Laura Sánchez Ley 

A un año y seis meses de que se integrara el llamado Equipo Especial de Investigación y Litigación para el caso Luis Donaldo Colosio Murrieta se han interrogado a 99 personas, de los cuales se encuentran testigos de la detención de Mario Aburto Martínez, peritos y hasta policías involucrados en el asesinato. 

A pesar del hermetismo con que se ha manejado, Archivero obtuvo a través de un recurso de transparencia un informe que revela que desde el pasado 5 de abril del 2022 se inició la nueva  investigación a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos instalada en 2019 y que entre sus atribuciones, se encuentran, hechos relacionados con torturas. 

En el informe revelaron por primera vez que, hasta el momento, han sido interrogadas casi un centenar de personas entre las que se encuentran 45 peritos, 24 testigos y 19 policías, todos ellos relacionados con una averiguación previa que ya había sido abierta en febrero de 1995. 

La Fiscalía explicó que hasta el momento el equipo integrado por 18 personas trabaja en la investigación número SE/003/95 y que han realizado en 17 meses 472 diligencias, es decir actos y movimientos que han dejado constancia documentada, con la finalidad de reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos. 

Aunque las identidades de los interrogados se guardan bajo llave, este diario ha revelado nombres de abogados que han sido llamados a declarar así como de personal de la PGR que laboraba en Tijuana el 23 de marzo de 1994 y un defensor de derechos humanos. 

Los interrogatorios se han extendido durante más de ocho horas y entre las preguntas que se les han realizado se encuentran si fueron testigos de los movimientos de Mario Aburto entre las 5 de la tarde del 23 de marzo y las 6 de la mañana del día 24 de 1994. También se ha indagado en la presencia de actores políticos como Manlio Fabio Beltrones, Diego Valades Rios, entre otros. 

Paradójicamente, pese a que la Fiscalia  investiga actos de tortura a Mario Aburto Martínez, por otra parte se esfuerza en evitar su liberación: la primera semana de diciembre logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptara la revisión de una impugnación contra el amparo que lo dejaría en libertad el próximo 23 de marzo de 2024, retrasando con ello que salga de prisión. 

Historia de una investigación

Habían pasado casi 12 meses desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas y para entonces el proceso judicial era un caos. Ya se había creado una fiscalía especial y el primer titular había renunciado: Miguel Montes García, quien primero se dejó llevar por la teoría del complot, para después retractarse y asegurar que solo había un asesino solitario, Mario Aburto Martínez.

Era febrero de 1995 y para ese día también había renunciado la segunda fiscal. Olga Islas Mariscal, quien el 31 de octubre de 1994 logró la sentencia de 42 años para Aburto, en medio de un caos mediático y la sospecha de la gente sobre si realmente había fraguado solo el asesinato. 

Para el 24 de febrero de ese año ya se había convertido en tercer fiscal el ex mecanógrafo Pablo Chapa Bezanilla. Fue él, quien contradijo la versión de sus antecesores y aseguró que el asesinato era producto de un complot y que el segundo tirador era un humilde chofer llamado Othón Cortez. Más tarde se comprobaría que eso fue una mentira. 

Sin embargo, fue durante su gestión que se iniciaría el 24 de febrero de 1995 la averiguación previa SE/003/95. Según el informe judicial revisado por este diario, el expediente fue abierto el 24 de febrero de 1995 para continuar con las investigaciones del homicidio, a la par de practicar nuevas diligencias, es decir, interrogatorios y más. 

En esta averiguación, por ejemplo, se recabaron 61 testimonios de personas que presenciaron la caída de Colosio cuando le dispararon, la posición de Aburto y el candidato durante el atentado, así como su colapso en el piso. 

También fue el documento que intentó reconstruir con mayor exhaustividad la cronología de hechos sucedidos durante la estancia de Mario Aburto en las instalaciones de la PGR en Baja California. 

Fue a través de ella que se estableció que se mantuvo a Aburto de las 17:30 horas del día 23 de marzo a las 6:45 horas, aproximadamente, del día 24 de marzo de 1994. 

Durante esas 13 horas y 15 minutos se desarrollaron los principales actos, que concluyeron con la remisión del expediente a la Ciudad de México para su consignación. En su momento la Fiscalía Especial aseguró que a través del expediente SE/003/95 es que lograron esclarecer en forma lógica muchos de los señalamientos, e incluso de las especulaciones y sospechas, en torno al autor material del crimen y el homicidio mismo.

“La descripción sucesiva de hechos permite, además, ubicar distintos acontecimientos que se fueron sucediendo, que en forma separada tienen una compleja explicación, pero a la luz de su conjunto se pueden visualizar con mayor claridad. Aun cuando la mayoría de las horas señaladas en esta cronología pueden no ser exactas o precisas, atendiendo al recuerdo borroso de los testigos por el tiempo transcurrido”, reconocieron. 

En esta averiguación previa también pueden encontrarse el acta de nacimiento de Aburto, su fe de bautizo, documentos encontrados en un baúl que supuestamente era de su pertenencia, pertenencias de su padre, Rubén Aburto, correspondencia familiar, dos cartas anónimas de 1999, dictámenes de audio y video elaborados por  Michael Kasis Petraki, un perito de voz, entre otros. 

Es esta la averiguación previa que refiere, que  investiga, el Equipo Especial de Investigación y Litigación para el caso Luis Donaldo Colosio Murrieta en respuesta a la solicitud de acceso a la información realizada por Archivero. 

Poco personal, poco presupuesto

Aunque fue hasta julio del año pasado que la Fiscalía General de la República anunciara la reapertura del Caso Colosio, fue el 5 de abril del 2022 que arrancó oficialmente esta investigación que intenta esclarecer qué pasó el 23 de marzo de 1994, luego de ser asesinado el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio.

Sin embargo, desde ese día solo se reveló que quien estaría a cargo del equipo sería Abel Galván Gallardo. Y no más. Pero en el reporte que entregaron revelan que hasta el momento trabajan 18 personas en la investigación. 

Un Fiscal Especial en jefe, con un asistente, un Subcoordinador Ejecutivo con un asistente, un Supervisor Especializado, un jefe de departamento, solo siete Ministerios Públicos, uno de los puestos más importantes y cinco Auxiliares Ministeriales. 

Aunque no detallaron el monto de dinero ejercido explicaron que esta investigación se apoya con el presupuesto destinado a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, cuyo presupuesto para 2023 es de solo 10 millones 777 mil 596 pesos. 

Cabe recordar que fue el 15 de julio de 2019 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la instalación de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos que entre otras facultades, tiene la conducción legal de la investigación de delitos y el ejercicio de la acción penal en casos de violaciones a los derechos humanos. 

Los interrogatorios 

Según el documento enviado por la FGR desde el 5 de abril han sido interrogados 99 personas, 42 testimoniales, 45 peritos y 12 policías. Aunque no se revela el nombre de las personas para cuidar la investigación algunos de ellos se han acercado a este diario para contar cómo han sido los interrogatorios. 

Entre ellos el ex procurador de Derechos Humanos de Baja California, José Luis Pérez Canchola, reiteró que el detenido “estaba golpeado y lo envolvieron en un colchón en estado de inconsciencia” y ha sido uno de los testigos que se mantienen en esa versión desde 1994. Lo interrogaron durante más de 4 horas. 

El primer abogado de Aburto, Xavier Carbajal, aseguró que tenía la impresión de que el interrogatorio “tiene tintes políticos” y le desconcertó que los interrogatorios se centrarán en la participación de actores políticos en lugar de focalizarse en Mario Aburto. 

El litigante estuvo seis horas y media sentado, respondiendo cuestionamientos de ese día. Sin embargo, asegura que durante el interrogatorio de 113 preguntas, insistieron en la presencia de Beltrones.

Otro de los abogados que fue llamado a declarar fue Marco Antonio Macklis, quien fue testigo de asistencia en la PGR el 23 de marzo de 1994. El litigante declaró durante más de cinco horas y recuerda que también le preguntaron por Beltrones, si lo había visto, si estaba ahí el día del interrogatorio con su jefe de escoltas.

A estos testigos también se le interrogó como parte de otra averiguación previa que investiga la FGR la, 2080/94 sobre la tortura de Aburto y que está ligada a la SE/003/95 es decir el homicidio de Luis Donaldo Colosio. 

Sin fecha

A pesar del personal y el dinero que la Fiscalía está gastando en el caso Aburto, la realidad es que no lo quiere en libertad. Jesus González Schmal, abogado de Aburto, explica que con la decisión de la Suprema Corte de revisar el caso que es a todas luces improcedente. 

Está cubriendo las apariencias para no exhibir a la a la Fiscalía General de la República: “Es notoriamente improcedente,  no hay en absoluto un solo indicio de violación constitucional que justificara la razón de la Fiscalía de invalidar la resolución del amparo que concedió el (tribunal) colegial”, dice. 

Teme tristemente que la FGR esté usando este caso para que cumpla una tarea de estrategia electoral de parte del gobierno y es que no no es lógico que una Fiscalía no esté siendo rigorista en el sentido de la aplicación de la ley y protección de los derechos humanos. 

“Baja California, donde ocurrió es la única (ley) aplicable para estos casos y no puede ser trasladado o impuesto  una sanción que está contenida  en otro dispositivo en legislativo, en otra ley, y que no es aplicable más que en casos de que la competencia del suceso tenga relevancia federal.  Aquí no lo tuvo puesto que Colosio era un candidato, era un ciudadano en campaña, no era un funcionario público. Claro, claro, aquí aplica definitivamente la ley local”. 

La realidad es que la liberación de Mario Aburto, otra vez, queda en el limbo.