A las dos de la tarde el teléfono de Bufet, un pequeño restaurante en el número 18 de Bucareli, empezó a sonar. Desde el mostrador le gritaron a la señora Estela Pérez –que estaba en su turno de mesera– que tenía una llamada de emergencia. Ese jueves 11 de junio de 1981, una de sus vecinas le dijo desde el otro lado de la bocina que se fuera a la casa de volada: unos agentes de la policía estaban saqueando su departamento en la calle República de Costa Rica en el Centro Histórica, muy cerca de su trabajo.

Estela llegó corriendo y aún alcanzó a hablar con dos hombres que salían del cuarto de uno de sus hijos. Entre el trajín les preguntó qué estaban haciendo ahí y sin dar muchos detalles le respondieron que venían de la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia, un área de la Dirección de la Policía del entonces Distrito Federal.

Estaban ahí porque su hijo Armando Magallán, de 26 años, había sido detenido horas antes asaltando una casa en el Estado de México.

Durante el interrogatorio, el chico había confesado que tenía un botín de artículos electrónicos en su cuarto que habían sido robados en otros atracos. La señora Estela intentó que le dijeran dónde estaba detenido, que su hijo sólo era taxista, pero a los agentes nada les importó. Se subieron a dos combis blancas y se marcharon con fayuca en las manos. Desde ese día, Estela empezó la búsqueda de su hijo.

Primero, recorrió los centros de detención de la ciudad y, cuando no lo encontró, pagó un desplegado durante ocho días en un periódico con su foto. Hasta que el 3 de julio de ese 1981 recibió otra llamada telefónica al restaurante. Era la voz de un hombre: “¡Ya deje de chingar con lo de Armando, el muchacho pronto va a regresar!”.

Fotografía del joven Armando Magallán, de 26 años. ARCHIVERO.

Seis meses después, el 15 de enero de 1982, la señora Estela vio en un kiosco un periódico con un titular espantoso: en los márgenes del río Tula aparecieron flotando siete cuerpos golpeados y mutilados, irreconocibles para todos, menos para la señora Estela, que creyó ver a su hijo Armando en las fotos de esos cuerpos que ya no tenían vida.

Durante cinco días fueron apareciendo más cuerpos en la última compuerta del drenaje profundo a orillas del río Tula, en el pueblo de San José Acoculco, Hidalgo. Hasta sumar 12. Los medios bautizaron el hallazgo como la “matanza del río Tula”. Y durante dos años la policía evitó realizar la investigación.

Hasta 1985 la señora Estela conoció finalmente la razón: los cuerpos que se encontraron en el río eran originarios de Colombia, parte de una supuesta banda de asaltantes a quienes les chofereaba su hijo. Fueron detenidos, uno a uno, y recluidos primero en hoteles, casas de seguridad, en las oficinas de la Policía Montada y en el pabellón psiquiátrico del penal de Santa Martha Acatitla, donde fueron torturados para que confesaran dónde habían escondido un botín de 120 millones de pesos.

Cuando entregaron el dinero, los sacaron del penal y fueron ejecutados por miembros del Grupo Jaguar, una división de la policía secreta que respondía al general Francisco Sahagún Baca, titular de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD); por cierto, primo de Martita Sahagún de Fox.

La DIPD era parte de la Dirección General de Policía y Tránsito, que entonces dirigía Arturo ‘el Negro’ Durazo, un funcionario conocido durante su gestión por sus actos de corrupción y violaciones a derechos humanos.

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA, que reconstruye este caso gracias a la desclasificación de expedientes olvidados entre cajones y viejas oficinas públicas. Casos como éste revelan que en México la verdad oficial está en obra negra.

Un joven lleva a unos colombianos a Garibaldi

Desde hacía unos años Armando Magallán trabajaba de taxista conduciendo un Rambler del año 70, que le rentaba a una señora llamada Isabel. Su muchacho le prometió a Estela que con su trabajo pronto le iba a comprar una casa, para que por fin dejaran el departamento de la calle Costa Rica.

Pero a inicios de mayo de 1981, Armando empezó a cambiar: dejó de ir a dormir a casa o llegaba hasta las 6 de la mañana. Extrañada, le preguntó qué estaba haciendo y éste le contó que unos amigos colombianos lo habían contratado para conocer la ciudad. En junio, Estela conoció a tres de ellos. Un día que regresó de trabajar los encontró en casa.

Estaban tomando unos vinos e incluso la invitaron a la plaza Garibaldi a cenar. Pero ella se negó y el único que aceptó fue otro de sus hijos, Arturo. Ese día se tomaron una foto que ha quedado en el expediente. Los hermanos Magallán están sentados en una mesa con tres hombres que visten muy formales y posan con un vaso en la mano. Al reverso, una dedicatoria: “recuerdo de sus amigos con todo cariño, Lupo, Carlos y Carlos”.

Fotografía tomada en el restaurante “El Marisquero”, de izquierda a derecha: Carlos Hernández “Carlos Ríos”; Armando Magallán Pérez; José Hernández “Lupo” o “Josele” y Arturo Rodríguez “Tito”.

Estela recuerda que, por esos días, también ocurrió un incidente familiar: Armando tuvo una pelea con su yerno, Jorge Arias Ángel y su hija Rebeca, quienes también vivían en el departamentito con sus niños. Los hijos despertaron a Armando y éste enfureció. Les dio 15 días para abandonar la casa porque no lo dejaban dormir. A la madre no le gustó la pelea pues sabía que su yerno trabajaba como mandadero de un comandante de la policía.

El 7 de junio, vio a Armando salir en el taxi, eran las nueve de la mañana. Su hijo dijo que llevaría a sus amigos colombianos a conocer el Estadio Azteca. “Ya no trabajes tanto, te va a hacer daño”, le diría su madre. Fueron las últimas palabras: no volvería a verlo. Al día siguiente ocurrió la llamada de su vecina, los policías cateando su casa. La zozobra.

En el expediente ha quedado asentado que, en agosto de ese año, la señora Estela presentó una denuncia formal en la Jefatura de la Policía de Tlaxcoaque. Fue la propia DIPD quien recibiría la denuncia, formalizada con el número 15434/81.

Los cuerpos que aparecieron estaban mutilados

El 11 de enero de 1982, a las 5:30 de la tarde, los campesinos de San José Acoculco los encontraron: los 12 cuerpos flotando en el canal de aguas negras en la salida del interceptor central. También alcanzaron a ver que a otros se los llevó la corriente.

A simple vista parecían todos hombres y tenían machetazos, balazos, quemaduras. Algo que compartían es que estaban amarrados de las muñecas con vendas elásticas. El reporte de los médicos forenses revela que antes de morir fueron torturados y después de su asesinato, probablemente mutilados. Les pusieron números. Cuerpo 1: sin cabeza y sin el brazo izquierdo desprendidos por machete. Cuerpo 2: sin brazo. Cuerpo 3: orificio de bala en la cabeza, quemaduras en las manos. Las descripciones son el recorrido por sus cuerpos y revelan lo que sufrieron antes de morir.

Los primeros siete cuerpos fueron trasladados al Hospital Civil de Tula y desde ahí las autoridades elaboraron los reportes que daban los primeros indicios: vestían ropa de buena calidad de “marcas colombianas”. Hasta el 15 de enero de 1982, los campesinos siguieron encontrando más cuerpos flotando en el Río Tula.

Las autoridades de Hidalgo le echaron la culpa a sus vecinos de la capital: aseguraron que los cuerpos habían sido echados en el desagüe desde el D.F y terminaron en su territorio. Por eso, entra en escena en este caso el coronel Francisco Sahagún Vaca, titular de la DIPD. Terminó involucrado en la investigación.

Su primera versión replicada por los medios a inicios de febrero, consignaba que ninguna de las víctimas era mexicana. Lo aseguraban porque las etiquetas de la ropa eran de marcas colombianas y guatemaltecas; también porque nadie había ido a reclamarlos. Incluso dijo que tenía la sospecha de que fueran guerrilleros de países sudamericanos, que hubieran sido asesinados por miembros de la ultraderecha, ante el peligro que representaban para la estabilidad de sus gobiernos.

Pero Sahagún Vaca nunca imaginó que entre los cuerpos estaba un chico mexicano, desaparecido, y cuya madre llevaba tiempo buscándolo por todos lados.

El 11 de enero de 1982, 12 cuerpos fueron encontrados en las aguas negras del río Tula. ARCHIVERO

Reconocer el cuerpo de Armando en el anfiteatro

El día que Estela acudió a reconocer el cuerpo de su hijo llevaba una blusa de tela roja con puntos blancos, de esas que traen un moño amarrado al cuello. Una fotografía que se anexó al expediente revela que, por ese entonces, tenía el cabello corto con el volumen que se usaba en los años ochenta. Tiene la mirada fija a la cámara, retadora.

En enero de 1982 llegó al anfiteatro de Hidalgo y le mostraron las fotografías de los cuerpos de hombres que ‘no’ eran su hijo. Pidió ver ese cadáver que reconoció en el periódico, pero le dijeron que estaba muy descompuesto. Ante su insistencia le solicitaron un documento donde aparecieran las huellas dactilares de su hijo. Al día siguiente, regresó acompañada de la novia de Armando, Martha, quien guardaba su cartilla militar. La señora esperó durante semanas los resultados que finalmente confirmaron lo que temía.

Por esos días un comandante de la DIPD, José Luis Licona, fue a su casa de la calle Costa Rica y llevó a doña Estela a las oficinas de Tlaxcoaque, donde la interrogaron. El caso se fue al archivo. Esporádicamente aparecían declaraciones de Sahagún Vaca con supuestos avances. La realidad es que fue hasta 1984 cuando la oficina de la Interpol en México, liderada por Jorge Aldana Ibarra, la retomó en forma.

La cartilla militar fue un documento clave para identificar el cuerpo del joven mexicano. ARCHIVERO.

La Interpol armó el caso del río Tula

La vecina de Estela, María Luisa, quien sin querer daría la pista a la Interpol para esclarecer el caso de la matanza de Tula: reveló que el día del cateo de 1981, desde la calle y agazapado en un poste estaba el yerno de Estela, Jorge Arias Ángel, lo que le pareció muy raro: ¿Por qué no subió?

En la colonia todos sabían que trabajaba para la DIPD como mandadero del comandante Raúl Chávez Trejo, encargado del Plan Tepito, un programa con el que pretendían controlar la venta de fayuca en la zona. Durante los interrogatorios distintos miembros de la familia de Armando fueron dando más pistas que apuntaban hacía él. La señora Estela revelaría que, por esos días, le preguntó a su yerno por qué no subió durante el cateo. Jorge le respondió que eso era mentira de su vecina.

Estela recordó que, durante la desaparición de su hijo, el yerno le prometió que le pediría ayuda a su jefe. Luego, también le dijo que a Armando lo había agarrado un grupo que se llamaba “Jaguar” y que no se preocupara porque de seguro “no aparecía porque estaba muy golpeado y que luego lo iban a dejar salir”.

Sin embargo, sería Rebeca, la hermana, quien daría una frase demoledora: “A ese ya ni lo busquen ya se lo echaron”, le dijo su esposo un día. Otra sería la señora Isabel, la dueña del taxi en el que desapareció, quien contó que un día se encontró a Jorge y le dijo “a sangre fría” que a Armando “ya lo habían matado”.

La Interpol armó la historia final: en venganza por el pleito familiar y para intentar quedar bien con el comandante Raúl Chávez, Jorge le contó sobre actividades sospechosas de su cuñado con algunos colombianos, de cómo había estado llevando dinero, alhajas, aparatos electrónicos y un millón de pesos a la casa de su madre Estela.

Las huellas dactilares de Armando Magallán Pérez pudieron ser contrastadas con las que aparecían en su cartilla militar que guardaba su novia. ARCHIVERO

La participación del ‘Negro’ Durazo

A mediados de 1981, cuando fue informado del asunto, ‘El Negro’ Durazo dio instrucciones a Sahagún Vaca para investigar el caso. Entonces, el titular de la DIPD encomendó la misión a Rodolfo Reséndiz Rodríguez ‘el Rudy’, comandante del Grupo Jaguar. Sabríamos entonces que quienes estuvieron en el cateo sin orden judicial fueron ‘el Rudy’, Fernando Durruti Castillo ‘el Flaco’ y Luis Gamboa Cruz ‘el Terremoto’.

Durazo y Sahagún Baca ordenaron la detención de los presuntos colombianos entre junio y julio de 1981 y fueron detenidos en el Hotel Panorama y en el Hotel Costa Rica; después fueron trasladados al campo de prácticas de la policía en la colonia Balbuena y a las caballerizas de la Policía Montada, donde fueron torturados.

Después, estuvieron en una cárcel clandestina en Avenida de las Torres, en la colonia Viaducto Piedad. Cuatro de ellos estaban muy lastimados por la tortura, así que decidieron trasladarlos al pabellón psiquiátrico del penal de Santa Martha Acatitla, donde permanecieron incomunicados.

Entre el 10 y el 13 de enero de 1982, es decir medio año después de las primeras desapariciones, Rodolfo Reséndiz los sacó del penal y los hizo subir a dos camionetas. Llegaron hasta la Lumbrera 8 del Emisor Central del drenaje profundo del Distrito Federal, una cascada subterránea. Les desataron los pies y los ejecutaron extrajudicialmente. En el lugar donde sus cuerpos fueron arrojados había una red de alambres de púas para evitar el paso de desechos: por eso los cuerpos estaban mutilados.

Un expediente en el Archivo General de la Nación también revela que, durante los interrogatorios de la Interpol, distintos miembros de la DIPD fueron torturados para obtener estas declaraciones.

Francisco Sahagún Baca, el titular de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia escapó del país y la última pista que tuvo la Interpol fue que estaba escondido en España. Hasta el día de hoy, no se conoce con exactitud cómo ocurrió la matanza de Tula y tampoco la identidad de las víctimas, asegura el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico en un informe. Hasta el día de hoy Sahagún Vaca continúa prófugo de la justicia.

El Negro Durazo escapó ese año de México y dos años después fue capturado en Costa Rica por contrabando, evasión fiscal, extorsión, acopio de armas y abuso de autoridad. Por las circunstancias de su extradición –sólo se podía juzgar a un “presunto delincuente” por los delitos de su extradición– no pudo ser acusado por la masacre del Río Tula, dice el Mecanismo. Durazo fue juzgado en 1986. Tras ocho años en prisión fue liberado por buena conducta y falleció en 2000 en su mansión con vista al Océano Pacífico.

El señor Manuel Uribe no supo explicar cómo inició todo: declaró a las autoridades que alcanzó a escuchar gritos y una voz que les ordenaba desde afuera que nadie podía salir de casa. Cuando pudo levantarse, logró distinguir que eran soldados. Después vino lo peor: sus invitados heridos de bala se metieron a su habitación corriendo, en un intento por resguardarse, pero ya iban moribundos.

Era un bautizo. Era una familia que vivía en la ranchería El Realito, a 27 kilómetros de la cabecera municipal de Badiraguato, Sinaloa, una región que sería conocida décadas después como la tierra de Joaquín El Chapo Guzmán y Rafael Caro Quintero. El 7 de abril de 1971 celebraban el sacramento que recibía el séptimo niño de los Uribe. En ese año El Realito tenía 26 habitantes y todos habían sido invitados, así como de otras rancherías aledañas.

Afuera de la casa, unas 45 personas bailaban y cantaban al ritmo de la banda, una fiesta que habían preparado desde temprano el señor Manuel y su esposa Bertilia Coronel, embarazada nuevamente de un bebito de siete meses. Manuel recuerda que acaba de entrar a su habitación, con unos amigos y familiares; quería reposar sobre la cama el pie derecho que le dolía por una lesión vieja. Agarró unas cervezas y los invitó a seguir la fiesta adentro. Después vino la tragedia. La balacera.

Toda la madrugada estuvieron retenidos mientras escuchaban los últimos susurros de su gente. Incluida su esposa, que fue baleada y murió durante la madrugada. “Permanecimos toda la noche escuchando quejidos y viendo muertos”, declararía después Manuel.

A las 23 horas, nueve soldados del 34º. Batallón de Infantería irrumpieron en el guateque. Según la primera versión del Ejército, cuando pasaban por el rancho, fueron atacados a balazos por una muchedumbre armada. Sin embargo, los reportes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y los testimonios recabados ante el ministerio público local, Francisco Guerra, ofrecen una versión distinta. En una operación “anti-narcos” el Ejército hizo del bautizo una masacre y los dejó morir durante la madrugada.

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA, que reconstruye este caso gracias a expedientes olvidados entre cajones y viejas oficinas públicas. Casos como éste revelan que en México la verdad oficial siempre está en obra negra.

Murieron 16 civiles en un bautizo en El Realito

En el informe del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, que busca poner luz a la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado entre 1965 y 1990, aparecen los hechos de El Realito. Uno de los actos graves en contra de habitantes en zonas donde se llevaba el combate al narcotráfico en el sexenio de Luis Echeverría. La de El Realito es una de las cuatro masacres en nombre de esta guerra. El Batallón masacró a 16 civiles e hirió a otros 12 que se encontraban en la fiesta.

Hoy un expediente resguardado en el Archivo General de la Nación y documentos de un juzgado de Badiraguato permiten reconstruir que la balacera duró aproximadamente 20 minutos, que fue hasta las 6 de la mañana del día siguiente que los sobrevivientes pudieron salir de la casa donde el bautizo se realizó.

Ante las autoridades las señoras Lydia Leyva y María Trinidad Pérez reconstruyeron lo que sucedió aquella noche en El Realito. Dijeron que era cerca de las once de la noche cuando todos bailaban “alegremente”. De repente se vieron rodeados por elementos del Ejército; al mando iba un hombre al que llamaban “sargento segundo” y hoy sabemos que se trataba del militar Ausencio Esparza Reyes. Ellas vieron cuando uno de los soldados jaló de la chamarra a uno de los invitados. Después el soldado cayó muerto sobre la tierra pedregosa. La versión de los militares es que el hombre traía una pistola dentro de la chamarra y que, cuando el militar lo jaló, la accionó y le disparó.

“De inmediato los soldados que lo acompañaban empezaron a disparar en contra de la gente […], todos dejaron de bailar […]. Hubo una gritería tratando la gente de correr para resguardarse en lugares seguros”, dijeron un día después de la masacre.

En el pórtico de la casa estaban la señora Silvia Contreras con la anfitriona, Bertilia. Las mujeres intentaron correr a la cocina cuando empezaron los balazos, sin embargo, al llegar a la puerta, Bertilia fue alcanzada por las balas de los militares. Silvia recibió un balazo en la espalda pero sobrevivió toda la noche herida. “La tropa mató a hombres y mujeres sin piedad”, dice un informe fechado el 9 de abril de 1981 por la DFS.

Gracias al testimonio de otro testigo, Ramón Duarte, sabe que los militares dejaron morir a los heridos impidiendo que cualquiera pudiera entrar o salir de ahí. En los portales de la casita se apilaron los cuerpos de las 16 personas que murieron durante la noche. El más pequeño de las víctimas fue el niño Ramón Ochoa, un vecino de Los Limones. Apenas tenía nueve años y recibió 13 balazos.

También hubo soldados heridos y uno muerto

En un ranchito a tres kilómetros de El Realito otros sobrevivientes declararon que hubo un soldado muerto y otros tres heridos que fueron acribillados por sus propios compañeros, ya que estuvieron disparando a todos lados. Fue hasta las 6 de la mañana del día siguiente que un juez de Tameapa, Amancio Rales Gastelum, llegó al rancho y empezó a repartir órdenes judiciales para que las víctimas pudieran salir del lugar y ser atendidos de sus heridas. A otros les dio boletas para que sacaran a sus familiares muertos.

“En el lugar de los hechos quedaron regados los cadáveres de mujeres, niños y adultos, quienes fueron victimados por la espalda. El Juez de Badiraguato, al acudir a dar fe de los hechos, quedó impresionado de aquella escena ‘patética’, llena de dolor y angustia. Hubo un momento en que los llantos y gritos de mujeres le impidieron continuar levantando el acta”, dice un reporte de la DFS sobre lo que ocurrió esa noche.

A las 14:55 horas del 9 de abril, un general del ejército de apellido Castro y Castro ordenó la retirada de El Realito. Los militares se fueron a bordo de cuatro comandos.

La versión de los soldados: llegaron atraídos por el sonido de balazos

La versión del teniente coronel, que en los documentos aparece citado con los apellidos “Núñez Jiménez”, de acuerdo con sus investigaciones, dijo que los soldados se acercaron a El Realito atraídos por el sonido de unos disparos. Al entrar a la casa, Ramón Camargo Lugo, un soldado de 23 años, encontró a una persona armada, quien a su vez disparó en contra del militar matándolo. Por eso sus compañeros del Batallón respondieron con fuego.

De acuerdo con el informe desclasificado de la DFS, consultado por DOMINGA, todos pertenecían al 34º. Batallón de Infantería con sede en la ciudad de Salvador Alvarado, Sinaloa. Los militares que resultaron heridos fueron el segundo sargento, Esparza Reyes, los cabos Hermeneciclo Hernández y Macario Lazcano.

José Martínez Lozano, un licenciado de la entonces Procuraduría General de la República que llegó al lugar al día siguiente, consideró que la PGR no necesitaba realizar una inspección ocular después de la masacre, pues ya la estaba haciendo el agente del Ministerio Público militar: “La que está muy bien hecha y detallada”.

Los heridos fueron atendidos en el Hospital Civil de Culiacán: llevaban heridas en el glúteo, en la espalda, les dieron por detrás. Con los días fueron apareciendo más heridos que se habían escondido en rancherías cercanas o en las faldas de los cerros. Según un reporte las autoridades locales estaban intentando identificar entre los muertos a traficantes de drogas. Pero en el expediente no hay registro alguno de que lo hayan logrado.

Después de muertos, intentaron fincarles responsabilidades pero no lo lograron. Según autoridades, los militares involucrados fueron trasladados a una prisión de Mazatlán, sin embargo, no hay más información de qué pasó con ellos.

El diagnóstico era sencillo. El pequeño Angelito, que apenas había cumplido los dos años, tenía una inflamación en el estómago. El médico de un centro de salud en Apatzingán, Michoacán, les había recetado un medicamento e indicaciones para que se aliviara pronto, era una inflamación bastante común. Unos días después, sin embargo, el bebé no mejoraba, seguía mal, unos gritos y retortijones evidenciaban que era un asunto serio.

El 2 de febrero de 2018, desesperada, la madre llamó a su suegro y le contó que su bebé tenía comportamientos muy extraños. Le sorprendían esos gritos y, a pesar de las pocas palabras que el pequeño apenas balbuceaba, para ella, tenía delirios que eran anormales. Su suegro entonces le implantó una sospecha: tal vez era cosa del demonio.

La mamá de Angelito lo llevó con un sacerdote del barrio y le contó toda la situación. Aunque el médico les había dicho que era una inflamación nada extraordinaria, ella seguía creyendo que quizás era el diablo. El cura, para dejarla más tranquila, le haría una pequeña oración en misa. Todos los feligreses rezarían por la salud del pequeño. Pero no fue suficiente. “No sé cómo explicarlo, pero el niño se siguió agravando más […], tenía como alucinaciones, delirios”, declararía la madre ante la autoridad, unos días después.

Familiares le recomendaron a alguien que pudiera ayudarla. Su nombre era Gilberto Hernández Jiménez, un curandero de Apatzingán que se había hecho de fama entre la gente y almas piadosas de la colonia. Además, para abonar a la trama, era un pariente lejano de su esposo. El 9 de febrero, a las 11:00 horas de la mañana, Gilberto llegó a la casa. La madre lo condujo al cuarto donde estaba el niño con retortijones de estómago. El diagnóstico del brujo fue inminente: se le había incrustado una “cosa endemoniada”.

Sólo había que darle una sobada en el estómago, dijo, para que el demonio abandonara la pancita de Angelito. Pero las cosas se complicaron. Según Gilberto, el demonio se resistió y tuvo que golpear y romperle las vértebras al niño. Unas horas después, Angelito murió después de un ritual exorcista.

Los exorcismos son prácticas antiguas que persisten y generan controversia. En el país, sólo la Arquidiócesis Primada de México cuenta con sacerdotes especializados en esta práctica y se necesitan permisos eclesiásticos.

Documentos obtenidos en el Poder Judicial de la Federación y los múltiples amparos que Gilberto ha tramitado desde 2021, revelan secretos de un exorcismo que terminó en asesinato y ha llegado a los tribunales de México.

Desde la habitación vio que lo había atado

Desde 2021, Gilberto Hernández Jiménez ha tramitado distintos recursos judiciales ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal de Morelia, para intentar desacreditar las declaraciones de la madre de Angelito e invalidar una sentencia de 25 años en prisión por asesinato calificado. Es por demás extraño leer, página por página del expediente, cómo los involucrados realmente creyeron que Angelito estaba poseído, lo que condujo a su muerte. Decían que sí, estaba poseído, que sí, el diablo se adueñó de su espíritu.

Pero lo más estremecedor de este caso es la historia del día en que murió. A las 11:18 horas, dice el expediente, Gilberto entró al cuarto. La última imagen que tiene la madre es Angelito acostado, cubierto con una cobijita blanca, el último recuerdo de su niño vivo.

El exorcista le dijo que saliera de la habitación y ella obedeció emparejando la puerta. “Le quería dar la oportunidad de que lo pudiera ayudar, porque solamente le iba a dar una sobada en el estómago, para así sacar lo que el niño tenía adentro, una cosa endemoniada, le estaba atacando en el estómago”, dijo la madre.

Pero después empezó a escuchar ruidos que ella “no sentía buenos”, quejidos y llantos. La mujer corrió al cuarto y vio que su niño estaba atado de los pies, “todo el cuerpecito ya lo tenía atado con unas vendas de color blanco”. Gilberto, al verla sorprendida, le dijo que era necesario estrujar su cuerpo para sacarle el demonio.

Su madre vio desde la puerta que le estuvo “remolineando” los cabellos al niño, “para que le pudiera hacer salir el demonio”, dijo el exorcista. “Lo agarró y le estaba remolineando la cabecita fuertemente, lo tenía sujeto y al mismo tiempo con una sola mano, y con la otra lo estaba deteniendo, lo estaba sosteniendo del antebrazo”.

Después de unos minutos, su madre reaccionó finalmente y le quitó al niño de las manos a los gritos y lo empujó, le dijo que no estaba bien. Éste sólo le espetó que ella era un espíritu débil. La mujer con todas sus fuerzas empujó al charlatán hasta sacarlo del cuarto.

El C5 recibió de Lázaro Cárdenas la llamada de auxilio

Cuando logró arrebatarle al niño, vio que estaba muy mal: empezó a vomitar, tenía sangre y ya no reaccionaba. Su piel estaba cambiando de color. Pronto llegó su esposo, vio a Gilberto parado al lado de su esposa, quien desconsolada trataba de reanimar a Angelito y lo desamarraba del cúmulo de vendas que lo tenían atado. El padre comenzó a tocarlo y a darle respiración de boca a boca para reanimarlo. Finalmente llamaron a Protección Civil, cuando se dieron cuenta de que el niño respiraba despacito.

“Cuando llegué, ya casi, ya no tenía pulso, casi ya no respiraba […] prácticamente ya no latía su corazón. Me dijeron que tenía un demonio dentro”, declaró su padre ante un tribunal de Apatzingán unos días después. La madre dice que el exorcismo duró apenas 20 minutos y que Gilberto hasta el final mantuvo la versión de que su niño tenía que ser curado de una presencia demoníaca que lo acechaba.

Ese 9 de febrero, el C5 de la región de Lázaro Cárdenas, a las 13:18 horas, recibió la llamada: un menor con problemas respiratorios estaba en una casa de Apatzingán agonizando. Unos 15 minutos después, la ambulancia llegó a la casita y se dieron cuenta de inmediato que el niño estaba muerto.

Un reporte revela que un policía de la zona entrevistó a la madre y llegó a una conclusión: “el ‘modus operandi’ es un menor que falleció al ser curado por un exorcismo”. Se lee además: “Dentro de las investigaciones, se logró establecer que fue por las lesiones que sufrió, porque era exorcizado por su tío político”.

El charlatán continúa interponiendo recursos legales

Un médico forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado determina que durante el exorcismo Angelito sufrió una equimosis por debajo del ojo derecho, una lesión en la región malar del lado izquierdo, conocida como mejilla o cachete, y otra lesión en lo que fue abdomen, región infraumbilical, lesiones circulares en la muñeca de las manos, y lesiones circulares en lo que son los pies y la lesión mortal: en las cervicales.

“Toda lesión que tenga una sección en la médula a nivel cervical, es mortal por sí misma al dañar un órgano vital; que la luxación pudo ser generada por un golpe hasta un movimiento provocado por alguien más, en este caso hacia el menor, ese movimiento pudiera ser, de que lo agarren del cuello, lo que es el mentón”.

Gilberto Hernández fue sentenciado a pasar 25 años en prisión el 25 de septiembre del 2019 por el delito de homicidio calificado, en agravio de Angelito y tiene que pagar desde entonces 449 mil pesos a la familia. Sin embargo, desde 2021, no deja de interponer recursos para comprobar que él sólo quería sacarle el demonio.

Para que Tomás Colsa McGregor, un joyero de 47 años, pudiera reunirse con Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, primero fue trasladado al Radisson Paraíso Hotel, al sur de la Ciudad de México. Dos agentes de la Policía Judicial Federal le dijeron que ese hotel era propiedad de Carrillo, así que ahí permaneció unos días hasta que consiguió verlo.

Tomás Colsa vendía joyas carísimas a narcos de mediano calibre. Pero sabía que la única manera de colocar sus piezas era haciendo contacto con los narcotraficantes más poderosos del país. Eran los inicios de 1990.

Su objetivo era Amado Carrillo, el rey de la cocaína. Había hecho una fortuna gracias al tráfico masivo desde Colombia, que cargaba en aeronaves que él mismo pilotaba.

Había aprendido del negocio en Chihuahua y a su cartel le llamaron Juárez, como la capital de ese lugar. Pero en 1989, Carrillo había sido detenido y trasladado al reclusorio Sur, donde las rejas no frenaron sus planes criminales. El dinero le compró comodidades y jefes de alto nivel.

Según el expediente de la causa judicial, el joyero pasó una semana en una habitación del Radisson Paraíso, esperando una llamada. Hasta que el día llegó: habían conseguido acceso al reclusorio Sur para que se entrevistara con él. El narcotraficante sinaloense tenía comprado a dos jefes de seguridad del penal para lograrlo.

Ese día, Colsa le explicó que tenía un doctorado en Gemología, en pocas palabras, que era un experto en piedras preciosas desde 1982. Se sinceró y le dijo que quería comprar un lote de joyas y empezar un negocio a lo grande y él era el único que tenía ese dinero. Carrillo le dijo que sí y le pidió que se trasladara hasta Ciudad Juárez para que su compadre y socio, Rafael Aguilar Guajardo, un ex agente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) convertido en narcotraficante, le diera el dinero.

Ese día recibió 100 mil dólares y viajó hasta Nueva York, donde compró piedras preciosas que más tarde vendería a otros narcotraficantes y a jefes policiacos de todo el país. Carrillo se convertiría en su mejor cliente: le compraba lotes de joyas de hasta tres millones de dólares. Sus joyas favoritas eran un brillante de corte marquise baguette y un reloj Piaget Emperador de 46 kilates.

El joyero escuchó confesiones en silencio, atestiguó las toneladas de drogas que llegaban a Quintana Roo, donde Amado se sentía tan protegido que se paseaba en las camionetas de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Se hospedaba en hoteles, como el Coral Beach, y desde ahí supervisaba las descargas con toneladas de cocaína que venían desde el Caribe.

La PGR le ofreció ser testigo protegido y, gracias a esto, se integraría el “Maxiproceso” con el que se acusó a 110 presuntos integrantes del cártel de Juárez en 1998.

Esta es una historia de ARCHIVERO para MILENIO, una declaración que marcaría la historia del narcotráfico en México, gracias a la investigación y desclasificación de expedientes que quedaron olvidados en cajones y viejas oficinas gubernamentales. Historias que nos llevan al interior de una vieja política de mentiras y traiciones.

Las actividades de Amado Carrillo a la vista de todos

Pedro Lupercio Serratos

El negocio de Tomás Colsa McGregor arrancó con el pie en el acelerador. Fue gracias a Amado Carrillo que empezó a vender joyas a otros narcotraficantes, como Pedro Lupercio Serratos, entonces uno de los brazos derechos del Señor de los Cielos.

Las joyas impresionaron a Lupercio: aunque no tenía el dinero completo, le ofreció 50 millones de pesos, 300 mil dólares y un carro deportivo muy de moda por esos años, un Phantom 1990. Colsa declaró esto el 25 de marzo de 1997 ante la PGR y es parte de la causa judicial contra el Cártel de Juárez. El expediente fue obtenido por ARCHIVERO, contiene las declaraciones del joyero y de otros detenidos que hablan de nexos con artistas y jefes policiales.

En los siguientes dos años, Colsa anduvo de fiesta en fiesta, de bautizo en bautizo, eventos de los hijos de narcotraficantes del cártel de Juárez. Pronto se asoció al joyero con el jefe. Así, en 1992, vio cómo el Señor de los Cielos traía toneladas de droga desde Colombia, que descargaban en Quintana Roo, donde se hospedaba en hoteles que eran propiedad suya.

Fue ahí donde, según el joyero, conoció a Guillermo González Calderoni, el director general de Intercepción, Aérea, Terrestre y Marítima de la PGR, Guillermo González Calderoni, un funcionario respaldado por políticos y narcotraficantes a los que protegía. Calderoni, recuerda, lo escoltaba en su Cadillac blanco.

Para junio de 1992, declara, vio a Carrillo coordinarse con Calderoni para que aterrizaran cuatro toneladas de cocaína que venían distribuidas en cuatro aviones procedentes de la isla de San Andrés, en Colombia, ubicada frente a las costas de Nicaragua.

Recuerda que él y su compadre Lupercio miraban desde los ventanales del aeropuerto de Cancún cómo 10 elementos de la PGR simulaban un operativo a la vista del público, mientras los cuatro aviones cargados de cocaína aterrizaban. Los aviones se estacionaron frente a la estación de bomberos y a un costado del avión de la PGR, donde había aterrizado Calderoni, y el Learjet azul de Amado Carrillo.

​Inmediatamente después subieron la cocaína a un tráiler blanco. A la par, otras personas recargaban el combustible de los aviones, que llegaron de Colombia, para que volvieran a casa. Según el joyero, Lupercio le dijo que la droga iba directa a Ciudad Juárez. Y le hizo una promesa: con esa venta le iban a comprar un buen cargamento de joyas. “Vas a recibir un buen dinero”, dijo.

Para noviembre de 1992 lo cumplió. Además, le prometió que le pagaría tres millones de dólares por joyas para los “regalos de Navidad”, lo mismo Ramiro Mireles Félix, otro narcotraficante que le entregó un millón. Por cierto, de Mireles el joyero declaró que sus fiestas eran una bomba que duraban cuatro días y donde incluso fue a tocar la reconocida Banda el Recodo.

Esa venta casi le cuesta la vida a Colsa: en febrero de 1993, en medio de una borrachera y una inyección de drogas duras, le gritó a Lupercio que era un ratero, nunca pagó el dinero de las joyas de Navidad. “¡Eres un hijo de tu chingada madre!”, le respondió Lupercio, colérico.

Y lo amenazó de muerte: le aseguró que nunca iba a pagarle. Aunque Lupercio lo perdonaría, tiempo después, el 29 de enero de 1993 intentaría asesinarlo en Guadalajara.

La ruptura de los líderes del Cártel de Juárez

Tomás Colsa McGregor no tuvo otra opción más que volver a pedirle un favor a Amado Carillo, jefe de su compadre ahora convertido en enemigo. Se vieron en Ciudad Juárez, en El Rodeo, restaurante del que también era dueño. Ahí, tomó un teléfono y llamó a Lupercio:

“Mira, Pedro, vamos a mandar a una persona para que arregle tus pendejadas”, le dijo sobre un mediador que intentaría dialogar con él para que no matara al joyero.

En ese mismo restaurante, el joyero presenciará la ruptura de los líderes fundacionales del cártel. Rafael Aguilar Guajardo, socio y amigo que le ayudó a fundar la organización criminal, en medio de una pelea le sorrajó una cachetada a Amado Carrillo.

Este se quedó en silencio, se dio la media vuelta, le hizo una señal a su escolta y abandonó el lugar. El 12 de abril de 1993, Aguilar sería asesinado en Cancún y, según la versión de Colsa, fue Carrillo quien lo asesinó como venganza.

Ese mismo mes, el joyero finalmente fue detenido y encarcelado en un hotel de la Ciudad de México, donde, según declaró, le plantaron drogas porque se negó a pagar a la Policía Judicial Federal derecho de piso por sus ventas de joyas a los narcotraficantes. Sin embargo, fue absuelto del cargo de portación de drogas en septiembre de 1994.

Cuando salió de prisión, a través de Martha, hermana de Carrillo, Colsa volvió a pedir audiencia con su jefe. Ella le contó que ahora su hermano vivía en Cuernavaca, Morelos. El Señor de los Cielos le dio trato VIP y le mandó un avión privado hasta el aeropuerto de Guadalajara. Fue trasladado a un lugar llamado Rancho la Luz, en Tetecala, una especie de hacienda y residencia de verano. Ahí vivía su esposa Sonia, sus dos niños y su cuñado. El lugar era escoltado por una cincuentena de personas, entre personal de la Policía Judicial Federal y de la PGR.

Otra vez, como en 1990, le contó que tras su detención su situación económica “era muy grave” y necesitaba 50 mil dólares para ayudarse a salir adelante. No quería regalado el dinero: era un intercambio por joyas preciosas. Según la declaración de la PGR, Colsa vio ahí al gobernador de Morelos, Jorge Carrillo Olea, quien se bajó de su Grand Marquise, escoltado por cuatro patrullas del estado. Carrillo le habría dado un abrazo afectivo al Señor de los Cielos. Por supuesto que el gobernador negó las acusaciones, sin embargo, en 1998 renunció al cargo.

Volviendo a diciembre de 1994, Carrillo sufrió un atentado al interior del restaurante Ochoa Bali Hai, en avenida Insurgentes Sur, en la Ciudad de México. Según el testimonio del joyero, fue Pablo Chapa Bezanilla, fiscal especial para esclarecer los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.

“El licenciado Chapa Bezanilla ayudó a Amado Carrillo y a su gente a salir de ese problema”, dijo Colsa ante la PGR.

El joyero cuenta un pasaje polémico que entrelaza el mundo del narcotráfico con el del espectáculo. Dijo que el 14 de febrero de 1996 volvió a encontrarse con Carrillo en una de las habitaciones del hotel Crown Plaza, de Monterrey. Pero apenas platicó 10 minutos con él porque salió corriendo.

“Iba a verse con la artista de televisión, Gloria Trevi, ya que Amado Carrillo le comentó que se encontraba sumamente enamorado de esta artista”, declaró.
Eso sí, antes de que se fuera, le vendió un reloj Rolex Cellini con incrustaciones de brillantes y rubíes por un valor de 40 mil dólares, cantidad que pagó en efectivo.

La colusión de Amado Carrillo no solo involucró a policías de poca monta y artistas de moda. El joyero estuvo en distintas reuniones con Javier García Morales, hijo de Javier García Paniagua –ex titular de la DFS, la agencia de espionaje mexicana– y medio hermano del actual Senador electo, Omar García Harfuch.

García Morales era un influyente miembro del PRI en Guadalajara. Durante sus años involucrado con el narcotráfico, el joyero incluso se hizo compadre suyo y, por eso, una de las reuniones ocurrió en su propia casa, en Paseos del Prado 1224 en Guadalajara, donde acordaron cómo sería la descarga de aviones y entregas de cocaína. El joyero también dijo que presenció reuniones con los generales del Ejército, Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, operadores de la llamada Guerra Sucia.

​El final del joyero

Esta confesión la haría a las 18:45 horas del 25 de marzo de 1997. Tomás Colsa dijo que estaba casado, que era católico, comerciante de joyería fina, licenciado en Administración de Empresas, y doctor en Gemología. La PGR ofreció convertirlo en testigo protegido y, gracias a él, se integraría el “Maxiproceso”, ahí se menciona a la mayoría de los narcotraficantes famosos, así como a mandos policiacos y gobernadores priistas.

Pero Amado Carrillo no alcanzaría a ser juzgado: tras ocho horas de cirugía murió en un quirófano de Polanco, intentando operar su rostro para evadir a la justicia el 4 de julio de 1997. Ese mismo año, los tres médicos fueron asesinados y sus cuerpos abandonados en una carretera.

Tomás Colsa McGregor, el joyero, el 5 de julio, un día después de la muerte de su jefe, fue asesinado cuando bajaba de un camión de pasajeros en la Ciudad de México.

Ambos estudiaban en la Escuela Secundaria Nocturna para Trabajadores, número 18, en la calle de Serapio Rendón, en la colonia San Rafael del entonces Distrito Federal.

Iban juntos a los cursos lectivos, clases para los hombres que emigraban del campo y para los capitalinos con pocos recursos, donde aprendían oficios prácticos que los preparaban para una vida laboral precaria: oler aceite impregnado en la ropa por los siglos de los siglos.

Juan Manuel había llegado de una pequeña ciudad fundada en el virreinato, Huajuapan de León, en Oaxaca. Cuando cumplió 26 años, decidió cerrar su taller de bicicletas y llevar a sus padres al D.F., la capital de la utopía modernista, de edificios futuristas y multifamiliares de mil departamentos aunque de 48 metros cuadrados.

Una vez en esta caótica ciudad, Juanito fue detenido en febrero de 1970 por la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía de espionaje mexicana, y su nombre quedaría para siempre en los archivos de una historia que aún hoy guarda secretos.

El joven era sospechoso junto a otros chicos y un sacerdote, porque Carlos Castañeda de la Fuente, amigo suyo, intentó asesinar al presidente Gustavo Díaz Ordaz, un político priista que logró a costa de la represión las olimpiadas perfectas y aplacaba lo mismo movimientos estudiantiles que guerrillas urbanas o campesinas.

El atentado ocurrió el 5 de febrero de 1970, mientras el político se trasladaba con su comitiva cerca del Monumento a la Revolución. Y quedó guardado como secreto de Estado.

La DFS creía que Juan Manuel Martínez formaba parte de un complot mayor, eran los años de la “guerra sucia” que ejerció el gobierno durante los sesenta y setenta.

Esta es una historia de ARCHIVERO para MILENIO, es la reconstrucción de un caso gracias a la investigación y desclasificación de expedientes que quedaron olvidados entre cajones y viejas oficinas gubernamentales. Casos como este revelan que en un país como México la verdad oficial siempre está en obra negra.
El mecánico

Ingresar a los expedientes de la cárcel de Lecumberri, hoy el Archivo General de la Nación, es sumergirse en esas antiguas celdas llenas de cientos de folders color café.

Para mirar esos informes redactados a teclazos de máquina y llenos de faltas de ortografía, hay que usar guantes y tratarlos como cebolla que se deshace en las manos.

Entrar a Lecumberri es volver 46 años en el tiempo y entender cómo policías y espías del país realizaban operaciones encubiertas casi siempre en la ilegalidad y que se acomodaban de acuerdo con los intereses del jefe en turno.

Reconstruir la historia de Carlos Castañeda de la Fuente, el compañero de secundaria de Juan Manuel no fue fácil. Aunque su nombre aparecía en los ficheros de la DFS, una pequeña tarjeta informativa que elaboraban los policías donde consignaban el número del expediente que abrían en contra de un detenido, no había registro en la base maestra.

Había que atinar en qué caja estaba. Entonces, en ese revisar, apareció un expediente con decenas de hojas y fotografías, peritajes psicológicos, reportes policiales, y una carta en la que se leía:

“Si el pueblo pide justicia y el gobierno ordena matarlos, los cristianos tenemos la obligación de defender y orientar al pueblo, como dice la teología católica, aun usando las armas contra el tirano”, escribió en un manuscrito que llevaba consigo el día que la policía secreta lo detuvo.

Era 1968. La lucha entre el comunismo y el capitalismo dividía el mundo en dos bandos, mientras los movimientos estudiantiles despertaban en América Latina al ritmo de las canciones de protesta de Óscar Chávez y Amparo Ochoa.

En México, se vivía una de las peores convulsiones en su historia: un movimiento estudiantil integrado por jóvenes de universidades públicas exigía en protestas pacíficas un alto a la represión del presidente Gustavo Díaz Ordaz y, en respuesta, los masacró el 2 octubre, en la Explanada de las Tres Culturas de Tlatelolco.

Al abrir el expediente encuentro un documento que me lleva a esta época. Leo:

“Hoja 2. Secretaría de Gobernación. El día de hoy fue presentado y, posteriormente también puesto en libertad, Manuel Martínez Vázquez, quien al ser interrogado declaró”

Carlos Castañeda le parecía alguien extraño. A sus 28 años, originario del D.F., ya tenía facciones de hombre mayor: mentón cuadrado, quijada prominente y se había tomado muy en serio la defensa del catolicismo en el que creía.

Le decían el “San Agustín”. El apodo nació en la secundaria nocturna, cuando el maestro de Historia Contemporánea aventaba ataques contra la Iglesia y Castañeda siempre le contestaba, así se ganó el mote.

También recuerda ese día en que la profesora de Química, al despedir al grupo, preguntó uno a uno qué camino iban a seguir en la vida, y Castañeda respondió: “quiero ser sacerdote”.

Después de la clase, Juanito le preguntó: “Carlos, ¿tu vocación es sincera? Entonces, ¿por qué no ingresaste al seminario?” Este respondió que sí lo había intentado, pero no lo había logrado. No dio más explicaciones y cada uno siguió su camino a casa.

Pero ese fue el preámbulo que lo detonó todo. Días después, continuó la conversación de la religión y Juan Manuel reveló a su amigo que en el pasado había participado en las actividades de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana.

Dicha organización fue fundada a inicios del siglo XX, y se dedicada a organizar a jóvenes católicos del país, y cuyo lema era: “Por Dios y por la Patria”, una frase que resonaría en la cabeza de Castañeda, y que llevaría a la práctica con escuadra y balas.

La asociación estaba cruzando la calle, frente a la secundaria, y según relatan los archivos, Juanito quería que Castañeda conociera a un cura amigo suyo, en sus cuarenta años: el padre Manuel Vázquez, quien podría ayudarlo a entrar al seminario.

La ficha que elaboró la DFS abre con una fotografía en blanco y negro, un hombre de cara alargada y delgada y lentes de armazón negro que cubren la mitad del rostro, cabello de ladito, saco y una corbata negra chueca. Está de frente y parece que te mira. También fue detenido. Leo:

“En lo que se refiere al Pbro, Manuel Vázquez Montero, no existen datos en esta oficina de que haya participado o firmado alguna solicitud de libertad a favor de los presos políticos.

«Sí hay los siguientes antecedentes: Nació el 15 de febrero de 1923 en Villa de Perote, Veracruz […]. En 1960 aparece como Asesor Eclesiástico de Acción Católica Mexicana en Veracruz y dirigía los programas educativos y la organización del Colegio Cristóbal Colón en este puerto, el cual es un plantel en que se educan hijos de personas de posición desahogada y cuyo patronato estaba integrado por prominentes católicos”.

La ficha explica que para 1963 fue nombrado capellán de la escuela de periodismo ‘Carlos Septién García’, asistente eclesiástico de la asociación de jóvenes, entre otros cargos. Finalmente, en 1969, fue comisionado a la Diócesis de Veracruz, en Orizaba.

Según la historia de Juan Manuel, cuando los presentó, el sacerdote le compró a Castañeda un libro, ‘Héctor’, una novela histórica escrita por Jorge Gram, pseudónimo de David G. Ramírez, un sacerdote que escribió de la Guerra Cristera, un conflicto civil entre el gobierno mexicano y religiosos católicos que tomaron las armas para defenderse de quien pretendiera controlar el catolicismo en el país, que en solo tres años dejó 250 mil muertos.

Cuando el encuentro terminó, el padre reveló a Juan Manuel que su amigo necesitaba conseguir “una dote” de tres o cuatro mil pesos. Según esta versión y la de Castañeda, había dicho que requería ese dinero para ser aceptado por la Iglesia. “Él carecía de dinero”, dijo sobre los planes frustrados de ser sacerdote.

Las ideas subversivas

Para 1969, Carlos Castañeda ya había conseguido trabajo en el taller mecánico G.M.C., en avenida Insurgentes Norte número 1274. Todos los días se trasladaba desde su departamento en la San Rafael hasta el norte de la ciudad, donde trabajaba en el almacén, de las 09:00 a las 19:00 horas por 200 pesos diarios de entonces.

Ahí conoció a Juan Vega Zamudio, un jovencito de 19 años que venía de Tixtla, Guerrero, y había llegado a la capital. “[Castañeda] era muy extraño, no tenía amigos y únicamente vivía con una hermana. No le gustaba la bebida, los cigarros y ni las mujeres”, recordó Vega.También, le contó que había intentado ingresar al seminario, pero nunca tuvo dinero. A este compañero le confesaría el plan que había empezado a fraguar.

A inicios de 1968, Castañeda sintió empatía por el movimiento estudiantil, inclusive asistió en algunas ocasiones a las concentraciones masivas que se realizaron en la Plaza de la Constitución.

Cuando los estudiantes fueron masacrados en Tlatelolco —se hablaba entonces de 28 muertos, una cifra considerada una mentira del gobierno, según testimonios habrían sido asesinados al menos 300 estudiantes—, empezó a sentir un rencor “muy especial” por Díaz Ordaz, a quien acusaba de ser el asesino.

En diciembre de 1969, Castañeda le soltó todo a Vega: estaba tratando de conseguir un arma para asesinar al presidente y a otros funcionarios, creía que sería la única manera de acabar con las injusticias en México. Vega se solidarizó y con los días le preguntó si aún buscaba esa arma. Castañeda le dijo que sí. “El problema estudiantil va a resurgir nuevamente a pesar de la matanza del 2 de octubre”, sentenció

No fueron discretos y su compañero del taller, Noe Vilchis, otro chico de 20 años que había emigrado del Estado de México, le dijo que podía conseguirla.

Su primo justo estaba vendiendo una escuadra que se había encontrado tirada en el cerro. Vilchis y Castañeda fueron a la casa del primo en la cerrada del Tejocote, en lo que hoy es el callejón del Tejocote en Santa Fe.

El pariente se llamaba Juan Álvarez y sacó una pistola calibre .38. Castañeda le pagó 900 pesos, un dineral para el sueldo de 242 que recibía en el taller cada semana. La guardó en una petaquita que decía “México”.

Unos días después, según el expediente, Juanito le enseñaría a usarla y cargarla en las minas de Santa Fe, las balas había que comprarlas en la calle Donceles del Centro y le explicó cómo lograr que no se encasquillaran.

Los agentes aseguraron que, por voluntad, Álvarez, el primo, declaró que Castañeda “tenía ideas subversivas”, el término favorito de la DFS para torturar y encarcelar jóvenes en esa época.

“Voy a vengar la muerte de los estudiantes, de las mujeres y niños inmolados en Tlatelolco y me voy a convertir en un émulo de [José de] León Toral y mi sacrificio me hará mártir”, habría dicho Castañeda, en referencia al asesino del presidente Álvaro Obregón.

Así fue el día del atentado

Según la propia versión de Carlos Castañeda, el 4 de febrero fue a comprar timbres postales. Regresó por la noche y se acostó a dormir en un cuarto que rentaba en la calle de Serapio Rendon.

Durmió de corrido y se levantó a las 08:00 horas, desayunó sin prisas y compró el diario, dónde vio los eventos que tendría el presidente Díaz Ordaz.

Ese 5 de febrero se tomó el tiempo para afeitarse. A las 10:00 horas, fue al buzón de correos dónde dejó una carta dirigida a la revista Por qué?, con los motivos por los que cometería el magnicidio, el sobre estaba sellado con cinta.

Inicia el plan en el evento de Díaz Ordaz

Entonces empezó el plan: caminó al Hemiciclo a Juárez, en la Alameda, donde Díaz Ordaz tenía el primer evento del día, pero Castañeda no se atrevió a dispararle: no logró acercarse hasta la tarima para darle un tiro inequívoco.

Caminó rápido sobre la calle de Gómez Farías hasta Insurgentes, donde vio estacionados los vehículos de la comitiva. Ahí se mezcló con un grupo de vendedoras ambulantes. Sacó de la petaca la escuadra porque creyó que el presidente ahí venía: estaba seguro de que ese carro negro era de Díaz Ordaz.

Apuntó, se preparó y disparó, pero la bala apenas logró incrustarse en la carrocería. El joven no solo había fallado, ni siquiera había logrado atentar contra el presidente. En la camioneta iba el secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán.

“Atravesó la bala en la parte inferior de la portezuela izquierda, seguramente pensando que era el carro del primer mandatario, ya que al pasar la gente que estaba en el lugar lanzó ‘vivas’ al Sr. Presidente”, declaró el secretario.

Carlos Castañeda fue detenido por el chofer de un funcionario de la Policía de Tránsito del Distrito Federal, que lo entregó al Servicio Secreto del presidente Díaz Ordaz, quienes después lo llevarían a la temida DFS, conocida por sus métodos de tortura.

Carta que Castañeda dejó para la revista

Este organismo logró interceptar la carta dirigida a la revista Por qué?, y que se titulaba “Noticia que ocurrirá el 5 de febrero de 1970”. Esta carta la obtuvo archivero y MILENIO y podrás leerla para conocer los motivos de Castañeda.

Castañeda escribió: “Acto cometido como protesta en contra el gobierno y la Iglesia de México por la matanza injusta de Tlatelolco y el casco de Santo Tomás, por esto planeamos las reformas a la constitución política de México para que beneficien a las generaciones futuras. «Reformas y cosas dignas de hacer justicia matando si es preciso ladrones, mal gobierno, mala iglesia que atentan contra el patrimonio de la familia mexicana”.

En la carta asegura que hay una pésima educación y existe una falta de libertad económica y democracia política que “hay que hacer cumplirla” incluso por la fuerza.

“Defenderlos como lo hizo Emiliano Zapata y Francisco Villa contra el mal gobierno de Porfirio Díaz, defenderlos como lo hizo Benito Juárez contra la iglesia.

“Toca mostrar que somos capaces de matar por la justicia y por México… El engaño es propio de la dictadura… El licenciado Echeverria y el gobierno apoyaron la matanza de estudiantes que pedían justicia y que cayeron en las manos del ejército de soldados, granaderos, detectives […], un 70 por ciento su única justicia son las verijas de las prostitutas”.

En el expediente hay fotos de su detención. Gracias a una de ellas sabemos que el día del atentado Carlos Castañeda llevaba una chamarra abombada, una camiseta de cuadros y que traía los zapatos de vestir bien lustrados.

Cargaba en su cartera una tarjeta del Instituto Mexicano del Seguro Social y una credencial de afiliación al PRI. También hay fotos de lo que hoy sería una tote bag, donde cargaba la pistola con ocho balas.

Según la declaración de Castañeda, bajo tortura, intentó asesinar al Presidente por su arraigada fe católica radical y por culpa del sacerdote que le dijo: “Si tienes tanto valor, a ver, mata al Presidente”.

Los agentes de la DFS también elaboraron otro informe, morboso y lleno de detalles de la vida sexual de Castañeda. Leo:

“Incluso nunca ha efectuado ningún acto sexual, porque conforme a los principios básicos de la religión católica, el hombre y la mujer no deben tener contacto sexual previo [al] matrimonio, lo que ha continuado observando a pesar de no haber logrado sus propósitos de hacerse sacerdote, para lo cual considera como elemental el celibato”.

Castañeda dijo a los agentes que estaba dispuesto a morir en el cumplimiento de la justicia divina y terrenal, y sabía que, si hubieran matado a Díaz Ordaz, “el Creador lo juzgaría para bien o para mal en el cielo”.

Ese 5 de febrero de 1970, el doctor Manuel de la Rosa realizó un informe pericial que lo hundiría de por vida. Según su reporte médico, Castañeda tenía un hiperfuncionamiento de la hipófisis, escribió que no se trataba de un individuo como los catalogados “locos” pero que, desde luego, se trataba de un tipo fanático que podía presentar cuadros de esquizofrenias o paranoias.

El internamiento

Para esconder el crimen, las autoridades enviaron al “San Agustín” al Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno, en el kilómetro 6 de la carretera México-Puebla. Fue diagnosticado como “incapacitado” y “débil mental con estado paranoico”. Sus hermanos fueron obligados a reconocer que estaba loco.

Carlos Castañeda reconoció su error a través de un escrito que encuentro consignado sin fecha alguna, una hoja de papel con tinta roja que dice:

“A la sociedad creo y afirmo que las reformas a las que me referí en mi protesta se pueden conseguir por medios pacíficos como el tiempo. Pido por favor que me dejen trabajar mientras estoy prisionero”.

En el expediente 408/70, juicio sumario del 5 de junio de 1970 a las 12:00 horas, Castañeda dijo que quería buscarse una novia, casarse y dedicarse a trabajar.

Aun así, los peritos médicos Miguel Gilbón Maltret, Arturo Baledón Gil y Amílcar Olivares Rodríguez dictaminaron que representaba un peligro para la sociedad, respaldados por un juez.

Gana la libertad tras recibir ayuda de una mujer

Según el ministro en retiro de la Corte, José Ramón Cossío Díaz, Castañeda estuvo internado hasta 1993 y, luego de 23 años, salió gracias a una mujer: Norma Ibáñez, a quien conoció por accidente, dice Cossío, mientras se encontraba en el sanatorio haciendo su tesis de derecho.

Castañeda se le acercó y, al descubrir que era abogada, le contó su historia. Ibáñez descubrió todas las irregularidades: tortura, falta de un juicio justo, falta de un defensor y el internamiento obligado en un hospital psiquiátrico. Gracias a ella lo dejaron libre.

Su historia tampoco tuvo un final feliz: a partir de 1994 vivió en situación de calle. La madrugada del 4 de enero de 2011 un vehículo que nunca fue identificado lo atropelló muy cerca del Monumento a la Revolución, donde intentó asesinar a un Presidente en 1970.