Laura Sánchez Ley, Lucero San Vicente y Donají Valencia

“¡Mira Denisse, por aquí me metían!”, dice al señalar la entrada a un estacionamiento subterráneo. A Verónica, una mujer trans de 61 años, se le ponen los ojos llorosos. Denisse asienta con la cabeza, quiere hablar pero se le corta la voz. En unos minutos lo harán, ahora sólo caminan y procesan que están justo en el lugar donde fueron víctimas de abuso y tortura hace más de 40 años.

Es muy temprano en el Centro Histórico de la Ciudad de México, aun así rivaliza el claxon de los coches con los gritos de policías que intentan desalojar a personas sin hogar que viven en esta plaza. Un espacio amplísimo en forma de triángulo, que se adorna con una capilla del siglo XVII y un monumento enviado por el gobierno de Azerbaiyán. Hay una rampa que da al estacionamiento y unas escaleras que te llevan a mirar de frente la cúpula.

Los sótanos de Tlaxcoaque fueron utilizados en las décadas de los setenta y ochenta como centro de tortura, a lo largo del periodo de la ‘Guerra Sucia’ | Ariel Ojeda

En las escalinatas está Adalberto, tiene 45 años aunque parece mucho mayor. Hace media década, cuando su padre murió, sus hermanastros lo despojaron de la casa familiar, así que desde entonces monta y desmonta una casuchita de cartón. Se acaba de levantar y se tiende al lado de unas bolsas con latas que llevará a reciclar. Las bolsas de yute cubren una placa que dice “Plaza Tlaxcoaque”.

Adalberto dice que desde la entrada del sótano alguien le lanza gritos. Casi todos los días un jovencito en forma de sombra le dice “¡sácame de aquí!”. “Yo le digo que descanse, pero me doy cuenta que no puede escucharme”.

No es el único: el agente de la policía que cuida el estacionamiento dice que, en efecto, debajo hay unos sótanos. El agente hace guardia desde la entrada y no se mueve más allá. “Se siente, bien sabe cómo, feo…”.

Ahora vive gente en situación de calle y evita adentrarse a los sótanos que están en el estacionamiento subterráneo, un área que fue resguardada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desde 2022.

Denisse dirige hoy dos asociaciones, RespeTrans, para dignificar a las mujeres trans, y Reparación Sobrevivientes Adultas Mayores Trans | Ariel Ojeda

Durante 40 años aquí estuvo la Dirección General de Policía y Tránsito. Un edificio enorme, un cubo perfecto donde también alojó a la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), una corporación secreta de la policía, que detuvo, torturó y desapareció a “guerrilleros”, disidentes políticos, transexuales, falsos narcotraficantes y casi cualquiera que se les cruzara. El edificio tuvo que ser demolido a raíz del terremoto de 1985, quedando apenas los sótanos.

La Plaza Tlaxcoaque está a sólo unas cuadras del Zócalo, donde diario transitan miles de personas que trabajan, pasean, asisten a eventos masivos, mítines y protestas. Hoy la gente que camina por las calles que rodean la plaza, Chimalpopoca o la Avenida 20 de Noviembre, desconocen que si se agachan un poco y abren unas rejillas de metal que están al pie de la banqueta, aún podrían mirar los sótanos donde los policías torturaron y se popularizó el infame «tehuacanazo», cuando los torturadores agitaban una botella de agua con gas y la introducían por la nariz a la víctima.

Es martes, es marzo y desde la escalinata Adalberto ha visto llegar a Denisse y a Verónica. Las mira con curiosidad desde lo alto, a esa hora de la mañana casi siempre están las mismas personas sin hogar habitando la plaza. Ellas caminan entre los vestigios de lo que algún día fue un centro de tortura de la policía mexicana.

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA que reconstruye el caso gracias a la desclasificación de expedientes olvidados entre cajones y viejas oficinas públicas. Historias como ésta revelan que en México la verdad oficial está en obra negra.

Las detenciones de la corporación secreta de la policía

El Estado cometió crímenes en contra de las mujeres trans durante los años de la ‘Guerra Sucia’. «Por faltas a la moral», la autoridad acusaba | Ariel Ojeda

Denisse y Verónica están impecables, da envidia el maquillaje de salón. Se dirigen siempre con cariño, nos llaman muñequitas, hermosas. Un contraste con lo que van a contar.

Verónica López camina con un bastón que ahora se ha convertido en una extensión de su cuerpo. “Esto me quedó así por las torturas”, dice. Aún no se llamaba Verónica cuando llegó al Distrito Federal, tenía 12 años. Dice que desde niña vivió muchos problemas en su casa y eso la hizo tomar la decisión de escapar a la calle. Así, llegó a un orfanato en la colonia Tacuba, donde conoció a Chichipé, una mujer trans indígena, originaria de Oaxaca.

Un día, Chichipé y ella se escaparon del orfanato y el primer lugar al que llegaron fue al Cine Las Américas, en la colonia Roma.

“Me acuerdo que estaba la película Nora, la rebelde, con Olga Breeskin y afuera había muchas ‘vestidas’, así nos decían”.

Una de ellas era Graciela, quien se le acercó y, al saber que vivía en la calle, la llevó a su casa en Nezahualcóyotl. Ahí eligió llamarse Verónica y comenzó a tomar hormonas.

Graciela y sus amigas se arreglaban para salir a las calles, a trabajar, así conoció la cruda dinámica que vivían las trabajadoras sexuales. Sí, llegaban con dinero, pero también regresaban desnudas y golpeadas.

Verónica empezó a trabajar cerca del Parque México como las demás, hasta que una madrugada de 1979 llegó ‘La Julia’, como le decían a la camioneta de la policía, y se las llevaron a punta de macanazos. Recuerda que la primera vez que llegó a los sótanos de Tlaxcoaque tenía 15 años y coincidió con la visita del papa Juan Pablo II, el 26 de enero.

“Fue cuando vino el Papa, […] estuvimos ahí más o menos unos 15 días, es que ahí no sabíamos cuándo era de noche y cuándo era de día”.

La metieron por el estacionamiento, donde había una puerta chiquita a lado una ventana; de frente, un mostrador de concreto donde estaba un viejito pelón de lentes que registraba a las detenidas. Al fondo, un escritorio desde donde le gritaron:

“¡Órale, encuérate!”.

Bajando las escaleras había un pasillo largo donde se sentía frío y un olor a clorina. Ese maldito olor a cloro, que hoy le es imposible de tolerar. Su celda estaba al fondo, era la quinta, donde habían recluido a puras trabajadoras sexuales. Recuerda que no todas cabían en las literas, a unas les tocaba quedarse paradas y la gran mayoría en el piso.

En lo que alguna vez fue la Dirección General de Policía y Tránsito del DF se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Hoy es una plaza para la memoria histórica | Especial

Después de pasar toda la noche en las frías y húmedas celdas, por la mañana llegaban y les pegaban con un palo a los barrotes. “¡Vapor, vapor!”, gritaban para que se despertaran. Las chicas trans eran las primeras que obligaban a bañar a punta de madrazos. Verónica recuerda que había tres tambos, uno con agua y jabón de polvo; otro para enjuagarse, y otro más donde torturaban a los reos.

Cuando ella fue detenida en los sótanos de la DIPD, su titular era Francisco Sahagún Baca, y el Director de la Policía y Tránsito era Arturo El Negro Durazo. Dice que cuando llegaba Sahagún Baca –por cierto primo de Marta Sahagún, la exprimera dama de México– los custodios de las celdas tocaban un silbato. Y cuando entraba a los sótanos, todos permanecían en silencio.

“Era un viejo güero, pelón, de lentes a media nariz y con una mirada penetrante”, recuerda Verónica.

Al dirigirse hacia la celda donde se encontraban, daba la orden para que las raparan igual que a los ladrones comunes, para identificarlos una vez que estuvieran en la calle.

Las torturas que sufrió Verónica en los sótanos de Tlaxcoaque

Verónica vivió torturas atroces en los sótanos de Tlaxcoaque: mientras lavaba las charolas, escuchaba cómo torturaban a otros reos en los tambos. Dice que primero los colocaban en una tabla donde eran vendados como momias para inmovilizarlos, luego los sumergían en agua donde metían los cables de una batería de carro que les lanzaba toques eléctricos y las víctimas gritaban horrible a causa del dolor.

Verónica era una mujer trans que fue detenida y torturada en los sótanos de Tlaxcoaque en los ochenta | Cortesía/Archivero

“¿Por qué volteas?”, le preguntaban los agentes si intentaba ver a los torturados mientras la ponían a lavar las charolas. A causa de los golpes en la cabeza por intentar voltear, hoy Verónica sólo escucha gracias a un aparato auditivo.

Pero las torturas no sólo ocurrieron en Tlaxcoaque, había noches en que las subían a las patrullas y las trasladaban a calles aledañas al Paseo de la Reforma, donde prácticamente las usaban como carne de cañón.

“Estábamos ahí sobre los ríos, nos parábamos en Río Sena y nos vigilaban desde una esquina, nos obligaban a llevar a los clientes a unos estacionamientos [….] y los clientes se espantaban, ahí los agentes les quitaban su dinero y luego ellos pensaban que nosotras estábamos coludidas con la policía, pero nos obligaban”.

Verónica recuerda a otra de las chicas, su amiga Lorena. Cuando habla de ella hace largas pausas, luego se suelta a llorar: dice que en una de las veces que fueron ingresadas a los sótanos, después de bañarlas a cubetazos de agua congelada se enfermó:

“Me siento mal, mana, ayúdame”, le dijo su amiga. Los agentes decidieron sacarla de ahí. Verónica pensaba que la sacarían para curarla o que podría ir al médico al salir, sin embargo, narra: “Cuando yo salí, busqué a Lorena, pero ya no la volví a ver, ya no supe nada de ella…”. Desde entonces, Lorena está desaparecida y la pregunta ‘¿dónde está?’ es recurrente y dolorosa para Verónica.

El abuso que sufrió Verónica por parte del Estado, en los sótanos de Tlaxcoaque, dejó marcas en su salud física | Ariel Ojeda

Angeles de la policía se la llevaron sólo por caminar

El celular de Denisse Valverde no deja de sonar. Ha dejado a sus 40 perritos en casa, que ha ido rescatando por la ciudad y al mismo tiempo dirige dos asociaciones, RespeTrans, para dignificar a las mujeres trans, y Reparación Sobrevivientes Adultas Mayores Trans, en donde se acercan personas trans que fueron torturadas en aquellos sótanos. Buscan una reparación histórica.

Denisse recuerda que a los 15 años le gustaba caminar con su madre por las calles del Centro Histórico. Recuerda que cuando veía un vestido bonito en la vidriera, su mamá se lo regalaba pero le advertía que debían ocultárselo a su padre.

“No te lo pongas cuando esté tu papá”, le decía temerosa.

Fue un día de 1977 cuando salió de su casa con uno de esos vestidos coloridos. Por ese entonces vivía con su familia cerca de la Avenida Fray Servando Teresa de Mier, en el suroriente de la ciudad. Había salido al Mercado San Lucas, que estaba a unas cuadras. “Yo muy bonita”, se recuerda con nostalgia y un dejo de tristeza.

Llevaba las bolsas de mandado en la mano cuando un hombre frenó a su lado y le gritó: “¡Súbete!” A la joven Denisse se le vinieron a la mente las revistas de nota roja como Alarma!, que exhibían a otras “vestidas” en primera plana. “¿Y ahora qué? ¿Me van a golpear?”, pensó. Cuando finalmente pudo hablar, preguntó por qué la detenían. “Por faltas a la moral”, respondieron. A punta de golpes y una letanía de groserías la subieron a un automóvil que no tenía ninguna insignia oficial de la policía.

Manejaron unos dos kilómetros hasta que llegaron a un edificio de cristal muy cerca del Centro Histórico. Después sabría que al lugar adonde la llevaron era la Plaza Tlaxcoaque y que ahí estaban las oficinas de la DIPD.

Los pasillos de la DIPD fueron testigos de la tortura: desde los «tehuacanazos» hasta los toques eléctricos y ‘baños de vapor’ | Especial

Quien la detuvo fue El Gato, un hombre medio panzón y con ojos verdes, un mandadero de Sahagún Baca. Denisse cree que era uno de esos agentes a los que les llamaban “madrina”, que vestían de civiles y operaban en la clandestinidad para la DIPD. El Gato y otro más la llevaron al estacionamiento.

Las primeras torturas empezaron con insultos y cachetadas, pero el verdadero terror vino cuando le dijeron que le dirían a sus padres que “andaba vestido de mujer”. Y le advirtieron: “de aquí no vas a salir”, amenazando con meterla a los sótanos. Después le preguntaron cuánto dinero traía, pero cuando se dieron cuenta de que sólo era una chamaca, le preguntaron cuánto pagaría su familia por ella.

Después de la golpiza la volvieron a meter al carro y la llevaron a su casa. El Gato la llevó hasta la puerta donde estaba su mamá: “tu hijo estaba vestido…”, le dijo el hombre con voz aguardentosa. Aquel día su madre les entregó el dinero que tenían guardado para el gas. Cuando se fueron, Denisse se echó a llorar. Su madre la abrazó e intentó consolarla. Pero nada le quitó el miedo de saber que “ese pinche viejo” ya sabía donde vivía. El Gato, más tarde se vengaría.

Denisse ha olvidado la fecha exacta, pero la segunda vez que la detuvo, otra vez sólo por el hecho de existir como mujer trans, la llevó primero al estacionamiento y después “de entrada por salida” a los sótanos de Tlaxcoaque. Esa vez, entre cuatro hombres la golpearon y la violaron. No da detalles pero cuenta que fue en el estacionamiento. De aquel día lo que más tiene presente es la impotencia: “no poder gritar, no poder decir nada y de repente ‘ya, chingue a su madre’ y te ibas golpeada, robada y todo”.

El Estado mantuvo encubiertos los sótanos de Tlaxcoaque por décadas, hoy los resguarda la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México | Ariel Ojeda

Durante su segunda detención conoció a Francisco Sahagún Baca. Recuerda que era muy mal hablado y lo escuchó regañar a los agentes: “¡Ya les dije cabrones, que no quiero menores de edad aquí en la cárcel!”, dijo el jefe de la DIPD, los niños los metían en problemas aunque, para los agentes, eran una fuente de dinero seguro.

De “tiro por viaje” patrulleros detenían a las mujeres trans. “La verdad no valiamos nada en ese entonces […] si decías algo, te iba peor, hubo compañeras que denunciaron y desaparecieron”, recuerda Denisse.

“¡Enferma sexual!”, “Bailarina, torturada, violada y ahorcada”, “Más mujercitos, festines secretos de invertidos”, “¡Venden barato su amor los ‘mujercitos’!”, eran algunos de los titulares que se leían por las calles de la ciudad durante esos años. “Aunque las compañeras desaparecidas en Tlaxcoaque nunca salieron en las noticias”, dice con tristeza.

A diferencia de Verónica, Denisse así como entraba salía de este lugar, a ella la pusieron en una ocasión en una celda con “los chavos”; había rateros, comerciantes ambulantes, e indígenas que sólo por ser indígenas estaban adentro. “Ellos gozaban pegándonos y torturándonos psicológica y físicamente y nosotras en nuestra ignorancia no podíamos defendernos, hasta después cuando descubrimos que había derechos humanos”.

Hoy Denisse acompaña y escucha a las compañeras que estuvieron en los sótanos de Tlaxcoaque e intenta tejer el camino de la justicia. El abrazo de consuelo, ayuda y complicidad que su mamá le brindó en esos años, se los da ahora a sus compañeras.

Una plaza de la memoria que está en el abandono

En octubre de 2021 para conmemorar los 53 años de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de 1968, se anunció el proyecto “Tlaxcoaque: Sitio de Memoria”, por parte del gobierno de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum estuvo a cargo de la inauguración, era entonces Jefa de Gobierno de la ciudad. Ese día se colocaron algunas fotografías a blanco y negro en la escalinata de la plaza con soldados y jóvenes detenidos, recordando las detenciones arbitrarias que sufrieron en ese lugar. Sin embargo, las casitas de cartón improvisadas, como la del señor Adalberto, tapan las fotografías.

Las víctimas de la época, como Denisse y Verónica, no recibieron justicia. Hoy en día exigen una reparación histórica | Ariel Ojeda

Un año después, el 19 de agosto de 2022, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició la carpeta de investigación sobre las torturas cometidas en el inmueble de la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal. Desde entonces el Ministerio Público emprendió la búsqueda de posibles indicios. Prohibió la entrada a los sótanos que hoy resguardan policías, los mismos que no se quieren ni acercar. Sin embargo, desde las banquetas, es posible ver su estado: se están pudriendo, la humedad se siente y las losetas se han empezado a desprender de las paredes. Tlaxcoaque se deshace.

Denisse busca a través de la asociación que dirige, una reparación histórica para mujeres adultas mayores trans que sufrieron la violencia de Estado durante los años setenta y ochenta (y algunas posteriormente); así luchan, desde hace tres años, por una pensión vitalicia para las que son sobrevivientes de estas violaciones, y es que muchas de las mujeres trans torturadas aún viven con los estragos en el cuerpo. Verónica por ejemplo, perdió por completo un oído.

“Ya todos los culpables están muertos”, dice Denisse. Verónica le contesta: “Yo creo que ya no van a reparar, todo ese daño, todas esas muertes, ya no». No hay manera.

A las dos de la tarde el teléfono de Bufet, un pequeño restaurante en el número 18 de Bucareli, empezó a sonar. Desde el mostrador le gritaron a la señora Estela Pérez –que estaba en su turno de mesera– que tenía una llamada de emergencia. Ese jueves 11 de junio de 1981, una de sus vecinas le dijo desde el otro lado de la bocina que se fuera a la casa de volada: unos agentes de la policía estaban saqueando su departamento en la calle República de Costa Rica en el Centro Histórica, muy cerca de su trabajo.

Estela llegó corriendo y aún alcanzó a hablar con dos hombres que salían del cuarto de uno de sus hijos. Entre el trajín les preguntó qué estaban haciendo ahí y sin dar muchos detalles le respondieron que venían de la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia, un área de la Dirección de la Policía del entonces Distrito Federal.

Estaban ahí porque su hijo Armando Magallán, de 26 años, había sido detenido horas antes asaltando una casa en el Estado de México.

Durante el interrogatorio, el chico había confesado que tenía un botín de artículos electrónicos en su cuarto que habían sido robados en otros atracos. La señora Estela intentó que le dijeran dónde estaba detenido, que su hijo sólo era taxista, pero a los agentes nada les importó. Se subieron a dos combis blancas y se marcharon con fayuca en las manos. Desde ese día, Estela empezó la búsqueda de su hijo.

Primero, recorrió los centros de detención de la ciudad y, cuando no lo encontró, pagó un desplegado durante ocho días en un periódico con su foto. Hasta que el 3 de julio de ese 1981 recibió otra llamada telefónica al restaurante. Era la voz de un hombre: “¡Ya deje de chingar con lo de Armando, el muchacho pronto va a regresar!”.

Fotografía del joven Armando Magallán, de 26 años. ARCHIVERO.

Seis meses después, el 15 de enero de 1982, la señora Estela vio en un kiosco un periódico con un titular espantoso: en los márgenes del río Tula aparecieron flotando siete cuerpos golpeados y mutilados, irreconocibles para todos, menos para la señora Estela, que creyó ver a su hijo Armando en las fotos de esos cuerpos que ya no tenían vida.

Durante cinco días fueron apareciendo más cuerpos en la última compuerta del drenaje profundo a orillas del río Tula, en el pueblo de San José Acoculco, Hidalgo. Hasta sumar 12. Los medios bautizaron el hallazgo como la “matanza del río Tula”. Y durante dos años la policía evitó realizar la investigación.

Hasta 1985 la señora Estela conoció finalmente la razón: los cuerpos que se encontraron en el río eran originarios de Colombia, parte de una supuesta banda de asaltantes a quienes les chofereaba su hijo. Fueron detenidos, uno a uno, y recluidos primero en hoteles, casas de seguridad, en las oficinas de la Policía Montada y en el pabellón psiquiátrico del penal de Santa Martha Acatitla, donde fueron torturados para que confesaran dónde habían escondido un botín de 120 millones de pesos.

Cuando entregaron el dinero, los sacaron del penal y fueron ejecutados por miembros del Grupo Jaguar, una división de la policía secreta que respondía al general Francisco Sahagún Baca, titular de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD); por cierto, primo de Martita Sahagún de Fox.

La DIPD era parte de la Dirección General de Policía y Tránsito, que entonces dirigía Arturo ‘el Negro’ Durazo, un funcionario conocido durante su gestión por sus actos de corrupción y violaciones a derechos humanos.

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA, que reconstruye este caso gracias a la desclasificación de expedientes olvidados entre cajones y viejas oficinas públicas. Casos como éste revelan que en México la verdad oficial está en obra negra.

Un joven lleva a unos colombianos a Garibaldi

Desde hacía unos años Armando Magallán trabajaba de taxista conduciendo un Rambler del año 70, que le rentaba a una señora llamada Isabel. Su muchacho le prometió a Estela que con su trabajo pronto le iba a comprar una casa, para que por fin dejaran el departamento de la calle Costa Rica.

Pero a inicios de mayo de 1981, Armando empezó a cambiar: dejó de ir a dormir a casa o llegaba hasta las 6 de la mañana. Extrañada, le preguntó qué estaba haciendo y éste le contó que unos amigos colombianos lo habían contratado para conocer la ciudad. En junio, Estela conoció a tres de ellos. Un día que regresó de trabajar los encontró en casa.

Estaban tomando unos vinos e incluso la invitaron a la plaza Garibaldi a cenar. Pero ella se negó y el único que aceptó fue otro de sus hijos, Arturo. Ese día se tomaron una foto que ha quedado en el expediente. Los hermanos Magallán están sentados en una mesa con tres hombres que visten muy formales y posan con un vaso en la mano. Al reverso, una dedicatoria: “recuerdo de sus amigos con todo cariño, Lupo, Carlos y Carlos”.

Fotografía tomada en el restaurante “El Marisquero”, de izquierda a derecha: Carlos Hernández “Carlos Ríos”; Armando Magallán Pérez; José Hernández “Lupo” o “Josele” y Arturo Rodríguez “Tito”.

Estela recuerda que, por esos días, también ocurrió un incidente familiar: Armando tuvo una pelea con su yerno, Jorge Arias Ángel y su hija Rebeca, quienes también vivían en el departamentito con sus niños. Los hijos despertaron a Armando y éste enfureció. Les dio 15 días para abandonar la casa porque no lo dejaban dormir. A la madre no le gustó la pelea pues sabía que su yerno trabajaba como mandadero de un comandante de la policía.

El 7 de junio, vio a Armando salir en el taxi, eran las nueve de la mañana. Su hijo dijo que llevaría a sus amigos colombianos a conocer el Estadio Azteca. “Ya no trabajes tanto, te va a hacer daño”, le diría su madre. Fueron las últimas palabras: no volvería a verlo. Al día siguiente ocurrió la llamada de su vecina, los policías cateando su casa. La zozobra.

En el expediente ha quedado asentado que, en agosto de ese año, la señora Estela presentó una denuncia formal en la Jefatura de la Policía de Tlaxcoaque. Fue la propia DIPD quien recibiría la denuncia, formalizada con el número 15434/81.

Los cuerpos que aparecieron estaban mutilados

El 11 de enero de 1982, a las 5:30 de la tarde, los campesinos de San José Acoculco los encontraron: los 12 cuerpos flotando en el canal de aguas negras en la salida del interceptor central. También alcanzaron a ver que a otros se los llevó la corriente.

A simple vista parecían todos hombres y tenían machetazos, balazos, quemaduras. Algo que compartían es que estaban amarrados de las muñecas con vendas elásticas. El reporte de los médicos forenses revela que antes de morir fueron torturados y después de su asesinato, probablemente mutilados. Les pusieron números. Cuerpo 1: sin cabeza y sin el brazo izquierdo desprendidos por machete. Cuerpo 2: sin brazo. Cuerpo 3: orificio de bala en la cabeza, quemaduras en las manos. Las descripciones son el recorrido por sus cuerpos y revelan lo que sufrieron antes de morir.

Los primeros siete cuerpos fueron trasladados al Hospital Civil de Tula y desde ahí las autoridades elaboraron los reportes que daban los primeros indicios: vestían ropa de buena calidad de “marcas colombianas”. Hasta el 15 de enero de 1982, los campesinos siguieron encontrando más cuerpos flotando en el Río Tula.

Las autoridades de Hidalgo le echaron la culpa a sus vecinos de la capital: aseguraron que los cuerpos habían sido echados en el desagüe desde el D.F y terminaron en su territorio. Por eso, entra en escena en este caso el coronel Francisco Sahagún Vaca, titular de la DIPD. Terminó involucrado en la investigación.

Su primera versión replicada por los medios a inicios de febrero, consignaba que ninguna de las víctimas era mexicana. Lo aseguraban porque las etiquetas de la ropa eran de marcas colombianas y guatemaltecas; también porque nadie había ido a reclamarlos. Incluso dijo que tenía la sospecha de que fueran guerrilleros de países sudamericanos, que hubieran sido asesinados por miembros de la ultraderecha, ante el peligro que representaban para la estabilidad de sus gobiernos.

Pero Sahagún Vaca nunca imaginó que entre los cuerpos estaba un chico mexicano, desaparecido, y cuya madre llevaba tiempo buscándolo por todos lados.

El 11 de enero de 1982, 12 cuerpos fueron encontrados en las aguas negras del río Tula. ARCHIVERO

Reconocer el cuerpo de Armando en el anfiteatro

El día que Estela acudió a reconocer el cuerpo de su hijo llevaba una blusa de tela roja con puntos blancos, de esas que traen un moño amarrado al cuello. Una fotografía que se anexó al expediente revela que, por ese entonces, tenía el cabello corto con el volumen que se usaba en los años ochenta. Tiene la mirada fija a la cámara, retadora.

En enero de 1982 llegó al anfiteatro de Hidalgo y le mostraron las fotografías de los cuerpos de hombres que ‘no’ eran su hijo. Pidió ver ese cadáver que reconoció en el periódico, pero le dijeron que estaba muy descompuesto. Ante su insistencia le solicitaron un documento donde aparecieran las huellas dactilares de su hijo. Al día siguiente, regresó acompañada de la novia de Armando, Martha, quien guardaba su cartilla militar. La señora esperó durante semanas los resultados que finalmente confirmaron lo que temía.

Por esos días un comandante de la DIPD, José Luis Licona, fue a su casa de la calle Costa Rica y llevó a doña Estela a las oficinas de Tlaxcoaque, donde la interrogaron. El caso se fue al archivo. Esporádicamente aparecían declaraciones de Sahagún Vaca con supuestos avances. La realidad es que fue hasta 1984 cuando la oficina de la Interpol en México, liderada por Jorge Aldana Ibarra, la retomó en forma.

La cartilla militar fue un documento clave para identificar el cuerpo del joven mexicano. ARCHIVERO.

La Interpol armó el caso del río Tula

La vecina de Estela, María Luisa, quien sin querer daría la pista a la Interpol para esclarecer el caso de la matanza de Tula: reveló que el día del cateo de 1981, desde la calle y agazapado en un poste estaba el yerno de Estela, Jorge Arias Ángel, lo que le pareció muy raro: ¿Por qué no subió?

En la colonia todos sabían que trabajaba para la DIPD como mandadero del comandante Raúl Chávez Trejo, encargado del Plan Tepito, un programa con el que pretendían controlar la venta de fayuca en la zona. Durante los interrogatorios distintos miembros de la familia de Armando fueron dando más pistas que apuntaban hacía él. La señora Estela revelaría que, por esos días, le preguntó a su yerno por qué no subió durante el cateo. Jorge le respondió que eso era mentira de su vecina.

Estela recordó que, durante la desaparición de su hijo, el yerno le prometió que le pediría ayuda a su jefe. Luego, también le dijo que a Armando lo había agarrado un grupo que se llamaba “Jaguar” y que no se preocupara porque de seguro “no aparecía porque estaba muy golpeado y que luego lo iban a dejar salir”.

Sin embargo, sería Rebeca, la hermana, quien daría una frase demoledora: “A ese ya ni lo busquen ya se lo echaron”, le dijo su esposo un día. Otra sería la señora Isabel, la dueña del taxi en el que desapareció, quien contó que un día se encontró a Jorge y le dijo “a sangre fría” que a Armando “ya lo habían matado”.

La Interpol armó la historia final: en venganza por el pleito familiar y para intentar quedar bien con el comandante Raúl Chávez, Jorge le contó sobre actividades sospechosas de su cuñado con algunos colombianos, de cómo había estado llevando dinero, alhajas, aparatos electrónicos y un millón de pesos a la casa de su madre Estela.

Las huellas dactilares de Armando Magallán Pérez pudieron ser contrastadas con las que aparecían en su cartilla militar que guardaba su novia. ARCHIVERO

La participación del ‘Negro’ Durazo

A mediados de 1981, cuando fue informado del asunto, ‘El Negro’ Durazo dio instrucciones a Sahagún Vaca para investigar el caso. Entonces, el titular de la DIPD encomendó la misión a Rodolfo Reséndiz Rodríguez ‘el Rudy’, comandante del Grupo Jaguar. Sabríamos entonces que quienes estuvieron en el cateo sin orden judicial fueron ‘el Rudy’, Fernando Durruti Castillo ‘el Flaco’ y Luis Gamboa Cruz ‘el Terremoto’.

Durazo y Sahagún Baca ordenaron la detención de los presuntos colombianos entre junio y julio de 1981 y fueron detenidos en el Hotel Panorama y en el Hotel Costa Rica; después fueron trasladados al campo de prácticas de la policía en la colonia Balbuena y a las caballerizas de la Policía Montada, donde fueron torturados.

Después, estuvieron en una cárcel clandestina en Avenida de las Torres, en la colonia Viaducto Piedad. Cuatro de ellos estaban muy lastimados por la tortura, así que decidieron trasladarlos al pabellón psiquiátrico del penal de Santa Martha Acatitla, donde permanecieron incomunicados.

Entre el 10 y el 13 de enero de 1982, es decir medio año después de las primeras desapariciones, Rodolfo Reséndiz los sacó del penal y los hizo subir a dos camionetas. Llegaron hasta la Lumbrera 8 del Emisor Central del drenaje profundo del Distrito Federal, una cascada subterránea. Les desataron los pies y los ejecutaron extrajudicialmente. En el lugar donde sus cuerpos fueron arrojados había una red de alambres de púas para evitar el paso de desechos: por eso los cuerpos estaban mutilados.

Un expediente en el Archivo General de la Nación también revela que, durante los interrogatorios de la Interpol, distintos miembros de la DIPD fueron torturados para obtener estas declaraciones.

Francisco Sahagún Baca, el titular de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia escapó del país y la última pista que tuvo la Interpol fue que estaba escondido en España. Hasta el día de hoy, no se conoce con exactitud cómo ocurrió la matanza de Tula y tampoco la identidad de las víctimas, asegura el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico en un informe. Hasta el día de hoy Sahagún Vaca continúa prófugo de la justicia.

El Negro Durazo escapó ese año de México y dos años después fue capturado en Costa Rica por contrabando, evasión fiscal, extorsión, acopio de armas y abuso de autoridad. Por las circunstancias de su extradición –sólo se podía juzgar a un “presunto delincuente” por los delitos de su extradición– no pudo ser acusado por la masacre del Río Tula, dice el Mecanismo. Durazo fue juzgado en 1986. Tras ocho años en prisión fue liberado por buena conducta y falleció en 2000 en su mansión con vista al Océano Pacífico.

El señor Manuel Uribe no supo explicar cómo inició todo: declaró a las autoridades que alcanzó a escuchar gritos y una voz que les ordenaba desde afuera que nadie podía salir de casa. Cuando pudo levantarse, logró distinguir que eran soldados. Después vino lo peor: sus invitados heridos de bala se metieron a su habitación corriendo, en un intento por resguardarse, pero ya iban moribundos.

Era un bautizo. Era una familia que vivía en la ranchería El Realito, a 27 kilómetros de la cabecera municipal de Badiraguato, Sinaloa, una región que sería conocida décadas después como la tierra de Joaquín El Chapo Guzmán y Rafael Caro Quintero. El 7 de abril de 1971 celebraban el sacramento que recibía el séptimo niño de los Uribe. En ese año El Realito tenía 26 habitantes y todos habían sido invitados, así como de otras rancherías aledañas.

Afuera de la casa, unas 45 personas bailaban y cantaban al ritmo de la banda, una fiesta que habían preparado desde temprano el señor Manuel y su esposa Bertilia Coronel, embarazada nuevamente de un bebito de siete meses. Manuel recuerda que acaba de entrar a su habitación, con unos amigos y familiares; quería reposar sobre la cama el pie derecho que le dolía por una lesión vieja. Agarró unas cervezas y los invitó a seguir la fiesta adentro. Después vino la tragedia. La balacera.

Toda la madrugada estuvieron retenidos mientras escuchaban los últimos susurros de su gente. Incluida su esposa, que fue baleada y murió durante la madrugada. “Permanecimos toda la noche escuchando quejidos y viendo muertos”, declararía después Manuel.

A las 23 horas, nueve soldados del 34º. Batallón de Infantería irrumpieron en el guateque. Según la primera versión del Ejército, cuando pasaban por el rancho, fueron atacados a balazos por una muchedumbre armada. Sin embargo, los reportes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y los testimonios recabados ante el ministerio público local, Francisco Guerra, ofrecen una versión distinta. En una operación “anti-narcos” el Ejército hizo del bautizo una masacre y los dejó morir durante la madrugada.

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA, que reconstruye este caso gracias a expedientes olvidados entre cajones y viejas oficinas públicas. Casos como éste revelan que en México la verdad oficial siempre está en obra negra.

Murieron 16 civiles en un bautizo en El Realito

En el informe del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, que busca poner luz a la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado entre 1965 y 1990, aparecen los hechos de El Realito. Uno de los actos graves en contra de habitantes en zonas donde se llevaba el combate al narcotráfico en el sexenio de Luis Echeverría. La de El Realito es una de las cuatro masacres en nombre de esta guerra. El Batallón masacró a 16 civiles e hirió a otros 12 que se encontraban en la fiesta.

Hoy un expediente resguardado en el Archivo General de la Nación y documentos de un juzgado de Badiraguato permiten reconstruir que la balacera duró aproximadamente 20 minutos, que fue hasta las 6 de la mañana del día siguiente que los sobrevivientes pudieron salir de la casa donde el bautizo se realizó.

Ante las autoridades las señoras Lydia Leyva y María Trinidad Pérez reconstruyeron lo que sucedió aquella noche en El Realito. Dijeron que era cerca de las once de la noche cuando todos bailaban “alegremente”. De repente se vieron rodeados por elementos del Ejército; al mando iba un hombre al que llamaban “sargento segundo” y hoy sabemos que se trataba del militar Ausencio Esparza Reyes. Ellas vieron cuando uno de los soldados jaló de la chamarra a uno de los invitados. Después el soldado cayó muerto sobre la tierra pedregosa. La versión de los militares es que el hombre traía una pistola dentro de la chamarra y que, cuando el militar lo jaló, la accionó y le disparó.

“De inmediato los soldados que lo acompañaban empezaron a disparar en contra de la gente […], todos dejaron de bailar […]. Hubo una gritería tratando la gente de correr para resguardarse en lugares seguros”, dijeron un día después de la masacre.

En el pórtico de la casa estaban la señora Silvia Contreras con la anfitriona, Bertilia. Las mujeres intentaron correr a la cocina cuando empezaron los balazos, sin embargo, al llegar a la puerta, Bertilia fue alcanzada por las balas de los militares. Silvia recibió un balazo en la espalda pero sobrevivió toda la noche herida. “La tropa mató a hombres y mujeres sin piedad”, dice un informe fechado el 9 de abril de 1981 por la DFS.

Gracias al testimonio de otro testigo, Ramón Duarte, sabe que los militares dejaron morir a los heridos impidiendo que cualquiera pudiera entrar o salir de ahí. En los portales de la casita se apilaron los cuerpos de las 16 personas que murieron durante la noche. El más pequeño de las víctimas fue el niño Ramón Ochoa, un vecino de Los Limones. Apenas tenía nueve años y recibió 13 balazos.

También hubo soldados heridos y uno muerto

En un ranchito a tres kilómetros de El Realito otros sobrevivientes declararon que hubo un soldado muerto y otros tres heridos que fueron acribillados por sus propios compañeros, ya que estuvieron disparando a todos lados. Fue hasta las 6 de la mañana del día siguiente que un juez de Tameapa, Amancio Rales Gastelum, llegó al rancho y empezó a repartir órdenes judiciales para que las víctimas pudieran salir del lugar y ser atendidos de sus heridas. A otros les dio boletas para que sacaran a sus familiares muertos.

“En el lugar de los hechos quedaron regados los cadáveres de mujeres, niños y adultos, quienes fueron victimados por la espalda. El Juez de Badiraguato, al acudir a dar fe de los hechos, quedó impresionado de aquella escena ‘patética’, llena de dolor y angustia. Hubo un momento en que los llantos y gritos de mujeres le impidieron continuar levantando el acta”, dice un reporte de la DFS sobre lo que ocurrió esa noche.

A las 14:55 horas del 9 de abril, un general del ejército de apellido Castro y Castro ordenó la retirada de El Realito. Los militares se fueron a bordo de cuatro comandos.

La versión de los soldados: llegaron atraídos por el sonido de balazos

La versión del teniente coronel, que en los documentos aparece citado con los apellidos “Núñez Jiménez”, de acuerdo con sus investigaciones, dijo que los soldados se acercaron a El Realito atraídos por el sonido de unos disparos. Al entrar a la casa, Ramón Camargo Lugo, un soldado de 23 años, encontró a una persona armada, quien a su vez disparó en contra del militar matándolo. Por eso sus compañeros del Batallón respondieron con fuego.

De acuerdo con el informe desclasificado de la DFS, consultado por DOMINGA, todos pertenecían al 34º. Batallón de Infantería con sede en la ciudad de Salvador Alvarado, Sinaloa. Los militares que resultaron heridos fueron el segundo sargento, Esparza Reyes, los cabos Hermeneciclo Hernández y Macario Lazcano.

José Martínez Lozano, un licenciado de la entonces Procuraduría General de la República que llegó al lugar al día siguiente, consideró que la PGR no necesitaba realizar una inspección ocular después de la masacre, pues ya la estaba haciendo el agente del Ministerio Público militar: “La que está muy bien hecha y detallada”.

Los heridos fueron atendidos en el Hospital Civil de Culiacán: llevaban heridas en el glúteo, en la espalda, les dieron por detrás. Con los días fueron apareciendo más heridos que se habían escondido en rancherías cercanas o en las faldas de los cerros. Según un reporte las autoridades locales estaban intentando identificar entre los muertos a traficantes de drogas. Pero en el expediente no hay registro alguno de que lo hayan logrado.

Después de muertos, intentaron fincarles responsabilidades pero no lo lograron. Según autoridades, los militares involucrados fueron trasladados a una prisión de Mazatlán, sin embargo, no hay más información de qué pasó con ellos.

Quizás lo que más impresionó a los pasajeros secuestrados en el vuelo 705 de Mexicana de Aviación no fueron las armas ni la amenaza de bomba. Lo que todos declararon, una vez en libertad, fue que quedaron boquiabiertos cuando vieron llegar a policías en trajes de baño.

La tarde del 8 de noviembre de 1972, un vuelo comercial, que se dirigía de Monterrey a la Ciudad de México, fue secuestrado por la Liga de Comunistas Armados, un grupo de insurgencia que luchaba contra la burguesía. Cuando llevaban 20 minutos volando, un joven tomó el altavoz de las azafatas para anunciar que estaban secuestrados. 

Se apoderaron de la cabina de pilotos y llamaron a la torre de control en Monterrey para comunicar al gobierno mexicano el trato que tendrían que hacer si querían a los 96 pasajeros de vuelta: primero, enumeraron, les permitirían regresar al Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo para recargar el avión de gasolina; después, iban a permitir que cinco compañeros de la guerrilla subieran, compañeros que estaban detenidos por la policía, otros prófugos e incluso una internada en un hospital. Una vez todos arriba, les garantizarían un vuelo tranquilo a Cuba, donde pedirían asilo político. 

Y además había una cláusula particular: toda la gente involucrada en recargar gasolina y llevar a sus compañeros hasta la puerta del avión deberían ir vestidos solo con calzones o traje baño. Eso garantizaría que nadie llevara una pistola escondida entre la ropa. 

Desde la ventana, los pasajeros miraban atónitos a los reabastecedores con trajes de baño coloridos, como si estuvieran en Acapulco. También vieron cómo llegaba una de las guerrilleras que intercambiarían, una jovencita morena que iba tendida sobre una camilla de hospital, tan pálida, parecía que se desangraba. La subieron dos hombres en traje de baño amarillo, una de las escenas que más se repite en las declaraciones de los archivos.

Es el secuestro más espectacular en la historia de la aviación nacional, está lleno de giros dramáticos que incluye a pasajeros pidiéndo autógrafos a sus secuestradores, como si fueran estrellas de cine. Una escena que ni Tarantino habría imaginado.  

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA, que reconstruye este caso gracias a la desclasificación de expedientes olvidados entre cajones y viejas oficinas públicas. Casos como éste revelan que en México la verdad oficial siempre está en obra negra.

El relato de una sobrecargo del vuelo 705 

A Margarita Barragán, una joven sobrecargo que llevaba el cabello cortito, su jefe le avisó que el 8 de noviembre cubriría el vuelo de las 9:00 de la mañana, que saldría de Monterrey rumbo a la capital de México. El piloto sería el comandante Abel Quintana y la tripulación la conformaban los copilotos Carlos Pérez y Román Téllez, y sus compañeras Laurita Cordero, María Teresa Jasso y Adriana Sarabia.  

Esa mañana el avión despegó puntual y Margarita empezaría su rutina: sacar los platitos con los desayunos, servirlos en las charolas y pasar con el carrito por los asientos. Habían transcurrido 15 minutos cuando, cerca de la cabina, un joven medio regordete de bigote, que estaba sentado en las primeras filas, se levantó y le dijo con voz calma: 

–Esto es un secuestro– y le apuntó con una pistola, dejándola congelada con las manos en la charola. El joven le pidió que hablara por el altavoz y llamara a su compañeras sobrecargo que estaban desperdigadas por el avión. Le recargó un brazo por el hombro, como queriendo abrazarla, mientras la punta de la pistola rozaba su cara. 

A pesar de los nervios, Margarita alcanzó a ver, de reojo, a un segundo secuestrador, güero con ojos de color, en la cabina del capitan. Por cómo daba órdenes dedujo que ese chico que vestía una chamarrita de la Universidad Autónoma de Nuevo León, era el jefe.

Le pidió con respeto el altavoz y anunció:

–¡Levanten las manos! ¡Esto es un secuestro! Y no intenten hacer nada porque traemos armas y, si desobedecen, ¡los vamos a matar y vamos a volar! –dijo mientras señalaba a uno de sus compañeros que traía un maletín en la mano. 

A la sobrecargo le dio la sensación de que en ese portafolio traían los explosivos. Más atrás, en los asientos de pasajeros, el ingeniero Roberto Azcue García, quien se dirigía a su casa en la colonia San Rafael, en el Distrito Federal, también lo escuchó: 

–¡Levanten las manos! –Y eso hizo. Se levantó discretamente de su asiento y alcanzó a ver al frente a un joven que explicaba que ellos formaban parte de un movimiento armado a favor del proletariado y en contra de la burguesía. Según el informe, era uno de los grupos más violentos de la insurgencia. 

–¡Y ustedes representan a la burguesía!– gritó. 

Pronto recobró la calma y recomendó a los pasajeros guardar la compostura y no hacer nada que pudiera obligarlos a detonar los explosivos. Roberto sintió un viraje abrupto.

Ese día fueron cuatro jóvenes los secuestradores: Germán Segovia Escobedo, Víctor Huerta García, Ricardo Rodríguez y Jesús Martínez. 

Los jóvenes insurgentes pidieron metralletas marca Browning

A la azafata Margarita le dijeron que regresarían a Monterrey. Ese era el viraje que sintió Roberto, la vuelta al aeropuerto del que habían despegado. Pasarían casi tres horas dando vueltas por el espacio aéreo de la ciudad hasta que los secuestradores lograron un acuerdo con el gobierno de Luis Echeverría: les llevarían a sus compañeros que habían sido detenidos en otros enfrentamientos y sacarían a una compañera de un hospital. Los compañeros que intercambiaban por rehenes eran Tomás Okusono Martínez, Ángel Mejía Núñez, Reynaldo Sánchez, Francisca Saucedo Gómez y Edna Ovalle Rodríguez.

A las 12:05 de la tarde, el avión finalmente volvió a aterrizar en la plataforma. Un informe de la Dirección de Seguridad Federal (DFS) es rico en detalles: “A las 12.38, salieron un mecánico y dos personas más en traje de baño, abasteciendo la nave de combustible”, reportaron. Los agentes de la DFS empezaron una búsqueda frenética para saber a cuál de los guerrilleros tenía detenido: así encontraron primero a Ángel Mejia, a quien esa mañana lo habían traído por las calles de Saltillo, Coahuila, acompañándolos a hacer aprehensiones. Una avioneta tuvo que trasladarlo de emergencia hasta Monterrey.  

Después localizaron a Francisca Saucedo y Tomas Okusono, que andaban prófugos, llegaron hasta la torre de control y a Edna Ovalle la localizaron en un hospital. La policía tuvo que arreglar todo para hacer un traslado de emergencia, a pesar de la gravedad de una herida que recibió accidentalmente por parte de otro compañero de la guerrilla  A la 1:38 de la tarde finalmente llegó la ambulancia: “llegó la camilla con la lesionada, un médico y tres asistentes en traje de baño y se situaron frente al avión”, reportó la DFS.

Desde el avión, Germán Segovia, estudiante de la carrera de medicina, hizo una nueva exigencia: además del canje de compañeros exigían a las autoridades que les consiguiera metralletas marca Browning, cargadores y cuatro millones de pesos en efectivo. A las 2:47 de la tarde, el jefe de la policía estatal, Juan Urrutia “en traje de baño, llevó [al avión] una petaca que contenía dinero”.  

Para las 3:30, como símbolo de buena voluntad, los secuestradores liberaron a 25 pasajeros, mujeres, niños y cinco hombres enfermos. Se llevaron al resto de los pasajeros, entre los que iban María Emilia y Luis Farias, hijos del gobernador de Nuevo León, Luis M. Farías. Finalmente a esa hora las autoridades estatales y federales, que habían cumplido con las demandas, les permitieron despegar rumbo a La Habana, Cuba.

Se llevaron a 71 pasajeros a Cuba

Alberto Alonzo González, fue otro de los 71  pasajeros que se llevaron a Cuba y contó que cuando despegaron con rumbo a Cuba, los secuestradores comenzaron a platicar con ellos. Ángel Mejía contó cómo había sido detenido y que la única alternativa que les quedaba era huir del país y seguir la lucha desde Cuba. Otro pasajero, el empresario y político neolonés Graciano Bortoni Urteaga, iba en la octava fila y tuvo oportunidad de platicar a detalle con los secuestradores, dijo a la DFS que se notaba que eran gente que sabía mucho. 

Uno más, que no se alcanza a ver su nombre porque el papel está desgastado, contó que durante el vuelo los secuestradores se portaron muy amables y que incluso tuvo oportunidad de platicar con un maestro normalista que había sido intercambiado, quien le habló de su preferencia por los gobierno comunistas y la necesidad de motivar un cambio en el país, incluso si debía utilizarse la violencia. A Roberto Canavati Fraige, le impresionó tanto la personalidad de Okusono que incluso le pidió un autógrafo. 

En un folleto de la aerolínea le escribió: 

“Lo más preciado que posee el hombre es la vida se le otorga solamente una vez y hay que vivirla de tal forma que no se sienta el dolor de los años pasado en vano […] para que al morir pueda exclamar: Toda la vida y todas las fuerzas han sido entregadas a lo más hermoso del mundos ¡a la lucha por la liberación de la humanidad!”.

A las siete y media de la noche del 8 de noviembre, el avión secuestrado llegó a La Habana. Cuando aterrizaron los secuestradores no creyeron que era Cuba, así que uno de ellos bajó a verificar que estaban en la isla. Los guerrilleros finalmente fueron recibidos por el gobierno cubano y asilados en ese país, mientras que los 71 pasajeros secuestrados fueron regresados a México en un avión, luego de que el gobierno les diera una torta. 

* Paolo Sánchez Castañeda contribuyó en la busqueda de este archivo

Margarito Monroy Candia lo reconoció a pesar de los cambios. Estaba estacionado entre otras cuatro aeronaves en el hangar militar del Escuadrón Aéreo 301, en Santa Lucía, Estado de México. Aún lucía entero: tenía esas alas de veinte metros de punta a punta, las diez ventanas cuadradas no habían sufrido modificaciones y el dibujo de un triángulo con la punta invertida —característica de las Fuerzas Armadas— se distinguía a pesar del tiempo. “El número cinco”, les dijo este hombre.

El 27 de junio de 2001, el veterano mecánico militar notó modificaciones menores: estaba pintado de verde olivo y no de blanco, y en lugar de llevar la matrícula 2005 —tal como lo conoció—, llevaba la 3005. Sobrevivía, sin embargo, una huella imborrable: en la cabina todavía estaba pegada una calcomanía que distinguía a este avión traído de Israel a finales de 1960. En su momento, Monroy revisó la operación de la aeronave y hasta tuvo que montarse en el aire para vigilar su funcionamiento por órdenes del mismísimo general Mario Arturo Acosta Chaparro, entonces jefe de la campaña antiguerrilla en Guerrero.

“¡Cómo es usted cobarde, son chingaderas!”, le dijo Acosta Chaparro la primera vez que se subió. Lo había encontrado fumando un cigarrillo, uno tras otro, de los nervios. Cómo no estarlo.

Monroy fue parte del grupo de militares que, entre 1974 y 1979, arrojaron a cientos de personas, vivas y muertas, disidentes del gobierno acusados de “guerrilleros”, lo hicieron desde la parte trasera de este avión con el que se volvía a encontrar. Ese día de 2001, no solo estaba ante el viejo Arava en el que había trabajado: estaba reconstruyendo uno de los pasajes más oscuros de México. Su testimonio quedaría para la posteridad en una investigación militar en la que él y otros testigos hablaron, por primera vez, de los vuelos nocturnos a la costa de Oaxaca, mejor conocidos como “los vuelos de la muerte”.

“Volábamos hasta una hora mar adentro para tirar a los muertos y que no fueran a caer cerca de la playa o algún barco. Como la sangre que escurría se metía en las pequeñas fisuras del avión al mediodía, en que hacía calor, se venía un olor insoportable”, confesó en 2001 y esa sería la última vez que quedaría un registro escrito del Arava 2005.

El expediente se fue al cajón porque los pilotos, mecánicos y otros testigos se habían convertido en piezas clave en otro caso más urgente. Según la Procuraduría General de la República, tres integrantes de esa tripulación habrían trabajado para Amado Carrillo, El Señor de los Cielos: el piloto Gustavo Tarín y los generales Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo. Entonces, la historia se desvió por los caminos del narcotráfico y los testimonios de los vuelos quedaron en los anaqueles de las fiscalías civiles y militares.

En estos años, entre las familias de personas desaparecidas han corrido historias: “se cayó en un accidente”, “se quemó”, “lo desarmaron en partes”. Pero el Arava existe aún, está intacto. Solo que no se encuentra en un museo de la memoria que recuerde su pasado atroz.

Esta es la historia de la aeronave ‘Arava 3005’ que, según una respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), primero fue donada y después abandonada en un predio baldío hasta que un profesor de la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ) y sus estudiantes decidieron restaurarla. Pese a que todos aseguran que es el ‘Arava 2005’, las matrículas y el número de serie le fueron retirados antes de ser donado.

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para MILENIO, la reconstrucción de un caso gracias a la desclasificación de expedientes olvidados entre cajones y viejas oficinas públicas. Casos como este revelan que la verdad oficial siempre está en obra negra.

Una aeronave aparece en Querétaro

Un correo electrónico llega el 13 de junio a las 15:53 horas. Viene de la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Desde que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) reconoció a inicios de 2024 que tenía las bitácoras que revelaban que sí existieron los vuelos de la muerte, se solicitó el destino de la aeronave. La información que Centro Prodh había hecho pública es que la aeronave tenía la matrícula 2005. Pero era todo. El 28 de mayo Sedena ya había respondido: no existía en su inventario el Arava 2005, lo habían dado de baja en septiembre de 2012.

Pero en junio, gracias a un recurso de revisión, Sedena entregó un documento oficial, de dos cuartillas, que relata que la Fuerza Aérea Mexicana autorizó la donación de cuatro aviones a la UNAQ, esto ocurrió el 26 de octubre de 2012, durante el sexenio de Felipe Calderón . Leonardo González García, piloto aviador y comandante, y el rector de la universidad, Jorge Enrique Leonardo Gutiérrez de Velasco, acordaron entregar y recibir un avión Bonanza, un Cessna, un helicóptero Bell y el ‘Arava 3005’ que sería utilizado para fines educativos.

Buscamos a la UNAQ: “Sí, aquí está”, confirmó sin rodeos la dirección de Comunicación Social. Una vez donada, dicen, obtuvieron información de que se había utilizado durante la Guerra Sucia, un periodo entre 1960 y 1980 donde el Estado cometió crímenes de lesa humanidad para encarcelar, torturar y asesinar a grupos disidentes.

Lo convirtieron en avión escuela

Una mañana de junio de 2024, desde la carretera que lleva al aeropuerto de Querétaro, se alcanza ver la UNAQ. No es fácil distinguirla: las naves tipo industrial donde dan clases se confunden con los hangares de su vecino.

En la puerta ya nos esperan: ahí está Julio Pizaña, un hombre joven y sonriente que lleva la relación con los medios. Con él viene un hombre de canas muy alto y de sonrisa tímida, de 55 años; lleva pantalón de mezclilla, una polo gris y botas de trabajo. Es el profesor Jorge Huerta Plaza, que llegó a la UNAQ a impartir clases sobre mantenimiento aeronáutico en 2013 y ha preservado los aviones que la institución alberga. “Pues ahí está… mire”, dice el profesor y hace una seña con la cabeza: a un costado del estacionamiento y frente al edificio principal, se revela el Arava que dice el Ejército llevó la matrícula 2005.

Cuando el profe Plaza, como le dicen sus estudiantes, entró a dar clases, en un terreno baldío del campus vio un avión viejo: según lo que aprendió, era uno de esos aviones traídos de Israel y que las fuerzas armadas mexicanas habían utilizado para realizar despegues y aterrizajes cortos. Sabía que la misión original del avión había sido el traslado de enfermos y de víveres durante los años setenta; así que estaba ante una verdadera reliquia. Era la oportunidad de que sus alumnos pudieran aprender sobre restauración y mecánica.

“En ese entonces se me ocurrió preguntarle al rector por qué no lo arreglábamos para que se utilizara, y me dijo ‘pues a ver que le puedes hacer’. Y de la nada ahora sí que fuimos y empezamos a conseguir lo poco que le hacía falta. Hicimos malabares y nos apoyaron los de la Fuerza Aérea porque tuvieron que compartirnos sus manuales para restaurarlo”, recuerda. “Eran cositas” lo que necesitaba el avión. Aún mantenía las hélices originales y los dos motores. Sin embargo, cuando comprendió el valor de estas partes decidió sacarlas y conservarlas. En su lugar, le colocaron un motorcito pequeño y le hicieron una hélice de fibra de carbón. Confiesa que no tenía la menor idea de que era el mismo avión desde donde lanzaron los cuerpos de decenas de personas al mar durante la Guerra Sucia.

Cuando el Arava llegó, venía pintado de verde militar, así que solo le añadieron una capa de pintura muy parecida. Pero los interiores los mantuvieron íntegros. El revestimiento blanco que cubre el fuselaje está intacto, las ventanas aún lucen su diseño original, cuadrado, también están los asientos de tela. Y lo más importante, preservaron los componentes de la cabina: los dos timones originales, el tablero color negro, los marcadores de gasolina, las agujas de velocidad de altitud. Tal vez lo único que delata el paso del tiempo son los sillones, que llevaban un tapiz azul, hoy derruidos y con el algodón que se escapa de entre la tela.

Cuando terminaron la restauración, tuvieron que arrastrarlo entre él y 23 estudiantes. Atravesaron el campus y lo colocaron en una pequeña pista artificial, a la que instalaron lucecitas para simular la pista. Huerta Plaza se emociona y muestra cómo hicieron la instalación para que se ilumine el Arava de noche.

“N’hombre, ¡se ve bien bonito!”, dice.

Dos años tardaron en que luciera como en 1970. Lo colocaron entre cuatro palmeras viendo a la entrada de la nave escolar. Lleva el logo de la universidad en el costado.

“Todavía iban vivos, agonizantes, pero así los subíamos”

Para subir hay que hacerlo por la puerta lateral, muy cerca de la cola del avión. Aún tiene la escalerilla y hay que agarrarse y pisar fuerte tres escalones. Lo primero que se tiene a la vista es la zona del fuselaje (que alberga la cabina de pasajeros, de mandos y la bodega de carga), que mide apenas dos metros de ancho pero casi diez de largo. Hace mucho calor en Querétaro, pero en el interior del avión se siente un sofocón aún peor.

Huerta Plaza no cabe de pie. “Esta chiquito”, decimos. El profe corrige y explica que aún así cabían bastantes personas en la cabina de pasajeros para que el avión despegara sin problemas. El profe camina a la cabina. Muestra el tablero desde el cual controlaban el despegue, los nudos, la distancia y la altura se ve viejo. “Todo está original tal cual nos lo entregaron, ese [el tablero] venía ya con el avión”, dice.

Hace 23 años, cuando Margarito Monroy reconoció el avión en el hangar de Santa Lucía y vio el fuselaje, confesó que tiraban una lona de varios metros que cubría el piso, para que la sangre no manchara el avión y “apestara”. En los documentos, se lee: “Algo que se me quedó grabado de los vuelos que hacíamos con el personal de muertos para tirarlos al mar, [es que] en ocasiones me di cuenta que […] supuestamente estaban muertos, todavía iban vivos, agonizantes, pero así los subíamos al avión”, declaró.

Al igual que Monroy, el piloto militar Apolinar Ceballos Espinoza declaró que en 1979 le había llegado la orden de relevar a un compañero en la base de Pie de la Cuesta, Acapulco. Al principio le sonó bien, le habían dicho que ese puesto tenía un sobresueldo del 50 por ciento, aunque rápidamente le aclararon la razón: era una “misión muy delicada” y no podía contarlo ni siquiera a su propia familia.

En los documentos se consignó que, la primera vez que Ceballos se subió, aunque intentó no mirar atrás sintió el movimiento de gente que parecía caminar en la cabina de pasajeros. También escuchó la plática de unas tres o cuatro personas que decían cosas como “este paquete está pesadito” o “este está ligero”.

Recordó que el capitán era un militar al que apodaban ‘Manzana’, quien ordenó que despegara con las luces prendidas pero que, una vez en el cielo, tenía que apagarlas. En aire pidió ir hacia el norte de la Cuesta, a unas 50 millas. Una vez en mar adentro, le dijo que descendiera a 500 pies de altura, a 60 metros de la superficie del mar. “Después se escuchaba el arrastre de un bulto o algo así, alguien de atrás gritaba ‘¡listo!’”, y emprendían el regreso.

Según las declaraciones que rindieron pilotos, mecánicos y militares en la averiguación 034/2000 por homicidio calificado, pudieron haber arrojado al menos a mil 500 personas. Este dato lo reveló Tarín, tras convertirse en testigo protegido en 1998. “Había ocasiones en que el avión Arava hacía tres o cuatro vuelos en una sola noche”, declaró.

Monroy realizó 35 vuelos y llevaba entre cinco y ocho cuerpos. “Algunos de los cuerpos […] que se tiraban aparecieron en las costas de Oaxaca, por lo que igualmente, sin saber quien lo haya ordenado, se empezaron a meter los cuerpos en costales de ixtle, como de estropajo y para que no flotaran les ponían piedras dentro”, dijo. La cifra definitiva aún se desconoce.

Un avión con aura de terror

El Profe Plaza dice que apenas en junio de 2024 se enteró de boca del personal de la UNAQ de todo lo que había pasado en el Arava. Pensó en la cantidad de alumnos que han hecho prácticas aquí. Entiende el pasado pero cree que, tal vez, con todo lo que han hecho los jóvenes y los niños que se han subido en él, le quitaron “esta aura de horror”.

Hoy sabe, porque ha empezado a leer su historia, que decenas de familias perdieron a un hermano, a un padre, a un hijo cuando fueron arrojados al mar, envueltos en un costal de ixtle, como describió Margarito Monroy. “El día que gusten venir aquí a verlo, pues está abierta la universidad. Pero yo diría que será doloroso para ellos pensar en qué fue lo que le pasó a su familiar”. Aunque luego se corrige: también sería grato que vean que, por lo menos, se está ocupando para algo bueno.

Después de la restauración, invitaron a niños de primarias y secundarias de Querétaro, para que se subieran y conocieran el Arava. Incluso, instalaron una pequeña pantalla con caricaturas que explican cómo funciona el avión. “Ya lo curamos y lo volvimos a renacer, es prácticamente lo que nosotros hicimos”. Cree que el pasado hay que dejarlo por allá, no olvidarlo, pero si empezar a sanarlo y tal vez esta es la oportunidad para hacerlo: Las familias que perdieron un ser querido, tal vez quieren saber dónde fue la última vez dónde estuvieron…”, dice y deja abierta la puerta de embarque.

Al bajar da la sensación de estar endeble: el avión se menea ante cualquier brinco. Abajo el profe Plaza nos enseña una foto de abril de 2018: están sus 23 alumnos frente a la punta del Arava. Llevan puestas sus batas de mecánica. Todos son jovencitos, unos tienen las manos al frente, otros se sientan en el piso. Sonríen, celebran haber terminado los trabajos de restauración. Veo la foto y pienso que los chicos desconocían que preservaron uno de los instrumentos que utilizó el antiguo régimen.

Reconocer la propia historia

Me encuentro con César Contreras León, abogado, en las oficinas del Centro Prodh. Es un día de lluvia. Explica que cuando se habla de graves violaciones a los derechos humanos cometidos hace 50 años, la gente suele verlo abstracto, es difícil que conecte con el dolor de las familias de personas desaparecidas. Considera que, si el Arava existe, pondrá en el centro a un avión empleado para lanzar personas al mar. El avión ha pasado por infinidad de manos, dice, sin conocer su historia. Ha llegado el momento en que los pilotos nuevos sepan quien los antecedió y que el Ejército reconozca su propia historia.

Contreras también es abogado de Alicia de los Ríos, quien sospecha que su madre fue una de las cientos de personas arrojadas al mar. La activista e historiadora dice que con los años han descubierto que su mamá, militante de la Liga Comunista 23 de septiembre — organización guerrillera​ que luchaba por la liberación del proletariado— estuvo en Pie de la Cuesta en junio de 1978. Durante años han seguido los pasos de Alicia. En 2022 obtuvieron las bitácoras de los vuelos nocturnos del Arava 2005, que coinciden con las fechas en que la vieron por última vez.

“Encontrar el avión que fue empleado para realizar los vuelos de la muerte, ahora implica la oportunidad de ir, nombrar y reconocerlo”.