”.
Ese mal es la radiación nuclear, que más tarde terminaría afectando a personas como Agustín Villanueva, un chico de dieciséis años al que las uñas se le pusieron color café, como si tuvieran arena incrustada que ningún solvente lograba quitar: sus estudios apuntaron a una infertilidad temporal por ausencia total de espermatozoides.
O como Pedro Torres, de veintiocho años, curtido ya en el trabajo pesado del Yonke Fénix, le dieron dolores de cabeza y las mismas manchas en las palmas de las manos, y a quien diagnosticaron una producción de esperma muy por debajo de lo normal. O como los hermanos Agustín, Pedro y Lorenzo de la Cruz, en quienes el IMSS terminaría reconociendo, años después, esterilidad permanente e irreversible.
En Prípiat, del otro lado del mundo, dos años después, los liquidadores soviéticos tampoco lo sabían. Lo supieron cuando la piel empezó a desprenderse de sus manos y de sus brazos, cuando la sangre dejaba de coagular y las quemaduras que nadie había sentido arder abrían la carne semanas después de tocar los escombros.
Don Raúl recuerda que el lugar elegido para el cementerio nuclear fue El Vergel, pero específicamente en un terrenito al que le llamaban La Piedrera, a quinientos metros de la estación Desierto del ferrocarril Chihuahua-Ciudad Juárez, y a doce kilómetros al sur de la garita del kilómetro 28, sobre la carretera.
Dice que uno de los primeros movimientos de la Comisión Nuclear y del gobierno mexicano fue instalar una caseta “junto al entierro”, como le llama él a la tumba radioactiva. Fue el hermano de don Raúl quien se encargó de contar los camiones que llegaban a descargar y de anotar cuántos entraban y quién los conducía.
Dice que a la mayoría de los trabajadores nunca les explicaron qué era el cobalto-60 pero algo detectaban. Los ingenieros, así les llamaban a los trabajadores de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, traían un aparato parecido a un radar que pasaban sobre el cuerpo de la gente. “Parece que cuando subía la aguja, era que subía la radiación, y entonces tenían que ser retirados de ahí. Periódicamente se pasaba ese radar. La gente podía estar un rato pero después se retiraba. No podíamos estar tiempos largos”.
En Chernóbil los llamaban los “hombres del biorobot” porque cuando las máquinas fallaban, en el techo del reactor, mandaban a personas a subir, correr, tirar los escombros y bajar, noventa segundos por turno, ni uno más. Aquí no hubo techo ni noventa segundos, pero hubo un cálculo hecho con el cuerpo como instrumento de medición: cuánto aguanta un hombre antes de que el aparato ordene retirarse.

Paredes enormes para que la radiación no encontrara salida

Decenas de hombres y maquinaria pesada fueron convocados para enterrar miles de toneladas de cobalto-60. Durante semanas transitaron camiones cargados de fierro y varilla recién salida de la fundidora de Chihuahua. Impresionaba ver cómo enterraban las varillas enteras, larguísimas. En el desierto instalaron grúas del tamaño de una casa. Contrataron a los pocos habitantes que vivían en El Vergel y en los alrededores de Samalayuca. A unos les tocó cavar las fosas; a otros, rellenarlas de cemento hasta convertirlas en un hoyo blindado. Don Raúl recuerda paredes de casi un metro de grosor, hechas para que la radiación no encontrara salida.
“Cuando echaban esos fierros que nos decían que estaban contaminados, también se les ponía cemento encima, y luego una capa de tierra”. Él alcanzó a contar nueve fosas de cuarenta por veinte metros. Las tumbas, les dice él. Ahí entraba todo junto, el fierro y hasta la tierra del Yonke Fénix, sin separar lo uno de lo otro.
Lo que más recuerda es que después tenían que sembrar plantas encima, reforestar lo que acababan de exhumar. Tapar la radiación con plantas como mezquite, de una belleza: “Me acuerdo que entre los trabajadores decíamos que cuando enterraran el cobalto ahí se iba a acabar toda la flora… pero no pasó así”.
Mientras tanto en Samalayuca, dice, la gente estaba aterrorizada, convencida de que aquello era el fin del mundo. Martha ahora se ríe cuando me cuenta lo que me dijo hace cinco años: que a todo le echaban la culpa al cobalto, que si una mujer salía embarazada era porque la pastilla no había hecho efecto por culpa del cobalto. Hubo un día entero en que pensaron que, cuando cayera la próxima lluvia, del cielo bajaría una especie de ácido que los desharía a todos.
En El Vergel, en cambio, eran pocos ejidatarios, y quizá por eso mismo se opusieron menos: mejor que el peligro cayera donde había poca gente, no donde estaba asentada la mayor población del pueblo.

Tres hombres cargan entre todos un tambo pesado

Don Raúl no se arrepiente de haber trabajado ahí. Me cuenta que de hecho a él le tocaba recorrer el desierto con el señor del aparato que marcaba la contaminación radiactiva. Así fue cómo encontraba que a los camiones se les había caído un fierro, una varilla, o hasta un puño de tierra. Lo recogían y lo metían en la última fosa que quedaba abierta, la única que todavía recibía, porque las demás ya estaban selladas. Cuando terminaron, la taparon también. Después sembraron hierbas nativas.
No usaban traje especial ni mascarilla: el único que cargaba algo distinto era el inspector, con su aparato que hacía ‘tik-tak’, pasándolo sobre los choferes que llegaban de Juárez con la carga. Cuando el número subía demasiado, el hombre tenía que parar, apartarse, esperar. De hecho, le muestro unas fotos que encontré hace algunos años en el expediente de la investigación del mayor desastre radioactivo que ha existido en México. Son pequeñas, pegadas sobre hojas blancas ya amarillentas, y el color que conservan todavía me sorprende, aunque ha empezado a virar hacia un verde sepia, como si la imagen se estuviera oxidando junto con el metal que retrata.
En una de ellas, tres hombres cargan entre todos un tambo pesado, de metal verde oscuro, hacia la caja de una camioneta blanca. Visten como visten aquí, con sombrero vaquero, gorra de béisbol, camisa de cuadros, pantalón de mezclilla desgastado por el trabajo del campo. No hay guantes en ninguna de las manos. Cargan el tambo a mano pelada, apoyando el peso contra el cuerpo. Esa negligencia afectaría su salud años después.
Al fondo se alcanza a ver una construcción sencilla, de tabique, con ventanas pequeñas, y otra camioneta blanca estacionada. Sobre la tierra suelta hay dos garrafones amarillos, de esos que se usan para cargar agua en el desierto, uno junto a cada rueda trasera del vehículo. El agua y el veneno compartieron el mismo viaje esa mañana.

El Vergel, con sus flores de arena y con las fosas selladas bajo tierra

Yo tengo otro expediente que don Raúl nunca vio. En él está la cuenta final de lo que quedó enterrado en su tierra: 36 mil toneladas métricas de desechos radiactivos, de las cuales 2 mil 930 toneladas eran varilla contaminada de las aceradoras, mil 738 toneladas de material en proceso, doscientas toneladas de bases metálicas, mil 950 toneladas de chatarra, y 29 mil 181 toneladas de tierra, escoria y plasta recogidas de las calles de Juárez y Chihuahua, del río Sacramento y hasta de un arroyo llamado El Jorudo. Y aparte de todo eso, 860 tambos con gránulos de cobalto-60 puro, recuperados uno por uno de los patios de las fundidoras, de las calles, de la carretera, y del cabezal de la máquina original, la misma que viajó meses entera en una camioneta Datsun con placas 981-YUB.
El expediente aclara algo que don Raúl nunca supo con exactitud: no todo cupo en las fosas selladas. Hubo desechos con niveles tan bajos de radiación que la Comisión decidió no meterlos en las trincheras principales, sino colocarlos solamente bajo la tapa de concreto que cerraba cada fosa por encima. Una segunda capa de veneno, más delgado, más disperso.
El trabajo, sin embargo, no terminó cuando se selló la última fosa. Encontré, entre las páginas de este expediente, un rastro de basura contaminada que siguió apareciendo suelta por Chihuahua meses después de que don Raúl y su cuadrilla creyeran haber terminado.
El 17 de agosto de 1985, un inspector de la Comisión reportó haber localizado, a un lado de la carretera que va de Villa Ahumada a Moctezuma, en el kilómetro 36, alrededor de ocho toneladas de tierra contaminada procedente de la ciudad de Chihuahua, abandonada ahí, a la intemperie, esperando quién sabe cuánto tiempo antes de ser descubierta. Pidió que la recogieran y la llevaran, como todo lo demás, a La Piedrera. Diez días después, el 26 de agosto de 1985, el propio gobernador de Chihuahua, Óscar Ornelas, le escribió al director de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear para darle una noticia: la ciudad de Chihuahua había quedado, según sus palabras, “libre de contaminación por Co-60”.
Pero el cierre real llegó unos días después: El 7 de septiembre de 1985, la secretaría de salubridad del estado avisó, por escrito, que las fosas del cementerio nuclear serían cerradas totalmente, y que, a partir de ese día, ya no se aceptaría en la ciudad ningún material contaminado proveniente de otras entidades del país.
Una semana después, la misma dependencia le repitió el aviso, ya de forma definitiva, al secretario técnico de la Comisión Nacional: las obras en La Piedrera estaban concluidas, y cualquier material contaminado que todavía anduviera suelto por ahí tendría que resolverse en el lugar donde se encontrara, porque Chihuahua ya no iba a recibir nada más.
Don Raúl no leyó nunca esas minutas, esas cartas. Él solo sabía que un día llegaron los camiones y que otro día, sin que nadie viniera a explicarle nada, dejaron de llegar. Se acabó el trabajo. Se acabaron los aparatos con su ‘tik-tac’.  Y él se quedó ahí, en El Vergel, con sus flores de arena y con las fosas selladas bajo tierra, viviendo encima de un cementerio nuclear.

Un correo anónimo llegó el 7 de noviembre de 2011. Lo firmaba un supuesto colectivo de hackers que decía haber descubierto una operación internacional. Era extenso y empezaba fuerte:

Un grupo de mercenarios ha mancillado la paz y la seguridad del país, integrado por canadienses, estadounidenses y mexicanos que, sin pudor, reciben y transfieren millones de dólares para corromper a mexicanos que, como apátridas, a través de cuantiosas transacciones internacionales en dólares, euros y dinares, con el uso de aeronaves privadas en vuelos desde el norte de África y Europa, intentan internar ilegalmente al país al hijo del coronel Muamar el Gadafi, Saadi Gadafi.

Los hackers pedían que siguieran sus pistas y, como prueba de buena voluntad, anexaban una credencial con fotografía: según ellos era el hombre que se encargaba de tramitar la documentación falsa para una red de traficantes. Además lanzaron otras pistas a la Policía de Investigación mexicana: no sólo se trataba de este personaje, si no que había otros tres cómplices: Gabriela, una mujer mexicoamericana; Pierre, un ciudadano danés; y Cynthia, una mujer de Canadá.

Los agentes federales pusieron la fotografía en sus sistemas y descubrieron que era verdadera. Al menos de entrada parecía que no era una broma. Pertenecía a José Luis Kennedy Prieto, un expolicía que había sido comandante de homicidios en la Ciudad de México y excomandante del Grupo Tritón, de la extinta Dirección Federal de Seguridad. Esta sería la primera pista con la que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) se armaría una causa de extracción internacional.

Un expediente exhibe que hace más de una década, la PGR se armó una de las teorías más rocambolesca de los últimos años: según la Procuraduría, una red de canadienses, un danés y mexicanos intentaron sacar de Libia a la familia de Muamar el Gadafi después de su caída –coronel que gobernó Libia por más de cuarenta años–, y esconderla bajo identidades falsas en una casa cerca de Puerto Vallarta, en México.

Para el 20 de octubre de 2011, cuando asesinaron a Gadafi en Sirte y su hijo Saadi huyó a Níger, la operación para meterlo a México con actas de nacimiento y credenciales falsas ya llevaba meses armándose: incluía aviones privados arrendados en Canadá, una casa apartada en la costa del Pacífico mexicano y una identidad nueva para cada integrante de la familia. Todo esto lo disfrazaron de negocios legítimos y con personajes de altísimo nivel. Una consultora canadiense contratada, en teoría, por una empresa de ingeniería para “investigar” el conflicto libio, y una corredora de aviones privados registrada en Delaware, Estados Unidos.

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA que reconstruye este caso gracias a la desclasificación de expedientes olvidados entre cajones y viejas oficinas públicas. Casos como éste revelan que en México la verdad oficial está en obra negra.

Una conspiración internacional para esconder al hijo de Gadafi

Para entender por qué sonaba creíble que Saadi Gadafi quisiera refugiarse en México hay que remontarse a febrero de 2011, cuando Libia comenzaba a caerse a pedazos. La OTAN bombardeaba, los rebeldes avanzaban, y Muamar Gadafi calculaba, junto a su círculo más cercano, rutas de salida.

Saadi Gadafi, uno de sus hijos, era el más visible fuera de Libia. Exfutbolista profesional, empresario, tenía contactos repartidos entre Canadá y el golfo Pérsico. Incluso desde hacía años tenía contratado a un guardaespaldas en Estados Unidos: Gary Peters, un exmilitar australiano de 49 años que vivía en Cambridge, Ontario, desde 2002 y era dueño de la empresa de seguridad privada CSI-International, Inc.

Saadi, además, tenía otro aliado, más grande y menos visible: SNC-Lavalin, un  gigante canadiense de ingeniería y construcción con sede en Montreal, que durante décadas había operado en Libia bajo el régimen de su padre, con miles de millones de dólares en contratos de carreteras, agua, cárceles y aeropuertos. La Real Policía Montada canadiense alegó en un documento judicial para obtener orden de cateo en las oficinas de SNC-Lavalin, que el entonces vicepresidente de la empresa, Riadh Ben Aïssa, había pagado a Saadi unos 160 millones de dólares en sobornos a cambio de dichos contratos. El documento, de 59 páginas, lo obtuvo y publicó el ‘National Post’.

Cuando estalló la guerra en Libia, en febrero de 2011, Stéphane Roy, controlador de SNC-Lavalin, contrató a Cynthia Vanier, una mediadora de conflictos  internacionales de Ontario para viajar a Trípoli, capital de Libia, y elaborar un reporte “de investigación” de diez días sobre la situación del país, según reconstruyó la CBC. Vanier hizo lo que ya había hecho antes en otros proyectos: contratar como escolta a Gary Peters, además de Barrie Rice, un exmilitar de las fuerzas especiales de Nueva Zelanda. Lo que no sabía –y esto lo confesaría Peters a la CBC, años después– es que la idea original del viaje había sido de él “al servicio de mi jefe”.

Peters reconoció que a Vanier la usaron como ‘dupe’: alguien con la cara legítima de una mediadora profesional, para ejecutar un viaje cuyo verdadero origen y propósito ella desconocía. Cómo llegó esa idea de Peters hasta los ejecutivos de SNC-Lavalin es algo que nunca se ha esclarecido.

El brote psicótico que delató la relación de Gary Peters con Gadafi 

El 17 de julio partieron a Trípoli. Según la propia declaración de Vanier, en ese vuelo chárter iban también Lorent Berenda, estadounidense; Belind Izizza, iraquí-estadounidense; Barrie Rice, neozelandés; un hombre de apellido que ella no recordaba, rumano-canadiense, al que llamaban ‘Enclor’; y Roger Lenouf, un estadounidense que trabajaba para la CIA. Durante ese viaje Gary presumió que él ya había dado seguridad a Saadi Gadafi cuando el libio visitó Canadá, al parecer con motivo del festival de cine de Toronto.

El viaje fue caótico: cuando llegaron a Libia, según declaró Vanier, Gary “se puso muy loco” y rompió las reglas de seguridad del equipo. Empezó a decir que era amigo de Saadi Gadafi –lo era, aunque ella todavía no lo supiera del todo– y en uno de los refugios llegó a soltar, frente a los demás, cómo él podría sacarlo del país. Los otros miembros del equipo, con más experiencia que él, pensaron que estaba mintiendo y prácticamente lo callaron para no verse relacionados con lo que decía.

Cuando la guerra se cerró sobre Trípoli, Peters empezó a mover piezas. Ofreció hasta mil dólares diarios a contratistas de seguridad dispuestos a sacar a Saadi, a su esposa y a sus dos hijos de Libia.

Para que la operación pareciera otra cosa, hacía falta una fachada. Ahí entró Cynthia Vanier que, para julio de 2011, fue contratada por dos ejecutivos de SNC-Lavalin, una empresa canadiense que brindaba servicios de ingeniería, adquisiciones y construcción a diversas industrias. Tenían previsto volver a Libia en septiembre. No lo lograron: el país ya no lo permitía. El 12 de septiembre de 2011, la policía canadiense la buscó. Le preguntaron si ella o su compañía habían ayudado a Gary a cruzar la frontera hacia Níger. A finales de octubre, empezaron a salir notas de que el guardaespaldas podría haber ayudado a escapar a Saadi Gadafi.

El 29 de octubre, el ‘National Post’ publicó: Gary Peters, contratista de seguridad privada, admitía haber ayudado al hijo del coronel a huir de Libia. Cuando estalló la revuelta lo contrataron como guardaespaldas personal de Gadafi; durante los siguientes seis meses lo mantuvo lejos del peligro y, cuando la caída ya era inevitable, lo escoltó a través del desierto hasta el exilio en Níger.

El expiloto del ‘Chapo’ Guzmán no quiso llevarse a Gadafi

Christian Eduardo Esquino Núñez era socio de dos empresas de Toluca, Estado de México, dedicadas a comprar, vender y rentar aviones ejecutivos: Recreación y Diversión, S.A., y Star Wood Management. Conocía a Gabriela Dávila desde hacía trece años por una casa que ella le había vendido en San Diego, California. Así lo declaró él mismo ante el Ministerio Público, el 9 de enero de 2012.

En julio de 2011, contó, Gabriela lo buscó: quería rentar un avión con matrícula y pilotos mexicanos para llevar gente de Canadá a África. No le dijo nombres ni cuántas personas ni el motivo del viaje. Sólo que era “una misión especial” y que se vieran en la Ciudad de México con su socio, Gregory Lynn Gillespie, para cerrar el trato. Se reunieron el 15 de julio en el bar del hotel JW Marriott. Gillespie, “un exmarino americano de las fuerzas especiales”, le explicó lo esencial y nada más: irían a Túnez con escala en Pristina, Kosovo. Los pasajeros serían sobre todo exmilitares que acompañaban a “una funcionaria importante”. Le pagaron 144 mil dólares por adelantado, transferidos ese mismo día de una cuenta del Bank of Montreal a una cuenta de Wells Fargo.

El avión salió de Toluca al día siguiente tripulado por los pilotos José Aguilar Talavera, Roberto García Galindo y Mario Mabarak Lagunes.

Un dato interesante es que en 2006 la PGR había acusado a Águilar Talavera de formar parte de una organización que trabajaba para Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Había sido indiciado, junto a otras diez personas, por la logística detrás del decomiso de 5.5 toneladas de cocaína en un avión DC-9 en Ciudad del Carmen, Campeche; era un caso que destapó una red de trasiego aéreo de droga desde África y Sudamérica. Ese mismo año lo habían detenido en el aeropuerto de Tijuana, acusado de traslado de indocumentados, lavado de dinero y trasiego de drogas, al aterrizar con cinco ciudadanos colombianos a bordo.

Entonces, el 17 de julio recogió a dos pasajeros en Pittsburgh, Estados Unidos –uno de ellos, según la declaración, “de origen musulmán”–, y de ahí voló a Kitchener, Canadá, donde subieron cuatro personas más. Entre ellas estaban Cynthia Vanier y Gary Peters. Los seis pasajeros junto con la tripulación llegaron a Pristina el día lunes. Ahí, en la base de operaciones improvisada en Kosovo, alguien dijo a los pilotos que al día siguiente dejarían a los pasajeros en otro punto y después debían quedarse en Pristina, disponibles para lo que llamaron una “extracción de emergencia”. Los pilotos preguntaron qué significaba eso. Nadie les respondió. Llamaron a Esquino Núñez, que a su vez llamó a Gillespie.

Gillespie se lo explicó: la extracción consistía en aterrizar en una carretera, en territorio libio, y sacar de ahí a ciertas personas rumbo a Pristina sin pasar por ningún control migratorio. “Ese no había sido el trato”, le contestó Esquino Núñez. Y se negó. El vuelo se realizó sólo hasta Yerba, Túnez, sin la escala clandestina en Libia. Los pilotos esperaron una semana en un hotel de Pristina donde se les unió “un sujeto de apariencia latina”, antes de volver por los pasajeros y regresar a Kitchener. Uno de los seis se quedó en Kosovo; otro, que subieron en Pristina, se quedó en Canadá.

La investigación rocambolesca de la PGR 

A José Luis Kennedy Prieto lo localizaron a las ocho y media de la mañana, cerca de la calle Norte 5, colonia Defensores de la República, en Ciudad de México. Esa tarde rindió su versión ante el Ministerio Público. Dijo que conocía a  Gabriela Dávila desde hacía unos ocho años, presentados por un amigo en común. Que se veían poco, diez o quince minutos cada vez, casi siempre en el hotel donde se hospedaba, y que nomás se preguntaban por su salud. Que en septiembre, en uno de esos encuentros en el St. Regis, Gabriela le presentó a una mujer canadiense: era Cynthia.

Cynthia tramitaba un crédito de cinco millones de pesos para comprar una casa cerca de Puerto Vallarta y necesitaba unos documentos: acta de nacimiento, credencial de elector, pasaporte. Kennedy Prieto dijo que conocía a alguien que trabajaba “asuntos de migración” y podía conseguirlos, lícitamente, por sesenta mil pesos. Le entregó una foto de Cynthia y sus datos, pagó los sesenta mil en dos partes, y una semana después tenía en las manos un acta de nacimiento, un pasaporte y una credencial de elector, que le entregó a Gabriela en el mismo hotel. Insistió, más de una vez, en que él desconocía si esos documentos eran auténticos.

A Pierre Christian Flensborg lo detuvieron cerca de la Plaza de la República, junto con Gabriela: ambos estaban en la zona del St. Regis, donde ella tenía –dijo Gabriela después– una cita en la Comisión Nacional del Agua, la misma que le canceló esa mañana. Agentes vestidos de civil los interceptaron cuando iban en camino, con lo que dijeron era una orden de localización y presentación, y se los llevaron a declarar. Flensborg cargaba un pasaporte danés de pastas color vino, con sellos de Suiza, Kosovo, Turquía, Irak, Dinamarca y Panamá.

Ahí es donde las dos versiones chocan. Gabriela, ese mismo 11 de noviembre, se refirió a Flensborg como “su socio”. Christian Eduardo Esquino Núñez, el ‘broker’ de aviones de Toluca, dijo lo mismo: que Gabriela se lo había presentado como tal y hasta describió su físico con detalle –un metro con ochenta, complexión delgada, tez blanca, unos treinta y cinco años, cabello castaño oscuro, ojos café claros, nariz recta y grande, sin bigote ni barba– al declarar sobre una reunión en el restaurante del hotel donde los tres discutieron el pago de la renta de un avión.

Pero Flensborg, en su declaración del 29 de noviembre, lo negó todo de manera categórica: “Desconozco a Gabriela Dávila”. Dijo no pertenecer a ninguna red de tráfico de personas, no haber rentado ni volado jamás una aeronave privada, no conocer ninguna empresa de aviación privada, y admitió apenas haber saludado y despedido “de cordial saludo, dos veces en el transcurso de mi vida” al hombre acusado de tráfico de documentos, sin dar más detalles.

Sobre sus viajes reales, dijo que había estado en Erbil, Irak, los días 11 y 12 de octubre, como asesor de una negociación para una planta de reciclaje y una posible venta de azúcar, y que esa era la única vez que había pisado ese país en su vida.

A Gabriela la bajaron de su camioneta sobre Paseo de la Reforma. En su propia declaración contó que a la mujer que ella conocía como Cindy Vanier la había tratado, desde agosto de 2011, porque había gestionado vuelos privados para ella, vuelos a Pristina, Kosovo, y otros destinos como Canadá, Puerto Vallarta, Tijuana.

A Cynthia Vanier la detuvieron también en la Ciudad de México. Ese mismo 10 de noviembre organizaba una reunión entre Stéphane Roy, el ejecutivo de SNC-Lavalin que la había contratado para ir a Libia, y funcionarios mexicanos. Oficialmente, hablarían de plantas de tratamiento de agua. Roy llegó a México al día siguiente sin saber que Vanier ya estaba presa.

Lo que vino después…

Cynthia Vanier y Gabriela Dávila salieron libres primero, alrededor del 19 de abril de 2013. El fallo, según reportó la prensa canadiense, se basó en violaciones a sus derechos humanos y constitucionales durante el proceso, y no se pronunció sobre su culpabilidad o inocencia. Vanier había pasado dieciocho meses presa en Chetumal.

Una semana después, el 26 de abril, el mismo tribunal le concedió el amparo a Pierre Christian Flensborg: anuló el testimonio del principal testigo del caso, que se había retractado de sus declaraciones iniciales, aunque en los documentos está testado quien se habría echado para atrás.

José Luis Kennedy Prieto fue el último en salir libre, el 30 de octubre de 2013, casi dos años después de su detención. En entrevistas posteriores dijo que su esposa había sido amenazada por la PGR para que lo inculpara, bajo la advertencia de que si no lo hacía, la encarcelarían a ella; y que él se declaró culpable para protegerla, aunque sostiene que era inocente.

Gregory Lynn Gillespie libró su propia batalla legal, por separado. En enero de 2013, un tribunal colegiado le negó el amparo y confirmó la orden de aprehensión en su contra. Desde entonces se desconoce si salió o sigue en prisión.

Gary Peters, el guardaespaldas australiano, fue deportado de Canadá a Australia en marzo de 2013, después de que la Junta de Inmigración y Refugiados determinó que era cómplice de los abusos cometidos por el régimen de Gadafi. ‘It is what it is’, dijo al ‘National Post’ antes de subir al avión.

Ya libre, Vanier demandó a SNC-Lavalin por 15 millones de dólares, alegando que su trabajo para la empresa había sido legítimo y que la arrastró a una acusación que no le correspondía. La empresa, por su parte, la había demandado antes, a Riadh Ben Aïssa y a Stéphane Roy por 2 millones de dólares, acusándolos de haber usado fondos de la compañía para financiar el plan de sacar a la familia Gadafi de Libia. 

Ben Aïssa, a quien la Real Policía Montada canadiense le atribuía haber canalizado 160 millones de dólares en sobornos a Saadi Gadafi, terminaría declarándose culpable tiempo después en una corte suiza, de corrupción y lavado de dinero. Este mismo hilo que apareció por primera vez en el año de 2011, en el caso de una consultora detenida por intentar esconder al hijo de un dictador en una playa mexicana, terminaría por convertirse ocho años después en el escándalo que sacudió al gobierno de Justin Trudeau en 2019.

Uno de los pilotos, Juan José Aguilar Talavera, de formación militar, murió en mayo de 2017, cuando la avioneta que piloteaba se desplomó en Coahuila, con otras doce personas a bordo. Saadi Gadafi nunca llegó a México. Se quedó en Níger, bajo arresto domiciliario, hasta que en 2014 fue extraditado a Libia, donde sigue preso.

Nicolás Rodríguez había peleado en la Revolución al lado de Francisco Villa, sin embargo en los últimos años había dado un giro emocionado por el nazismo en Alemania: se había autoproclamado “líder supremo” de un grupo que fundó y al que llamó los Camisas Doradas, una organización ultra nacionalista en la época del Cardenismo. En las fotografías de la época aparece tieso, con una camisa como de ‘boy scout’ y sombrero de palma, con el brazo extendido y el puño cerrado.

Durante tres años, entre 1933 y 1936, los Camisas Doradas habían sembrado el terror en México bajo el lema “México para los mexicanos”. Asaltaron las oficinas del Partido Comunista, reventaron huelgas a golpes, extorsionaron a comerciantes judíos y chinos, y en una noche de 1936, en Monterrey, destruyeron negocios judíos mientras gritaban:

“¡Sangre judía, sangre judía!”. Además, publicaban un periódico llamado ‘Defensa’, según la investigadora Alicia Gojman de Backal, en la revista ‘Relatos e Historias en México’, repleto de propaganda antisemita y a través del cual llamaron a disolver los sindicatos y acabar con el comunismo. Por eso, el 11 de agosto de 1936, el presidente Lázaro Cárdenas tomó una acción inminente: expulsarlo de México.

En un telegrama amarrillo y oficial del Departamento del Distrito Federal se cuenta cómo Nicolás Rodríguez fue expulsado del país a las cinco de la mañana en un avión piloteado por el capitán Feliciano Flores, por su “labor subversiva”.  Se instaló en El Paso, Texas, con su esposa, Leonor Gutiérrez y, según los informes de inteligencia de la época, vivía en una fortaleza financiada por grupos fascistas en Estados Unidos. Pero la novela empieza verdaderamente acá: 

Desde el exilio conocería a Emilia Herrón, una joven estadounidense, hija de un empresario texano. Según testimonios de la época, Nicolás vio en la señorita una oportunidad para lograr financiamiento del padre millonario. Fue así que le hizo una promesa rocambolesca que quedaría en los expedientes judiciales. Si se casaba con él, sería la primera dama de México y, lo mejor, le entregaría como residencia el Castillo de Chapultepec, ese lugar que obsesiona a los fascistas de aquellos y estos años. 

Fascinados con los tiempos en que hubo monarquía, seguían soñando con recuperar la excasa de Carlota de Habsburgo, la emperatriz belga que llegó a México creyendo en la promesa de un hombre y terminó loca. Emilia aceptó. Pero Nicolás se olvidó de un detalle mínimo: ya tenía esposa. Así que, gracias a conexiones con agentes de migración, logró que deportaran a Leonor. Dolida por la afrenta, la esposa regresó a México y contó todo, además de que logró robarse una maleta de documentos que contenían archivos y planes para hacer a México ‘great again’. 

Hoy esos documentos forman parte de un expediente de la Jefatura de Policía capitalina en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, que revela cómo los Camisas Doradas se convirtieron en uno de los primeros grupos nacionalistas de México, que justificaron la violencia en nombre de la patria. En su momento más esquizofrénico, llamaron a exterminar a los 30 mil judíos que vivían en el país.  

Pero los Camisas Doradas sólo serían los antecesores de grupos radicales. Con los años aparecerían otras células secretas con nombres como El Yunque o los Tecos de Guadalajara que infiltraron universidades, partidos políticos e instituciones religiosas. Hoy las ideas de los Camisas Doradas permean en plataformas digitales y coordinan campañas de odio desde cuentas anónimas, con memes para atraer a los más jóvenes desde grupos de WhatsApp o Telegram.

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA, que reconstruye el caso gracias a la desclasificación de expedientes olvidados entre cajones y viejas oficinas públicas. Historias como esta revelan que en México la verdad oficial está en obra negra.

Los llamaron “pogromos mexicanos”

El expediente R/308/396 es ligero. Es una carpeta manila con las esquinas vencidas y 76 fojas mecanografiadas en papel cebolla que el tiempo ha vuelto de color tabaco. En la portada alguien tecleó con una máquina de cinta vieja: “Nicolás Rodríguez, jefe de la Acción Revolucionaria Mexicanista de Puebla, y jefe de la Asociación de Camisas Doradas”. Está fechada el 10 de agosto de 1936. 

Pero lo que queda es suficiente para reconstruir cómo operó en México la oleada “nazifascista”. Regresemos a 1933, cuando surgió el grupo que se llamaba a sí mismo los Camisas Doradas o también Acción Revolucionaria Mexicanista. Entre las fojas encontramos un informe del 16 de diciembre de 1934. Lo firma el general de brigada José Juan Méndez, jefe de la Policía del Distrito Federal, con el sello oficial estampado en tinta morada ya desvanecida. Es el registro de cómo ese mes los Dorados arrancaron una campaña de boca en boca para que la gente hiciera sus compras en comercios mexicanos. 

El 15 de diciembre bloquearon por la fuerza la entrada a comercios extranjeros, específicamente de judíos. En Monterrey asaltaron esos mismos comercios, los destrozaron y golpearon a sus dueños. ‘La Prensa’ los llamó “los pogromos mexicanos”.  Y no se equovocaban: estaban replicando el método de Hitler de identificar al judío como el enemigo y ponerle la letra escarlata a su negocio. 

Dentro del expediente hay otra carta que deja evidencia de sus pilladas. La escribió el coronel Armando Sosa Jurado, exmilitar y exCamisa Dorada arrepentido, en papel membretado del Hotel German American de la colonia Buenavista, en la Ciudad de México. En la misiva enviada al gobierno mexicano explicó que los Camisas Doradas se aprovechan del miedo al comunismo para extorsionar a los ciudadanos; se presentaban ante dueños de haciendas, fábricas y comercios con oficios falsos de Gobernación o cartas supuestamente firmadas por militares, y les advertían que, sin su protección, los comunistas y los judíos acabarían con sus negocios. A los hermanos Brígido y Rutilio, dueños de la Hacienda del Pedregal, les sacaron 300 pesos. A Francisco Serrano, de la Fábrica de Chocolates, 500 pesos. A un cura de Tlalnepantla le quitaron 100 pesos de las limosnas de la iglesia con una firma falsificada, entre otros.

En el expediente también hay un informe que revela el poder de convocatoria que los fascistas habían logrado en pocos años: para el 12 de abril de 1936 habían reclutado a siete mil nuevos Camisas Doradas en un solo evento en Coahuila, en el norte del país. En una carta dice que eran “hombres dignos de aquella clase humilde consumándose el acto nacionalista en todos sus extremos”. 

Y hay una carta oficial de la Acción Revolucionaria Mexicanista, fechada el 7 de diciembre de 1935. Está impresa en papel amarillo, grueso, con letras góticas en la parte superior que imitan la tipografía nazi y que dice “Acción Revolucionaria Mexicanista”.  Debajo, enmarcado como escudo de armas: “México para los Mexicanos”. A la izquierda, el símbolo del Yaoyotl, término náhuatl para la guerra, inscrito en un medallón con las siglas A. R. M. Sus oficinas estaban en Justo Sierra número 29, en el Centro Histórico, donde hoy se encuentra una librería escolar. 

La firma es del propio Nicolás Rodríguez C., jefe supremo, y autoriza a Mario R. Baldwin, secretario de Industria y Comercio de la A. R. M., a solicitar del comercio y los particulares “la ayuda económica necesaria para la reorganización de los contingentes”. Una extorsión institucionalizada.

El fin de la conexión nazi en México

Según el periodico ‘La Prensa’ del 25 de agosto de 1937, Arthur Dietrich, jefe de prensa de la embajada nazi, quien financiaba revistas antisemitas mexicanas, recomendó al general Nicolás Rodríguez que nombrara un representante personal ante el Reich. Rodríguez lo nombró en 1935. Con ese nombramiento, los Camisas Doradas se convirtieron en la única organización nacionalista mexicana con un delegado oficial ante la Alemania de Hitler.

Recomendó a Arnold Krumm-Heller, alemán de nacimiento, médico, ocultista y agente de inteligencia naval alemana durante la Revolución mexicana, médico personal de Francisco I. Madero, luego espía de Venustiano Carranza y corresponsal de periódicos de Berlín y Hamburgo. Desde Alemania, Krumm-Heller le escribía cartas al jefe supremo. En el expediente quedó reproducida una de ellas. Acusaba recibo de su nombramiento y prometía lealtad: “Agradezco esta distinción de todo mi corazón y prometo a usted ser Dorado leal y firme hasta ver vuestro triunfo, que significa la salvación de mi patria mexicana”. 

Nicolás Rodríguez murió en 1940 sin haber vuelto a pisar México, luego de ser expulsado por el presidente Lázaro Cárdenas. Aún así la maquinaria ideológica que construyó no murió con él. Las mismas consignas, casi calcadas, hoy tienen plataformas digitales, cuentas anónimas y algoritmos que distribuyen el odio más rápido y más lejos que cualquier periódico de la época. El enemigo sigue siendo el mismo, comunistas y  extranjeros, pero los medios se modernizaron.

Prefieren llamarse “Antifa” que “Nazis” 

Hoy los grupos fascistas en México se han modernizado: operan desde plataformas digitales como WhatsApp, canales de Telegram y cuentas de TikTok. Los controles por parte de las compañías han sido insuficientes y aunque son eliminadas vuelven con otro nombre pero con el mismo mensaje.

Humberto Yáñez-Orozco, estudiante del doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales de El Colegio de México, publicó en 2025 en la revista ‘Estudios Sociológicos’ una investigación sobre un grupo mexicano que se autodenomina nacionalsocialista: la Unión Azteca. Su logotipo era un águila con las alas extendidas dentro de un círculo en el que se leía la frase “soy mexicano”. Acercarse fue sorprendentemente fácil. Bastaron un par de mensajes a la cuenta de TikTok del grupo para que le solicitaran su número y lo agregaran a un grupo de WhatsApp. Éste tenía entre sesenta y setenta miembros, de entre quince y cuarenta años, y enviaba más de seiscientos mensajes al día.

El líder se hacía llamar ‘Heinz Guderian’, en homenaje al mariscal alemán de la Segunda Guerra Mundial. Otros usaban los nombres ‘Rommel’ y ‘Heydrich’. El grupo adoptaba elementos mesoamericanos y promovía un nacionalismo excluyente, muy parecido a los ideales que los Camisas Doradas celebraban hace más de noventa años. Lucio, a quien solo llamaremos así para preservar su identidad, pertenece al Frente Memero Subversivo, un colectivo dedicado a identificar y documentar grupos fascistas en redes sociales en México. Cuando preguntamos por estos neonazis y nacionalistas explicó que han detectado cómo viven y se multiplican en Telegram e Instagram presentándose como movimientos de orgullo nacional. Es decir, nadie llega porque le ofrecen ser nazi. Más bien hablan de orgullo patriótico y “mestizo”.

En enero de 2023, el periodista Miguel Ángel Teposteco Rodríguez publicó una investigación en la revista ‘Emeequis’, “Bandas neonazis en México: descafeinadas y atrincheradas en el rock duro”, donde explica que estos grupos han aprendido cómo no activar las alarmas de los algoritmos. No usan la palabra nazi, pero sí se presentan como “nacionalistas”, “patriotas”, “militantes” y “disidentes”.

El Frente Nacionalista de México es el ejemplo más documentado. Fundado por Juan Carlos López Lee en 2006 con el nombre de Organización por la Voluntad Nacional, adoptó su nombre actual después de pasar por una denominación intermedia. Según un informe de julio de 2024 del Global Project Against Hate and Extremism, creado por exdirectivos del Southern Poverty Law Center, el grupo combina propaganda antisemita, rechazo a migrantes centroamericanos y haitianos, reivindicación del Segundo Imperio Mexicano y la aplicación de la pena de muerte. 

El propio López Lee ha reconocido que su ideología incluye elementos de fascismo y nacionalsocialismo. Tuvieron Facebook. Tuvieron Instagram. Tuvieron Twitter y los sacaron de todas. Hoy están en Telegram, uno de los lugares menos regulados de internet. 

Además de las plataformas digitales, también existe el submundo de la música. Entre octubre de 2022 y marzo de 2024, México tuvo al menos cuatro conciertos de bandas internacionales de RAC (Rock contra el comunismo, por sus siglas en inglés), género nacido en el Reino Unido en los años setenta, que tocaron con bandas mexicanas, según documentó ‘Emeequis’. El 29 de octubre de 2022 –cuando se conmemora la culminación de la Marcha sobre Roma que organizó Benito Mussolini y que marcó el inicio de su régimen fascista– unas trescientas personas acudieron al Salón Pentatlón en la colonia Santa María la Ribera, en la Ciudad de México, según reportó el diario español ‘El País’. Tocaron las españolas Batallón de Castigo e Irreductibles, junto con las mexicanas Last Chance Band, Ejecución 1980, Royal Aces Convicted y SunCity Skins, de acuerdo con la crónica. Hubo consignas hitlerianas y saludos nazis durante toda la noche. Los boletos costaban mil 580 pesos.

Para conocer la dirección exacta era necesario registrarse con los organizadores, quienes enviaban la ubicación y un código QR un día antes del evento.

La organización estuvo a cargo de Desperados División y el colectivo Mictlán Crew, que usa la calavera de las SS (abreviatura de Schutzstaffel, «escuadrones de protección», la organización paramilitar, política y de seguridad de élite más poderosa y temida de la Alemania nazi), con un sombrero mexicano y organiza eventos para las bandas Retrocarga y Ejecución 1980, de acuerdo con una investigación de la revista ‘Emeequis’.

Hay 12 organizaciones de ultraderecha activas en México

En julio de 2024, el Global Project Against Hate and Extremism perfiló doce organizaciones de ultraderecha activas en México. Entre las declaradas abiertamente neonazis estaba Unión, Nación, Revolución, conocida por sus siglas UNR, descrita como “la nueva cara del neonazismo y el fascismo en México”, con presencia en redes y en las calles de al menos cinco ciudades desde 2021. 

La ‘Revista Común’ reportó que ya tenía 300 seguidores en Instagram. Ese mismo año Ana Mónica Rodríguez publicó en ‘La Jornada’ que la Librería Heidelberg era el espacio donde se organizaba el movimiento en Monterrey y promovía en X el canal de Telegram de la UNR. El canal de Telegram más activo era el M.N.F.M, que significa Movimiento Fascista y Nacionalista de México. Ahí comparten imágenes homofóbicas, misóginas y de esvástica como “el símbolo que salvará a México”. Tiene 98 miembros y todos los días publican contenido. 

Sin embargo, el 20 de abril de 2026, en el cumpleaños de Hitler y aniversario de la masacre de Columbine, México vivió las consecuencias tangibles de los discursos de odio. Julio César Jasso Ramírez subió a la Pirámide de la Luna en Teotihuacán y disparó con un revólver Smith & Wesson calibre .38 contra un grupo de turistas. Mató a una turista canadiense e hirió a otras 13 personas. Poco después se disparó con su propia arma al verse acorralado por elementos de la Guardia Nacional.

Entre sus pertenencias encontraron un portarretrato con una imagen generada con inteligencia artificial donde aparecía junto a Eric Harris y Dylan Klebold, los tiradores de la masacre de Columbine, perpetrada el 20 de abril de 1999. Ese día asesinaron a 12 estudiantes y un profesor, 13 víctimas en total, el mismo número de personas que hirió Jasso Ramírez en las ruinas arqueológicas. 

Vestía una camiseta con la leyenda “Disconnect and Self-Destroy”, ligada al movimiento True Crime Community surgido tras la masacre de Columbine y que se vende por 299 pesos en Mercado Libre. 

A finales de febrero de 2011, Daniel se fue por delante con lo poco que llevaba en el bolsillo. Cuando le ofreció a Carmen irse a vivir con él a Saltillo, Coahuila, porque le habían dado trabajo en una carnicería nueva, ella apenas había cumplido los veintiún años. Aun así ella aceptó de inmediato. Todo parecía mejor que quedarse a vivir en su natal Tlaxcala. Además eran novios desde hacía un año y la verdad es que estaban enamorados.

Carmen, como la llamaremos para proteger su identidad, buscó a su madre en la Ciudad de México para pedirle prestado lo del boleto del camión. Pero su madre tampoco tenía dinero, así que tuvo que empeñar un viejo anillo. El 12 de marzo de 2011 tomó el autobús con rumbo al norte de México. La central de autobuses la recibió con olor a orines y café quemado. Las luces blancas tiriteaban sobre las cabezas cansadas, y el piso de mosaico estaba manchado de años de pisadas y chicles aplastados. Un poco asustada, caminó hacia un teléfono público y llamó a Daniel para avisarle que ya había llegado. 

Su novio le dijo que estaba trabajando en ese momento, que no podía ir, pero que una muchacha pasaría por ella. A Carmen le pareció raro, aunque pensó que tal vez así eran las cosas en el norte. La muchacha la llevó a su casa y ahí la tuvo quince días. La trató bien, no le dejaba hacer nada. Hasta que un domingo por la mañana Daniel se apareció por fin, venía acompañado de un hombre, y le dijo que ahora sí podrían irse a la casa donde vivirían. 

Llegaron a una casona beige de zaguán negro, de dos pisos con dos recámaras abajo y tres arriba. Pero no estaban solos: en cuanto cruzó la puerta se dio cuenta de que había hombres armados. Entonces Daniel le confesó la verdad, que a él se lo habían llevado con engaños: el patrón de la carnicería lo había entregado, y desde que pisó Saltillo lo tenían como empleado doméstico del cártel de Los Zetas, una de las organizaciones delictivas más sanguinaria y cruel de todos los tiempos.  Y ahora ella también lo sería. “De esta casa no vas a salir nunca”, le advirtió uno de ellos.

Esta es la historia de Carmen, que terminó cautiva de un cártel que no sólo decapitaba rivales en plazas públicas, también mantenía como esclavas domésticas a mujeres del interior del país, secuestradas y llevadas de casa en casa de seguridad. Su caso está dentro de la causa penal 36/2011, una sentencia dictada en Saltillo, uno de los pocos expedientes en que la justicia mexicana ha llevado a juicio la trata de personas con fines de esclavitud cometida por Los Zetas. 

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA, que revela que la verdad siempre está en obra negra.

La convirtieron en servidumbre de Los Zetas

Carmen recuerda a dos hombres en particular. Uno tenía un tatuaje de dragón y una corona de espinas con los nombres de dos mujeres. El otro tenía la cara cortada cerca de la boca, algo así como el Guasón. Fueron ellos, dos de los más despiadados, los que la recibieron aquel día de marzo. “¡Ponte a limpiar la casa!”, le gritaban.

Dice que hasta los Zetas más jóvenes la trataban como esclava. Uno de esos primeros días, un chavito de unos dieciocho años la agarró de las greñas para que no intentara escaparse: con una mano la traía arrastrando del cabello y con la otra sostenía su metralleta. “Me dijo que jamás iba a salir de esa casa”.

Eran servidumbre que trabajaban todos los días sin paga y entre el trabajo esclavo que realizaban estaba la limpieza, la preparación de alimentos y el lavado de coches, además de obedecer cualquier orden. Carmen limpiaba las casas de seguridad o los “puntos”, como les llamaban. También  guisaba para los grupos de muchachos que iban llegando, los recién reclutados. Cuando la limpieza no les gustaba, los tableaban como castigo de la epoca de la esclavitud.

Dice que ‘El Cuñado’, como le decían a uno de los jefes de la casa, también le ordenaba a su pareja que limpiara las armas, cuando llegaban las “estacas”, las células operativas al regreso “de la guerra”. En total vivían ahí doce personas. En abril se la llevaron vendada de los ojos y esposada a otra casa, donde estuvo cerca de un mes, y luego a otro punto en una colonia distinta. Ahí un muchacho la cuidaba las veinticuatro horas del día, y a su esposo prácticamente ya no lo veía. 

Aunque guisaba el día entero, hubo veces en que la tuvieron hasta ocho días encerrada sin dejarla comer. En una de esas casas, una vecina la vio flaca y le pasó algo de alimento. Cuando los jefes se enteraron de que Carmen había ido a pedir comida a la casa de al lado, hubo represalias. Llegó el que decían era el jefe de la plaza, con el muchacho de la boca cortada, y trajeron también a Daniel para reclamarle de que su mujer había salido a buscar comida. El castigo fue obligar a la propia vecina a hacerla de vigilante. 

El 7 de junio de 2011 mandaron traer a Carmen a las tres de la mañana. La llevaron con un hombre que estaba furioso porque ella, sin querer, había andado repitiendo su apodo. El tipo se sentó como en el quinto escalón de la escalera y le ordenó a Daniel que se bajara los pantalones para enseñarle a Carmen las nalgas, para que viera los tablazos que le habían dado. Daniel estaba lleno de moretones. Luego el sujeto jaló el gatillo de una pistola al aire, le preguntó al chico si se creía de muchos huevos, y a ella le dijo que si los militares llegaban al punto la iba a matar. Que al cabo no serían los primeros ni los últimos esclavos domésticos que mataba.

Finalmente pudo escapar el 9 de junio por un descuido del cártel: iba con la vecina a un mandado. Aceleraron y llegaron hasta una gasolinera donde se escondieron, después llegaron al Hotel La Torre, en Saltillo, donde le pidieron permiso al vigilante para meterse. Sin saberlo, unos tres, cuatro minutos después aparecieron los soldados. Ahora sabe que, si no hubieran escapado, ese día estarían muertos, porque uno de los jefes ya le había hablado por teléfono a la hija de la vecina avisando que iban por ellas.

Una segunda mujer secuestrada por Los Zetas

A los hombres los detuvo la Marina cinco días más tarde, el martes catorce de junio de 2011, alrededor de las cinco de la tarde. Llegaron guiados por lo que Carmen había declarado tras escapar: una casa de dos pisos, color verde olivo, cerca de una escuela en construcción. Dos infantes de Marina, Ricardo Tapia Ramos y Víctor Manuel Berber Reyes, vieron salir a un hombre con uniforme camuflajeado tipo jungla y gorra negra con el logotipo de los Zetas, cargando un fusil al hombro. 

Al verlos, el sujeto corrió hacia adentro; lo persiguieron hasta la sala, donde había otros dos hombres vestidos igual, cada uno con un fusil entre las piernas: dos AR-15 calibre 5.56 y un AK-47. Al revisarlos les encontraron dos pistolas escuadra, una nueve milímetros y una .45, cargadores abastecidos y una granada de fragmentación, que había descrito Carmen. También tres juegos de llaves de vehículos estacionados afuera y seis teléfonos celulares sobre una mesa del centro.

Y ahí empezó lo otro. Uno de los detenidos, buscando que lo soltaran, les dijo a los marinos que en la misma colonia tenían otra casa de seguridad, con uniformes guardados y “una mujer secuestrada”. Los infantes se trasladaron hacia las seis y veinte de la tarde. La casa parecía vacía, pero al tocar y gritar que eran de la Armada escucharon una voz de mujer pidiendo ayuda desde un cuarto del fondo, cerrado con llave. Forzaron la puerta y la sacaron.

Era una joven que había llegado a Saltillo apenas el 9 de junio, el mismo día en que Carmen escapaba, sola, desde Monterrey, huyendo de una expareja que la hostigaba. Trabajaba como edecán y promotora y su último empleo había sido de demostradora para una marca de alimentos. Buscaba trabajo. En una taquería se le acercó una mujer de unos 45 o cincuenta años, que dijo llamarse Lourdes, y le ofreció ayuda para conseguir empleo y hospedaje en su casa para no gastar en hotel. La joven confió. La casa era de esa mujer; ahí estaban sus hijos, fumando mariguana, que al verla entrar le preguntaron a su madre “ese regalito para quién era”.

La encerraron, le quitaron el teléfono y la bolsa, y un hombre armado le dijo que ahí se hacía lo que él ordenara y que no iba a salir. Cuando insistió en irse, la mujer le contestó que no era tan fácil, que si se iba la mataban. La Marina la encontró cinco días después. Iba a ser la próxima empleada doméstica del cartel. 

La sentencia llegó 12 años después de la captura

En el expediente pueden leerse los careos entre las dos jóvenes con sus captores. De frente soltó lo que le hicieron y agregó que llevaba “tres años y medio aguantando el daño psicológico” de las agresiones físicas y psicológicas. Soñaba con frecuencia con sus captores y con los maltratos, y en ocasiones se orinaba dormida por esas pesadillas. Uno de los dos Zetas detenidos le respondió cínicamente que a él lo había perjudicado el tiempo que llevaba preso. 

La sentencia llegó 12 años después de la captura, el 30 de noviembre de 2023. El juzgado halló a los tres hombres plenamente responsables de cinco delitos: delincuencia organizada, secuestro, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos de uso reservado y trata de personas. A cada uno le impuso, sumadas las penas, cuarenta y un años de prisión y una multa de 2 mil 850 días, equivalente a 161 mil 595 pesos. El desglose: veinticinco años por el secuestro, seis por la trata, seis por los delitos de armas y cuatro por delincuencia organizada. 

El tribunal también los condenó a reparar el daño a las dos mujeres, indemnización material y moral, incluido el pago de los tratamientos psicoterapéuticos que necesiten. Un hecho único.

El caso Casino Royale vinculó a Los Zetas con el empresario Raúl Rocha Cantú. Años después, su nombre aparece envuelto en otro tipo de humo pero con la misma impunidad.

Apenas 24 horas después del atentado, lo encontraron sobre la calle Miguel de Cervantes Saavedra en Monterrey. El Mini Cooper último modelo, color blanco con franjas negras, y el techo del mismo color, había sido abandonado con ventanas y puertas con candado. Lo dejaron a unas cuadras de la zona cero y frente a un local Todo Facil, con cuatro cartuchos, un sobre de manila que decía “Atn. Lic”, recibos de banco y cajas de cartón vacías.

No había duda: era el mismo Mini Cooper que apareció en todos los noticieros del país, que se estacionó en la entrada del Casino Royale, de donde se bajaron varios sicarios del cártel de Los Zetas para prenderle fuego con 150 personas adentro, el 25 de agosto de 2011.

Un día después, los investigadores descubrieron que el auto tenía un reporte de robo. Sin embargo lo más trascendental es que alguno de los policías alcanzó a ver las huellas de los dedos marcadas en el volante y las puertas.

El 25 de agosto de 2011 un comando irrumpió con garrafones de 200 litros de combustible en el Casino Royale lleno de clientes. Foto: Roberto Alanís

Eran de Julio Tadeo Berrones Ramírez, quien por entonces tenía 28 años, y había sido detenido y liberado unos meses antes por un robo con violencia. Entonces el domicilio que había reportado era el de la calle Encino número 613 en la colonia Hacienda Los Morales, en San Nicolás de los Garza.

El 28 de agosto se montaría un operativo de vigilancia: se sospechaba que en algún momento Julio Tadeo regresaría a su casa. Y así paso: a las 11 de la noche llegó en un carrito tipo Ibiza color amarillo con otro hombre. Fue interceptado por los policías quienes reportaron que llevaba un arma Pietro Beretta.

Aquella noche confesaría que su función era la de realizar labores de “halconeo”, alertar sobre la presencia de militares, federales o vehículos sospechosos para Los Zetas. Aquel 25 de agosto los citaron muy cerca del casino por órdenes de Baltazar Saucedo Estrada, conocido como El Mataperros, el jefe de la plaza en Monterrey. Le avisaron sin rodeos que iban a quemar un casino: “Vamos a reventar el casino de San Jerónimo porque se han negado a pagar la cuota”.

Los Zetas se referían a que los dueños del casino, entre ellos Raúl Rocha Cantú, no habían pagado una cuota de extorsión. Rocha Cantú, hoy propietario del certamen Miss Universo, está envuelto en una cascada de acusaciones relacionadas al tráfico de armas, hidrocarburos –huachicol– y drogas desde Guatemala. Después de la tragedia, se marcharía del país ante las sospechas por irregularidades en la operación del Casino Royale. Más de veinte años después y sin que se haya esclarecido lo que pasó aquel día, Rocha Cantú sigue envuelto en corruptelas.

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA, con declaraciones de la averiguación previa que abrió la entonces Procuraduría y que revela que en México la verdad oficial siempre está en obra negra.

Los Zetas llegaron al casino preguntando por Rocha Cantú

Por motivos de seguridad, y en atención al nivel de riesgo que implica la exposición de identidades en un contexto vinculado a Los Zetas, se omitirán los nombres de personas mencionadas, así como cualquier otro dato que pudiera permitir su identificación.

Él trabajaba en el Casino Royale desde hacía dos meses y medio en un turno que iba de las tres de la tarde a las 11 de la noche, y descansaba generalmente los días miércoles. Por eso aquel jueves había entrado y se había colocado detrás del mostrador, como cajero del restaurante Montagu, que estaba adentro del casino y donde atendía las peticiones de los meseros o de los clientes desesperados que querían que les cobrara en la caja.

El Mini Cooper último modelo, color blanco con franjas negras localizado a una cuadras | Especial

Llevaba apenas media hora en su turno cuando empezó a escuchar los gritos de la gente. No tardó en ver cómo una marejada de personas intentaban salir del casino. “Corrí hacia la cocina y ahí se encuentra una puerta que conduce a otro restaurante que se llama Astoria, y nos tiramos al suelo y se escuchaban voces a lo lejos y gritos y después se escuchó una explosión”, declararía.

Después de unos minutos, uno de sus compañeros vio cómo el casino se llenaba de humo. A pesar del miedo atravesaron el restaurante, para adentrarse al área de póker hasta llegar al estacionamiento. “¡Quién falta de nosotros!”, gritaba.

Dice que entonces volteó y vio a un hombre pelón de complexión robusta que llevaba un arma larga. Lo vio clarito cuando se subió a un vehículo y se marchó. Ese día en los interrogatorios le preguntarían quién era el dueño del casino: “yo solamente sé que el dueño del casino se apellida Rocha”, diría.

Otro trabajador sobreviviente del ataque terrorista, declaró que hacía un año que había entrado a trabajar al Casino Royale. Su turno era de la una de la tarde a las nueve de la noche y el día de descanso variaba. Recuerda que el 25 de agosto lo pusieron a atender el área de máquinas de apuestas, cuando de pronto escuchó al jefe de seguridad gritar al gerente del casino: “¡vienen unos tipos armados!”.

Dice que de pronto vio a dos hombres entrar al casino con armas largas. El mesero alcanzó a esconderse en un hueco de la barra del buffet, junto con una compañera. Aterrados pasaron ahí tres minutos hasta que escucharon lo que parecía ser el sonido de una explosión y luego el calor de un flamazo. Pensó que lo que había explotado era el tanque de gas de un carrito de hotdogs que se ponía en la entrada. Salieron corriendo temiendo que las llamas los fueran a alcanzar y atravesaron el restaurante Astoria y luego el área de mesas de póker.

Lograron salir por la puerta lateral cuando alcanzaron a ver cómo un grupo de hombres armados se subía a un vehículo: el Mini Cooper. “Varios de mis compañeros se habían quedado atrapados en el interior”, dijo. Interrogado sólo unas horas después del atentado, él también diría a las autoridades que el responsable de ese lugar se llamaba Raúl Rocha Cantú.

“Se vio el fuego y humo negro…”

Un tercer mesero declararía que el día del atentado también le tocó entrar a las tres de la tarde. Llegó, se puso su uniforme y subió a la segunda planta del casino donde había un área de máquinas de apuestas. Como a las 3:30 vio por un ventanal que daba a la primera planta que entraban tres hombres armados por la puerta principal.

Un policía federal y soldados patrullan cerca del Casino Royale tras un asalto mortal en Monterrey | AP/Arnulfo Franco

Sólo recuerda los shorts de uno de ellos, nunca los olvidara, de cuadros. Dice que su primer instinto fue gritarle a la gente que corrieran a la terraza donde generalmente comían los empleados. Intentó ayudar a que subiera por unas escaleritas que estaban junto a una barra de bebidas, cuando escuchó una explosión y luego sintió cómo se movía todo el piso. “Se vio fuego y humo negro… pero ayudé a una señora a subir, ya que no podía subir, y subí junto con ella”.

Sin embargo sería el supervisor de seguridad del Casino Royale quien vería lo que sucedió afuera. Estaba trabajando a unos dos metros de la entrada principal cuando alcanzó a ver que un taxi dejaba a un cliente sobre la Avenida San Jerónimo y, detrás de éste, alguien en un Mini Cooper con el techo color negro le pitaba desesperado. En eso se bajó un hombre, del lado del copiloto, con un arma larga y empezó a gritar “¡a la verga pa’ dentro todos!”.

Entonces decidió correr hacia el área del restaurante cuando alcanzó a escuchar a uno de los hombres armados gritar “¡a chingar a su madre todos!”. Corrieron con rumbo al Astoria. Él traía su radio desde donde lanzó el mensaje “40”, es decir todos al piso. Dice que a través de la frecuencia del radio de otro colega alcanzó a escuchar el “todos pa’ fuera a chingar a su madre” que gritaban los sicarios.

Él también relataría: “me asomo al suelo y estaban dos piernas de una persona y la agarró y la jalo y no podía con ella y la jalo hasta que la saque de esa parte, observando que tenía signos de vida… Vemos que algo se mueve y era otra persona y logramos sacarla. Y entonces le comentamos al bombero si trae agua o algo para meternos y me dijo que no, que [el fuego] ya está muy peligroso”.

La declaración de halcones y sicarios en la averiguación previa

En el expediente lo identifican como un halcón de Los Zetas. Contó que el 25 de agosto, alrededor de las dos de la tarde, recibió una instrucción directa: le ordenaron que se trasladara a una plaza en la colonia Unidad Modelo para reunirse con otros zetas. Ahí, dijo, le avisaron que “se iban a aventar una misión”. Según su versión, ya lo esperaban a bordo de una Chevrolet Equinox gris; se subió percatándose de que también iban dos hombres más, a quienes solo ubicó como gente “de la zona sur”.

Aproximadamente a las tres de la tarde se dirigieron hacia el Casino Royale, en Avenida San Jerónimo. Dice que ingresó al inmueble junto con otros sujetos cuyos nombres desconocía, pues llevaba muy poco tiempo trabajando para Los Zetas. Subió al segundo piso, donde incluso robaron sus pertenencias a los clientes. Después le prendieron fuego y, cuando el casino ya estaba en llamas, se retiraron del lugar.

Finalmente dijo que al día siguiente se habían vuelto a reunir en la plaza de la colonia Unidad Modelo para comentar lo ocurrido en el Casino Royale.

Otro sicario de los Zetas declararía en el expediente que aquel el 25 de agosto de 2011, cerca de las 2:30 de la tarde, recibió una llamada en su radio Nextel de una persona a la que identificó como encargado de “la plaza Monterrey”.

Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo durante la conferencia de prensa en la Torre Mayor de Reforma. | Cuartoscuro

Según su versión, le ordenó que se acercara a un restaurante en Avenida Gonzalitos, donde le explicaron que iban a “reventar” el casino porque el dueño se había negado a pagar la cuota. En esa reunión se coordinó con otros integrantes de la organización. Él ayudó a dejar los garrafones de gasolina en la entrada del casino.

Otro sicario más respaldó estas versiones, dijo que recibió una llamada en su Nextel. Le dijeron que iban a incendiar “las maquinitas” porque el dueño “no se quería alinear”. Confirmó que se trasladaron al casino, se estacionaron y permanecieron en el exterior portando un arma larga. Que, en ese momento, desde una camioneta pickup comenzaron a bajar botes con gasolina y los introdujeron al casino. Apenas dos minutos después, la gente salió corriendo de ahí, alcanzó a ver el humo y, mientras se retiraba, todavía escuchó cómo se quebraban los vidrios del negocio.

Un tercer sicario que las autoridades mantienen en anonimato relataría que el día de los hechos, antes de ir a quemar el casino, compraron unas tortas. Fue ahí donde vio cómo José Alberto Loera Rodríguez, conocido como El Voltaje, al parecer dio las últimas instrucciones a los pasajeros del Mini Cooper.

Según el testimonio asentado en el expediente, el grupo llegó primero al estacionamiento del Casino Royale a bordo de una Town & Country gris sin placas y se quedó a la espera. Pasados unos minutos, Voltaje Negro, como los medios lo llamarían después, habló por Nextel y avisó: “PAPÁ, el mapa está limpio”, y enseguida les soltó: “Guachen lo que va a pasar ahorita”, mientras se carcajeaba.

Después comenzaron a arribar los demás vehículos en cadena: primero un Mini Cooper blanco con negro, luego una camioneta gris cerrada con vidrios ahumados; enseguida una pickup azul y al final un Aveo gris. El hombre dijo que al menos una de las personas que bajó iba armada con un arma larga y otra con una R15 y que del vehículo gris bajaron garrafas con gasolina.

Según las investigaciones la orden habría venido de mandos de Los Zetas en Monterrey y se ejecutó como represalia porque el negocio se negó a pagar la cuota de extorsión para “no molestarlos”. El autor intelectual fue Baltasar Sauceda Estrada, El Mataperros, a quien las autoridades identificaron como líder operativo en la plaza y quien ordenó el atentado; años después, la FGR informó que recibió una sentencia de 135 años de prisión en un proceso federal.

Otros sentenciados serían Julio Tadeo Berrones Ramírez (con pena más alta por reincidencia), y además Juan Ángel Leal Flores, Luis Carlos Carrasco Espinoza, Jonathan Jair Reyna Gutiérrez, Jonathan Emmanuel Estrada Pérez, José Alfredo Grimaldo Rodríguez, Tomás Barbosa Sánchez, Javier Alonso Martínez Morales, Clemente Perales Contreras, Alan Pérez Gámez, Héctor Piñones Mendoza y Jesús Alejandro García González.

Irregularidades en la operación del Casino Royale

En el ataque fueron asesinadas al menos 52 personas | Reuters/Josué González

Un amparo en revisión en el Poder Judicial (donde administradores y dueños del Casino Royale, para impugnar una orden de aprehensión librada el 23 de diciembre de 2011 en contra de Raúl Rocha Cantú y otros empresarios) exhibe que la autoridad intentó probar que había irregularidades en la operación del casino.

La “irregularidad” central que les atribuyen es que en el Casino Royale se realizaban juegos con apuestas sin autorización de la Secretaría de Gobernación. El propio expediente describe que en el local, el 25 de agosto de 2011 y antes, se efectuaban apuestas en cartas, dados y ruleta, además de máquinas tragamonedas, “sin autorización de la Secretaría de Gobernación”.

Sin embargo un juez falló a su favor porque señala que el dictamen pericial en electrónica sobre las máquinas de apuestas era “imperfecto” y “dogmático” porque no explicó método, operaciones o experimentos; además, las máquinas estaban dañadas por altas temperaturas de la explosión y eso hacía “materialmente imposible” peritar su funcionamiento de forma concluyente.

Conferencia de prensa de la 73° edición del certamen Miss Universo | Edgar Negrete/Cuartoscuro

Después del atentado Raúl Rocha Cantú escaparía a Estados Unidos, donde declaró que desde hacía meses Los Zetas le exigieron el pago de 50 mil dólares en efectivo y le advirtieron que, si no pagaba, “pagaría las consecuencias” por su incumplimiento. Según su relato, como no entregó el dinero, una semana después recibió otro mensaje anónimo en el que le informaron que el monto de la extorsión había aumentado a 140 mil dólares.

Años después, ya lejos del humo del Casino Royale, Raúl Rocha Cantú reaparece repleto de brillo y modelos hermosas: compraría el certamen de belleza Miss Universo. Y, sin embargo, ni en ese lugar de sonrisas perfectas su nombre logró entrar sin ruido. La edición 2025 cargó con señalamientos de “arreglo” y versiones de favoritismos, incluso un exjuez dijo en público que Rocha Cantú intentó que votaran a favor de la mexicana Fatima Bosch .

Así, incluso en un concurso pensado para coronar la belleza, volvió a imponerse la oscuridad de un personaje que ha transitado de los casinos al mundo de la pasarela, siempre impune.

Fue un crimen sin reposo. El caso se cerró en ocho días y con varias manos metidas. Esta es una revisión a la averiguación previa, el parricidio que cimbró a las Lomás de Chapultepec.

Agustina, de apenas 18 años, se levantó poco antes de las seis de la mañana para empezar sus labores en la mansión de Paseo de las Palmas no. 1535, en las Lomas de Chapultepec. Aun así su patrona le pidió que se apurara con el desayuno porque sus nietos –que pasaban unos días de visita en su casa– debían irse a la escuela. Era un 5 de octubre de 1978, luego de esa mañana nada volvería a ser igual.

La empleada del hogar había llegado un año antes, de un pueblito de Guerrero llamado Chilapa. Había sido recomendada para trabajar en casa de Asunción Izquierdo Albiñana y su esposo, Gilberto Flores Muñoz. La señora era familiar del expresidente Miguel Alemán Valdéz, una novelista poco conocida que hoy se sabe escribía con pseudónimos y a escondidas; y él, un político priista: exgobernador de Nayarit, candidato frustrado a la presidencia y entonces director de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera, por mandato de José López Portillo.

Esa mañana del 5 de octubre, en la cocina desayunaban la señorita Alicia de 19 años, Patricia de 14 y el chiquito Alfonso, que tenía apenas 10. Faltaba nomás el nieto mayor, Gilberto Flores Alavez, de 20 años; según el personal, el consentido de doña Asunción había salido temprano, con destino a su casa en el Paseo del Pedregal, al sur del Distrito Federal.

Gilberto Flores Alavez, el nieto mayor de la familia Flores Izquierdo | Archivero

León Sandoval, el chofer de la señora, dijo que era normal que los nietos pasaran varios días en la casona, pues su padre era un hombre importante con mucho trabajo: el doctor Gilberto Flores Izquierdo, subdirector general médico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Dijo que al nieto que notaban más era Gilberto: llegaba a toda velocidad a bordo de un Porche color gris último modelo, andaba con su guardaespaldas, un fanfarrón al que le decían El Manzur; y siempre venía con otros juniors de la Universidad Anáhuac, donde estudió un tiempo la carrera de Derecho.

Aquel día el policía bancario Javier Pérez Mancera, comisionado para cuidar al señor Flores Muñoz, llegó a su turno de la tarde y le preguntó a su compañero de la mañana, Jorge Sánchez, si hubo alguna novedad. Éste le dijo que no.

Así que Javier hizo lo que todos los días: se sentó en la banqueta de la mansión y empezó a leer el periódico del día y luego se pasó a dar un “rondín” por el vasto jardín. A eso de las 7:30 de la noche se encontró con León Sandoval, quien lo invitó a echarse un juego de damas para matar el aburrimiento. Estuvieron jugando 45 minutos cuando Javier le dijo que iba a darse una vuelta por la casa otra vez.

Vista del interior de la mansión donde ocurrieron los hechos | Archivero

A las 10 de la noche don Gilberto Flores Muñoz regresó del trabajo y se puso a leer los periódicos. Media hora después doña Asunción le echó un ojo a sus nietos. Al darse cuenta de que Gilberto aún no llegaba, bajó a emparejar la puerta y a prender la luz de la sala para que, cuando entrara, no se tropezara con nada.

Su nieto llegaría a las 11:50 de la noche, uno de sus amigos lo dejaría en la entrada. Gilberto caminó hasta la cocina, donde estuvo unos 10 minutos, y luego apagó la luz. Ese es el último recuerdo del policía Javier Pérez Mancera.

Esa noche don Gilberto Flores Muñoz y doña Asunción Izquierdo caminaron a habitaciones distintas: dormían desde hacía un tiempo en cuartos separados. Según el chofer León Sandoval, la señora se había enterado de que su marido tenía otra mujer. Unas horas después, se cree, pasadas la medianoche –del 6 de octubre de 1978– todo cambió: la pareja fue brutalmente asesinada. Fueron drogados y luego alcanzados por un machete en la cara y el cuello. Nadie escuchó ningún ruido.

En apenas ocho días el crimen sería “resuelto” por Francisco Sahagún Baca, jefe de la División de Investigación para la Prevención del Delito; Miguel Nazar Haro, director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS); y Jesús Miyazawa, director de la Policia Judicial del DF. El responsable, dijeron, había sido uno de los nietos.

Este caso lo convirtieron en novela policiaca y hasta la fecha quedan dudas: ¿una venganza familiar o un crimen de Estado?

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA, con declaraciones de la averiguación previa de la Procuraduría, que revela que en México la verdad oficial siempre está en obra negra.

¿Qué le ocurrió a Asunción Izquierdo y Gilberto Flores?

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) abriría la investigación 3956/978 tras llegar a Paseo de las Palmas no. 1535 a las 9:30 de la mañana del 6 de octubre. Se describió la casa como una mansión: tenía un jardín amplísimo con un garaje enorme, una primera planta con amplias salas, comedor, antecomedor y cocina; al fondo había unas escaleras que llevaban a la segunda planta, que conectaba con un pasillo de dos metros de ancho y 15 metros de fondo. Ahí estaban distribuidas las recámaras.

Distribución de la mansión donde ocurrió el doble homicidio | Archivero

Gilberto Flores Muñoz tenía 73 años el día que lo asesinaron. En la sangre encontraron altas cantidades de Valium (nombre comercial del diazepam), con el que presuntamente lo habían drogado. La señora Asunción tenía dos heridas en el brazo izquierdo, lo que indicaba que a pesar de que tomó el ansiolítico logró despertar cuando la atacaron e intentó defenderse. El asesino la arropó hasta el pecho, como si quisiera taparla para dormir. Tenía 68 años el día que le quitaron la vida.

Según las primeras investigaciones, el domicilio no fue forzado, tampoco había huellas digitales en puertas o ventanas, y no se sustrajo ninguna pertenencia: todos los objetos valiosos y el dinero estaban en su lugar.

Desde el primer día, la DFS aseguró sin hacer mayor investigación que hubo un solo asesino, “que además tenía pleno conocimiento de la ubicación de las habitaciones y de quien las ocupa”. Inmediatamente estableció que probablemente uno de los empleados de la casa había sido el culpable, así que mandaron buscar a los 11 que trabajaban para el matrimonio Flores Izquierdo, entre los que había choferes, jardineros, escoltas y empleadas de servicio.

Entrevistas iniciales al personal, recopiladas por las autoridades | Archivero

En el relato de Agustina, como todas las mañanas, ella dijo que se levantó temprano y en puntísimo estaba preparando el desayuno. A diferencia del día anterior, el primero en bajar fue el nieto Gilberto Flores Alavez. No tardó ni unos minutos en saludarlo cuando escucharon unos gritos que más bien parecían alaridos.

—¡Abuelita, abuelita!, ¡qué te hicieron! —lloraba entre gritos la señorita Alicia—. ¡Gili, Gili!, ¡quién sabe qué le hicieron a mi abuelita!

Subieron corriendo las escaleras hasta toparse con la habitación de la señora Asunción. La encontraron en la cama boca arriba y sólo era reconocible porque llevaba puesto su batón blanco y un pantaloncito color negro con el que dormia. Su cara había quedado destrozada y en el cuello aún tenía clavado el machete con el que la habían asesinado, lo que hacía la escena espeluznante. Agustina pensó que el señor, don Gilberto, tenía que levantarse para ver lo que había ocurrido.

La habitación de Asunción Izquierdo en la mansión de Las Lomas | Archivero

—¡Avísenle al señor! —dijo desesperada.

Agustina junto con otra empleada del servicio, Lupita, corrieron a su habitación cuando de golpe vieron que el “ingeniero”, como le llamaban con respeto, también estaba muerto en su cama. Al escuchar sus gritos el joven Gilberto les dijo: “Cálmense, cálmense! Yo me encargo de todo, le voy a hablar al general Durazo”, refiriéndose a Arturo Durazo, jefe del Departamento de Policía y Tránsito del Distrito Federal y compadre del presidente López Portillo.

En medio de los gritos y el impacto de aquella escena, Agustina dice que el joven hizo algunas llamadas. Finalmente a las siete de la mañana llegaría la Policía del Distrito Federal y hasta la DFS. Reportaron, a primera vista, que el señor Gilberto Flores Muñoz había sido asesinado en su cama por siete impactos de machete, lo que provocaron una anemia aguda por la hemorragia de las lesiones en la tráquea, el esófago y la arteria yugular. La señora Asunción Izquierdo tenía ocho heridas profundas, que le generaron también anemia aguda por la hemorragia en la carótida.

Pruebas en la escena que indican que alguien intervino en el lugar | Archivero

El asesino dejó clavado en el cuello un machete con hoja de acero de 66.5 centímetros de largo, elaborado por la fábrica mexicana Campos Hermanos.

La teoría del machete marcado con la letra A

Las conclusiones iniciales apuntaron a que el asesino los atacó por la izquierda, que primero mató a Gilberto y después caminó al cuarto de Asunción; como la chapa estaba cerrada, caminó a un baño que conectaba con la recámara por donde finalmente se metió.

“Hubo por parte del asesino exclusivamente una intención muy directa para privar de la vida a las dos personas, ya que no [se] observó ningún objeto de valor faltante en el lugar de los hechos”, apuntaron los peritos Antonio de Jesús Haro y Rubén Florio, según puede leerse en el expediente judicial.

Durante días la nota roja especuló y publicó los detalles más escabrosos sin ninguna clase de tacto. Mientras tanto, las autoridades llamaban incluso a los nietos más pequeños para que relataran lo que ocurrió aquella noche. Como el machete tenía tallada la letra A, pusieron a toda la familia a escribir en tarjetas algún mensaje para comparar la letra con la del machete. Por esos días determinaron que la letra que más se parecía era la de Gilberto, el nieto mayor.

Pruebas de escritura aplicadas a la familia como parte de la investigación | Archivero

Para el 9 de octubre, la DFS elaboró un reporte en el que aseguraron que agentes se presentaron en la mansión de los Flores Izquierdo, es decir, tres días después, cuando ya habían transitado todas las policías de la ciudad en busca de pruebas. Fue ese día cuando realizaron una revisión en el cuarto donde dormía Gilberto Flores Alavez. Encontraron la ropa que usó ese día, una playera con la etiqueta “Kenzo” que tenía manchas de sangre a la altura del hombro izquierdo y en la etiqueta. También encontraron un pantalón color beige, con rastros de sangre.

“Hay una zona húmeda, dando la apariencia de que esos rasgos trataron de ser borrados supuestamente con agua y jabón”, dice el reporte. Estas prendas fueron trasladadas al laboratorio de la PGJ en el Distrito Federal, para que fueran sometidas a diferentes estudios y poderse comprobar el tipo de sangre al que pertenecían. La conclusión: “es sangre humana”.

La versión que dio Gilberto Flores Alavez

Ese mismo 9 de octubre, Sahagún Baca, entre otros miembros policíacos, interrogó a Gilberto Flores Alavez, quien se dijo no adicto a las drogas pero sí miembro de una organización cristiana.

Un día antes del asesinato, acompañó temprano a su abuela a las oficinas del Infonavit a recibir un diploma por su participación en la jornada de ayuda a la Cruz Roja mexicana; que después acudió a la organización cristiana, en Lomas de Chapultepec, donde estuvo hasta pasadas las cinco de la tarde; de ahí su amigo lo llevó a su casa en el Pedregal por ropa, porque pasaría más días en casa de sus abuelitos; que pasadas las 11 de la noche finalmente lo llevó a las Lomas, saludando al policía Javier Perez Mancera; que subió las escaleras y vio a cada uno de sus abuelos en sus cuartos, a quienes les dio las buenas noches.

Pantalón de Gilberto Flores Alavez asegurado por la PGJ con rastros de sangre | Archivero

Durante la noche no escuchó ningún ruido. Se levantó temprano a la mañana siguiente, bajó a la cocina, puso un pan en el tostador y le pidió a la “sirvienta” que se apurara con el desayuno para Alicia, quien asistía a la Anáhuac. Entonces escuchó los gritos de su hermana, corrió precipitadamente a las escaleras en donde Alicia le dijo que llamara a un médico porque su abuela estaba sangrando.

Entró a la recamara de su abuela y la vio: tenía un machete en el cuello. Dice que lo primero que hizo fue comunicarse con un funcionario de Presidencia, luego llamó al chofer, León Sandoval, y se puso a rezar. Su hermana Alicia confirmó después esta versión.

Sin embargo, la DFS y la Policía de Tránsito del Distrito Federal consiguieron el día 11 de octubre un testigo estrella que corroboró otra cosa: el asesino había sido Gilberto. Anacarsis Peralta Álvarez, un compañero de la universidad, habría acudido por su cuenta a confesar lo que había pasado aquel 5 de octubre.

¿Un crimen de Estado fraguado por el presidente López Portillo?

Anacarsis Peralta Álvarez contó que el día de los hechos, por órdenes de su amigo Gilberto, compró un machete, una lima, una botella de aguarrás, así como un frasco de Valium. Dijo que después de comprar los objetos manejó hasta la casa del Pedregal, lo llevó por ropa y unos libros. En un inicio, le dijo que necesitaba todo eso para tirar una especie de cabañita en el jardín de su casa.

Pero después, según los policías durante el interrogatorio y “sin ser coaccionado”, anotaron los agentes, confesó que Gilberto sí le dijo que con los machetes “mataría a sus abuelos” y con el aguarrás los “dormiría” antes de llevarlo a cabo. El amigo pensó que se trataba de una broma, así que no ahondó más. Pasadas las 11 de la noche lo llevó a la casa de sus abuelos, se bajó con el machete y el aguarrás escondidos entre la ropa; y después se fue a su casa a terminar un trabajo de la escuela de Arquitectura. Tendría noticias hasta las 7 de la mañana del día siguiente cuando Gilberto lo llamó por teléfono: “se echaron a mis abuelos vente para acá”, le dijo.

Declaración de Anacarsis Peralta, donde afirma que Gilberto Flores Alavez cometió el doble homicidio | Archivero

Una hora después el amigo estaría en la mansión: Gilberto lo llevó a ver los cadáveres. Tan pronto se quedaron solos, le entregó unos guantes y le pidió que se deshiciera de ellos. Anacarsis Peralta lo confrontó y le preguntó “¿tú lo hiciste?”, a lo que este respondió: “Sí y fue algo espantoso”. Declaró que, con los días, se lo volvió a encontrar un par de ocasiones más y su amigo lo amenazó diciéndole: “los dos estamos comprometidos en esto, mantenlo en secreto”.

El reporte de la PGJ continúa: “para finalizar, [Anacarsis] dijo que desde el día de los hechos no había dado a conocer a las Autoridades todo lo anterior, por la advertencia que Gilberto le hizo, en el sentido de que ‘si nos cachan en esto Anacarsis, nos hunden a los lados,’ pero que por consejos de su madre se ha presentado en esta fecha”.

Ese mismo día, Gilberto Flores Alavez reconocería que quiso darle una especie de lección a sus abuelitos por un pleito que tenían con sus padres, sin embargo al leer la declaración es confusa y no parece haber reconocido plenamente los asesinatos. El 14 de octubre de 1978 el juez 25 de lo penal le dictó auto de formal prisión por el doble asesinato. En la ficha de la Dirección de Policía y Tránsito aparece un joven de melena larga y bigote en forma de u, consignando que tenía 20 años de edad.

Fue trasladado al Reclusorio Oriente y lo sentenciaron a 28 años pero pasaría sólo 10 en prisión. Su defensa argumentaría que se habían manipulado pruebas y que no actuaba con plenitud de sus facultades mentales.

Desde que fue liberado, el nieto aseguró que fue un chivo expiatorio de policías, como Francisco Sahagún Baca, y que su abuelo realmente había sido asesinado como parte de un crimen de Estado fraguado por José López Portillo.

Paolo Sánchez Castañeda colaboró en la busqueda de este expediente