A finales de febrero de 2011, Daniel se fue por delante con lo poco que llevaba en el bolsillo. Cuando le ofreció a Carmen irse a vivir con él a Saltillo, Coahuila, porque le habían dado trabajo en una carnicería nueva, ella apenas había cumplido los veintiún años. Aun así ella aceptó de inmediato. Todo parecía mejor que quedarse a vivir en su natal Tlaxcala. Además eran novios desde hacía un año y la verdad es que estaban enamorados.

Carmen, como la llamaremos para proteger su identidad, buscó a su madre en la Ciudad de México para pedirle prestado lo del boleto del camión. Pero su madre tampoco tenía dinero, así que tuvo que empeñar un viejo anillo. El 12 de marzo de 2011 tomó el autobús con rumbo al norte de México. La central de autobuses la recibió con olor a orines y café quemado. Las luces blancas tiriteaban sobre las cabezas cansadas, y el piso de mosaico estaba manchado de años de pisadas y chicles aplastados. Un poco asustada, caminó hacia un teléfono público y llamó a Daniel para avisarle que ya había llegado. 

Su novio le dijo que estaba trabajando en ese momento, que no podía ir, pero que una muchacha pasaría por ella. A Carmen le pareció raro, aunque pensó que tal vez así eran las cosas en el norte. La muchacha la llevó a su casa y ahí la tuvo quince días. La trató bien, no le dejaba hacer nada. Hasta que un domingo por la mañana Daniel se apareció por fin, venía acompañado de un hombre, y le dijo que ahora sí podrían irse a la casa donde vivirían. 

Llegaron a una casona beige de zaguán negro, de dos pisos con dos recámaras abajo y tres arriba. Pero no estaban solos: en cuanto cruzó la puerta se dio cuenta de que había hombres armados. Entonces Daniel le confesó la verdad, que a él se lo habían llevado con engaños: el patrón de la carnicería lo había entregado, y desde que pisó Saltillo lo tenían como empleado doméstico del cártel de Los Zetas, una de las organizaciones delictivas más sanguinaria y cruel de todos los tiempos.  Y ahora ella también lo sería. “De esta casa no vas a salir nunca”, le advirtió uno de ellos.

Esta es la historia de Carmen, que terminó cautiva de un cártel que no sólo decapitaba rivales en plazas públicas, también mantenía como esclavas domésticas a mujeres del interior del país, secuestradas y llevadas de casa en casa de seguridad. Su caso está dentro de la causa penal 36/2011, una sentencia dictada en Saltillo, uno de los pocos expedientes en que la justicia mexicana ha llevado a juicio la trata de personas con fines de esclavitud cometida por Los Zetas. 

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA, que revela que la verdad siempre está en obra negra.

La convirtieron en servidumbre de Los Zetas

Carmen recuerda a dos hombres en particular. Uno tenía un tatuaje de dragón y una corona de espinas con los nombres de dos mujeres. El otro tenía la cara cortada cerca de la boca, algo así como el Guasón. Fueron ellos, dos de los más despiadados, los que la recibieron aquel día de marzo. “¡Ponte a limpiar la casa!”, le gritaban.

Dice que hasta los Zetas más jóvenes la trataban como esclava. Uno de esos primeros días, un chavito de unos dieciocho años la agarró de las greñas para que no intentara escaparse: con una mano la traía arrastrando del cabello y con la otra sostenía su metralleta. “Me dijo que jamás iba a salir de esa casa”.

Eran servidumbre que trabajaban todos los días sin paga y entre el trabajo esclavo que realizaban estaba la limpieza, la preparación de alimentos y el lavado de coches, además de obedecer cualquier orden. Carmen limpiaba las casas de seguridad o los “puntos”, como les llamaban. También  guisaba para los grupos de muchachos que iban llegando, los recién reclutados. Cuando la limpieza no les gustaba, los tableaban como castigo de la epoca de la esclavitud.

Dice que ‘El Cuñado’, como le decían a uno de los jefes de la casa, también le ordenaba a su pareja que limpiara las armas, cuando llegaban las “estacas”, las células operativas al regreso “de la guerra”. En total vivían ahí doce personas. En abril se la llevaron vendada de los ojos y esposada a otra casa, donde estuvo cerca de un mes, y luego a otro punto en una colonia distinta. Ahí un muchacho la cuidaba las veinticuatro horas del día, y a su esposo prácticamente ya no lo veía. 

Aunque guisaba el día entero, hubo veces en que la tuvieron hasta ocho días encerrada sin dejarla comer. En una de esas casas, una vecina la vio flaca y le pasó algo de alimento. Cuando los jefes se enteraron de que Carmen había ido a pedir comida a la casa de al lado, hubo represalias. Llegó el que decían era el jefe de la plaza, con el muchacho de la boca cortada, y trajeron también a Daniel para reclamarle de que su mujer había salido a buscar comida. El castigo fue obligar a la propia vecina a hacerla de vigilante. 

El 7 de junio de 2011 mandaron traer a Carmen a las tres de la mañana. La llevaron con un hombre que estaba furioso porque ella, sin querer, había andado repitiendo su apodo. El tipo se sentó como en el quinto escalón de la escalera y le ordenó a Daniel que se bajara los pantalones para enseñarle a Carmen las nalgas, para que viera los tablazos que le habían dado. Daniel estaba lleno de moretones. Luego el sujeto jaló el gatillo de una pistola al aire, le preguntó al chico si se creía de muchos huevos, y a ella le dijo que si los militares llegaban al punto la iba a matar. Que al cabo no serían los primeros ni los últimos esclavos domésticos que mataba.

Finalmente pudo escapar el 9 de junio por un descuido del cártel: iba con la vecina a un mandado. Aceleraron y llegaron hasta una gasolinera donde se escondieron, después llegaron al Hotel La Torre, en Saltillo, donde le pidieron permiso al vigilante para meterse. Sin saberlo, unos tres, cuatro minutos después aparecieron los soldados. Ahora sabe que, si no hubieran escapado, ese día estarían muertos, porque uno de los jefes ya le había hablado por teléfono a la hija de la vecina avisando que iban por ellas.

Una segunda mujer secuestrada por Los Zetas

A los hombres los detuvo la Marina cinco días más tarde, el martes catorce de junio de 2011, alrededor de las cinco de la tarde. Llegaron guiados por lo que Carmen había declarado tras escapar: una casa de dos pisos, color verde olivo, cerca de una escuela en construcción. Dos infantes de Marina, Ricardo Tapia Ramos y Víctor Manuel Berber Reyes, vieron salir a un hombre con uniforme camuflajeado tipo jungla y gorra negra con el logotipo de los Zetas, cargando un fusil al hombro. 

Al verlos, el sujeto corrió hacia adentro; lo persiguieron hasta la sala, donde había otros dos hombres vestidos igual, cada uno con un fusil entre las piernas: dos AR-15 calibre 5.56 y un AK-47. Al revisarlos les encontraron dos pistolas escuadra, una nueve milímetros y una .45, cargadores abastecidos y una granada de fragmentación, que había descrito Carmen. También tres juegos de llaves de vehículos estacionados afuera y seis teléfonos celulares sobre una mesa del centro.

Y ahí empezó lo otro. Uno de los detenidos, buscando que lo soltaran, les dijo a los marinos que en la misma colonia tenían otra casa de seguridad, con uniformes guardados y “una mujer secuestrada”. Los infantes se trasladaron hacia las seis y veinte de la tarde. La casa parecía vacía, pero al tocar y gritar que eran de la Armada escucharon una voz de mujer pidiendo ayuda desde un cuarto del fondo, cerrado con llave. Forzaron la puerta y la sacaron.

Era una joven que había llegado a Saltillo apenas el 9 de junio, el mismo día en que Carmen escapaba, sola, desde Monterrey, huyendo de una expareja que la hostigaba. Trabajaba como edecán y promotora y su último empleo había sido de demostradora para una marca de alimentos. Buscaba trabajo. En una taquería se le acercó una mujer de unos 45 o cincuenta años, que dijo llamarse Lourdes, y le ofreció ayuda para conseguir empleo y hospedaje en su casa para no gastar en hotel. La joven confió. La casa era de esa mujer; ahí estaban sus hijos, fumando mariguana, que al verla entrar le preguntaron a su madre “ese regalito para quién era”.

La encerraron, le quitaron el teléfono y la bolsa, y un hombre armado le dijo que ahí se hacía lo que él ordenara y que no iba a salir. Cuando insistió en irse, la mujer le contestó que no era tan fácil, que si se iba la mataban. La Marina la encontró cinco días después. Iba a ser la próxima empleada doméstica del cartel. 

La sentencia llegó 12 años después de la captura

En el expediente pueden leerse los careos entre las dos jóvenes con sus captores. De frente soltó lo que le hicieron y agregó que llevaba “tres años y medio aguantando el daño psicológico” de las agresiones físicas y psicológicas. Soñaba con frecuencia con sus captores y con los maltratos, y en ocasiones se orinaba dormida por esas pesadillas. Uno de los dos Zetas detenidos le respondió cínicamente que a él lo había perjudicado el tiempo que llevaba preso. 

La sentencia llegó 12 años después de la captura, el 30 de noviembre de 2023. El juzgado halló a los tres hombres plenamente responsables de cinco delitos: delincuencia organizada, secuestro, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos de uso reservado y trata de personas. A cada uno le impuso, sumadas las penas, cuarenta y un años de prisión y una multa de 2 mil 850 días, equivalente a 161 mil 595 pesos. El desglose: veinticinco años por el secuestro, seis por la trata, seis por los delitos de armas y cuatro por delincuencia organizada. 

El tribunal también los condenó a reparar el daño a las dos mujeres, indemnización material y moral, incluido el pago de los tratamientos psicoterapéuticos que necesiten. Un hecho único.

Daniel de Jesús empezó a trabajar para Los Zetas en 2008 allá en Tampico. Dice que se animó porque le prometieron que no habría riesgos: por ese entonces trabajaban con el cártel del Golfo y además quien le hizo la invitación era un viejo conocido de su niñez que le prometió que ganaría 10 mil pesos a la semana. El cargo que le dieron sería de “H”, nombre clave para llamar a los halcones. 

Un mes después, recuerda, lo ascendieron a sicario y lo mandaron a trabajar a Nuevo León, donde halconeaba y escoltaba a los jefes de la plaza. Así anduvo dos años hasta que en 2010 explotaron todo.

Comenzó a librarse una guerra en Nuevo León, en la que Los Zetas dejaron de operar como asociados del Cártel del Golfo y pasaron a ser una organización independiente que les disputó el control de rutas del tráfico de drogas. “Y cuando empezó la guerra, yo me quedé con los Zetas”, dijo. En ese contexto de enfrentamientos diarios y muertes de los líderes, los cabecillas –los hermanos Treviño, Z40 y Z42– empezaron a nombrar jefes de la plaza a cualquier sicario con unos cuantos meses de experiencia que pudiera reemplazar a los asesinados. 

En 2011 a Daniel de Jesús Elizondo Ramírez, ‘El Loco’, lo nombraron jefe de la plaza de Nuevo León, donde tenía a su mando unas 80 personas, camionetas ‘pick-up’ y camiones de tres y media toneladas blindados. Pero Los Zetas colapsaron todo, cuando el 23 de agosto del 2011 incendiaron el Casino Royale de Monterrey, donde fueron asesinadas 52 personas. Sobre estos hecho el ‘Loco’ diría: 

“Un día antes habían dejado en el estacionamiento del casino dos camionetas blindadas, que eran para los mandos de Nuevo León. El dueño del casino le habló al alcalde y se las llevaron. Por tal motivo se ordenó se hablara con el dueño para amedrentarlo y decirle que no se pasara de verga”, revelaría.

Después de aquel episodio, los Treviño sabían que se iba a calentar la plaza y que probablemente el ejército sitiaría todo el estado. Así que tomaron medidas urgentes: al ‘Loco’ y a otras 15 personas los enviaron a un taller de supervivencia con un general del Ejército, quien les dio entrenamiento militar de bastón chino, para usar lanzacohetes, nadar con equipo en ríos, correr en la noche en la selva y cómo utilizar granadas. “Había puros niños de siete, ocho y nueve años de edad”, dijo. 

Si bien ‘El Loco’ había visto mucho, lo que atestiguaría después, la noche del 12 y la madrugada del 13 de mayo de 2012 superaría los niveles de crueldad a los que estaba acostumbrado: aquel día tuvo frente a él decenas de torsos, brazos y manos de personas. Más tarde se sabría que eran 49 personas migrantes que fueron decapitadas y mutiladas por miembros del cártel de Los Zetas. 

Estos son los testimonios de un amparo judicial del caso, de la que se convertiría en una de las masacres más crueles cometidas durante el periodo de Felipe Calderón. Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA, que revela que en México la verdad oficial siempre está en obra negra.

La llamada para un encargo de los Zetas

Era la una y media de la madrugada del domingo 13 de mayo de 2012. A esa hora las carreteras del noreste de Nuevo León pertenecen a otros. Sonó el teléfono cuando un hombre le dijo al ‘Loco’ que le traía un encargo. Primero le dijo que lo veía en el entronque de Los Herrera, pero minutos después volvió a llamar y le indicó que mejor lo veía en el entronque de San Juan, sobre la carretera federal número 40. 

Finalmente ‘El loco’ llegó al lugar y encontró una caravana: dos trocas blancas, una camioneta de tres y media toneladas con la caja pintada de rojo, y otro carro que venía de puntero. Aquella noche se encontró con José Ricardo Barajas López ‘El Bocinas’, quien le reveló que el encargo iba para la plaza principal de Cadereyta Jiménez. Pero Daniel de Jesus le contestó que no, que nadie le había avisado nada de eso. “No, vas a calentar la plaza”, le dijo. Por eso, empezó a marcar directamente a la gente de los hermanos Treviño para corroborar esa información. Nadie contestó el teléfono, así que volvió a marcar. No contestaron otra vez.

‘El Bocinas’ le insistió que la orden era dejarlos en la plaza principal. Al ver su negativa le dijo que no sabía de quiénes eran los cuerpos, pero que estaban ahí para cumplir las órdenes. No hubo más discusión. Desde un camión de volteo, junto a otros hombres los empezaron a bajar con palas ahí mismo, a la orilla de la carretera, en la oscuridad de la libre. Ya venían descuartizados. No eran cuerpos enteros. Eran restos de lo que alguna vez fueron cuerpos. Terminaron dejando un mensaje en un narco manta. Subieron a los vehículos. Tomaron camino rumbo a Cadereyta Jiménez. 

En el camino se cruzaron con cuatro “pandas” –federales de caminos en sus charger– y dos “ratas” –policía federal en pick-up–. Se cruzaron y siguieron de largo. Nadie paró. Nadie vio nada. 

Un hombre identificado como “El Comandante” que era cercano a los hermanos Treviño devolvió la llamada hasta el día siguiente. ‘El Loco’ le contó lo de los cuerpos. Hubo un silencio y después el comandante dijo: “a poco sí, ¿neta?”. Después le reclamó que no controlaba la plaza, que se la pasaba de huevón.

“No tenían piernas, brazos, ni cabeza”

Su identidad ha sido ocultada en el expediente. Lo que se sabe de él es lo que declaró: llevaba apenas dos meses trabajando como halcón para el cártel. Su trabajo consistía en vigilar los movimientos de las policías y los contras. Dice que desde que empezó en esa vida se quedaba en una casa de la colonia Hacienda Real, en el mismo municipio de Juárez, la zona metropolitana de Monterrey. Tenía un punto asignado. Una rutina. Una vida que desde hacía dos meses había dejado de ser suya.

El sábado 12 de mayo de 2012, por la tarde, llegó hasta su punto de vigilancia donde otro integrante de los Zetas le dijo que se subiera a su vehículo, que tenían que irse a jalar. El jefe de plaza había ordenado que se movieran con rumbo a Cadereyta Jiménez. No le explicó más. Ya era la madrugada del domingo 13 de mayo cuando llegaron al entronque de San Juan, donde hay un arco. Ahí, en la oscuridad, ya estaban esperando el jefe de plaza y varios hombres más, algunos conocidos sólo por sus apodos. Entonces vio llegar unas camionetas donde dos hombres ya estaban bajando cuerpos. Su descripción es atroz: no tenían piernas, brazos, ni cabeza.

El jefe de plaza ordenó que ayudara. Se puso guantes de látex en las manos y bolsas de plástico en los pies y empezó a bajarlos. Los aventaba al suelo. Eso dijo: los aventaba. Por órdenes del jefe de plaza los fue amontonando a un lado de la carretera. En algún momento alguien extendió una lona blanca sobre el suelo, junto a los restos.

Cuando terminaron, se subió al mismo vehículo en el que había llegado, con el mismo integrante de los Zetas que lo había recogido horas antes. Volvieron a la casa donde vivía. La noche siguió. Cadereyta aún no sabía lo que iba a encontrar con la luz del día.

La investigación de los agentes federales

El lunes 14 de mayo, Gustavo Illescas Fabila e Ismael Herrera Mondragón, agentes de la Policía Federal Ministerial, firmaron el parte que haría oficial lo que ya medio Nuevo León sabía a través de las noticias. Se trasladaron a la carretera libre Monterrey-Reynosa, en la entrada de una comunidad rural de Cadereyta Jiménez.

Ahí estaban: 49 torsos humanos. Seis de sexo femenino, 43 de sexo masculino. Abandonados sobre el asfalto, a un costado del módulo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Cuando Illescas Fabila y Herrera Mondragón llegaron ya había un despliegue en el lugar: elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal, la Procuraduría estatal. El fiscal del orden común les dijo que los restos habían sido encontrados alrededor de las dos de la madrugada.

Junto a ellos, yacía una cartulina con un mensaje que se adjudicaba al grupo criminal de Los Zetas: “ESTO VA PA TODOS LOS GOLFOS, CHAPOS, MARINA, HUACHOS Y TODO EL GOBIERNO NADIE NOS VA A PODER HACER NADA SE LA VAN A PELAR ATT ‘EL LOCO’ Z40 Y COMANDANTE LAZCANO (sic)”. 

En una de las columnas de la entrada a San Juan, alguien había pintado con aerosol negro una letra Z. Alrededor de los torsos se marcaron 35 evidencias: material que al parecer había servido para envolver los cuerpos durante el traslado.

Los agentes fueron al rancho más cercano. Tocaron la puerta. Nadie abrió. Se movieron a la comunidad contigua y entrevistaron a los habitantes. Todos dijeron lo mismo: que no conocían a nadie involucrado con grupos delictivos, que no se habían percatado de quién dejó los cuerpos en la entrada de su comunidad. Nadie vio. Nadie oyó. Illescas Fabila y Herrera Mondragón siguieron recorriendo distintos tramos de la libre Monterrey-Reynosa. No encontraron a nadie cometiendo conductas delictivas. Nada. Después se trasladaron al Servicio Médico Forense.

Las 49 víctimas que no tienen nombre ni voz

El martes 15 de mayo, dos días después de la masacre, un halcón estaba en su punto. Un estacionamiento de tienda en un cruce de avenidas en Juárez, Nuevo León. Su trabajo: mirar. Eso hacía cuando llegó una camioneta ‘pick-up’ color gris. 

Los reconoció de inmediato. Trabajaban para el mismo grupo. Eran tres personas: un hombre alto, moreno, delgado, con corte tipo cholo y la cara con cicatrices; otro más bajo, también delgado y la cabeza grande; y una mujer de complexión media, pelo corto y negro. No venían a buscarlo. Venían a comer tacos en un puesto de la misma avenida. El halcón se acercó a saludarlos y entonces los escuchó. Hablaban en voz alta, sin bajar el tono, como quien cuenta una hazaña de fin de semana. Decían que habían ido a hacer un desmadre a una comunidad de Cadereyta Jiménez. Que habían tirado los cuerpos de una multitud de personas desde un camión de volteo. Eran más de 40. Que lo habían hecho por órdenes de alguien que mencionaron por apodo. Que habían sido varios. Fue la madrugada del sábado.

El halcón no necesitó que le explicaran más. El domingo por la mañana había visto las noticias: 49 torsos en la entrada de una comunidad rural, a un costado de la carretera libre Monterrey-Reynosa. Lo que esos tres contaban entre bocados de tacos era exactamente eso. 

Del expediente no se sabe mucho más sobre quiénes eran las 49 personas que terminaron en esa carretera. Las víctimas no tienen voz en este expediente. Sólo aparecen por los bordes, en los testimonios de quienes las buscaban.

Un padre declaró que una persona que dijo ser de los Zetas le llamó para decirle que tenían a su hijo, que estaba desaparecido. Le pidieron un rescate de un millón de pesos. Él les dijo que no tenía esa cantidad.

Otros familiares supieron después que su hijo también estuvo secuestrado. Alguien le dijo: mira, te vamos a dejar ir, vamos a hacer como que no pasó nada, tú no sabes nada, pero tú corres y te vas, yo te voy a soltar, yo debo mucho, no importa que me maten. Dicen que su hijo salió corriendo y lo vieron los demás sicarios. Que le cortaron un pie por haber corrido. Después una mano. Al último la cabeza. La familia contó que les tomaron muestras de ADN de su padre y que estaban cien por ciento seguros de que era él, por lo que lo trasladaron a Tamaulipas para enterrarlo.

Otra familia, originaria de La Paz, Honduras, dijo que su hijo llamó dos veces. La última vez fue desde Tamaulipas, el 8 de mayo, cinco días antes de que los encontraran. Llamó para pedir dinero. Contestó una hermana. Les dijo que necesitaba el dinero para pagarle a Los Zetas porque se lo estaban pidiendo. Que los iban a trasladar de un lugar que se llama Tío Beto, el día domingo. La hermana le envió 650 dólares. Fue la última vez que supieron de él.

La muerte anónima de una fosa común

Lo que vino después de la masacre fue, en muchos sentidos, una segunda ejecución. El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, dijo que sería imposible identificar esos restos.

Horas después del hallazgo, los hechos fueron calificados como “arreglo de cuentas” entre grupos delincuenciales. La primera versión oficial criminalizó a las víctimas. Como quedaría demostrado después gracias a la identificación de poquítisimos cuerpos, las víctimas eran migrantes que habían desaparecido en Tamaulipas. 

En términos de reparación del daño, las familias de las víctimas ya identificadas en Honduras, Guatemala, Nicaragua y México, han denunciado que a 13 años siguen esperando respuestas y reparación.

En 2020 tanto el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (Cofamicenh) y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) revelaron que en 2018, la Fiscalía de Nuevo León envió el expediente original del caso a la Fiscalía General de la República por paquetería. La empresa Redpack destruyó el expediente y las evidencias. La Fiscalía de Nuevo León no informó de esta situación sino hasta un año y dos meses después. Entre las evidencias destruidas estaba la manta que Los Zetas dejaron junto a los cuerpos aquella madrugada. El único objeto que firmaba la masacre se perdió en una caja de cartón en una bodega de paquetería.

Desde la masacre de Cadereyta, en 13 años sólo se han logrado identificar a 19 de las 49 víctimas: 12 hondureñas, una guatemalteca, cuatro mexicanas y dos nicaragüenses. Ninguna de las seis mujeres ha sido identificada. No hay sentencia ni esclarecimiento de cómo ocurrieron los hechos, desde la desaparición de las víctimas hasta el hallazgo de sus restos en Nuevo León.

Actualmente solo han sido detenidos Daniel de Jesús Elizondo Ramírez Asunción Hernández López, José Ricardo Barajas López y otros cuatro sicarios de bajo rango: Alberto Daniel Silva, alias ‘El Chaparro’ o ‘El Tikitiki’, de 22 años; Juan José Escobedo Morales, de 18 y Javier Andrade Tavera, de 24, ​​Asunción Hernández López alias ‘El Veracruz’, de 23 años. Pero todos aseguraron que sólo obedecieron órdenes de Los Zetas. 

Nueve días después de los granadazos en Morelia, Michoacán, un teléfono timbró en las oficinas de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo en la Ciudad de México. “Quiero denunciar a las personas que aventaron las granadas”, dijo un hombre con acento norteño. “Lo que hicieron no tiene madre”. 

El informante sabía dónde encontrarlos con exactitud: una casa en construcción con portón blanco de lámina, junto a un campo de fútbol en la sierra de Antúnez, Apatzingán. “No hay pierde”, dijo y colgó. 

Al día siguiente, tres agentes federales –Armando Javier Rojo Aguilar, José Martín Zarza Escamilla e Ignacio Moreno Aguilar– se adentraron en la sierra siguiendo las coordenadas. Y cuando llegaron, todo estaba ahí: el portón, el campo, la casa a medio construir. Según sus primeros informes, al interior encontraron a tres hombres esposados de las manos, con el rostro vendado, como si los hubieran dejado ahí envueltos para regalo.

Los agentes dijeron que los tres confesaron de inmediato: trabajaban para Los Zetas y este cártel les había pagado para explotar las granadas en la plaza de Morelia durante los festejos del 15 de septiembre de 2008. Pero que sus jefes en un acto patriótico los habían amarrado y dejado en esa casa para que la policía los encontrara.

Esa historia perfecta escondía otra verdad que tardaría años en revelarse: todo había sido un montaje ideado por Mario Arturo Acosta Chaparro, el asesor de inteligencia del gobierno de Felipe Calderón, un militar con un pasado oscuro ligado a la represión de la Guerra Sucia en los años setenta.

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA que reconstruye esta historia a través de las declaraciones de sobrevivientes, testigos protegidos y los acusados, y revela lo que sucedió aquella noche en Morelia, cuando las granadas estallaron durante el Grito de Independencia. Una tragedia que cambió el rumbo de la “guerra contra el narcotráfico”.

La noche del atentado en Morelia se sintió como “radiación”

Pasadas las once de la noche del 15 de septiembre de 2008, el gobernador Leonel Godoy Rangel dio el Grito de Independencia desde el balcón del Palacio de Gobierno, mientras la plaza Melchor Ocampo, rodeada de edificios de cantera rosa, se desbordaba de familias que esperaban ver con ansias cómo los fuegos artificiales iluminaban el cielo de la capital michoacana. 

Viridiana Bucio estaba parada entre esa multitud y a pesar de tener la pierna fracturada quería ver los cohetes, recuerda que fue justo después de las campanadas de la iglesia cuando se escuchó el estruendo.  “Tronó algo muy feo”, diría. 

Víctor Díaz, que estaba a unos metros de ella, también vio algo extraño: una luz que bajaba del cielo como si fuera un cohete perdido. Enrique Rodríguez, muy cerca de él, dice que lo vio como una “especie de pelota”, cayendo, que cuando tocó el piso se vino la explosión.

Abel García, otro testigo, dirá después que aquella noche cuando cayeron los granadazos se sintió “como una radiación”. 

Angélica Bucio, una mujer que estuvo ese día, dijo que vio el momento exacto en que un hombre aventó con la mano un objeto como de diez centímetros, que voló de atrás hacia adelante y pegó en la cabeza de un señor que estaba muy cerca de ella.

Belém Zavala dice que ella sintió la explosión como un golpe en la cabeza que la dejó aturdida y que cuando abrió los ojos vio a la multitud tendida sobre la plaza. Unos estaban desangrados y a otros les faltaban las extremidades del cuerpo. 

Martín Inocencio, un vigilante del Hotel Fénix que estaba a unos metros de la plaza, dice que después de las granadas, vio cómo se elevaba una nube de humo blanco de un metro de altura.

Ocho personas murieron ese día y más de cien resultaron heridas. Los forenses llegaron a la conclusión de que los fragmentos metálicos de las granadas habían penetrado cráneos, causado laceraciones de arterias, amputaciones de miembros y hemorragias masivas. 

Las primeras declaraciones del atentado en Morelia

Once días después del atentado, en las primeras horas del 26 de septiembre de 2008, los tres hombres que habían sido encontrados amarrados en aquella casa de Apatzingán confesaron. 

El primero en hablar fue Alfredo Rosas Elicea, de 35 años, quien relató que para él todo había comenzado el día 13 cuando unos conocidos que trabajaban para Los Zetas llegaron a su casa en construcción en Lázaro Cárdenas. No se anduvieron con rodeos y le propusieron arrojar granadas en Morelia a cambio de cien mil pesos. Le dijeron que querían “calentar la plaza y que le echarían la culpa a la Familia Michoacana”. 

Una hora después declarará Juan Carlos Castro Galeana, quien dijo que trabajaba para Los Zetas desde hacía cinco meses. A él le dijeron que una persona llegaría desde la Ciudad de México para adiestrarlos en el lanzamiento de granadas en Playa Jardín, en las afueras de Lázaro Cárdenas. 

El último en declarar sería Julio César Mondragón Mendoza, que contó que dos días antes de los atentados un integrante de Los Zetas le había ofrecido “un jale en Morelia” por cien mil pesos. 

Ya en la ciudad, les explicaron que las granadas se tenían que aventar para “causar temor” y hacer quedar mal a La Familia Michoacana y que Los Zetas estaban enfurecidos: La Familia los había sacado de Lázaro Cárdenas y de otros poblados de Michoacán, y querían venganza. Les dijeron que debían lanzarlas “donde no hubiera tanta gente” y que la señal sería cuando oyeran los cohetes “para que no se escuchara tanto”. Pasadas las once de la noche lanzaron sus granadas hacia la plaza. 

Las evidencias que liberarían a los presuntos culpables

Meses después los tres hombres se retractaron y contaron una historia completamente distinta. Alfredo Rosas Elicea narró que ese 15 de septiembre se levantó a las ocho de la mañana y trabajó todo el día en una casa en construcción. Alrededor de las siete de la noche recibió una llamada de una amiga que estaba en un supermercado.

Pasó por ella, la condujo a su casa y regresó a la suya como a las ocho y media. Cenó tranquilo y a las nueve salió a ver una pelea de box en su terreno, después pasó por el centro y llegó a su casa a la una y diez de la madrugada. Era imposible que hubiera estado en dos lugares al mismo tiempo.

El verdadero horror comenzó una semana después. El 23 de septiembre, alrededor de las once de la mañana, Alfredo llegó en su Tsuru rojo a su casa y vio que afuera había una camioneta café estacionada. Cuatro hombres lo detuvieron, lo subieron a su propio carro en la parte trasera y le agacharon la cabeza hasta las rodillas. Alcanzó a escuchar por radio: “¡Ya levantamos a este güey!”.

“En los lugares donde me tenían secuestrado me presionaron para que me echara la culpa”, declaró ante el juez. Durante el cautiverio escuchó que en otras habitaciones golpeaban a otros hombres que gritaban y lloraban. Cuando lo trasladaron a la Procuraduría General de la República (PGR), su estado era tan grave que tuvieron que enviarlo a un hospital, donde permaneció varios días internado. 

Juan Carlos Castro Galeana contó que el 18 de septiembre de 2008, tres días después de los atentados en Morelia, estaba en un taller mecánico cuando, de pronto, pasó una camioneta Mitsubishi blanca sin placas. Se bajaron dos hombres y le dijeron “Súbete a la camioneta”.

Lo subieron a la parte trasera, le taparon la cabeza y comenzaron a golpearlo. Se internaron en una huerta y lo bajaron. Le acercaron las armas a la cabeza y cuando uno estaba a punto de matarlo, otro intervino: “No lo mates, a este le vamos a sacar más provecho, vamos por la recompensa”.

Lo llevaron a una casa donde le mostraron videos donde le cortaban la cabeza a una persona y le dijeron con toda calma que a él le iban a cortar dedo por dedo y brazo por brazo. “Y también a tu familia, ¡hijo de la chingada!”. Aterrorizado, les contestó que haría lo que fuera con tal de que pararan. 

Ahí le dijeron que tenía que echarse la culpa de los granadazos. “Repetía lo que ellos me decían. Si me equivocaba me golpeaban. Volvía a repetir hasta que decía exactamente lo que querían”. Escuchaba a otras dos personas siendo torturadas en cuartos contiguos, así que les gritó a través de las paredes: “¡Digan lo que ellos quieran para que ya no los sigan golpeando!”.

En algún momento escuchó a sus captores platicar entre ellos: “La gallina ya está lista para el caldo”. Los bañaron, les cambiaron de ropa y los llevaron a una casa donde los dejaron tirados en el suelo y amarrados. Ahí estuvieron hasta que llegaron los tres agentes y les preguntaron quiénes eran. Los torturadores les habían dado instrucciones precisas: debían contestar «Somos Zetas». Y eso hicieron.

El supuesto hombre que lanzó una granada desde arriba de un árbol

Julio César Mondragón Mendoza contó que a él lo secuestraron el 21 de septiembre. Eran las tres de la tarde y estaba afuera de su casa lavando un carro. Llegaron cinco hombres armados en una camioneta blanca y le dieron un cachazo en la cabeza que lo dejó inconsciente. Cuando despertó tenía los ojos vendados. Escuchaba voces que le decían: “Si no te echas la culpa de las granadas, te mataremos a ti y a tu familia”.

La acusación contra Julio César era particularmente absurda. Las autoridades lo señalaron como el hombre que había lanzado una granada desde arriba de un árbol en la plaza Melchor Ocampo de Morelia. Pero Julio César padecía poliomielitis desde niño. Era físicamente imposible que pudiera subir siquiera a las jardineras de la plaza, mucho menos trepar un árbol.

Más tarde en septiembre del 2008, Raúl Espinosa de los Monteros, el abogado de defensa, señalaría en la prensa que todo había sido una fabricación de Mario Arturo Acosta Chaparro – asesor de inteligencia del gobierno de Calderón–, quien fabricó junto con La Familia Michoacana y la PGR la detención de los tres inculpados. 

Los tres fueron liberados en mayo de 2015 por un juzgado en Jalisco debido a la falta de pruebas por parte del Ministerio Público federal y la tortura físicos y psicológicos a los que fueron sometidos.