El ‘Tolteca I’, un barco tiburonero, soltó las amarras el 16 de marzo de 2001. Era temprano cuando salió del Puerto San Carlos, en Baja California. Antes de enfilarse mar adentro, debían recoger un nuevo regulador de velocidad en Los Cabos, que unos días antes había comenzado a fallar. La embarcación con doce tripulantes al mando del capitán José Carlos Gutiérrez, a 9.8 nudos de velocidad, salió un día después con destino al Océano Pacífico. Los pescadores recuerdan que a las nueve de la noche hicieron el primer lance, con el que sólo capturaron seis tiburones. Ocho días estuvieron en el mar y la pesca hasta entonces había sido un fracaso. 

Pero el 24 de marzo la pesca sería el menor de sus problemas: el babor, el lado izquierdo de la embarcación, empezó a calentarse, y el barco quedó a la deriva. Los jefes de máquinas, Amador Hernández y Santiago Vázquez, intentaron repararlo pero se dieron cuenta que el problema era más grave de lo que creían: el pistón, una pieza dentro del motor, estaba roto. Así que en seis días la embarcación quedó sin energía eléctrica. Dejaron de funcionar todos los sistemas internos, como la refrigeración, las planchas para cocinar, el sistema de agua dulce, etcétera. “Nos encontrábamos en una situación grave”, dirá meses después el capitán.

Así estaban cuando el 31 de marzo de ese 2001, a las 8:11 de la mañana, recibieron un llamado por radio de otro navío. Era un buque estadounidense, el ‘Rodney M. Davis’, que había peleado en la Guerra del Pacífico y ahora la Marina lo utilizaba para misiones en mar abierto. “Hicieron preguntas relacionadas con la documentación del barco […], con el número de tripulantes”, contará el capitán. Los estadounidenses sin mayor explicación dijeron que iban a abordar la embarcación. 

Los tripulantes del ‘Tolteca I’ no supieron qué hacer. Siete elementos de la Armada de Estados Unidos subieron portando armas de fuego cortas y largas. Pusieron a todos en la proa mientras tres de ellos vigilaban y los cuatro restantes inspeccionaban el barco. Los marineros mexicanos nunca habían visto los aparatos que usaban los estadounidenses: les iban pegando unas tiritas de papel en el cuerpo, en la ropa y en el barco, y algunos de los estadounidenses al ver su cara de angustia les explicaron de mala gana que servían para detectar si habían tenido contacto con alguna droga. A las nueve de la noche, tras no encontrar nada, el capitán José Carlos Gutiérrez se exasperó y, con la poca autoridad que le quedaba, les ordenó que descendieran de su barco: su situación estaba al borde del naufragio. Podían convertirse en el Titanic en cualquier momento. 

Un oficial norteamericano les dijo que no podían hacerlo: ya se habían comunicado con autoridades en México, a quienes externaron sus sospechas de que en el tiburonero se transportaba droga. Éstas pidieron el favor de no soltar a los marineros hasta que llegara un guardacostas mexicano. “¡Deja descansar a mi tripulación en sus camarotes, no son animales!”, le gritó el capitán en respuesta. 

Los estadounidenses los acompañaron a su camarote y permitieron que el Tolteca avanzara hacia aguas mexicanas. En costas mexicanas fueron interceptados por el buque fragata ‘Hermenegildo Galeana’, de la Armada de México.

Finalmente, el 2 de abril llegaron a los muelles de la Armada en Manzanillo, donde la tripulación fue revisada nuevamente. A diferencia de los norteamericanos, los mexicanos encontrarían residuos de droga en el camarote del cocinero, en la cocina y en el pasamanos del barco. Aún hoy se desconoce por qué, a pesar de que las pruebas fueron positivas, la PGR decidió no ejercer acción penal contra los sospechosos, bajo el argumento de que el plazo para consignarlos ya había vencido. Entonces incluso la Secretaria de la Marina dijo que “le resulta sumamente sospechosa la actitud de los agentes del Ministerio Público”.

Doce días después, las autoridades mexicanas encontrarían en un doble fondo en los frigoríficos del barco la mayor cantidad de cocaína en altamar en la historia de México: cuatro toneladas de cocaína pura. Años más tarde dos testigos protegidos revelarían que la droga había sido cargada en aguas internacionales desde Colombia y la operación fue orquestada por el Cártel de Tijuana, por entonces el más poderoso, comandada por los hermanos Arellano Félix.

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA que reconstruye esta historia gracias a expedientes olvidados. Casos como este revelan que en México la verdad siempre está en obra negra.

El doble fondo del Tolteca I

Los capitanes Rufo García y Héctor Guerrero Yáñez, del grupo de comando de la decimocuarta flotilla naval del Pacífico, con sede en Manzanillo, integraron una comisión para inspeccionar el barco. Iniciaron el viernes 5 de abril de 2001 por la proa y la parte delantera del buque. Siguieron con las cocinas, el comedor y una bodeguita. Finalmente llegaron a los cuartos frigoríficos, un área de cuartos fríos con hielo, bodegas de víveres y, en este caso, los congeladores donde guardaban los tiburones pescados en altamar. 

Durante doce días buscaron en cada rincón hasta que el 11 de abril, a las tres de la tarde, empezaron a remover el hielo apilado en esa zona. Fue entonces cuando a un integrante del operativo le llamó la atención los tornillos: los de esa parte del barco  eran nuevos y aún brillaban. Al quitarlos se encontraron con un mamparo, una pared vertical sobrepuesta y fijada con plastiacero, que no debía estar ahí.

“Por la situación en que trabaja cualquier buque y el medio en que se desenvuelve, no era normal”, recordó después. Al retirarla salió toda la mercancía: 170 bultos enormes envueltos en plástico gris. El capitán Rufo García tomó un cuchillo y rompió el plástico de uno de los paquetes. Adentro había más paquetes pequeños. Acercó el polvo blanco a la nariz y supo que era cocaína. La Armada de México lo admitiría después ante un juez: en ese entonces no contaban con buques dedicados a buscar narcotráfico en el mar. 

Cuando por fin la sacaron, contaron poco más de cuatro toneladas de cocaína con un grado de pureza impresionante, de acuerdo a los expedientes judiciales de la causa penal 156/2001. Sin embargo, para ese momento, los marineros habían sido liberados por dos ministerios públicos. No los detuvieron bajo el argumento de que el plazo para consignarlos ya había vencido. Pero el Estado Mayor General de la Armada, capitán de navío José María Pellit, dijo que resultaba sumamente sospechosa la actitud de los agentes. Incluso dijo en una conferencia de prensa del 18 de abril de 2001 que la experiencia de que quedaran libres los doce tripulantes por falta de méritos y que actualmente están prófugos de la justicia debe servirle a las autoridades federales como lección. 

El 25 de abril, en medio del escándalo por la fuga de los marineros, Juan José Retes Razo, funcionario de alto nivel Centro de Planeación para el Control de Drogas (Cendro), presentó la detención del ‘Tolteca I’ como un triunfo de la colaboración con Estados Unidos: la embajada había dado “el aviso del blanco sospechoso” y la Armada mexicana había hecho el resto. También dijo que en aquellos años el Cendro generaba apenas 40% de los reportes que terminaban en detenciones. El otro 60% venía de los gringos. 

‘Raúl’ y ‘Juan López’, dos testigos protegidos del Cártel de Tijuana

‘Raúl’ y ‘Juan López’ se llamaban realmente Óscar Eduardo Gómez Angarita y Sergio Rodríguez Tapia. Habían sido integrantes del cártel de los Arellano Félix, el Cártel de Tijuana, y se habían vuelto testigos protegidos. Desde el anonimato hundieron, declaración tras declaración, a toda la estructura marítima de la organización.

Lo que contaron, leído hoy en los expedientes, es la cartografía del negocio. Aseguraron que la cocaína venía de Colombia y se entregaba en alta mar, en aguas internacionales, “a la altura de Oaxaca”. Los barcos mexicanos se encontraban con los barcos colombianos y, de cubierta a cubierta, pasaban el cargamento. De ahí, las lanchas se dirigian hasta las costas de Michoacán,la droga avanzaba por tierra a la sierra de Tepalcatepec, y en pistas de aterrizaje arregladas con militares salían aviones hasta Ensenada. Cinco toneladas por viaje movían, en promedio. Las operaciones se hacían siempre en barcos con permisos de pesca que les servían como tapadera. Además, revelaron que los barcos “se descomponían” en altamar y había que rescatarlos con todo y cargamento, “sin que alguna embarcación de la Armada hubiera hecho algo en su contra”. 

‘Juan López’ tenía una labor dentro de la organización: controlar a la Armada. Su trabajo era conseguir, por sus contactos en la Marina, la posición de las fragatas y las corbetas, y pasársela a los capitanes de los barcos para que esquivara la intercepción. Por cada viaje cobraba hasta cuatro mil dólares. ‘Raúl’, por su parte, manejaba el dinero y la logística: coordinó embarques de mil 800 y 2 mil 200 kilos, se entendía por radio con los capitanes desde una oficina en Ensenada, y movió cerca de un millón de dólares a Panamá y a Estados Unidos a través una casa de cambio.

Fue ‘Raúl’ quien cerró el círculo. En una de sus declaraciones, que reaparece en la sentencia de Manuel Aguirre Galindo, ‘El Caballo’, otro operador financiero del cártel, contó que la organización de Ismael Higuera Guerrero, ‘El Mayel’, planeaba montar un negocio de importación de pescado como fachada, y que para eso compró dos embarcaciones: uno se llamaba ‘Paloma’, de Mazatlán, y el otro, ‘Tolteca’, de Ensenada. 

Un marinero que cayó ocho años y medio después

A los marineros del ‘Tolteca’ los detuvieron unas semanas después del hallazgo. El capitán José Carlos Gutiérrez peleó su condena hasta el final. En diciembre de 2009 un tribunal colegiado de Toluca, Estado de México, le negó el amparo y confirmó su sentencia por transporte de cocaína, no por pertenecer al cártel, que eso nunca se les probó. Lo mismo, casi al pie de la letra, les pasó a los demás.

Los jueces, en parte, les creyeron. O mejor dicho, no pudieron desmentir lo esencial. Como el barco había salido del norte y lo agarraron en el sur, en sentido contrario a la ruta del narco, y como nadie pudo probar dónde ni cuándo subieron la droga, el tribunal concluyó que el transporte de cocaína “se verificó al menos” desde el punto donde los interceptaron, “y no a partir del puerto de salida, pues éste se trata de un dato menos certero”. Traducido: sabemos que el barco llevaba cuatro toneladas, no sabemos de dónde salieron ni a dónde iban. Quedaba probado el transporte. Nada más. Ni de quién era la droga ni para quién. Sobre el papel, el ‘Tolteca’ era un misterio flotante: un barco de una pesquera fantasma, lleno de cocaína, navegando en sentido contrario al sentido común.

Otro de los tripulantes del ‘Tolteca’ no estuvo presente en ese proceso. Lo detuvieron el 17 de noviembre de 2009, ocho años y medio después de aquel abril en Manzanillo. Lo sentenciaron a once años, once meses y siete días de prisión por transporte. En 2017 otro tribunal de Toluca le negó el amparo. El mar tiene su tiempo y la burocracia el suyo: a este hombre lo alcanzó casi una década más tarde por subirse a un barco averiado en el año 2001.

Los testigos que hundieron al cártel de los Arellano Félix corrieron suertes distintas. ‘Juan López’, Sergio Rodríguez Tapia, el que sabía dónde estaban las fragatas, está hoy preso en el penal del Altiplano. En un expediente de 2019 ya no aparece como el operador que burlaba a la Armada, sino como un interno que pelea por su correspondencia: reclama una circular que le restringe el correo con el exterior, se queja de la comida del penal, pide atención médica por un dolor de estómago que no se le quita.

El mar se las cobra 

El Tolteca cayó en abril de 2001. Pocos meses antes, en marzo de 2000, había caído su dueño: Ismael Higuera Guerrero, ‘El Mayel’, brazo derecho de Benjamín Arellano Félix, detenido por el Ejército en su mansión de la carretera Tijuana-Ensenada. ‘El Mayel’ intentó alcanzar su pistola. La borrachera no lo dejó. Lo encerraron en el Altiplano, lo sentenciaron en México a dieciocho años y medio, y en enero de 2007 lo extraditaron a Estados Unidos. En diciembre de ese año, ante una corte de San Diego, lo único que dijo antes de escuchar su condena fue: «En nombre de Cristo, pido perdón por mis pecados». Le dieron cuarenta años.

Higuera y su hermano Gilberto, ‘El Gilillo’, negociaron: cooperaron contra sus antiguos jefes, los Arellano Félix, y en septiembre de 2021 un juez de California aprobó su libertad supervisada. Hoy, según la revisión de su expediente, viven en Estados Unidos. El dueño del barco que desnudó la red pactó y la libró.

Y queda el jefe del clan. Cinco años después del ‘Tolteca’, en agosto de 2006, Francisco Javier Arellano Félix, ‘El Tigrillo’, el último de los hermanos en pie, fue capturado a bordo de su yate de pesca deportiva, el ‘Dock Holiday’, a unas quince millas náuticas de La Paz, en aguas internacionales, por la Guardia Costera de Estados Unidos. Andaba de paseo. Lo condenaron a cadena perpetua. Después, como ‘El Mayel’, como casi todos, cooperó y la perpetua se le redujo a veintitrés años. Los jefes negociaron su libertad en cortes extranjeras mientras en México los marineros enfrentaban su condena.

La fragata que hizo aquel récord, el ‘Rodney M. Davis’, fue dada de baja en 2015 y el 12 de julio de 2022 hundida a cañonazos como blanco de tiro en un ejercicio naval frente a Hawái. Hoy descansa en el fondo del Pacífico, en la misma agua por la que persiguió a los barcos de la droga.

La reconstrucción de esta historia se basa en los expedientes judiciales de la causa penal 156/2001, instruida ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México. 

En la parada de camiones de la Calle 5 y 10 de Tijuana y en el otro extremo de la ciudad, en la zona industrial de Otay, las víctimas se encontraron con el mismo hombre. Era moreno, robusto, de unos 35 años, cachetón, con poco bigote que se hacía llamar ‘El Carlitos’. Recuerdan que llegaba en una panel azul o en un carro blanco viejito y preguntaba lo mismo a la gente que veía en la banqueta: “¿Andas buscando trabajo? ¿Quieres cruzar al otro lado ve’da? 

Identificaba bien a sus víctimas y con su acento norteño medio inentendible les lanzaba sin más el ofrecimiento. Lo recuerda un joven que llenaba su solicitud de empleo en la banqueta de la pizzería Mamamia, en el crucero de la 5 y 10. 

Carlitos se le acercó y le dijo fanfarrón que para qué quería trabajar haciendo pizza, que él se dedicaba a limpiar bodegas de Oxxo, donde tenía seguro social y le pagaban mil 200 pesos a la semana. El joven lo rechazó porque no lo conocía pero Carlitos le dejó su número confiado en que algún día le regresaría la llamada. Y así fue porque la pizzería nunca llamó. Dos días después se subió a la panel azul.

“Platicaba tanto conmigo que no puse atención en el camino”, declararía unos meses después. “Hasta que llegamos a la bodega no supe cómo”. 

Otro hombre, del que no se revela su nombre para protegerlo, lo encontró en el Nido de las Águilas, una colonia al este de Tijuana. Llevaba cuatro días separado de su esposa y estaba deprimido tomando afuera de una tienda, cuando Carlitos llegó, compró cigarros y le hizo la plática. En el cotorreo el hombre le preguntó si no sabía quién cruzaba gente para el otro lado, pues su esposa lo había abandonado y en la ciudad ya no quedaba nada para él.

Carlitos le dijo que sí conocía y que incluso lo podía llevar a donde estaban los coyotes. Pero antes lo llevó a comer unos tacos y le dijo que tenía que hacer una paradita antes de presentarlo con los polleros. Dice que así fue que llegaron a la bodega muy cerca de la Garita de Otay, el cruce fronterizo con Estados Unidos. Carlitos levantó la cortina metálica, donde estacionó el vehículo, lo cual le pareció raro pues le había dicho que tenía que parar rápido.

Unos dos o tres minutos después llegó una van y una panel más grande, de donde se bajaron un grupo de hombres encapuchados y armados. “Me asusté y cuando me quise bajar, Carlitos me dijo que me valía más quedarme quieto”, recordó. 

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA, que reconstruye el caso de los topos del narco de 2013, gracias a expedientes olvidados entre cajones y viejas oficinas públicas. Casos como éste revelan que en México la verdad oficial siempre está en obra negra.

No podían escapar de una bodega

Otro joven recuerda que había llegado de Nayarit buscando a alguien que lo cruzara. En la tienda Centenario de la colonia Terrazas del Valle conoció a Carlitos, que le dijo que cobraría diez mil pesos y que le daría facilidades para pagar. Lo citó a las ocho de la noche y le pidió que llevara un cambio de ropa, lonche y agua. No paró durante el trayecto hasta que llegaron a la bodega. Adentro, Carlitos le ordenó que entregara todo lo que traía. Le quitó el celular, que tenía los números de su tía. 

Otros tres hermanos llamados Lucio, Fernando y Leopoldo Carrera Gallardo llegaron juntos desde Sinaloa con la intención de cruzar al otro lado. En la central de autobuses había un hombre de unos 44 años que gritaba que quién se quería cruzar al otro lado. Era de noche y no lo vieron bien pero subieron al carro blanco. 

Fuera sí que los llevó a una bodega, el hombre les dijo que por ahí los iba a cruzar pero que primero tenían que trabajar. “No podíamos salir de ese lugar”, declaró uno de los hermanos. “Si salíamos nos iban a hacer algo a nosotros o a nuestras familias porque ya los tenían ubicados”.

Adentro, Carlitos era claro y había reglas. Les pedía sus credenciales de elector para tener la dirección de sus familias. Les decía que si intentaban escapar, primero matarían al que corriera y después irían por los suyos. 

Para que nadie dudara, a uno lo sacaron una noche a ver a sus padres. Llegaron a la puerta de su casa sin que él les hubiera dicho la dirección. “Cuando entré, les dije que estaba trabajando en un rancho”, declaró ante el juez. “No les dije la verdad porque tenía miedo que los mataran a ellos y a mí”. Recuerda que pensó que era la última vez que los vería. 

A las cuatro de la mañana le pidió a su padre que lo llevara a la Comercial Mexicana de Los Pinos. El carro blanco de Carlitos ya estaba ahí esperando. “¿Qué les dijiste?”, preguntó cuando subió. Respondió que nada, que lo juraba. Le ordenaron que se callara y agachara la cabeza y así llegó de vuelta a la bodega. Todavía estaba oscuro cuando volvió a cavar.

 Cavar un narcotúnel en la oscuridad

El hoyo tenía diez metros de profundidad y 370 de largo, ochenta centímetros de ancho, luz eléctrica, ventilación y rieles de metal con plataformas para sacar la tierra. 

Una canastilla de fierro hacía las veces de elevador, accionada eléctricamente, con una tapa hidráulica que sólo se abría desde arriba aplastando un botón. Nadie podía salir solo. Diecisiete hombres trabajaban en turnos: de seis de la mañana a seis de la tarde los de día, y de seis de la tarde a seis de la mañana los de noche. Los que terminaban su turno subían a dormir sobre costales vacíos en el segundo piso de la bodega. Los que bajaban al túnel no salían hasta que el turno terminaba.

La tarea era siempre la misma: llenar costales de tierra y pasárselos al compañero de al lado, que se los pasaba al siguiente, que los subía al elevador. Pico, pala, cubetas, rotomartillo. Uno de los esclavos, del que el expediente no revela su nombre, operaba el aparato del elevador, un cuadro de fierro con un pedazo de madera abajo y un cable gris, que servía para subir y bajar los costales. Nunca supo cuánto medía el túnel hacia adelante. Sólo veía lo que tenía enfrente.

Carlitos no siempre estaba. Pero cuando llamaba por teléfono, llegaban los encapuchados. Llegaban sin avisar, a revisar si los catorce hombres estaban trabajando. Si encontraban a alguien sentado, los pateaban y los levantaban.

“A veces nos ponían a trabajar sin oxígeno y hasta vomitábamos”, declaró uno ante el juzgado. “Les dolía la cabeza. Si los encontraban sentados, los pateaban”. A uno que ya no pudo más le dieron tres tablazos con una tabla. A otro le pegaron con un barrote de madera en la espalda y en el hombro. A Lucio Carrera Gallardo le golpearon la cabeza con la cacha de una pistola porque se puso al brinco cuando vio que su hermano estaba también encerrado ahí.

Les prometieron mil 500 pesos a la semana. Nunca pagaron completo. A veces 500, a veces nada. Y ese dinero tampoco llegaba a sus manos: Carlitos se los quitaba y decía que era para la comida. “Padecíamos de hambre. Nos estábamos muriendo de hambre”, declaró uno de los esclavos en su ampliación ante el juez. A veces bajaban dos o tres tortillas para todo el turno. 

Hacían sus necesidades en bolsas de plástico que después sacaban al exterior. Se bañaban con cubetas cuando podían. Uno llegó a durar quince días sin bañarse porque le dolía todo el cuerpo. Dormían sobre costales vacíos, con la misma ropa que traían puesta desde que llegaron. Nadie intentó escapar. Sabían que Carlitos tenía gente afuera cuidando. Y que ya tenían los números y las direcciones de sus familias. Uno de los esclavos lo explicó:

 “Me daba de patadas y amenazas. Me dijo que me iban a matar con todo y familia. No teníamos escapatoria”. Otro agregó: “Nunca nos hablaron de forma normal. Siempre fue con golpes y con palabras insultantes que también dolían. Uno de mis compañeros está hoy día afectado en su mente por todo lo que pasó ahí”.

Así pasaron tres meses. La única vez que uno de ellos salió a la superficie fue cuando los sacaron los militares.

El corredor favorito del Cártel de Sinaloa

El 4 de febrero de 2013, a las tres y media de la tarde, elementos del 28 Batallón de Infantería respondieron a una llamada anónima en Fray Junípero Serra 17603. Carlitos se había ido una hora antes. 

Era la zona industrial de Garita de Otay, el corredor favorito del Cártel de Sinaloa para cruzar droga a Estados Unidos desde hacía ya dos décadas. El terreno arcilloso facilitaba la excavación, las bodegas eran la fachada para cubrir las drogas que más tarde serían cruzadas. 

Desde 1993, cuando agentes federales encontraron el primer super túnel del Chapo Guzmán –que la DEA bautizó el ‘Taj Mahal’ de los narcotúneles–, la organización sinaloense convirtió a Otay en su laboratorio de ingeniería subterránea: rieles, elevadores eléctricos, ventilación, iluminación. 

Para cuando el Ejército entró a la bodega de Fray Junípero Serra, las autoridades mexicanas contaban ya con más de quince túneles descubiertos en ese corredor. Lo que no habían visto antes era lo que encontraron adentro.

Los cinco soldados del 28 Batallón que ingresaron al inmueble encontraron primero, en un cuarto con puerta de madera, nueve paquetes rectangulares de cinta gris con hierba verde y seca. Olían a marihuana. Después encontraron el elevador. Bajaron. Gritaron hacia el fondo del túnel: “¡Ejército Mexicano!”. 

Les preguntaron si tenían armas. Cuatro hombres esperaban en la oscuridad sin saber qué estaba pasando. Cuando por fin escucharon voces y vieron focos desde arriba, uno de los esclavos recordó lo que sintió al declarar ante el Ministerio Público: “Nos dijeron que estábamos detenidos, que no corriéramos. Pero al contrario, nos alegramos. Porque nos habían salvado”.

Los sacaron de tres en tres por el elevador. Catorce hombres en total, cuatro elevadores. Arriba los esperaba el resto: otros tres detenidos que los soldados ya habían encontrado cargando costales en la planta baja. 

Los pusieron a todos de cara a la pared. Fue entonces cuando los militares vieron con sus propios ojos lo que los expedientes judiciales recogen con frialdad: el perito médico que los examinó esa misma noche constató que al menos cinco de los catorce hombres presentaban lesiones recientes en el cuerpo, con menos de quince días de haberse producido. No eran marcas de trabajo. Eran marcas de golpes.

Un esclavo, del que no se revela el nombre en el expediente, declaró ante el juez que en una ocasión no quiso trabajar y que llegó un hombre encapuchado y lo golpeó en la cabeza. “Era chaparro y gordo pero no lo vi bien porque iba encapuchado”, dijo. Otro contó que una vez se negó a seguir porque ya no podía más del cansancio. “Me golpearon con un barrote en la espalda y en el hombro”, declaró. “Las otras veces nos amenazaban con pistola. Desde el principio les dijeron que teníamos que trabajar a fuerza porque si no nos iban a matar”.

Los que estaban despiertos, cuando llegó el Ejército, tenían el cuerpo cubierto de tierra. Los que dormían en el segundo piso los sacaron del cuarto y los pusieron boca abajo en el piso, tapados con su propia camisa para que no vieran. Así los tuvieron varias horas, hasta que los subieron a un camión Mercedes Benz que los llevaría a la Procuraduría General de la República.

“Gracias por habernos liberado del lugar donde estábamos aún vivos”

Dentro del camión, cuatro militares los custodiaban. “Les decían que no querían estar en su lugar”, recordó uno. Llegaron a la Procuraduría ya de noche. Fue ahí, en la oficina donde rindieron su declaración, donde vieron por primera vez los paquetes de marihuana que los militares habían encontrado en la bodega donde ellos estaban encerrados. Ninguno los había visto antes. Ninguno sabía que estaban ahí.

Llegó un médico militar a revisarlos antes de subirlos al camión. Los soldados les dieron de comer de sus propias provisiones. En los careos celebrados después ante el juzgado, el soldado Alfonso Rosas Villalba lo confirmó: 

“Efectivamente, se encontraban hambrientos, motivo por el cual de nuestras propias provisiones los alimentamos y nos agradecieron”. Lo mismo registraron en sus testimonios Elibaldo Hernández Méndez y Manuel Molina Guerra. 

Uno de los catorce, que dijo haber sido militar en otra vida, le aceptó las gracias directamente al captor que lo liberó: “Quiero darle las gracias por habernos liberado del lugar donde estábamos aún vivos”.  Otro esclavo dijo que estaba agradecido con los soldados porque los rescataron de ahí porque sentía que de todos modos los iban a matar.

Esta historia fue reconstruida con las constancias del proceso penal 24/2013 de un juzgado federal en Tijuana, Baja California.

Daniel de Jesús empezó a trabajar para Los Zetas en 2008 allá en Tampico. Dice que se animó porque le prometieron que no habría riesgos: por ese entonces trabajaban con el cártel del Golfo y además quien le hizo la invitación era un viejo conocido de su niñez que le prometió que ganaría 10 mil pesos a la semana. El cargo que le dieron sería de “H”, nombre clave para llamar a los halcones. 

Un mes después, recuerda, lo ascendieron a sicario y lo mandaron a trabajar a Nuevo León, donde halconeaba y escoltaba a los jefes de la plaza. Así anduvo dos años hasta que en 2010 explotaron todo.

Comenzó a librarse una guerra en Nuevo León, en la que Los Zetas dejaron de operar como asociados del Cártel del Golfo y pasaron a ser una organización independiente que les disputó el control de rutas del tráfico de drogas. “Y cuando empezó la guerra, yo me quedé con los Zetas”, dijo. En ese contexto de enfrentamientos diarios y muertes de los líderes, los cabecillas –los hermanos Treviño, Z40 y Z42– empezaron a nombrar jefes de la plaza a cualquier sicario con unos cuantos meses de experiencia que pudiera reemplazar a los asesinados. 

En 2011 a Daniel de Jesús Elizondo Ramírez, ‘El Loco’, lo nombraron jefe de la plaza de Nuevo León, donde tenía a su mando unas 80 personas, camionetas ‘pick-up’ y camiones de tres y media toneladas blindados. Pero Los Zetas colapsaron todo, cuando el 23 de agosto del 2011 incendiaron el Casino Royale de Monterrey, donde fueron asesinadas 52 personas. Sobre estos hecho el ‘Loco’ diría: 

“Un día antes habían dejado en el estacionamiento del casino dos camionetas blindadas, que eran para los mandos de Nuevo León. El dueño del casino le habló al alcalde y se las llevaron. Por tal motivo se ordenó se hablara con el dueño para amedrentarlo y decirle que no se pasara de verga”, revelaría.

Después de aquel episodio, los Treviño sabían que se iba a calentar la plaza y que probablemente el ejército sitiaría todo el estado. Así que tomaron medidas urgentes: al ‘Loco’ y a otras 15 personas los enviaron a un taller de supervivencia con un general del Ejército, quien les dio entrenamiento militar de bastón chino, para usar lanzacohetes, nadar con equipo en ríos, correr en la noche en la selva y cómo utilizar granadas. “Había puros niños de siete, ocho y nueve años de edad”, dijo. 

Si bien ‘El Loco’ había visto mucho, lo que atestiguaría después, la noche del 12 y la madrugada del 13 de mayo de 2012 superaría los niveles de crueldad a los que estaba acostumbrado: aquel día tuvo frente a él decenas de torsos, brazos y manos de personas. Más tarde se sabría que eran 49 personas migrantes que fueron decapitadas y mutiladas por miembros del cártel de Los Zetas. 

Estos son los testimonios de un amparo judicial del caso, de la que se convertiría en una de las masacres más crueles cometidas durante el periodo de Felipe Calderón. Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA, que revela que en México la verdad oficial siempre está en obra negra.

La llamada para un encargo de los Zetas

Era la una y media de la madrugada del domingo 13 de mayo de 2012. A esa hora las carreteras del noreste de Nuevo León pertenecen a otros. Sonó el teléfono cuando un hombre le dijo al ‘Loco’ que le traía un encargo. Primero le dijo que lo veía en el entronque de Los Herrera, pero minutos después volvió a llamar y le indicó que mejor lo veía en el entronque de San Juan, sobre la carretera federal número 40. 

Finalmente ‘El loco’ llegó al lugar y encontró una caravana: dos trocas blancas, una camioneta de tres y media toneladas con la caja pintada de rojo, y otro carro que venía de puntero. Aquella noche se encontró con José Ricardo Barajas López ‘El Bocinas’, quien le reveló que el encargo iba para la plaza principal de Cadereyta Jiménez. Pero Daniel de Jesus le contestó que no, que nadie le había avisado nada de eso. “No, vas a calentar la plaza”, le dijo. Por eso, empezó a marcar directamente a la gente de los hermanos Treviño para corroborar esa información. Nadie contestó el teléfono, así que volvió a marcar. No contestaron otra vez.

‘El Bocinas’ le insistió que la orden era dejarlos en la plaza principal. Al ver su negativa le dijo que no sabía de quiénes eran los cuerpos, pero que estaban ahí para cumplir las órdenes. No hubo más discusión. Desde un camión de volteo, junto a otros hombres los empezaron a bajar con palas ahí mismo, a la orilla de la carretera, en la oscuridad de la libre. Ya venían descuartizados. No eran cuerpos enteros. Eran restos de lo que alguna vez fueron cuerpos. Terminaron dejando un mensaje en un narco manta. Subieron a los vehículos. Tomaron camino rumbo a Cadereyta Jiménez. 

En el camino se cruzaron con cuatro “pandas” –federales de caminos en sus charger– y dos “ratas” –policía federal en pick-up–. Se cruzaron y siguieron de largo. Nadie paró. Nadie vio nada. 

Un hombre identificado como “El Comandante” que era cercano a los hermanos Treviño devolvió la llamada hasta el día siguiente. ‘El Loco’ le contó lo de los cuerpos. Hubo un silencio y después el comandante dijo: “a poco sí, ¿neta?”. Después le reclamó que no controlaba la plaza, que se la pasaba de huevón.

“No tenían piernas, brazos, ni cabeza”

Su identidad ha sido ocultada en el expediente. Lo que se sabe de él es lo que declaró: llevaba apenas dos meses trabajando como halcón para el cártel. Su trabajo consistía en vigilar los movimientos de las policías y los contras. Dice que desde que empezó en esa vida se quedaba en una casa de la colonia Hacienda Real, en el mismo municipio de Juárez, la zona metropolitana de Monterrey. Tenía un punto asignado. Una rutina. Una vida que desde hacía dos meses había dejado de ser suya.

El sábado 12 de mayo de 2012, por la tarde, llegó hasta su punto de vigilancia donde otro integrante de los Zetas le dijo que se subiera a su vehículo, que tenían que irse a jalar. El jefe de plaza había ordenado que se movieran con rumbo a Cadereyta Jiménez. No le explicó más. Ya era la madrugada del domingo 13 de mayo cuando llegaron al entronque de San Juan, donde hay un arco. Ahí, en la oscuridad, ya estaban esperando el jefe de plaza y varios hombres más, algunos conocidos sólo por sus apodos. Entonces vio llegar unas camionetas donde dos hombres ya estaban bajando cuerpos. Su descripción es atroz: no tenían piernas, brazos, ni cabeza.

El jefe de plaza ordenó que ayudara. Se puso guantes de látex en las manos y bolsas de plástico en los pies y empezó a bajarlos. Los aventaba al suelo. Eso dijo: los aventaba. Por órdenes del jefe de plaza los fue amontonando a un lado de la carretera. En algún momento alguien extendió una lona blanca sobre el suelo, junto a los restos.

Cuando terminaron, se subió al mismo vehículo en el que había llegado, con el mismo integrante de los Zetas que lo había recogido horas antes. Volvieron a la casa donde vivía. La noche siguió. Cadereyta aún no sabía lo que iba a encontrar con la luz del día.

La investigación de los agentes federales

El lunes 14 de mayo, Gustavo Illescas Fabila e Ismael Herrera Mondragón, agentes de la Policía Federal Ministerial, firmaron el parte que haría oficial lo que ya medio Nuevo León sabía a través de las noticias. Se trasladaron a la carretera libre Monterrey-Reynosa, en la entrada de una comunidad rural de Cadereyta Jiménez.

Ahí estaban: 49 torsos humanos. Seis de sexo femenino, 43 de sexo masculino. Abandonados sobre el asfalto, a un costado del módulo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Cuando Illescas Fabila y Herrera Mondragón llegaron ya había un despliegue en el lugar: elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal, la Procuraduría estatal. El fiscal del orden común les dijo que los restos habían sido encontrados alrededor de las dos de la madrugada.

Junto a ellos, yacía una cartulina con un mensaje que se adjudicaba al grupo criminal de Los Zetas: “ESTO VA PA TODOS LOS GOLFOS, CHAPOS, MARINA, HUACHOS Y TODO EL GOBIERNO NADIE NOS VA A PODER HACER NADA SE LA VAN A PELAR ATT ‘EL LOCO’ Z40 Y COMANDANTE LAZCANO (sic)”. 

En una de las columnas de la entrada a San Juan, alguien había pintado con aerosol negro una letra Z. Alrededor de los torsos se marcaron 35 evidencias: material que al parecer había servido para envolver los cuerpos durante el traslado.

Los agentes fueron al rancho más cercano. Tocaron la puerta. Nadie abrió. Se movieron a la comunidad contigua y entrevistaron a los habitantes. Todos dijeron lo mismo: que no conocían a nadie involucrado con grupos delictivos, que no se habían percatado de quién dejó los cuerpos en la entrada de su comunidad. Nadie vio. Nadie oyó. Illescas Fabila y Herrera Mondragón siguieron recorriendo distintos tramos de la libre Monterrey-Reynosa. No encontraron a nadie cometiendo conductas delictivas. Nada. Después se trasladaron al Servicio Médico Forense.

Las 49 víctimas que no tienen nombre ni voz

El martes 15 de mayo, dos días después de la masacre, un halcón estaba en su punto. Un estacionamiento de tienda en un cruce de avenidas en Juárez, Nuevo León. Su trabajo: mirar. Eso hacía cuando llegó una camioneta ‘pick-up’ color gris. 

Los reconoció de inmediato. Trabajaban para el mismo grupo. Eran tres personas: un hombre alto, moreno, delgado, con corte tipo cholo y la cara con cicatrices; otro más bajo, también delgado y la cabeza grande; y una mujer de complexión media, pelo corto y negro. No venían a buscarlo. Venían a comer tacos en un puesto de la misma avenida. El halcón se acercó a saludarlos y entonces los escuchó. Hablaban en voz alta, sin bajar el tono, como quien cuenta una hazaña de fin de semana. Decían que habían ido a hacer un desmadre a una comunidad de Cadereyta Jiménez. Que habían tirado los cuerpos de una multitud de personas desde un camión de volteo. Eran más de 40. Que lo habían hecho por órdenes de alguien que mencionaron por apodo. Que habían sido varios. Fue la madrugada del sábado.

El halcón no necesitó que le explicaran más. El domingo por la mañana había visto las noticias: 49 torsos en la entrada de una comunidad rural, a un costado de la carretera libre Monterrey-Reynosa. Lo que esos tres contaban entre bocados de tacos era exactamente eso. 

Del expediente no se sabe mucho más sobre quiénes eran las 49 personas que terminaron en esa carretera. Las víctimas no tienen voz en este expediente. Sólo aparecen por los bordes, en los testimonios de quienes las buscaban.

Un padre declaró que una persona que dijo ser de los Zetas le llamó para decirle que tenían a su hijo, que estaba desaparecido. Le pidieron un rescate de un millón de pesos. Él les dijo que no tenía esa cantidad.

Otros familiares supieron después que su hijo también estuvo secuestrado. Alguien le dijo: mira, te vamos a dejar ir, vamos a hacer como que no pasó nada, tú no sabes nada, pero tú corres y te vas, yo te voy a soltar, yo debo mucho, no importa que me maten. Dicen que su hijo salió corriendo y lo vieron los demás sicarios. Que le cortaron un pie por haber corrido. Después una mano. Al último la cabeza. La familia contó que les tomaron muestras de ADN de su padre y que estaban cien por ciento seguros de que era él, por lo que lo trasladaron a Tamaulipas para enterrarlo.

Otra familia, originaria de La Paz, Honduras, dijo que su hijo llamó dos veces. La última vez fue desde Tamaulipas, el 8 de mayo, cinco días antes de que los encontraran. Llamó para pedir dinero. Contestó una hermana. Les dijo que necesitaba el dinero para pagarle a Los Zetas porque se lo estaban pidiendo. Que los iban a trasladar de un lugar que se llama Tío Beto, el día domingo. La hermana le envió 650 dólares. Fue la última vez que supieron de él.

La muerte anónima de una fosa común

Lo que vino después de la masacre fue, en muchos sentidos, una segunda ejecución. El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, dijo que sería imposible identificar esos restos.

Horas después del hallazgo, los hechos fueron calificados como “arreglo de cuentas” entre grupos delincuenciales. La primera versión oficial criminalizó a las víctimas. Como quedaría demostrado después gracias a la identificación de poquítisimos cuerpos, las víctimas eran migrantes que habían desaparecido en Tamaulipas. 

En términos de reparación del daño, las familias de las víctimas ya identificadas en Honduras, Guatemala, Nicaragua y México, han denunciado que a 13 años siguen esperando respuestas y reparación.

En 2020 tanto el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (Cofamicenh) y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) revelaron que en 2018, la Fiscalía de Nuevo León envió el expediente original del caso a la Fiscalía General de la República por paquetería. La empresa Redpack destruyó el expediente y las evidencias. La Fiscalía de Nuevo León no informó de esta situación sino hasta un año y dos meses después. Entre las evidencias destruidas estaba la manta que Los Zetas dejaron junto a los cuerpos aquella madrugada. El único objeto que firmaba la masacre se perdió en una caja de cartón en una bodega de paquetería.

Desde la masacre de Cadereyta, en 13 años sólo se han logrado identificar a 19 de las 49 víctimas: 12 hondureñas, una guatemalteca, cuatro mexicanas y dos nicaragüenses. Ninguna de las seis mujeres ha sido identificada. No hay sentencia ni esclarecimiento de cómo ocurrieron los hechos, desde la desaparición de las víctimas hasta el hallazgo de sus restos en Nuevo León.

Actualmente solo han sido detenidos Daniel de Jesús Elizondo Ramírez Asunción Hernández López, José Ricardo Barajas López y otros cuatro sicarios de bajo rango: Alberto Daniel Silva, alias ‘El Chaparro’ o ‘El Tikitiki’, de 22 años; Juan José Escobedo Morales, de 18 y Javier Andrade Tavera, de 24, ​​Asunción Hernández López alias ‘El Veracruz’, de 23 años. Pero todos aseguraron que sólo obedecieron órdenes de Los Zetas. 

Nueve días después de los granadazos en Morelia, Michoacán, un teléfono timbró en las oficinas de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo en la Ciudad de México. “Quiero denunciar a las personas que aventaron las granadas”, dijo un hombre con acento norteño. “Lo que hicieron no tiene madre”. 

El informante sabía dónde encontrarlos con exactitud: una casa en construcción con portón blanco de lámina, junto a un campo de fútbol en la sierra de Antúnez, Apatzingán. “No hay pierde”, dijo y colgó. 

Al día siguiente, tres agentes federales –Armando Javier Rojo Aguilar, José Martín Zarza Escamilla e Ignacio Moreno Aguilar– se adentraron en la sierra siguiendo las coordenadas. Y cuando llegaron, todo estaba ahí: el portón, el campo, la casa a medio construir. Según sus primeros informes, al interior encontraron a tres hombres esposados de las manos, con el rostro vendado, como si los hubieran dejado ahí envueltos para regalo.

Los agentes dijeron que los tres confesaron de inmediato: trabajaban para Los Zetas y este cártel les había pagado para explotar las granadas en la plaza de Morelia durante los festejos del 15 de septiembre de 2008. Pero que sus jefes en un acto patriótico los habían amarrado y dejado en esa casa para que la policía los encontrara.

Esa historia perfecta escondía otra verdad que tardaría años en revelarse: todo había sido un montaje ideado por Mario Arturo Acosta Chaparro, el asesor de inteligencia del gobierno de Felipe Calderón, un militar con un pasado oscuro ligado a la represión de la Guerra Sucia en los años setenta.

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA que reconstruye esta historia a través de las declaraciones de sobrevivientes, testigos protegidos y los acusados, y revela lo que sucedió aquella noche en Morelia, cuando las granadas estallaron durante el Grito de Independencia. Una tragedia que cambió el rumbo de la “guerra contra el narcotráfico”.

La noche del atentado en Morelia se sintió como “radiación”

Pasadas las once de la noche del 15 de septiembre de 2008, el gobernador Leonel Godoy Rangel dio el Grito de Independencia desde el balcón del Palacio de Gobierno, mientras la plaza Melchor Ocampo, rodeada de edificios de cantera rosa, se desbordaba de familias que esperaban ver con ansias cómo los fuegos artificiales iluminaban el cielo de la capital michoacana. 

Viridiana Bucio estaba parada entre esa multitud y a pesar de tener la pierna fracturada quería ver los cohetes, recuerda que fue justo después de las campanadas de la iglesia cuando se escuchó el estruendo.  “Tronó algo muy feo”, diría. 

Víctor Díaz, que estaba a unos metros de ella, también vio algo extraño: una luz que bajaba del cielo como si fuera un cohete perdido. Enrique Rodríguez, muy cerca de él, dice que lo vio como una “especie de pelota”, cayendo, que cuando tocó el piso se vino la explosión.

Abel García, otro testigo, dirá después que aquella noche cuando cayeron los granadazos se sintió “como una radiación”. 

Angélica Bucio, una mujer que estuvo ese día, dijo que vio el momento exacto en que un hombre aventó con la mano un objeto como de diez centímetros, que voló de atrás hacia adelante y pegó en la cabeza de un señor que estaba muy cerca de ella.

Belém Zavala dice que ella sintió la explosión como un golpe en la cabeza que la dejó aturdida y que cuando abrió los ojos vio a la multitud tendida sobre la plaza. Unos estaban desangrados y a otros les faltaban las extremidades del cuerpo. 

Martín Inocencio, un vigilante del Hotel Fénix que estaba a unos metros de la plaza, dice que después de las granadas, vio cómo se elevaba una nube de humo blanco de un metro de altura.

Ocho personas murieron ese día y más de cien resultaron heridas. Los forenses llegaron a la conclusión de que los fragmentos metálicos de las granadas habían penetrado cráneos, causado laceraciones de arterias, amputaciones de miembros y hemorragias masivas. 

Las primeras declaraciones del atentado en Morelia

Once días después del atentado, en las primeras horas del 26 de septiembre de 2008, los tres hombres que habían sido encontrados amarrados en aquella casa de Apatzingán confesaron. 

El primero en hablar fue Alfredo Rosas Elicea, de 35 años, quien relató que para él todo había comenzado el día 13 cuando unos conocidos que trabajaban para Los Zetas llegaron a su casa en construcción en Lázaro Cárdenas. No se anduvieron con rodeos y le propusieron arrojar granadas en Morelia a cambio de cien mil pesos. Le dijeron que querían “calentar la plaza y que le echarían la culpa a la Familia Michoacana”. 

Una hora después declarará Juan Carlos Castro Galeana, quien dijo que trabajaba para Los Zetas desde hacía cinco meses. A él le dijeron que una persona llegaría desde la Ciudad de México para adiestrarlos en el lanzamiento de granadas en Playa Jardín, en las afueras de Lázaro Cárdenas. 

El último en declarar sería Julio César Mondragón Mendoza, que contó que dos días antes de los atentados un integrante de Los Zetas le había ofrecido “un jale en Morelia” por cien mil pesos. 

Ya en la ciudad, les explicaron que las granadas se tenían que aventar para “causar temor” y hacer quedar mal a La Familia Michoacana y que Los Zetas estaban enfurecidos: La Familia los había sacado de Lázaro Cárdenas y de otros poblados de Michoacán, y querían venganza. Les dijeron que debían lanzarlas “donde no hubiera tanta gente” y que la señal sería cuando oyeran los cohetes “para que no se escuchara tanto”. Pasadas las once de la noche lanzaron sus granadas hacia la plaza. 

Las evidencias que liberarían a los presuntos culpables

Meses después los tres hombres se retractaron y contaron una historia completamente distinta. Alfredo Rosas Elicea narró que ese 15 de septiembre se levantó a las ocho de la mañana y trabajó todo el día en una casa en construcción. Alrededor de las siete de la noche recibió una llamada de una amiga que estaba en un supermercado.

Pasó por ella, la condujo a su casa y regresó a la suya como a las ocho y media. Cenó tranquilo y a las nueve salió a ver una pelea de box en su terreno, después pasó por el centro y llegó a su casa a la una y diez de la madrugada. Era imposible que hubiera estado en dos lugares al mismo tiempo.

El verdadero horror comenzó una semana después. El 23 de septiembre, alrededor de las once de la mañana, Alfredo llegó en su Tsuru rojo a su casa y vio que afuera había una camioneta café estacionada. Cuatro hombres lo detuvieron, lo subieron a su propio carro en la parte trasera y le agacharon la cabeza hasta las rodillas. Alcanzó a escuchar por radio: “¡Ya levantamos a este güey!”.

“En los lugares donde me tenían secuestrado me presionaron para que me echara la culpa”, declaró ante el juez. Durante el cautiverio escuchó que en otras habitaciones golpeaban a otros hombres que gritaban y lloraban. Cuando lo trasladaron a la Procuraduría General de la República (PGR), su estado era tan grave que tuvieron que enviarlo a un hospital, donde permaneció varios días internado. 

Juan Carlos Castro Galeana contó que el 18 de septiembre de 2008, tres días después de los atentados en Morelia, estaba en un taller mecánico cuando, de pronto, pasó una camioneta Mitsubishi blanca sin placas. Se bajaron dos hombres y le dijeron “Súbete a la camioneta”.

Lo subieron a la parte trasera, le taparon la cabeza y comenzaron a golpearlo. Se internaron en una huerta y lo bajaron. Le acercaron las armas a la cabeza y cuando uno estaba a punto de matarlo, otro intervino: “No lo mates, a este le vamos a sacar más provecho, vamos por la recompensa”.

Lo llevaron a una casa donde le mostraron videos donde le cortaban la cabeza a una persona y le dijeron con toda calma que a él le iban a cortar dedo por dedo y brazo por brazo. “Y también a tu familia, ¡hijo de la chingada!”. Aterrorizado, les contestó que haría lo que fuera con tal de que pararan. 

Ahí le dijeron que tenía que echarse la culpa de los granadazos. “Repetía lo que ellos me decían. Si me equivocaba me golpeaban. Volvía a repetir hasta que decía exactamente lo que querían”. Escuchaba a otras dos personas siendo torturadas en cuartos contiguos, así que les gritó a través de las paredes: “¡Digan lo que ellos quieran para que ya no los sigan golpeando!”.

En algún momento escuchó a sus captores platicar entre ellos: “La gallina ya está lista para el caldo”. Los bañaron, les cambiaron de ropa y los llevaron a una casa donde los dejaron tirados en el suelo y amarrados. Ahí estuvieron hasta que llegaron los tres agentes y les preguntaron quiénes eran. Los torturadores les habían dado instrucciones precisas: debían contestar «Somos Zetas». Y eso hicieron.

El supuesto hombre que lanzó una granada desde arriba de un árbol

Julio César Mondragón Mendoza contó que a él lo secuestraron el 21 de septiembre. Eran las tres de la tarde y estaba afuera de su casa lavando un carro. Llegaron cinco hombres armados en una camioneta blanca y le dieron un cachazo en la cabeza que lo dejó inconsciente. Cuando despertó tenía los ojos vendados. Escuchaba voces que le decían: “Si no te echas la culpa de las granadas, te mataremos a ti y a tu familia”.

La acusación contra Julio César era particularmente absurda. Las autoridades lo señalaron como el hombre que había lanzado una granada desde arriba de un árbol en la plaza Melchor Ocampo de Morelia. Pero Julio César padecía poliomielitis desde niño. Era físicamente imposible que pudiera subir siquiera a las jardineras de la plaza, mucho menos trepar un árbol.

Más tarde en septiembre del 2008, Raúl Espinosa de los Monteros, el abogado de defensa, señalaría en la prensa que todo había sido una fabricación de Mario Arturo Acosta Chaparro – asesor de inteligencia del gobierno de Calderón–, quien fabricó junto con La Familia Michoacana y la PGR la detención de los tres inculpados. 

Los tres fueron liberados en mayo de 2015 por un juzgado en Jalisco debido a la falta de pruebas por parte del Ministerio Público federal y la tortura físicos y psicológicos a los que fueron sometidos.