A finales de febrero de 2011, Daniel se fue por delante con lo poco que llevaba en el bolsillo. Cuando le ofreció a Carmen irse a vivir con él a Saltillo, Coahuila, porque le habían dado trabajo en una carnicería nueva, ella apenas había cumplido los veintiún años. Aun así ella aceptó de inmediato. Todo parecía mejor que quedarse a vivir en su natal Tlaxcala. Además eran novios desde hacía un año y la verdad es que estaban enamorados.

Carmen, como la llamaremos para proteger su identidad, buscó a su madre en la Ciudad de México para pedirle prestado lo del boleto del camión. Pero su madre tampoco tenía dinero, así que tuvo que empeñar un viejo anillo. El 12 de marzo de 2011 tomó el autobús con rumbo al norte de México. La central de autobuses la recibió con olor a orines y café quemado. Las luces blancas tiriteaban sobre las cabezas cansadas, y el piso de mosaico estaba manchado de años de pisadas y chicles aplastados. Un poco asustada, caminó hacia un teléfono público y llamó a Daniel para avisarle que ya había llegado. 

Su novio le dijo que estaba trabajando en ese momento, que no podía ir, pero que una muchacha pasaría por ella. A Carmen le pareció raro, aunque pensó que tal vez así eran las cosas en el norte. La muchacha la llevó a su casa y ahí la tuvo quince días. La trató bien, no le dejaba hacer nada. Hasta que un domingo por la mañana Daniel se apareció por fin, venía acompañado de un hombre, y le dijo que ahora sí podrían irse a la casa donde vivirían. 

Llegaron a una casona beige de zaguán negro, de dos pisos con dos recámaras abajo y tres arriba. Pero no estaban solos: en cuanto cruzó la puerta se dio cuenta de que había hombres armados. Entonces Daniel le confesó la verdad, que a él se lo habían llevado con engaños: el patrón de la carnicería lo había entregado, y desde que pisó Saltillo lo tenían como empleado doméstico del cártel de Los Zetas, una de las organizaciones delictivas más sanguinaria y cruel de todos los tiempos.  Y ahora ella también lo sería. “De esta casa no vas a salir nunca”, le advirtió uno de ellos.

Esta es la historia de Carmen, que terminó cautiva de un cártel que no sólo decapitaba rivales en plazas públicas, también mantenía como esclavas domésticas a mujeres del interior del país, secuestradas y llevadas de casa en casa de seguridad. Su caso está dentro de la causa penal 36/2011, una sentencia dictada en Saltillo, uno de los pocos expedientes en que la justicia mexicana ha llevado a juicio la trata de personas con fines de esclavitud cometida por Los Zetas. 

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA, que revela que la verdad siempre está en obra negra.

La convirtieron en servidumbre de Los Zetas

Carmen recuerda a dos hombres en particular. Uno tenía un tatuaje de dragón y una corona de espinas con los nombres de dos mujeres. El otro tenía la cara cortada cerca de la boca, algo así como el Guasón. Fueron ellos, dos de los más despiadados, los que la recibieron aquel día de marzo. “¡Ponte a limpiar la casa!”, le gritaban.

Dice que hasta los Zetas más jóvenes la trataban como esclava. Uno de esos primeros días, un chavito de unos dieciocho años la agarró de las greñas para que no intentara escaparse: con una mano la traía arrastrando del cabello y con la otra sostenía su metralleta. “Me dijo que jamás iba a salir de esa casa”.

Eran servidumbre que trabajaban todos los días sin paga y entre el trabajo esclavo que realizaban estaba la limpieza, la preparación de alimentos y el lavado de coches, además de obedecer cualquier orden. Carmen limpiaba las casas de seguridad o los “puntos”, como les llamaban. También  guisaba para los grupos de muchachos que iban llegando, los recién reclutados. Cuando la limpieza no les gustaba, los tableaban como castigo de la epoca de la esclavitud.

Dice que ‘El Cuñado’, como le decían a uno de los jefes de la casa, también le ordenaba a su pareja que limpiara las armas, cuando llegaban las “estacas”, las células operativas al regreso “de la guerra”. En total vivían ahí doce personas. En abril se la llevaron vendada de los ojos y esposada a otra casa, donde estuvo cerca de un mes, y luego a otro punto en una colonia distinta. Ahí un muchacho la cuidaba las veinticuatro horas del día, y a su esposo prácticamente ya no lo veía. 

Aunque guisaba el día entero, hubo veces en que la tuvieron hasta ocho días encerrada sin dejarla comer. En una de esas casas, una vecina la vio flaca y le pasó algo de alimento. Cuando los jefes se enteraron de que Carmen había ido a pedir comida a la casa de al lado, hubo represalias. Llegó el que decían era el jefe de la plaza, con el muchacho de la boca cortada, y trajeron también a Daniel para reclamarle de que su mujer había salido a buscar comida. El castigo fue obligar a la propia vecina a hacerla de vigilante. 

El 7 de junio de 2011 mandaron traer a Carmen a las tres de la mañana. La llevaron con un hombre que estaba furioso porque ella, sin querer, había andado repitiendo su apodo. El tipo se sentó como en el quinto escalón de la escalera y le ordenó a Daniel que se bajara los pantalones para enseñarle a Carmen las nalgas, para que viera los tablazos que le habían dado. Daniel estaba lleno de moretones. Luego el sujeto jaló el gatillo de una pistola al aire, le preguntó al chico si se creía de muchos huevos, y a ella le dijo que si los militares llegaban al punto la iba a matar. Que al cabo no serían los primeros ni los últimos esclavos domésticos que mataba.

Finalmente pudo escapar el 9 de junio por un descuido del cártel: iba con la vecina a un mandado. Aceleraron y llegaron hasta una gasolinera donde se escondieron, después llegaron al Hotel La Torre, en Saltillo, donde le pidieron permiso al vigilante para meterse. Sin saberlo, unos tres, cuatro minutos después aparecieron los soldados. Ahora sabe que, si no hubieran escapado, ese día estarían muertos, porque uno de los jefes ya le había hablado por teléfono a la hija de la vecina avisando que iban por ellas.

Una segunda mujer secuestrada por Los Zetas

A los hombres los detuvo la Marina cinco días más tarde, el martes catorce de junio de 2011, alrededor de las cinco de la tarde. Llegaron guiados por lo que Carmen había declarado tras escapar: una casa de dos pisos, color verde olivo, cerca de una escuela en construcción. Dos infantes de Marina, Ricardo Tapia Ramos y Víctor Manuel Berber Reyes, vieron salir a un hombre con uniforme camuflajeado tipo jungla y gorra negra con el logotipo de los Zetas, cargando un fusil al hombro. 

Al verlos, el sujeto corrió hacia adentro; lo persiguieron hasta la sala, donde había otros dos hombres vestidos igual, cada uno con un fusil entre las piernas: dos AR-15 calibre 5.56 y un AK-47. Al revisarlos les encontraron dos pistolas escuadra, una nueve milímetros y una .45, cargadores abastecidos y una granada de fragmentación, que había descrito Carmen. También tres juegos de llaves de vehículos estacionados afuera y seis teléfonos celulares sobre una mesa del centro.

Y ahí empezó lo otro. Uno de los detenidos, buscando que lo soltaran, les dijo a los marinos que en la misma colonia tenían otra casa de seguridad, con uniformes guardados y “una mujer secuestrada”. Los infantes se trasladaron hacia las seis y veinte de la tarde. La casa parecía vacía, pero al tocar y gritar que eran de la Armada escucharon una voz de mujer pidiendo ayuda desde un cuarto del fondo, cerrado con llave. Forzaron la puerta y la sacaron.

Era una joven que había llegado a Saltillo apenas el 9 de junio, el mismo día en que Carmen escapaba, sola, desde Monterrey, huyendo de una expareja que la hostigaba. Trabajaba como edecán y promotora y su último empleo había sido de demostradora para una marca de alimentos. Buscaba trabajo. En una taquería se le acercó una mujer de unos 45 o cincuenta años, que dijo llamarse Lourdes, y le ofreció ayuda para conseguir empleo y hospedaje en su casa para no gastar en hotel. La joven confió. La casa era de esa mujer; ahí estaban sus hijos, fumando mariguana, que al verla entrar le preguntaron a su madre “ese regalito para quién era”.

La encerraron, le quitaron el teléfono y la bolsa, y un hombre armado le dijo que ahí se hacía lo que él ordenara y que no iba a salir. Cuando insistió en irse, la mujer le contestó que no era tan fácil, que si se iba la mataban. La Marina la encontró cinco días después. Iba a ser la próxima empleada doméstica del cartel. 

La sentencia llegó 12 años después de la captura

En el expediente pueden leerse los careos entre las dos jóvenes con sus captores. De frente soltó lo que le hicieron y agregó que llevaba “tres años y medio aguantando el daño psicológico” de las agresiones físicas y psicológicas. Soñaba con frecuencia con sus captores y con los maltratos, y en ocasiones se orinaba dormida por esas pesadillas. Uno de los dos Zetas detenidos le respondió cínicamente que a él lo había perjudicado el tiempo que llevaba preso. 

La sentencia llegó 12 años después de la captura, el 30 de noviembre de 2023. El juzgado halló a los tres hombres plenamente responsables de cinco delitos: delincuencia organizada, secuestro, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos de uso reservado y trata de personas. A cada uno le impuso, sumadas las penas, cuarenta y un años de prisión y una multa de 2 mil 850 días, equivalente a 161 mil 595 pesos. El desglose: veinticinco años por el secuestro, seis por la trata, seis por los delitos de armas y cuatro por delincuencia organizada. 

El tribunal también los condenó a reparar el daño a las dos mujeres, indemnización material y moral, incluido el pago de los tratamientos psicoterapéuticos que necesiten. Un hecho único.

El ‘Tolteca I’, un barco tiburonero, soltó las amarras el 16 de marzo de 2001. Era temprano cuando salió del Puerto San Carlos, en Baja California. Antes de enfilarse mar adentro, debían recoger un nuevo regulador de velocidad en Los Cabos, que unos días antes había comenzado a fallar. La embarcación con doce tripulantes al mando del capitán José Carlos Gutiérrez, a 9.8 nudos de velocidad, salió un día después con destino al Océano Pacífico. Los pescadores recuerdan que a las nueve de la noche hicieron el primer lance, con el que sólo capturaron seis tiburones. Ocho días estuvieron en el mar y la pesca hasta entonces había sido un fracaso. 

Pero el 24 de marzo la pesca sería el menor de sus problemas: el babor, el lado izquierdo de la embarcación, empezó a calentarse, y el barco quedó a la deriva. Los jefes de máquinas, Amador Hernández y Santiago Vázquez, intentaron repararlo pero se dieron cuenta que el problema era más grave de lo que creían: el pistón, una pieza dentro del motor, estaba roto. Así que en seis días la embarcación quedó sin energía eléctrica. Dejaron de funcionar todos los sistemas internos, como la refrigeración, las planchas para cocinar, el sistema de agua dulce, etcétera. “Nos encontrábamos en una situación grave”, dirá meses después el capitán.

Así estaban cuando el 31 de marzo de ese 2001, a las 8:11 de la mañana, recibieron un llamado por radio de otro navío. Era un buque estadounidense, el ‘Rodney M. Davis’, que había peleado en la Guerra del Pacífico y ahora la Marina lo utilizaba para misiones en mar abierto. “Hicieron preguntas relacionadas con la documentación del barco […], con el número de tripulantes”, contará el capitán. Los estadounidenses sin mayor explicación dijeron que iban a abordar la embarcación. 

Los tripulantes del ‘Tolteca I’ no supieron qué hacer. Siete elementos de la Armada de Estados Unidos subieron portando armas de fuego cortas y largas. Pusieron a todos en la proa mientras tres de ellos vigilaban y los cuatro restantes inspeccionaban el barco. Los marineros mexicanos nunca habían visto los aparatos que usaban los estadounidenses: les iban pegando unas tiritas de papel en el cuerpo, en la ropa y en el barco, y algunos de los estadounidenses al ver su cara de angustia les explicaron de mala gana que servían para detectar si habían tenido contacto con alguna droga. A las nueve de la noche, tras no encontrar nada, el capitán José Carlos Gutiérrez se exasperó y, con la poca autoridad que le quedaba, les ordenó que descendieran de su barco: su situación estaba al borde del naufragio. Podían convertirse en el Titanic en cualquier momento. 

Un oficial norteamericano les dijo que no podían hacerlo: ya se habían comunicado con autoridades en México, a quienes externaron sus sospechas de que en el tiburonero se transportaba droga. Éstas pidieron el favor de no soltar a los marineros hasta que llegara un guardacostas mexicano. “¡Deja descansar a mi tripulación en sus camarotes, no son animales!”, le gritó el capitán en respuesta. 

Los estadounidenses los acompañaron a su camarote y permitieron que el Tolteca avanzara hacia aguas mexicanas. En costas mexicanas fueron interceptados por el buque fragata ‘Hermenegildo Galeana’, de la Armada de México.

Finalmente, el 2 de abril llegaron a los muelles de la Armada en Manzanillo, donde la tripulación fue revisada nuevamente. A diferencia de los norteamericanos, los mexicanos encontrarían residuos de droga en el camarote del cocinero, en la cocina y en el pasamanos del barco. Aún hoy se desconoce por qué, a pesar de que las pruebas fueron positivas, la PGR decidió no ejercer acción penal contra los sospechosos, bajo el argumento de que el plazo para consignarlos ya había vencido. Entonces incluso la Secretaria de la Marina dijo que “le resulta sumamente sospechosa la actitud de los agentes del Ministerio Público”.

Doce días después, las autoridades mexicanas encontrarían en un doble fondo en los frigoríficos del barco la mayor cantidad de cocaína en altamar en la historia de México: cuatro toneladas de cocaína pura. Años más tarde dos testigos protegidos revelarían que la droga había sido cargada en aguas internacionales desde Colombia y la operación fue orquestada por el Cártel de Tijuana, por entonces el más poderoso, comandada por los hermanos Arellano Félix.

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA que reconstruye esta historia gracias a expedientes olvidados. Casos como este revelan que en México la verdad siempre está en obra negra.

El doble fondo del Tolteca I

Los capitanes Rufo García y Héctor Guerrero Yáñez, del grupo de comando de la decimocuarta flotilla naval del Pacífico, con sede en Manzanillo, integraron una comisión para inspeccionar el barco. Iniciaron el viernes 5 de abril de 2001 por la proa y la parte delantera del buque. Siguieron con las cocinas, el comedor y una bodeguita. Finalmente llegaron a los cuartos frigoríficos, un área de cuartos fríos con hielo, bodegas de víveres y, en este caso, los congeladores donde guardaban los tiburones pescados en altamar. 

Durante doce días buscaron en cada rincón hasta que el 11 de abril, a las tres de la tarde, empezaron a remover el hielo apilado en esa zona. Fue entonces cuando a un integrante del operativo le llamó la atención los tornillos: los de esa parte del barco  eran nuevos y aún brillaban. Al quitarlos se encontraron con un mamparo, una pared vertical sobrepuesta y fijada con plastiacero, que no debía estar ahí.

“Por la situación en que trabaja cualquier buque y el medio en que se desenvuelve, no era normal”, recordó después. Al retirarla salió toda la mercancía: 170 bultos enormes envueltos en plástico gris. El capitán Rufo García tomó un cuchillo y rompió el plástico de uno de los paquetes. Adentro había más paquetes pequeños. Acercó el polvo blanco a la nariz y supo que era cocaína. La Armada de México lo admitiría después ante un juez: en ese entonces no contaban con buques dedicados a buscar narcotráfico en el mar. 

Cuando por fin la sacaron, contaron poco más de cuatro toneladas de cocaína con un grado de pureza impresionante, de acuerdo a los expedientes judiciales de la causa penal 156/2001. Sin embargo, para ese momento, los marineros habían sido liberados por dos ministerios públicos. No los detuvieron bajo el argumento de que el plazo para consignarlos ya había vencido. Pero el Estado Mayor General de la Armada, capitán de navío José María Pellit, dijo que resultaba sumamente sospechosa la actitud de los agentes. Incluso dijo en una conferencia de prensa del 18 de abril de 2001 que la experiencia de que quedaran libres los doce tripulantes por falta de méritos y que actualmente están prófugos de la justicia debe servirle a las autoridades federales como lección. 

El 25 de abril, en medio del escándalo por la fuga de los marineros, Juan José Retes Razo, funcionario de alto nivel Centro de Planeación para el Control de Drogas (Cendro), presentó la detención del ‘Tolteca I’ como un triunfo de la colaboración con Estados Unidos: la embajada había dado “el aviso del blanco sospechoso” y la Armada mexicana había hecho el resto. También dijo que en aquellos años el Cendro generaba apenas 40% de los reportes que terminaban en detenciones. El otro 60% venía de los gringos. 

‘Raúl’ y ‘Juan López’, dos testigos protegidos del Cártel de Tijuana

‘Raúl’ y ‘Juan López’ se llamaban realmente Óscar Eduardo Gómez Angarita y Sergio Rodríguez Tapia. Habían sido integrantes del cártel de los Arellano Félix, el Cártel de Tijuana, y se habían vuelto testigos protegidos. Desde el anonimato hundieron, declaración tras declaración, a toda la estructura marítima de la organización.

Lo que contaron, leído hoy en los expedientes, es la cartografía del negocio. Aseguraron que la cocaína venía de Colombia y se entregaba en alta mar, en aguas internacionales, “a la altura de Oaxaca”. Los barcos mexicanos se encontraban con los barcos colombianos y, de cubierta a cubierta, pasaban el cargamento. De ahí, las lanchas se dirigian hasta las costas de Michoacán,la droga avanzaba por tierra a la sierra de Tepalcatepec, y en pistas de aterrizaje arregladas con militares salían aviones hasta Ensenada. Cinco toneladas por viaje movían, en promedio. Las operaciones se hacían siempre en barcos con permisos de pesca que les servían como tapadera. Además, revelaron que los barcos “se descomponían” en altamar y había que rescatarlos con todo y cargamento, “sin que alguna embarcación de la Armada hubiera hecho algo en su contra”. 

‘Juan López’ tenía una labor dentro de la organización: controlar a la Armada. Su trabajo era conseguir, por sus contactos en la Marina, la posición de las fragatas y las corbetas, y pasársela a los capitanes de los barcos para que esquivara la intercepción. Por cada viaje cobraba hasta cuatro mil dólares. ‘Raúl’, por su parte, manejaba el dinero y la logística: coordinó embarques de mil 800 y 2 mil 200 kilos, se entendía por radio con los capitanes desde una oficina en Ensenada, y movió cerca de un millón de dólares a Panamá y a Estados Unidos a través una casa de cambio.

Fue ‘Raúl’ quien cerró el círculo. En una de sus declaraciones, que reaparece en la sentencia de Manuel Aguirre Galindo, ‘El Caballo’, otro operador financiero del cártel, contó que la organización de Ismael Higuera Guerrero, ‘El Mayel’, planeaba montar un negocio de importación de pescado como fachada, y que para eso compró dos embarcaciones: uno se llamaba ‘Paloma’, de Mazatlán, y el otro, ‘Tolteca’, de Ensenada. 

Un marinero que cayó ocho años y medio después

A los marineros del ‘Tolteca’ los detuvieron unas semanas después del hallazgo. El capitán José Carlos Gutiérrez peleó su condena hasta el final. En diciembre de 2009 un tribunal colegiado de Toluca, Estado de México, le negó el amparo y confirmó su sentencia por transporte de cocaína, no por pertenecer al cártel, que eso nunca se les probó. Lo mismo, casi al pie de la letra, les pasó a los demás.

Los jueces, en parte, les creyeron. O mejor dicho, no pudieron desmentir lo esencial. Como el barco había salido del norte y lo agarraron en el sur, en sentido contrario a la ruta del narco, y como nadie pudo probar dónde ni cuándo subieron la droga, el tribunal concluyó que el transporte de cocaína “se verificó al menos” desde el punto donde los interceptaron, “y no a partir del puerto de salida, pues éste se trata de un dato menos certero”. Traducido: sabemos que el barco llevaba cuatro toneladas, no sabemos de dónde salieron ni a dónde iban. Quedaba probado el transporte. Nada más. Ni de quién era la droga ni para quién. Sobre el papel, el ‘Tolteca’ era un misterio flotante: un barco de una pesquera fantasma, lleno de cocaína, navegando en sentido contrario al sentido común.

Otro de los tripulantes del ‘Tolteca’ no estuvo presente en ese proceso. Lo detuvieron el 17 de noviembre de 2009, ocho años y medio después de aquel abril en Manzanillo. Lo sentenciaron a once años, once meses y siete días de prisión por transporte. En 2017 otro tribunal de Toluca le negó el amparo. El mar tiene su tiempo y la burocracia el suyo: a este hombre lo alcanzó casi una década más tarde por subirse a un barco averiado en el año 2001.

Los testigos que hundieron al cártel de los Arellano Félix corrieron suertes distintas. ‘Juan López’, Sergio Rodríguez Tapia, el que sabía dónde estaban las fragatas, está hoy preso en el penal del Altiplano. En un expediente de 2019 ya no aparece como el operador que burlaba a la Armada, sino como un interno que pelea por su correspondencia: reclama una circular que le restringe el correo con el exterior, se queja de la comida del penal, pide atención médica por un dolor de estómago que no se le quita.

El mar se las cobra 

El Tolteca cayó en abril de 2001. Pocos meses antes, en marzo de 2000, había caído su dueño: Ismael Higuera Guerrero, ‘El Mayel’, brazo derecho de Benjamín Arellano Félix, detenido por el Ejército en su mansión de la carretera Tijuana-Ensenada. ‘El Mayel’ intentó alcanzar su pistola. La borrachera no lo dejó. Lo encerraron en el Altiplano, lo sentenciaron en México a dieciocho años y medio, y en enero de 2007 lo extraditaron a Estados Unidos. En diciembre de ese año, ante una corte de San Diego, lo único que dijo antes de escuchar su condena fue: «En nombre de Cristo, pido perdón por mis pecados». Le dieron cuarenta años.

Higuera y su hermano Gilberto, ‘El Gilillo’, negociaron: cooperaron contra sus antiguos jefes, los Arellano Félix, y en septiembre de 2021 un juez de California aprobó su libertad supervisada. Hoy, según la revisión de su expediente, viven en Estados Unidos. El dueño del barco que desnudó la red pactó y la libró.

Y queda el jefe del clan. Cinco años después del ‘Tolteca’, en agosto de 2006, Francisco Javier Arellano Félix, ‘El Tigrillo’, el último de los hermanos en pie, fue capturado a bordo de su yate de pesca deportiva, el ‘Dock Holiday’, a unas quince millas náuticas de La Paz, en aguas internacionales, por la Guardia Costera de Estados Unidos. Andaba de paseo. Lo condenaron a cadena perpetua. Después, como ‘El Mayel’, como casi todos, cooperó y la perpetua se le redujo a veintitrés años. Los jefes negociaron su libertad en cortes extranjeras mientras en México los marineros enfrentaban su condena.

La fragata que hizo aquel récord, el ‘Rodney M. Davis’, fue dada de baja en 2015 y el 12 de julio de 2022 hundida a cañonazos como blanco de tiro en un ejercicio naval frente a Hawái. Hoy descansa en el fondo del Pacífico, en la misma agua por la que persiguió a los barcos de la droga.

La reconstrucción de esta historia se basa en los expedientes judiciales de la causa penal 156/2001, instruida ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México.