Cuando el nuevo alcalde de Huehuetlán el Chico, por dedazo, fue designado por el poderoso gobernador Rafael Moreno Valle, los pobladores estallaron. El 15 de febrero de 1969 unas 100 personas llegaron hasta las puertas del palacio municipal, para evitar con piedras y palos que un comerciante llamado Luis Sánchez Ríos, tomara protesta.

Entre ellos iba Pantaleón Torres, un vecino que cortaba panales. Alcanzó a ver cómo llegaban los soldados hasta las puertas del palacio y unos minutos después se escuchó un ruido ahogado: les estaban disparando. Corrió rápido hasta el parque y se arrastró por debajo de una de las bancas para protegerse. Se recuerda agazapado. Escuchaba el sonido de las pistolas y luego el de unas campanadas. ¿De dónde venían? Esa mañana un vecino, Ageo Vergara, subió hasta el campanario de la iglesia y alertó a todo el pueblo.

Álvaro Montaño, un jornalero que estaba en la plaza, escuchó las campanadas. Recuerda que cuando intentó acercarse hasta el portón de la alcaldía vio lo que le sucedió a su hermano Librado, estaba tirado en el piso con un balazo en el cuello.

Nadie en Huehuetlán el Chico supo que pasó ese 15 de febrero de 1969 cuando trataron de impedir que Sánchez Ríos tomara protesta. Pero sí lo que vino después: los cuerpos desangrándose afuera del palacio municipal, la mayoría campesinos, sus vecinos.

Aquella mañana el gobernador Moreno Valle –quien había alcanzado el grado de general brigadier por méritos especiales, había sido senador de la República por su cercanía con los Ruiz Cortines y también director del Hospital Central Militar–, solicitó al general Eusebio González Saldaña, jefe de la 25 Zona Militar y el inspector general de policía, Joaquín Vázquez Huerta, que solucionaran rápido las protestas. El Ejército y la policía obedecieron, lo hicieron de forma violenta y los masacraron. Aunque la cifra exacta no se conoce, los primeros testigos aseguraron que fueron unas 18 personas.

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA, que reconstruye este caso gracias a expedientes olvidados entre cajones y viejas oficinas públicas. Casos como este revelan que en México la verdad oficial siempre está en obra negra.

Un fraude electoral en Huehuetlán el Chico

Para los años sesenta la imposición de candidatos priistas era una práctica nacional que evidentemente llegó hasta Huehuetlán el Chico, entonces un pequeño municipio de 6 mil habitantes, enclavado en el valle de Chiautla, a hora y media de la capital poblana. Según un informe del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, el delegado del Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Luis Noriega, había impuesto el primero de febrero de 1969 al general Rafael Moreno Valle como nuevo gobernador.

Moreno Valle nació en la mixteca poblana, en Atlixco. Desde muy joven había ingresado al Colegio Militar y se graduó como médico. Sólo seis años después de graduarse, lo hicieron director del Hospital Central Militar en la Ciudad de México. Pero su matrimonio con la señorita Lucina Suárez, hija de una familia de rancheros adinerados, fue lo que lo catapultó. Cronistas aseguran que el brinco de la medicina a la política sucedió cuando Moreno Valle atendió a María Izaguirre, la esposa del entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines. Ella lo recomendó con su marido para que se convirtiera en senador. A finales de 1968, el PRI decidió que el general sería el próximo gobernador de Puebla.

El gobernador Rafael Moreno Valle solicitó Ejército que solucionaran rápido la protestas por el triunfo de un candidato que no correspondía al partido oficial. (Especial).

Mientras tanto en el pequeño municipio de Huehuetlán el Chico, famoso en Puebla por sus montañas y paisajes naturales, el partido de Federacionistas Leales, conformado por campesinos y vecinos, integró una planilla que se presentó en los comicios para tratar de hacerle peso a la imposición del PRI de postular a Luis Sánchez Ríos, un comerciante que era odiado por su relación con este partido, según reportó la prensa local.

El día de las votaciones los Federacionistas –un movimiento que había fundado Celestino Gasca, un exmilitar revolucionario, quien pretendió dar un golpe de estado en 1961– arrasó en las urnas. Sin embargo, desde el PRI, se fraguó un fraude y alegaron irregularidades declarándose ganadores. Eso detonaría la masacre de Huehuetlán el Chico.

Informes y declaraciones ante el Ministerio Público del Juzgado Segundo de Distrito de Puebla reconstruyen como la mañana del 15 de febrero de 1969 se enteraron de que el alcalde Enrique Quiroz Nájera entregaría la alcaldía al PRI. Unos 200 se manifestaron afuera de la presidencia municipal a las 10:30 de la mañana. Según un parte levantado por la Dirección Federal de Seguridad (DFS), los ánimos se calentaron y unos 25 pobladores se metieron hasta la oficina de la presidencia para exigir a Nájera que entregara la banda de gobierno a Mauro Vergara Aguilar, el candidato elegido por los Federacionistas Leales.

Desde el exterior de las oficinas y en la plaza principal pronto vieron que una columna del Ejército llegaba a irrumpir la protesta. La versión oficial fue que los pobladores los agredieron y los soldados simplemente se defendieron.

Así fue reportada la masacre de Huehuetlán El Chico, Puebla por el diario La Opinión.

La venganza: encontraron a los militares a la salida del pueblo

Según el testimonio rendido por Irineo Saldívar, un agricultor que llegó al lugar de los hechos cuando tocaron las campanas; una vez que el Ejército terminó de disparar a los pobladores no se quedaron con los brazos cruzados: José Peña, un simpatizante de los Federalistas, persiguió a los militares con un rifle en la mano. Otro compañero de militancia, Miguel Aguilar, los atacó con un cuchillo. Aunque los militares trataron de escapar, los vecinos lograron capturar al cabo José Martínez Mondragón. Rafael Moran, otro Federalista, le exigió al presidente municipal que le entregará las llaves de una celda para meter a la cárcel al cabo José Martínez.

Los pobladores que sobrevivieron a la masacre persiguieron a los militares y los encontraron a dos kilómetros cerca de la salida del pueblo. Los pobladores les lanzaron piedras y balas. Ese día murieron dos soldados. Eso enfureció al Ejército y, según la DFS, a las 20 horas llegó un convoy militar: con 12 jeeps al mando iba el propio general Eusebio González Saldaña, jefe de operaciones de la 25 Zona Militar, acompañado por el general Antonio Barba del 90 batallón de infantería, con 125 hombres a su mando.

Rafael Moreno Valle fue impuesto por el delegado del PRI, José Luis Noriega, como gobernador de Puebla en febrero de 1969. (Especial).

El informe revela que rescataron al soldado que había sido encarcelado y después empezaron una cacería por todo Huehuetlán el Chico. Fueron casa por casa y sacaron a campesinos inocentes que ni siquiera habían estado en el palacio municipal por la mañana. Ese día detuvieron a 100 personas y asesinaron de un balazo a un vecino, llamado Hermilo Tapia Castillo.

Quizás el informe más importante fue un parte de novedades de la Secretaría de la Defensa Nacional, que informaba que a petición del gobernador Rafael Moreno Valle “y con el fin de evitar presencia de elementos armados durante el cambio de autoridades”, como manera preventiva se enviaron fuerzas a varios municipios del Estado.

Un testimonio del militar Gumaro Rojas ante el ministerio público revela cuál fue la versión que sostuvo el Ejército. Declaró que cuando llegaron a Huehuetlán el Chico, unas 60 personas empezaron a salir por la parte trasera del edificio. Se lanzaron contra el pelotón y trataron de “desarmarlos” y “apuñalarlos”. Aseguró que en un primer momento, se contuvieron de atacarlos porque había mujeres y niños, pero cuando los pobladores empezaron a dispararles, sí dieron la orden de repeler la agresión con sus carabinas M2, un viejo rifle que usaban las fuerzas armadas.

Esa mañana se reconoció oficialmente que fueron asesinadas siete personas, sin embargo, el periodista Manuel Sánchez del diario La Opinión, contabilizó 18 cuerpos. Según un reporte de la autopsia, uno de los asesinados tenía 75 años, el abuelito Alberto Quiroz iba pasando por ahí y recibió un disparo en el glúteo y en la cara interna del músculo. Murió desangrado.

Según el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico los hechos de Huehuetlán el Chico son consideradas una de las masacres cometidas en México y otra de las intervenciones militares que implicó violaciones graves a los derechos humanos. “Este hecho represivo es relevante para constatar la concepción contrainsurgente que tenía el Estado mexicano de las elecciones durante la época”.

Paolo Sánchez Castañeda colaboró en la búsqueda de este archivo

Laura Sánchez Ley 

A un año y seis meses de que se integrara el llamado Equipo Especial de Investigación y Litigación para el caso Luis Donaldo Colosio Murrieta se han interrogado a 99 personas, de los cuales se encuentran testigos de la detención de Mario Aburto Martínez, peritos y hasta policías involucrados en el asesinato. 

A pesar del hermetismo con que se ha manejado, Archivero obtuvo a través de un recurso de transparencia un informe que revela que desde el pasado 5 de abril del 2022 se inició la nueva  investigación a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos instalada en 2019 y que entre sus atribuciones, se encuentran, hechos relacionados con torturas. 

En el informe revelaron por primera vez que, hasta el momento, han sido interrogadas casi un centenar de personas entre las que se encuentran 45 peritos, 24 testigos y 19 policías, todos ellos relacionados con una averiguación previa que ya había sido abierta en febrero de 1995. 

La Fiscalía explicó que hasta el momento el equipo integrado por 18 personas trabaja en la investigación número SE/003/95 y que han realizado en 17 meses 472 diligencias, es decir actos y movimientos que han dejado constancia documentada, con la finalidad de reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos. 

Aunque las identidades de los interrogados se guardan bajo llave, este diario ha revelado nombres de abogados que han sido llamados a declarar así como de personal de la PGR que laboraba en Tijuana el 23 de marzo de 1994 y un defensor de derechos humanos. 

Los interrogatorios se han extendido durante más de ocho horas y entre las preguntas que se les han realizado se encuentran si fueron testigos de los movimientos de Mario Aburto entre las 5 de la tarde del 23 de marzo y las 6 de la mañana del día 24 de 1994. También se ha indagado en la presencia de actores políticos como Manlio Fabio Beltrones, Diego Valades Rios, entre otros. 

Paradójicamente, pese a que la Fiscalia  investiga actos de tortura a Mario Aburto Martínez, por otra parte se esfuerza en evitar su liberación: la primera semana de diciembre logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptara la revisión de una impugnación contra el amparo que lo dejaría en libertad el próximo 23 de marzo de 2024, retrasando con ello que salga de prisión. 

Historia de una investigación

Habían pasado casi 12 meses desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas y para entonces el proceso judicial era un caos. Ya se había creado una fiscalía especial y el primer titular había renunciado: Miguel Montes García, quien primero se dejó llevar por la teoría del complot, para después retractarse y asegurar que solo había un asesino solitario, Mario Aburto Martínez.

Era febrero de 1995 y para ese día también había renunciado la segunda fiscal. Olga Islas Mariscal, quien el 31 de octubre de 1994 logró la sentencia de 42 años para Aburto, en medio de un caos mediático y la sospecha de la gente sobre si realmente había fraguado solo el asesinato. 

Para el 24 de febrero de ese año ya se había convertido en tercer fiscal el ex mecanógrafo Pablo Chapa Bezanilla. Fue él, quien contradijo la versión de sus antecesores y aseguró que el asesinato era producto de un complot y que el segundo tirador era un humilde chofer llamado Othón Cortez. Más tarde se comprobaría que eso fue una mentira. 

Sin embargo, fue durante su gestión que se iniciaría el 24 de febrero de 1995 la averiguación previa SE/003/95. Según el informe judicial revisado por este diario, el expediente fue abierto el 24 de febrero de 1995 para continuar con las investigaciones del homicidio, a la par de practicar nuevas diligencias, es decir, interrogatorios y más. 

En esta averiguación, por ejemplo, se recabaron 61 testimonios de personas que presenciaron la caída de Colosio cuando le dispararon, la posición de Aburto y el candidato durante el atentado, así como su colapso en el piso. 

También fue el documento que intentó reconstruir con mayor exhaustividad la cronología de hechos sucedidos durante la estancia de Mario Aburto en las instalaciones de la PGR en Baja California. 

Fue a través de ella que se estableció que se mantuvo a Aburto de las 17:30 horas del día 23 de marzo a las 6:45 horas, aproximadamente, del día 24 de marzo de 1994. 

Durante esas 13 horas y 15 minutos se desarrollaron los principales actos, que concluyeron con la remisión del expediente a la Ciudad de México para su consignación. En su momento la Fiscalía Especial aseguró que a través del expediente SE/003/95 es que lograron esclarecer en forma lógica muchos de los señalamientos, e incluso de las especulaciones y sospechas, en torno al autor material del crimen y el homicidio mismo.

“La descripción sucesiva de hechos permite, además, ubicar distintos acontecimientos que se fueron sucediendo, que en forma separada tienen una compleja explicación, pero a la luz de su conjunto se pueden visualizar con mayor claridad. Aun cuando la mayoría de las horas señaladas en esta cronología pueden no ser exactas o precisas, atendiendo al recuerdo borroso de los testigos por el tiempo transcurrido”, reconocieron. 

En esta averiguación previa también pueden encontrarse el acta de nacimiento de Aburto, su fe de bautizo, documentos encontrados en un baúl que supuestamente era de su pertenencia, pertenencias de su padre, Rubén Aburto, correspondencia familiar, dos cartas anónimas de 1999, dictámenes de audio y video elaborados por  Michael Kasis Petraki, un perito de voz, entre otros. 

Es esta la averiguación previa que refiere, que  investiga, el Equipo Especial de Investigación y Litigación para el caso Luis Donaldo Colosio Murrieta en respuesta a la solicitud de acceso a la información realizada por Archivero. 

Poco personal, poco presupuesto

Aunque fue hasta julio del año pasado que la Fiscalía General de la República anunciara la reapertura del Caso Colosio, fue el 5 de abril del 2022 que arrancó oficialmente esta investigación que intenta esclarecer qué pasó el 23 de marzo de 1994, luego de ser asesinado el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio.

Sin embargo, desde ese día solo se reveló que quien estaría a cargo del equipo sería Abel Galván Gallardo. Y no más. Pero en el reporte que entregaron revelan que hasta el momento trabajan 18 personas en la investigación. 

Un Fiscal Especial en jefe, con un asistente, un Subcoordinador Ejecutivo con un asistente, un Supervisor Especializado, un jefe de departamento, solo siete Ministerios Públicos, uno de los puestos más importantes y cinco Auxiliares Ministeriales. 

Aunque no detallaron el monto de dinero ejercido explicaron que esta investigación se apoya con el presupuesto destinado a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, cuyo presupuesto para 2023 es de solo 10 millones 777 mil 596 pesos. 

Cabe recordar que fue el 15 de julio de 2019 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la instalación de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos que entre otras facultades, tiene la conducción legal de la investigación de delitos y el ejercicio de la acción penal en casos de violaciones a los derechos humanos. 

Los interrogatorios 

Según el documento enviado por la FGR desde el 5 de abril han sido interrogados 99 personas, 42 testimoniales, 45 peritos y 12 policías. Aunque no se revela el nombre de las personas para cuidar la investigación algunos de ellos se han acercado a este diario para contar cómo han sido los interrogatorios. 

Entre ellos el ex procurador de Derechos Humanos de Baja California, José Luis Pérez Canchola, reiteró que el detenido “estaba golpeado y lo envolvieron en un colchón en estado de inconsciencia” y ha sido uno de los testigos que se mantienen en esa versión desde 1994. Lo interrogaron durante más de 4 horas. 

El primer abogado de Aburto, Xavier Carbajal, aseguró que tenía la impresión de que el interrogatorio “tiene tintes políticos” y le desconcertó que los interrogatorios se centrarán en la participación de actores políticos en lugar de focalizarse en Mario Aburto. 

El litigante estuvo seis horas y media sentado, respondiendo cuestionamientos de ese día. Sin embargo, asegura que durante el interrogatorio de 113 preguntas, insistieron en la presencia de Beltrones.

Otro de los abogados que fue llamado a declarar fue Marco Antonio Macklis, quien fue testigo de asistencia en la PGR el 23 de marzo de 1994. El litigante declaró durante más de cinco horas y recuerda que también le preguntaron por Beltrones, si lo había visto, si estaba ahí el día del interrogatorio con su jefe de escoltas.

A estos testigos también se le interrogó como parte de otra averiguación previa que investiga la FGR la, 2080/94 sobre la tortura de Aburto y que está ligada a la SE/003/95 es decir el homicidio de Luis Donaldo Colosio. 

Sin fecha

A pesar del personal y el dinero que la Fiscalía está gastando en el caso Aburto, la realidad es que no lo quiere en libertad. Jesus González Schmal, abogado de Aburto, explica que con la decisión de la Suprema Corte de revisar el caso que es a todas luces improcedente. 

Está cubriendo las apariencias para no exhibir a la a la Fiscalía General de la República: “Es notoriamente improcedente,  no hay en absoluto un solo indicio de violación constitucional que justificara la razón de la Fiscalía de invalidar la resolución del amparo que concedió el (tribunal) colegial”, dice. 

Teme tristemente que la FGR esté usando este caso para que cumpla una tarea de estrategia electoral de parte del gobierno y es que no no es lógico que una Fiscalía no esté siendo rigorista en el sentido de la aplicación de la ley y protección de los derechos humanos. 

“Baja California, donde ocurrió es la única (ley) aplicable para estos casos y no puede ser trasladado o impuesto  una sanción que está contenida  en otro dispositivo en legislativo, en otra ley, y que no es aplicable más que en casos de que la competencia del suceso tenga relevancia federal.  Aquí no lo tuvo puesto que Colosio era un candidato, era un ciudadano en campaña, no era un funcionario público. Claro, claro, aquí aplica definitivamente la ley local”. 

La realidad es que la liberación de Mario Aburto, otra vez, queda en el limbo.