Salieron del cuartel poco antes de las 5 de la tarde del 23 de enero de 2009. Era una de esos días de invierno norteño en el que el sol empieza a caer antes de tiempo sobre el Pacífico. El viento gélido que venía del mar llegaba hasta la carretera escénica, que va de Ensenada a Tijuana, y se colaba entre los uniformes. Los militares habían sido alertados: muy cerca de una comunidad de gringos riquillos con yates, se celebraba una fiesta de narcotraficantes en el complejo turístico Baja Seasons.

Entonces ya les había llegado la orden a través de un documento, “Directiva para el combate integral al narcotráfico 2007-2012”. Lo que parecían pilas de papeles burocráticos eran las indicaciones para seguir con las operaciones de la “guerra contra el narco”, que había iniciado el expresidente Felipe Calderón.

Se le había ordenado al Ejército patrullar las carreteras transpeninsulares de Baja California, acompañados de otra corporación que los ‘respaldaría’ en caso de una balacera: la Policía Federal. Pero después se sabría que ésta ya estaba corrompida hasta la médula.

Presentacion de Hector Manuel Valenzuela integrante de la organizacion de Santiago Meza Lopez, El Pozolero | CUARTOSCURO

Según la versión oficial así fue: desde la carretera pudieron ver a una multitud de hombres que festejaban en una de las palapas del lugar, mientras bailaban y cantaban con sus armas largas a un costado. Cuando los militares corrieron hacía ellos, un grupo de hombres se subió a las trocas –y confiando demasiado en ellas– intentaron escapar por la playa. Pero muy pronto quedaron atascados en los arenales negros.

Ese día en una de las camionetas fue detenido Héctor Manuel Valenzuela Lobo, quien más tarde confesaría que trabajaba como cocinero para líderes de un cártel. Lo acompañaba una jovencita de 16 años que era trabajadora sexual. A ellos les encontraron un chaleco antibalas en el asiento del conductor y del lado derecho una carabina DSA, la versión belga del rifle AR-15.

De otra camioneta bajaron a un hombre llamado Santiago Meza López, traía dos granadas de mano de fragmentación, un fusil HK91 y hasta una Barret, esa arma capaz de alcanzar aviones hasta el cielo.

“Dijo llamarse Santiago Meza López […] que era Ejecutor o Pozolero y, al preguntarle a qué se refería, manifestó que metía los cuerpos de las personas ejecutadas a un tambo con agua y sosa, dejándolos aproximadamente 24 horas o más hasta que se desintegraron por completo”, declararía uno de los militares.

El Teo era uno de los miembros más sanguinarios del Cártel de Tijuana. | Cuartoscuro

Aquella tarde de invierno, Meza López confesaría que trabajaba para un hombre llamado Eduardo Teodoro García Simental, El Teo, uno de los narcotraficantes más sanguinarios en la historia del narco, primero empleado de los Arellano Félix y más tarde de Joaquín El Chapo Guzmán.

Estos son los detalles inéditos de un expediente judicial del caso de Santiago Meza López. Confesaría que había disuelto a 300 personas en sosa cáustica por 500 dólares a la semana. La prensa lo bautizaría como El Pozolero. Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA con declaraciones de testigos protegidos y protagonistas de esta historia siniestra, que revela que en México la verdad oficial siempre está en obra negra.

Las autoridades tuvieron un primer aviso de El Pozolero

Santiago Meza se convirtió en el rostro de una de las realidades más crudas del país: la crisis de desaparecidos | AP

Llamaron al Ministerio Público Federal la mañana del sábado 24 de enero de 2009. El anunció fue escueto pero como tequila derecho: tenían detenido en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de Tijuana a un sicario que había trabajado para los Arellano Félix y luego para El Cártel de Sinaloa. El MP dijo que se metió a internet, tecleó su nombre y así se enteró: “Capturan a presunto narco, confiesa haber matado a 300”, leyó.

Más tarde, gracias a su confesión y la de un grupo de testigos protegidos, el MP conocerían más detalles, que hoy pueden leerse gracias a un expediente del año 2024 en el Poder Judicial de la Federación, en el que se narran detalles siniestros de estos actos tan atroces que hoy, por primera vez, se sabe fueron conocidos por la autoridad un año antes de la detención de Santiago Meza López.

Un testigo colaborador de la PGR declararía el 29 de octubre de 2008, que a mediados de 2000 el Cártel de los Arellano Félix comenzó a reclutar banderas, una especie de halconcillos que les avisaban si había movimiento de militares y policías. Nadie como los de adentro para pasarles información, por eso reclutaban agentes de la Policía Municipal de Tijuana, que cobran doble nómina. Él era uno de ellos.

Dijo que con el tiempo los policías municipales incluso eran convocados a participar en secuestros de empresarios y hasta en robos de bodegas donde otros narcos de fracciones rivales almacenaban sus drogas.

Sería justo uno de estas banderas quien revelaría un detalle esclarecedor: contó que había sido integrante del Cártel de los Arellano Félix en 2002 cuando tenía sólo dos meses de haber renunciado a la Policía de Tijuana. Dijo que al principio andaba en las calles alertando por radio si había movimiento de militares y que por entonces sabría de otros agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y del Ministerio Público que estaban corrompidos por los Arellano Félix.

Hoy se sabe que este testigo protegido declaró y alertó que en 2008 –cuando fue detenido– había conocido a un hombre de unos 50 años, bajito, más o menos de un metro 65, de bigotito y cabello bien negro que hacía algo atroz: “Pozole”.

La descripción física de Santiago Meza estaba en poder de la PGR un año antes de su detención | EFE

Con detalles dijo que había conocido a un hombre que era el encargado de meter en un tambo con ácido a las personas que secuestraban los del cártel. Una confesión aterradora que fue ignorada. No hay registros de que el Ministerio Público Federal hubiera indagado más. Sería hasta enero de 2009, gracias a una denuncia ciudadana, que lograron la detención por casualidad de El Pozolero.

Los encuentros con Meza López en un galerón de Tijuana

Un día después de la detención de Santiago Meza López, otro testigo colaborador se sentó en la mesita de comparecencias del Ministerio Público Federal. Como ocurre en una película de Hollywood, le pusieron unas fotografías a la vista. En ella aparecían cuatro policías y tres hombres que habían sido detenidos.

En una de esas imágenes que le mostraban aparecía un hombre de bigote negro y camisa gris de manga larga. Era Santiago Meza López. Según su testimonio, el testigo lo conoció a finales de diciembre de 2003, en una posada navideña que organizó alguien del cártel de los Arellano. Dice que ahí se enteró que se encargaba de hacer “pozole humano”.

Ficha de detención de Santiago Meza, conocido como ‘El Pozolero’. Foto: (Especial)

En 2005 volvió a verlo en una bodega en la que guardaban bloques de marihuana que llevarían más tarde a Estados Unidos, era una especie de galerón con un entrepiso y un bañito. Mientras platicaban al fondo alcanzó a ver unos tambos metálicos, de esos a los que les cabían unos 200 litros y a un costado una bolsa de sosa cáustica.

“Vi que había una manguera conectada al desagüe con la finalidad de limpiar el drenaje, porque acababa de tirar todo el líquido de un pozole o sea lo que quedó después de meter a una persona a la sosa cáustica […], lo hacían con la finalidad de que el drenaje no se carcomiera y no se deshiciera. La manguera con agua la dejaban unas cuatro o seis horas corriendo en el drenaje”, declararía.

Meza López le contó que esa noche iba a ser larga. El testigo recuerda que mandó a comprar bastantes kilos de sosa cáustica, para seguir haciendo “pozole”. Y en 2006 volvió a saber de él cuando los jefes le ordenaron entregarles “carne fría”, los cuerpos de los ejecutados esa semana por el cártel.

Diversos miembros de los Arellano Félix admitieron haber conocido a El Pozolero | Reuters

Este testigo protegido corroboró el primer dicho de El Pozolero: que se le pagaba cada semana 500 dólares. “Cuando se le cargaba la mano a Santiago con el pozole le mandaba 500 dólares extra por cadáver, esto como una forma de recompensarlo por lo que hacía”. Aseguraría que incluso conoció a su ayudante, un hombre al que enviaba a la misma ferretería de la Zona Norte de Tijuana, el barrio donde le vendían la sosa y donde a pesar del volumen de compras nadie le preguntó para qué la quería.

“Cada que había cadáveres y me hacían referencia a que querían desaparecerlos, me mandaban a que escoltara dichos cadáveres para entregárselos al Pozolero y ya una vez teniéndolos él se encargaría de meterlos en tambos con ácido para que no quedara huella de éstos”, dijo el testigo protegido.

Las paradojas del narco: al dueño de esa primera bodega donde disolvieron los cuerpos, un día del año 2006 los jefes lo mandaron a ejecutar y le pidieron a El Pozolero que lo disolviera en uno de esos tambos. Se convertiría en uno de los 300 cuerpos: “Lo desaparecieron en un pozole en la misma bodega de su propiedad”, dijo este testigo.

Otro integrante del cártel confesaría que cuando conoció a Santiago Meza López cerca del año 2007, le dijo “que no me preocupara, él tenía seis o siete años haciendo lo mismo… desapareciendo cuerpos”.

Las 300 víctimas de El Pozolero no han sido identificadas

Familias de desaparecidos acudieron a los predios donde Santiago Meza operaba | Cuartoscuro

Aunque al día de hoy las autoridades no han logrado identificar quiénes fueron esas 300 personas que fueron disueltas en sosa cáustica, los testigos protegidos revelaron información valiosa: aseguraron que entre los muertos está un empresario del ramo gasolinero de Tijuana, que al parecer había sido interceptado por policías corruptos que intentaron secuestrarlo. Entre los secuestradores estaba una mujer policía, quien pidió el favor al cártel de que “lo hicieran pozole” para así evitar futuras declaraciones en su contra.

Este testigo también diría que Santiago Meza López no sólo recibía cuerpos de gente muerta. Hubo un caso en que “fueron entregadas al Pozolero en vida y hasta la fecha que yo sepa se encuentran en calidad de desaparecidas”; sin embargo no revela el año en que ocurrieron estos hechos. Según la declaración de otro testigo protegido, el último lugar donde El Pozolero disolvió a cientos de personas, fue en un lugar llamado La Gallera, localizado en la zona este de Tijuana.

Uno de los empleados del cartel tenía comisionado llevar los cuerpos a La Gallera, dice que lo hacía en paneles grandes y cerrados, y variaba la cantidad por semana: unas veces eran cinco, y otras fueron hasta doce. En este lugar que era un rancho, los tambos tenían capacidad de 200 litros, hechos de lámina y conectados uno sobre el otro, soldados formaban un tambo de 400 litros con un sólo fondo.

“Todos los lugartenientes […] que iban a deshacer cuerpos me los entregaban a mí para que yo se los hiciera llegar a Santiago. Cada cuerpo que yo le entregara le daba 500 dólares, había veces que por mes hasta cincuenta cuerpos se le entregaban, ya como dije venían de varios lugartenientes de la organización”.

En La Gallera también se hizo una fosa improvisada, una especie de barranco que estaba a espaldas del rancho, con unos veinte metros de profundidad y unos treinta o cuarenta metros a la redonda; en ese lugar tiraban “los desechos”, echaban basura encima, luego gasolina y le prendían fuego. Así se deshacían de los restos que quedaban.

No supo quiénes eran ni cómo murieron

Más de cinco mil huesos humanos fueron encontrados en un predio baldío denominado la “Gallera”| Cuartoscuro

Santiago Meza López jamás ha dado una declaración o hablado con la prensa. Ha estado recluido en penales de máxima seguridad donde el acceso a él es prácticamente imposible. Sin embargo, en un expediente de amparo presentado en 2024 –y que se resolvió el 23 de abril de 2025– es posible conocer más de su versión a casi 16 años de su detención.

Primero, no negó los trabajos “de velador y de deshacer cadáveres”, pero dijo que los hizo de manera esporádica. Lo que sí juró fue que nunca portó armas de fuego o explosivos, por lo tanto la versión histórica de los militares del día de su detención es falsa, asegura.

Dice que ni siquiera fue detenido el 23 de enero, si no el 22 de a las 2 de la tarde en Ensenada. Que ese día fue trasladado a Tijuana por parte de los elementos del Ejército y que durante varias horas lo torturaron los de la AFI. Más tarde lo llevaron a las instalaciones del Ejército en el Cuartel Militar, donde le pusieron fotografías a la vista, y a punta de madrazos le dijeron que tenía que decir que había desaparecido a 300 personas.

Peritos de la PGR en las labores de detección en el predio La Gallera, en Tijuana.

Lo llevaron a la PGR en Tijuana y el sábado 24 en la madrugada llegó un médico que al acreditar que estaba en mal estado, le “bajaron” y lo dejaron de golpear. Luego lo trasladaron a la Ciudad de México, a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Después de su arraigo, llegó a El Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, en ese momento el reclusorio de más alta seguridad del país.

Hoy asegura que el apodo de El Pozolero nunca existió y dejó entrever que prácticamente fue un invento: “Jamás admití ser reconocido con esos apodos”, dice. Dijo que nunca conoció la identidad de las personas que “pozoleaba” y que “nunca se enteró cómo fue que murieron”.

En este amparo la defensa presentó los resultados de un Protocolo de Estambul que concluyó que Santiago Meza López ha perdido el interés en las relaciones interpersonales, que hay una falta de contacto con emociones, sentimientos y necesidades; también tiene pensamientos obsesivos, rasgos de depresión, tendencia a la somatización y lo más grave: al suicidio.

Actualmente está recluido en el penal de Centro Federal de Readaptación Social número 18-CPS Coahuila.

Laura Sánchez Ley 

A un año y seis meses de que se integrara el llamado Equipo Especial de Investigación y Litigación para el caso Luis Donaldo Colosio Murrieta se han interrogado a 99 personas, de los cuales se encuentran testigos de la detención de Mario Aburto Martínez, peritos y hasta policías involucrados en el asesinato. 

A pesar del hermetismo con que se ha manejado, Archivero obtuvo a través de un recurso de transparencia un informe que revela que desde el pasado 5 de abril del 2022 se inició la nueva  investigación a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos instalada en 2019 y que entre sus atribuciones, se encuentran, hechos relacionados con torturas. 

En el informe revelaron por primera vez que, hasta el momento, han sido interrogadas casi un centenar de personas entre las que se encuentran 45 peritos, 24 testigos y 19 policías, todos ellos relacionados con una averiguación previa que ya había sido abierta en febrero de 1995. 

La Fiscalía explicó que hasta el momento el equipo integrado por 18 personas trabaja en la investigación número SE/003/95 y que han realizado en 17 meses 472 diligencias, es decir actos y movimientos que han dejado constancia documentada, con la finalidad de reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos. 

Aunque las identidades de los interrogados se guardan bajo llave, este diario ha revelado nombres de abogados que han sido llamados a declarar así como de personal de la PGR que laboraba en Tijuana el 23 de marzo de 1994 y un defensor de derechos humanos. 

Los interrogatorios se han extendido durante más de ocho horas y entre las preguntas que se les han realizado se encuentran si fueron testigos de los movimientos de Mario Aburto entre las 5 de la tarde del 23 de marzo y las 6 de la mañana del día 24 de 1994. También se ha indagado en la presencia de actores políticos como Manlio Fabio Beltrones, Diego Valades Rios, entre otros. 

Paradójicamente, pese a que la Fiscalia  investiga actos de tortura a Mario Aburto Martínez, por otra parte se esfuerza en evitar su liberación: la primera semana de diciembre logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptara la revisión de una impugnación contra el amparo que lo dejaría en libertad el próximo 23 de marzo de 2024, retrasando con ello que salga de prisión. 

Historia de una investigación

Habían pasado casi 12 meses desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas y para entonces el proceso judicial era un caos. Ya se había creado una fiscalía especial y el primer titular había renunciado: Miguel Montes García, quien primero se dejó llevar por la teoría del complot, para después retractarse y asegurar que solo había un asesino solitario, Mario Aburto Martínez.

Era febrero de 1995 y para ese día también había renunciado la segunda fiscal. Olga Islas Mariscal, quien el 31 de octubre de 1994 logró la sentencia de 42 años para Aburto, en medio de un caos mediático y la sospecha de la gente sobre si realmente había fraguado solo el asesinato. 

Para el 24 de febrero de ese año ya se había convertido en tercer fiscal el ex mecanógrafo Pablo Chapa Bezanilla. Fue él, quien contradijo la versión de sus antecesores y aseguró que el asesinato era producto de un complot y que el segundo tirador era un humilde chofer llamado Othón Cortez. Más tarde se comprobaría que eso fue una mentira. 

Sin embargo, fue durante su gestión que se iniciaría el 24 de febrero de 1995 la averiguación previa SE/003/95. Según el informe judicial revisado por este diario, el expediente fue abierto el 24 de febrero de 1995 para continuar con las investigaciones del homicidio, a la par de practicar nuevas diligencias, es decir, interrogatorios y más. 

En esta averiguación, por ejemplo, se recabaron 61 testimonios de personas que presenciaron la caída de Colosio cuando le dispararon, la posición de Aburto y el candidato durante el atentado, así como su colapso en el piso. 

También fue el documento que intentó reconstruir con mayor exhaustividad la cronología de hechos sucedidos durante la estancia de Mario Aburto en las instalaciones de la PGR en Baja California. 

Fue a través de ella que se estableció que se mantuvo a Aburto de las 17:30 horas del día 23 de marzo a las 6:45 horas, aproximadamente, del día 24 de marzo de 1994. 

Durante esas 13 horas y 15 minutos se desarrollaron los principales actos, que concluyeron con la remisión del expediente a la Ciudad de México para su consignación. En su momento la Fiscalía Especial aseguró que a través del expediente SE/003/95 es que lograron esclarecer en forma lógica muchos de los señalamientos, e incluso de las especulaciones y sospechas, en torno al autor material del crimen y el homicidio mismo.

“La descripción sucesiva de hechos permite, además, ubicar distintos acontecimientos que se fueron sucediendo, que en forma separada tienen una compleja explicación, pero a la luz de su conjunto se pueden visualizar con mayor claridad. Aun cuando la mayoría de las horas señaladas en esta cronología pueden no ser exactas o precisas, atendiendo al recuerdo borroso de los testigos por el tiempo transcurrido”, reconocieron. 

En esta averiguación previa también pueden encontrarse el acta de nacimiento de Aburto, su fe de bautizo, documentos encontrados en un baúl que supuestamente era de su pertenencia, pertenencias de su padre, Rubén Aburto, correspondencia familiar, dos cartas anónimas de 1999, dictámenes de audio y video elaborados por  Michael Kasis Petraki, un perito de voz, entre otros. 

Es esta la averiguación previa que refiere, que  investiga, el Equipo Especial de Investigación y Litigación para el caso Luis Donaldo Colosio Murrieta en respuesta a la solicitud de acceso a la información realizada por Archivero. 

Poco personal, poco presupuesto

Aunque fue hasta julio del año pasado que la Fiscalía General de la República anunciara la reapertura del Caso Colosio, fue el 5 de abril del 2022 que arrancó oficialmente esta investigación que intenta esclarecer qué pasó el 23 de marzo de 1994, luego de ser asesinado el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio.

Sin embargo, desde ese día solo se reveló que quien estaría a cargo del equipo sería Abel Galván Gallardo. Y no más. Pero en el reporte que entregaron revelan que hasta el momento trabajan 18 personas en la investigación. 

Un Fiscal Especial en jefe, con un asistente, un Subcoordinador Ejecutivo con un asistente, un Supervisor Especializado, un jefe de departamento, solo siete Ministerios Públicos, uno de los puestos más importantes y cinco Auxiliares Ministeriales. 

Aunque no detallaron el monto de dinero ejercido explicaron que esta investigación se apoya con el presupuesto destinado a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, cuyo presupuesto para 2023 es de solo 10 millones 777 mil 596 pesos. 

Cabe recordar que fue el 15 de julio de 2019 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la instalación de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos que entre otras facultades, tiene la conducción legal de la investigación de delitos y el ejercicio de la acción penal en casos de violaciones a los derechos humanos. 

Los interrogatorios 

Según el documento enviado por la FGR desde el 5 de abril han sido interrogados 99 personas, 42 testimoniales, 45 peritos y 12 policías. Aunque no se revela el nombre de las personas para cuidar la investigación algunos de ellos se han acercado a este diario para contar cómo han sido los interrogatorios. 

Entre ellos el ex procurador de Derechos Humanos de Baja California, José Luis Pérez Canchola, reiteró que el detenido “estaba golpeado y lo envolvieron en un colchón en estado de inconsciencia” y ha sido uno de los testigos que se mantienen en esa versión desde 1994. Lo interrogaron durante más de 4 horas. 

El primer abogado de Aburto, Xavier Carbajal, aseguró que tenía la impresión de que el interrogatorio “tiene tintes políticos” y le desconcertó que los interrogatorios se centrarán en la participación de actores políticos en lugar de focalizarse en Mario Aburto. 

El litigante estuvo seis horas y media sentado, respondiendo cuestionamientos de ese día. Sin embargo, asegura que durante el interrogatorio de 113 preguntas, insistieron en la presencia de Beltrones.

Otro de los abogados que fue llamado a declarar fue Marco Antonio Macklis, quien fue testigo de asistencia en la PGR el 23 de marzo de 1994. El litigante declaró durante más de cinco horas y recuerda que también le preguntaron por Beltrones, si lo había visto, si estaba ahí el día del interrogatorio con su jefe de escoltas.

A estos testigos también se le interrogó como parte de otra averiguación previa que investiga la FGR la, 2080/94 sobre la tortura de Aburto y que está ligada a la SE/003/95 es decir el homicidio de Luis Donaldo Colosio. 

Sin fecha

A pesar del personal y el dinero que la Fiscalía está gastando en el caso Aburto, la realidad es que no lo quiere en libertad. Jesus González Schmal, abogado de Aburto, explica que con la decisión de la Suprema Corte de revisar el caso que es a todas luces improcedente. 

Está cubriendo las apariencias para no exhibir a la a la Fiscalía General de la República: “Es notoriamente improcedente,  no hay en absoluto un solo indicio de violación constitucional que justificara la razón de la Fiscalía de invalidar la resolución del amparo que concedió el (tribunal) colegial”, dice. 

Teme tristemente que la FGR esté usando este caso para que cumpla una tarea de estrategia electoral de parte del gobierno y es que no no es lógico que una Fiscalía no esté siendo rigorista en el sentido de la aplicación de la ley y protección de los derechos humanos. 

“Baja California, donde ocurrió es la única (ley) aplicable para estos casos y no puede ser trasladado o impuesto  una sanción que está contenida  en otro dispositivo en legislativo, en otra ley, y que no es aplicable más que en casos de que la competencia del suceso tenga relevancia federal.  Aquí no lo tuvo puesto que Colosio era un candidato, era un ciudadano en campaña, no era un funcionario público. Claro, claro, aquí aplica definitivamente la ley local”. 

La realidad es que la liberación de Mario Aburto, otra vez, queda en el limbo.