Es una mañana de febrero de 1997. Un militar, de nombre Juan Galván Lara, está sentado en las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR). Tal vez para romper el hielo no va directo a sus declaraciones, si no que empieza contando algunos detalles de su vida precaria: que el primer ascenso que consiguió fue como soldado auxiliar de transportes por allá de 1983, o que terminó haciendo mudanzas dentro del Ejército mexicano. Los trabajos más insignificantes en la carrera de un militar.

Pero en marzo de 1990, cuando estaba adscrito a la V Región Militar en Jalisco, su general, un hombre llamado Fernando Pérez, le hizo un ofrecimiento que le pareció irreal: ser chofer del mismísimo general de división que había llegado un par de años atrás a la Región –Jesús Gutiérrez Rebollo–, un militar que tenía fama de implacable. Las primeras misiones, sin embargo, consistían en llevar y traer a su esposa y a las dos amantes que tenía entonces, según sus necesidades. Así fue durante casi cinco años. Hasta diciembre de 1995, cuando presenció una reunión que cambiaría su vida para siempre.

Esa tarde, Galván Lara vio a dos personas ingresar a la oficina de Gutiérrez Rebollo: eran Enrique y Rene González Quirarte, dos “hombres de negocios” que aseguraron tener información de las operaciones del cártel de los hermanos Arellano Félix, entonces una de las organizaciones de tráfico de drogas más peligrosas del país. Según el militar, los hermanos no sólo ofrecían información, sino también hacerse cargo de los costos de los operativos militares en contra de los narcotraficantes. Según la versión del chofer, Gutiérrez Rebollo aceptaría cavando su propia tumba desde ese día.

Y es que poco a poco fue pidiendo más información y más favores a los hermanos González Quirarte, quienes realmente eran principales operadores de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, el narcotraficante que había logrado enviar 180 toneladas de cocaína mensuales a Estados Unidos.

El general Jesús Gutiérrez Rebollo | AP

Las declaraciones de Juan Galván Lara y de otro chofer, Humberto Cappelletti, en 1997 dejaron helados a la cúpula política, militar y al propio presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Exhibieron al general que habría logrado escalar en la política hasta convertirse en el zar antidrogas del país –al frente del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD)–. No sólo utilizó la información de los hermanos, durante años recibió vehículos, teléfonos, un departamento y una casa que era del mismo Amado Carrillo.

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA, que reconstruye el caso gracias a la desclasificación de expedientes olvidados entre cajones y viejas oficinas públicas. Historias como ésta revelan que en México la verdad oficial está en obra negra.

El narcotráfico permeaba las esferas más altas de la política y la milicia

El expediente es larguísimo, miles de fojas. Más que una causa judicial parece un libro de historia, ya que reconstruye en sus páginas cómo a principios de 1990 el narcotráfico permeó las esferas más altas de la política y la milicia en México. Eran los años noventa, marcados por la muerte de Colosio, el error de diciembre de 1994, la devaluación del peso mexicano, la consolidación del narcotráfico y el ascenso de Amado Carrillo Fuentes y de un general llamado Jesús Gutiérrez Rebollo, un hombre calvo, moreno, de gesto adusto.

Nació en 1934, en Jonacatepec en Morelos. Desde muy joven ingresó a las filas del Ejército y estuvo a cargo de las zonas militares de San Luis Potosí, de Culiacán, Sinaloa, y Jalisco, la última región antes de ser ascendido por el presidente de México, al más alto cargo al que puede aspirar un militar. El 9 de diciembre de 1996, designó a Gutiérrez Rebollo como director del INCD, entonces la dependencia encargada de las operaciones contra los narcotraficantes, creado en 1993.

El narcotraficante Amado Carrillo Fuentes | Archivo

En el expediente de Gutiérrez Rebollo que aún se encuentra abierto en la hoy Fiscalía General de la República, y que que fue entregado a ARCHIVERO, se puede leer que en enero de 1997 el chofer militar Juan Galván Lara hizo la primera acusación en su contra de manera anónima: agarró el teléfono y esperó a que contestaran en las oficinas de la entonces PGR para dar una pista. Dijo que Gutiérrez Rebollo vivía en un departamento de lujo, nada acorde a su sueldo en el Ejército. Esa fue la primera llamada que alertaba a las autoridades mexicanas sobre las posibles actividades ilícitas del zar antidrogas.

Sin embargo sería hasta los primeros días de febrero cuando finalmente iría a las instalaciones de la PGR a revelar lo que había presenciado durante casi seis años que trabajó para el general Gutiérrez Rebollo. Para él, declaró, la colusión habría empezado en diciembre de 1995, cuando dos hombres ingresaron a sus oficinas, cuando aún era el encargado de la V Región Militar. Eran Enrique y Rene González Quirarte, dos supuestos hombres de negocios que aseguraron tener información sobre las operaciones del Cártel de los Arellano Félix.

Gutiérrez Rebollo siguió la pista que le entregaron los hermanos y, apenas unos días después, ordenó un operativo que duraría meses, para afectar las operaciones de los Arellano Felix, por ese entonces jefes de la plaza en Baja California.

En abril de 1996, las visitas de Eduardo González Quirarte, a quien le decían El Flaco, se hicieron más frecuentes y en ellas entregaba información acerca de sus enemigos en el narcotráfico. Según estas declaraciones, el zar antidrogas se los quitaba del camino montando operativos con toda la fuerza del estado.

El expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León | Fototeca MILENIO

El chofer de Gutiérrez Rebollo se convertiría en testigo protegido

Con las cartas sobre la mesa la relación entre los González Quirarte y Gutiérrez Rebollo se volvió más cínica y empezaron a llegar los regalos costosos. Durante 1996, El Flaco le haría los primeros regalos: dos carros blindados, una Cherokee color arena 1994 y un Grand Marquis, de esos que usaban los judiciales, color negro del año 1995. “[El Flaco] le dijo que lo querían matar los Arellano Félix”, así que el militar aceptó los vehículos blindados. Según la versión del chofer, él mismo recogió uno de estos que envió El Señor de los Cielos en representación de González Quirarte.

Después, el 9 de diciembre de 1996, el general sería nombrado la cabeza del INCD y, a pesar de ello, el chofer aseguró que siguió reuniéndose con El Flaco en al menos ocho ocasiones durante los primeros dos meses que estuvo en el cargo. Según el chofer las reuniones se llevaban a cabo en el departamento número 215 de la calle Sierra de Chalchihui, en Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México. Según la versión de Galván ese departamento realmente era de Amado Carrillo.

El Flaco prometió que Carrillo le regalaría otro departamento. Según las declaraciones, por esa época comenzaron a hacerse extensivos los regalos a otros miembros cercanos del general en el Ejército, como los militares Horacio Montenegro Ortiz y Javier García Hernández. Carrillo cumpliría su promesa muy rápido: unas semanas después Javier Galván recogió las llaves de un departamento nuevo en un edificio en la calle Tamarindos número 100 de la colonia Bosques de las Lomas. Fue el propio Señor de los Cielos quien se las entregó, consta en las declaraciones del chofer ante la autoridad.

“Ahí lo que se le ofrezca al señor”, le mandó decir Amado Carrillo al general Gutiérrez Rebollo. Ese día también le entregó las llaves de una casa cerca de la avenida Ahuehuetes Sur, para una de sus amantes. Ese 1996 el Señor de los Cielos estuvo espléndido: le regaló 300 mil dólares de Navidad “para que se ayudara”.

Gutiérrez Rebollo nació el 19 de abril de 1934 en Jonacatepec, Morelos | Archivo

Y para enero de 1997, Gutiérrez Rebollo volvió a encontrarse con Amado Carrillo, quien le regaló otros 60 mil. “Ya me voy a ir del país y, si no nos volvemos a ver, [esto] es para que se ayuden”, le dijo Amado Carrillo a él y a Javier García, a quien le tocaron 10 mil dólares de ese dinero. El chofer reportó esto a sus superiores y entregó el dinero con el que habrían intentado sobornarlo en las instalaciones militares, al parecer sin dar detalles.

Galván Lara también revelaría que otros funcionarios del INCD estaban involucrados, como el policía judicial federal, Eduardo Mancera. Y terminó con una declaración contundente: “El general Jesús Gutiérrez Rebollo estaba enterado de las actividades relacionadas con el narcotráfico que realizaban Amado Carrillo Fuentes y Eduardo González Quirarte”. Se convirtió en testigo protegido y nada se sabe de él.

La versión del segundo chofer de Gutiérrez Rebollo

Una segunda declaración hundiría al general Gutiérrez Rebollo: la de Humberto Cappelletti. Un expolicía municipal de Zapopan que, en 1992, conoció al general Horacio Montenegro Ortiz, en ese momento responsable del grupo de información de la V Región Militar, y también a Juan Galván Lara, el chofer del general Gutiérrez Rebollo.

Sin embargo, en mayo de 1993, cuando asesinaron al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara, una gran cantidad de policías de la ciudad fueron despedidos y él fue uno de ellos. Ahí recordó al general Montenegro con quien se contactó y le sugirió inscribirse al Ejército para poder contratarlo.

Amado Carrillo murió el 5 de julio de 1997, según reportes de la PGR | Fototeca MILENIO

Rápidamente ascendió a comisionado del grupo de información, desde donde iba a erradicar plantíos de mariguana, así como realizar investigaciones menores sobre el narcotráfico en Guadalajara.

Cappelletti declaró que para 1995 era el único integrante de ese grupo que conducía muy bien y tenía licencia vigente, por eso Montenegro lo recomendó para un nuevo trabajo: ser chofer del general Gutiérrez Rebollo, la máxima distinción a la que podía ascender en ese momento. Dice que su chofer Galván estaba cansado y necesitaba de alguien con quien turnarse. “Yo era chofer del general pero también de sus tres mujeres”, diría. Aseguró ser testigo de como Gutiérrez Rebollo incluso apresó y liberó a un lugarteniente de Amado Carrillo, conocido como El Negro, a pesar de sus antecedentes delictivos.

En enero de 1996 el chofer llevó al general Gutiérrez Rebollo a una finca conocida como Rancho los Arbolitos, en Zapopan, donde se encontró con Eduardo González Quirarte. Él sería el segundo testigo de los encuentros del militar con la gente del Señor de los Cielos. Cappelletti dijo que en diciembre de ese año, cuando su general fue nombrado zar antidrogas, lo llevó con él a la Ciudad de México y se convirtió en policía judicial con el encargo de escoltarlo. Pero el 12 de febrero de 1997 sería su última jornada de trabajo. Ese día la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) detuvo a Gutiérrez Rebollo.

La prensa de la época reportó que fue detenido en las instalaciones de la Sedena, acusado de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y acopio de armas. Su familia ha sostenido que Enrique Cervantes Aguirre, entonces titular de la Sedena, exhibió al general y lo presentó como un traidor. Sin embargo asegura que eso fue una gran mentira, una injusticia. Incluso aseguraron que era Cervantes quien realmente tenía infiltrados en el Ejército que alertaban al capo.

El general fue detenido el 18 de febrero de 1997, en la víspera del Día del Ejército | Archivo

En 2002 Gutiérrez Rebollo fue condenado a 40 años de prisión. En 2007 tramitó un amparo contra la condena impuesta y pidió que se le restituyeran sus rangos militares. Si bien la pena no le fue conmutada, sus rangos sí le fueron restituidos en 2008. Murió finalmente el 19 de diciembre de 2013, un día después de que un tribunal fallara a su favor para que cumpliera el resto de la condena en su domicilio. Este sería uno de los primeros casos mediáticos que involucró a altos mandos militares con la delincuencia organizada.

Paolo Sánchez Castañeda colaboró en la búsqueda de este archivo.

El señor Manuel Uribe no supo explicar cómo inició todo: declaró a las autoridades que alcanzó a escuchar gritos y una voz que les ordenaba desde afuera que nadie podía salir de casa. Cuando pudo levantarse, logró distinguir que eran soldados. Después vino lo peor: sus invitados heridos de bala se metieron a su habitación corriendo, en un intento por resguardarse, pero ya iban moribundos.

Era un bautizo. Era una familia que vivía en la ranchería El Realito, a 27 kilómetros de la cabecera municipal de Badiraguato, Sinaloa, una región que sería conocida décadas después como la tierra de Joaquín El Chapo Guzmán y Rafael Caro Quintero. El 7 de abril de 1971 celebraban el sacramento que recibía el séptimo niño de los Uribe. En ese año El Realito tenía 26 habitantes y todos habían sido invitados, así como de otras rancherías aledañas.

Afuera de la casa, unas 45 personas bailaban y cantaban al ritmo de la banda, una fiesta que habían preparado desde temprano el señor Manuel y su esposa Bertilia Coronel, embarazada nuevamente de un bebito de siete meses. Manuel recuerda que acaba de entrar a su habitación, con unos amigos y familiares; quería reposar sobre la cama el pie derecho que le dolía por una lesión vieja. Agarró unas cervezas y los invitó a seguir la fiesta adentro. Después vino la tragedia. La balacera.

Toda la madrugada estuvieron retenidos mientras escuchaban los últimos susurros de su gente. Incluida su esposa, que fue baleada y murió durante la madrugada. “Permanecimos toda la noche escuchando quejidos y viendo muertos”, declararía después Manuel.

A las 23 horas, nueve soldados del 34º. Batallón de Infantería irrumpieron en el guateque. Según la primera versión del Ejército, cuando pasaban por el rancho, fueron atacados a balazos por una muchedumbre armada. Sin embargo, los reportes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y los testimonios recabados ante el ministerio público local, Francisco Guerra, ofrecen una versión distinta. En una operación “anti-narcos” el Ejército hizo del bautizo una masacre y los dejó morir durante la madrugada.

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA, que reconstruye este caso gracias a expedientes olvidados entre cajones y viejas oficinas públicas. Casos como éste revelan que en México la verdad oficial siempre está en obra negra.

Murieron 16 civiles en un bautizo en El Realito

En el informe del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, que busca poner luz a la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado entre 1965 y 1990, aparecen los hechos de El Realito. Uno de los actos graves en contra de habitantes en zonas donde se llevaba el combate al narcotráfico en el sexenio de Luis Echeverría. La de El Realito es una de las cuatro masacres en nombre de esta guerra. El Batallón masacró a 16 civiles e hirió a otros 12 que se encontraban en la fiesta.

Hoy un expediente resguardado en el Archivo General de la Nación y documentos de un juzgado de Badiraguato permiten reconstruir que la balacera duró aproximadamente 20 minutos, que fue hasta las 6 de la mañana del día siguiente que los sobrevivientes pudieron salir de la casa donde el bautizo se realizó.

Ante las autoridades las señoras Lydia Leyva y María Trinidad Pérez reconstruyeron lo que sucedió aquella noche en El Realito. Dijeron que era cerca de las once de la noche cuando todos bailaban “alegremente”. De repente se vieron rodeados por elementos del Ejército; al mando iba un hombre al que llamaban “sargento segundo” y hoy sabemos que se trataba del militar Ausencio Esparza Reyes. Ellas vieron cuando uno de los soldados jaló de la chamarra a uno de los invitados. Después el soldado cayó muerto sobre la tierra pedregosa. La versión de los militares es que el hombre traía una pistola dentro de la chamarra y que, cuando el militar lo jaló, la accionó y le disparó.

“De inmediato los soldados que lo acompañaban empezaron a disparar en contra de la gente […], todos dejaron de bailar […]. Hubo una gritería tratando la gente de correr para resguardarse en lugares seguros”, dijeron un día después de la masacre.

En el pórtico de la casa estaban la señora Silvia Contreras con la anfitriona, Bertilia. Las mujeres intentaron correr a la cocina cuando empezaron los balazos, sin embargo, al llegar a la puerta, Bertilia fue alcanzada por las balas de los militares. Silvia recibió un balazo en la espalda pero sobrevivió toda la noche herida. “La tropa mató a hombres y mujeres sin piedad”, dice un informe fechado el 9 de abril de 1981 por la DFS.

Gracias al testimonio de otro testigo, Ramón Duarte, sabe que los militares dejaron morir a los heridos impidiendo que cualquiera pudiera entrar o salir de ahí. En los portales de la casita se apilaron los cuerpos de las 16 personas que murieron durante la noche. El más pequeño de las víctimas fue el niño Ramón Ochoa, un vecino de Los Limones. Apenas tenía nueve años y recibió 13 balazos.

También hubo soldados heridos y uno muerto

En un ranchito a tres kilómetros de El Realito otros sobrevivientes declararon que hubo un soldado muerto y otros tres heridos que fueron acribillados por sus propios compañeros, ya que estuvieron disparando a todos lados. Fue hasta las 6 de la mañana del día siguiente que un juez de Tameapa, Amancio Rales Gastelum, llegó al rancho y empezó a repartir órdenes judiciales para que las víctimas pudieran salir del lugar y ser atendidos de sus heridas. A otros les dio boletas para que sacaran a sus familiares muertos.

“En el lugar de los hechos quedaron regados los cadáveres de mujeres, niños y adultos, quienes fueron victimados por la espalda. El Juez de Badiraguato, al acudir a dar fe de los hechos, quedó impresionado de aquella escena ‘patética’, llena de dolor y angustia. Hubo un momento en que los llantos y gritos de mujeres le impidieron continuar levantando el acta”, dice un reporte de la DFS sobre lo que ocurrió esa noche.

A las 14:55 horas del 9 de abril, un general del ejército de apellido Castro y Castro ordenó la retirada de El Realito. Los militares se fueron a bordo de cuatro comandos.

La versión de los soldados: llegaron atraídos por el sonido de balazos

La versión del teniente coronel, que en los documentos aparece citado con los apellidos “Núñez Jiménez”, de acuerdo con sus investigaciones, dijo que los soldados se acercaron a El Realito atraídos por el sonido de unos disparos. Al entrar a la casa, Ramón Camargo Lugo, un soldado de 23 años, encontró a una persona armada, quien a su vez disparó en contra del militar matándolo. Por eso sus compañeros del Batallón respondieron con fuego.

De acuerdo con el informe desclasificado de la DFS, consultado por DOMINGA, todos pertenecían al 34º. Batallón de Infantería con sede en la ciudad de Salvador Alvarado, Sinaloa. Los militares que resultaron heridos fueron el segundo sargento, Esparza Reyes, los cabos Hermeneciclo Hernández y Macario Lazcano.

José Martínez Lozano, un licenciado de la entonces Procuraduría General de la República que llegó al lugar al día siguiente, consideró que la PGR no necesitaba realizar una inspección ocular después de la masacre, pues ya la estaba haciendo el agente del Ministerio Público militar: “La que está muy bien hecha y detallada”.

Los heridos fueron atendidos en el Hospital Civil de Culiacán: llevaban heridas en el glúteo, en la espalda, les dieron por detrás. Con los días fueron apareciendo más heridos que se habían escondido en rancherías cercanas o en las faldas de los cerros. Según un reporte las autoridades locales estaban intentando identificar entre los muertos a traficantes de drogas. Pero en el expediente no hay registro alguno de que lo hayan logrado.

Después de muertos, intentaron fincarles responsabilidades pero no lo lograron. Según autoridades, los militares involucrados fueron trasladados a una prisión de Mazatlán, sin embargo, no hay más información de qué pasó con ellos.

Margarito Monroy Candia lo reconoció a pesar de los cambios. Estaba estacionado entre otras cuatro aeronaves en el hangar militar del Escuadrón Aéreo 301, en Santa Lucía, Estado de México. Aún lucía entero: tenía esas alas de veinte metros de punta a punta, las diez ventanas cuadradas no habían sufrido modificaciones y el dibujo de un triángulo con la punta invertida —característica de las Fuerzas Armadas— se distinguía a pesar del tiempo. “El número cinco”, les dijo este hombre.

El 27 de junio de 2001, el veterano mecánico militar notó modificaciones menores: estaba pintado de verde olivo y no de blanco, y en lugar de llevar la matrícula 2005 —tal como lo conoció—, llevaba la 3005. Sobrevivía, sin embargo, una huella imborrable: en la cabina todavía estaba pegada una calcomanía que distinguía a este avión traído de Israel a finales de 1960. En su momento, Monroy revisó la operación de la aeronave y hasta tuvo que montarse en el aire para vigilar su funcionamiento por órdenes del mismísimo general Mario Arturo Acosta Chaparro, entonces jefe de la campaña antiguerrilla en Guerrero.

“¡Cómo es usted cobarde, son chingaderas!”, le dijo Acosta Chaparro la primera vez que se subió. Lo había encontrado fumando un cigarrillo, uno tras otro, de los nervios. Cómo no estarlo.

Monroy fue parte del grupo de militares que, entre 1974 y 1979, arrojaron a cientos de personas, vivas y muertas, disidentes del gobierno acusados de “guerrilleros”, lo hicieron desde la parte trasera de este avión con el que se volvía a encontrar. Ese día de 2001, no solo estaba ante el viejo Arava en el que había trabajado: estaba reconstruyendo uno de los pasajes más oscuros de México. Su testimonio quedaría para la posteridad en una investigación militar en la que él y otros testigos hablaron, por primera vez, de los vuelos nocturnos a la costa de Oaxaca, mejor conocidos como “los vuelos de la muerte”.

“Volábamos hasta una hora mar adentro para tirar a los muertos y que no fueran a caer cerca de la playa o algún barco. Como la sangre que escurría se metía en las pequeñas fisuras del avión al mediodía, en que hacía calor, se venía un olor insoportable”, confesó en 2001 y esa sería la última vez que quedaría un registro escrito del Arava 2005.

El expediente se fue al cajón porque los pilotos, mecánicos y otros testigos se habían convertido en piezas clave en otro caso más urgente. Según la Procuraduría General de la República, tres integrantes de esa tripulación habrían trabajado para Amado Carrillo, El Señor de los Cielos: el piloto Gustavo Tarín y los generales Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo. Entonces, la historia se desvió por los caminos del narcotráfico y los testimonios de los vuelos quedaron en los anaqueles de las fiscalías civiles y militares.

En estos años, entre las familias de personas desaparecidas han corrido historias: “se cayó en un accidente”, “se quemó”, “lo desarmaron en partes”. Pero el Arava existe aún, está intacto. Solo que no se encuentra en un museo de la memoria que recuerde su pasado atroz.

Esta es la historia de la aeronave ‘Arava 3005’ que, según una respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), primero fue donada y después abandonada en un predio baldío hasta que un profesor de la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ) y sus estudiantes decidieron restaurarla. Pese a que todos aseguran que es el ‘Arava 2005’, las matrículas y el número de serie le fueron retirados antes de ser donado.

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para MILENIO, la reconstrucción de un caso gracias a la desclasificación de expedientes olvidados entre cajones y viejas oficinas públicas. Casos como este revelan que la verdad oficial siempre está en obra negra.

Una aeronave aparece en Querétaro

Un correo electrónico llega el 13 de junio a las 15:53 horas. Viene de la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Desde que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) reconoció a inicios de 2024 que tenía las bitácoras que revelaban que sí existieron los vuelos de la muerte, se solicitó el destino de la aeronave. La información que Centro Prodh había hecho pública es que la aeronave tenía la matrícula 2005. Pero era todo. El 28 de mayo Sedena ya había respondido: no existía en su inventario el Arava 2005, lo habían dado de baja en septiembre de 2012.

Pero en junio, gracias a un recurso de revisión, Sedena entregó un documento oficial, de dos cuartillas, que relata que la Fuerza Aérea Mexicana autorizó la donación de cuatro aviones a la UNAQ, esto ocurrió el 26 de octubre de 2012, durante el sexenio de Felipe Calderón . Leonardo González García, piloto aviador y comandante, y el rector de la universidad, Jorge Enrique Leonardo Gutiérrez de Velasco, acordaron entregar y recibir un avión Bonanza, un Cessna, un helicóptero Bell y el ‘Arava 3005’ que sería utilizado para fines educativos.

Buscamos a la UNAQ: “Sí, aquí está”, confirmó sin rodeos la dirección de Comunicación Social. Una vez donada, dicen, obtuvieron información de que se había utilizado durante la Guerra Sucia, un periodo entre 1960 y 1980 donde el Estado cometió crímenes de lesa humanidad para encarcelar, torturar y asesinar a grupos disidentes.

Lo convirtieron en avión escuela

Una mañana de junio de 2024, desde la carretera que lleva al aeropuerto de Querétaro, se alcanza ver la UNAQ. No es fácil distinguirla: las naves tipo industrial donde dan clases se confunden con los hangares de su vecino.

En la puerta ya nos esperan: ahí está Julio Pizaña, un hombre joven y sonriente que lleva la relación con los medios. Con él viene un hombre de canas muy alto y de sonrisa tímida, de 55 años; lleva pantalón de mezclilla, una polo gris y botas de trabajo. Es el profesor Jorge Huerta Plaza, que llegó a la UNAQ a impartir clases sobre mantenimiento aeronáutico en 2013 y ha preservado los aviones que la institución alberga. “Pues ahí está… mire”, dice el profesor y hace una seña con la cabeza: a un costado del estacionamiento y frente al edificio principal, se revela el Arava que dice el Ejército llevó la matrícula 2005.

Cuando el profe Plaza, como le dicen sus estudiantes, entró a dar clases, en un terreno baldío del campus vio un avión viejo: según lo que aprendió, era uno de esos aviones traídos de Israel y que las fuerzas armadas mexicanas habían utilizado para realizar despegues y aterrizajes cortos. Sabía que la misión original del avión había sido el traslado de enfermos y de víveres durante los años setenta; así que estaba ante una verdadera reliquia. Era la oportunidad de que sus alumnos pudieran aprender sobre restauración y mecánica.

“En ese entonces se me ocurrió preguntarle al rector por qué no lo arreglábamos para que se utilizara, y me dijo ‘pues a ver que le puedes hacer’. Y de la nada ahora sí que fuimos y empezamos a conseguir lo poco que le hacía falta. Hicimos malabares y nos apoyaron los de la Fuerza Aérea porque tuvieron que compartirnos sus manuales para restaurarlo”, recuerda. “Eran cositas” lo que necesitaba el avión. Aún mantenía las hélices originales y los dos motores. Sin embargo, cuando comprendió el valor de estas partes decidió sacarlas y conservarlas. En su lugar, le colocaron un motorcito pequeño y le hicieron una hélice de fibra de carbón. Confiesa que no tenía la menor idea de que era el mismo avión desde donde lanzaron los cuerpos de decenas de personas al mar durante la Guerra Sucia.

Cuando el Arava llegó, venía pintado de verde militar, así que solo le añadieron una capa de pintura muy parecida. Pero los interiores los mantuvieron íntegros. El revestimiento blanco que cubre el fuselaje está intacto, las ventanas aún lucen su diseño original, cuadrado, también están los asientos de tela. Y lo más importante, preservaron los componentes de la cabina: los dos timones originales, el tablero color negro, los marcadores de gasolina, las agujas de velocidad de altitud. Tal vez lo único que delata el paso del tiempo son los sillones, que llevaban un tapiz azul, hoy derruidos y con el algodón que se escapa de entre la tela.

Cuando terminaron la restauración, tuvieron que arrastrarlo entre él y 23 estudiantes. Atravesaron el campus y lo colocaron en una pequeña pista artificial, a la que instalaron lucecitas para simular la pista. Huerta Plaza se emociona y muestra cómo hicieron la instalación para que se ilumine el Arava de noche.

“N’hombre, ¡se ve bien bonito!”, dice.

Dos años tardaron en que luciera como en 1970. Lo colocaron entre cuatro palmeras viendo a la entrada de la nave escolar. Lleva el logo de la universidad en el costado.

“Todavía iban vivos, agonizantes, pero así los subíamos”

Para subir hay que hacerlo por la puerta lateral, muy cerca de la cola del avión. Aún tiene la escalerilla y hay que agarrarse y pisar fuerte tres escalones. Lo primero que se tiene a la vista es la zona del fuselaje (que alberga la cabina de pasajeros, de mandos y la bodega de carga), que mide apenas dos metros de ancho pero casi diez de largo. Hace mucho calor en Querétaro, pero en el interior del avión se siente un sofocón aún peor.

Huerta Plaza no cabe de pie. “Esta chiquito”, decimos. El profe corrige y explica que aún así cabían bastantes personas en la cabina de pasajeros para que el avión despegara sin problemas. El profe camina a la cabina. Muestra el tablero desde el cual controlaban el despegue, los nudos, la distancia y la altura se ve viejo. “Todo está original tal cual nos lo entregaron, ese [el tablero] venía ya con el avión”, dice.

Hace 23 años, cuando Margarito Monroy reconoció el avión en el hangar de Santa Lucía y vio el fuselaje, confesó que tiraban una lona de varios metros que cubría el piso, para que la sangre no manchara el avión y “apestara”. En los documentos, se lee: “Algo que se me quedó grabado de los vuelos que hacíamos con el personal de muertos para tirarlos al mar, [es que] en ocasiones me di cuenta que […] supuestamente estaban muertos, todavía iban vivos, agonizantes, pero así los subíamos al avión”, declaró.

Al igual que Monroy, el piloto militar Apolinar Ceballos Espinoza declaró que en 1979 le había llegado la orden de relevar a un compañero en la base de Pie de la Cuesta, Acapulco. Al principio le sonó bien, le habían dicho que ese puesto tenía un sobresueldo del 50 por ciento, aunque rápidamente le aclararon la razón: era una “misión muy delicada” y no podía contarlo ni siquiera a su propia familia.

En los documentos se consignó que, la primera vez que Ceballos se subió, aunque intentó no mirar atrás sintió el movimiento de gente que parecía caminar en la cabina de pasajeros. También escuchó la plática de unas tres o cuatro personas que decían cosas como “este paquete está pesadito” o “este está ligero”.

Recordó que el capitán era un militar al que apodaban ‘Manzana’, quien ordenó que despegara con las luces prendidas pero que, una vez en el cielo, tenía que apagarlas. En aire pidió ir hacia el norte de la Cuesta, a unas 50 millas. Una vez en mar adentro, le dijo que descendiera a 500 pies de altura, a 60 metros de la superficie del mar. “Después se escuchaba el arrastre de un bulto o algo así, alguien de atrás gritaba ‘¡listo!’”, y emprendían el regreso.

Según las declaraciones que rindieron pilotos, mecánicos y militares en la averiguación 034/2000 por homicidio calificado, pudieron haber arrojado al menos a mil 500 personas. Este dato lo reveló Tarín, tras convertirse en testigo protegido en 1998. “Había ocasiones en que el avión Arava hacía tres o cuatro vuelos en una sola noche”, declaró.

Monroy realizó 35 vuelos y llevaba entre cinco y ocho cuerpos. “Algunos de los cuerpos […] que se tiraban aparecieron en las costas de Oaxaca, por lo que igualmente, sin saber quien lo haya ordenado, se empezaron a meter los cuerpos en costales de ixtle, como de estropajo y para que no flotaran les ponían piedras dentro”, dijo. La cifra definitiva aún se desconoce.

Un avión con aura de terror

El Profe Plaza dice que apenas en junio de 2024 se enteró de boca del personal de la UNAQ de todo lo que había pasado en el Arava. Pensó en la cantidad de alumnos que han hecho prácticas aquí. Entiende el pasado pero cree que, tal vez, con todo lo que han hecho los jóvenes y los niños que se han subido en él, le quitaron “esta aura de horror”.

Hoy sabe, porque ha empezado a leer su historia, que decenas de familias perdieron a un hermano, a un padre, a un hijo cuando fueron arrojados al mar, envueltos en un costal de ixtle, como describió Margarito Monroy. “El día que gusten venir aquí a verlo, pues está abierta la universidad. Pero yo diría que será doloroso para ellos pensar en qué fue lo que le pasó a su familiar”. Aunque luego se corrige: también sería grato que vean que, por lo menos, se está ocupando para algo bueno.

Después de la restauración, invitaron a niños de primarias y secundarias de Querétaro, para que se subieran y conocieran el Arava. Incluso, instalaron una pequeña pantalla con caricaturas que explican cómo funciona el avión. “Ya lo curamos y lo volvimos a renacer, es prácticamente lo que nosotros hicimos”. Cree que el pasado hay que dejarlo por allá, no olvidarlo, pero si empezar a sanarlo y tal vez esta es la oportunidad para hacerlo: Las familias que perdieron un ser querido, tal vez quieren saber dónde fue la última vez dónde estuvieron…”, dice y deja abierta la puerta de embarque.

Al bajar da la sensación de estar endeble: el avión se menea ante cualquier brinco. Abajo el profe Plaza nos enseña una foto de abril de 2018: están sus 23 alumnos frente a la punta del Arava. Llevan puestas sus batas de mecánica. Todos son jovencitos, unos tienen las manos al frente, otros se sientan en el piso. Sonríen, celebran haber terminado los trabajos de restauración. Veo la foto y pienso que los chicos desconocían que preservaron uno de los instrumentos que utilizó el antiguo régimen.

Reconocer la propia historia

Me encuentro con César Contreras León, abogado, en las oficinas del Centro Prodh. Es un día de lluvia. Explica que cuando se habla de graves violaciones a los derechos humanos cometidos hace 50 años, la gente suele verlo abstracto, es difícil que conecte con el dolor de las familias de personas desaparecidas. Considera que, si el Arava existe, pondrá en el centro a un avión empleado para lanzar personas al mar. El avión ha pasado por infinidad de manos, dice, sin conocer su historia. Ha llegado el momento en que los pilotos nuevos sepan quien los antecedió y que el Ejército reconozca su propia historia.

Contreras también es abogado de Alicia de los Ríos, quien sospecha que su madre fue una de las cientos de personas arrojadas al mar. La activista e historiadora dice que con los años han descubierto que su mamá, militante de la Liga Comunista 23 de septiembre — organización guerrillera​ que luchaba por la liberación del proletariado— estuvo en Pie de la Cuesta en junio de 1978. Durante años han seguido los pasos de Alicia. En 2022 obtuvieron las bitácoras de los vuelos nocturnos del Arava 2005, que coinciden con las fechas en que la vieron por última vez.

“Encontrar el avión que fue empleado para realizar los vuelos de la muerte, ahora implica la oportunidad de ir, nombrar y reconocerlo”.