Laura Sánchez Ley, Lucero San Vicente y Donají Valencia

“¡Mira Denisse, por aquí me metían!”, dice al señalar la entrada a un estacionamiento subterráneo. A Verónica, una mujer trans de 61 años, se le ponen los ojos llorosos. Denisse asienta con la cabeza, quiere hablar pero se le corta la voz. En unos minutos lo harán, ahora sólo caminan y procesan que están justo en el lugar donde fueron víctimas de abuso y tortura hace más de 40 años.

Es muy temprano en el Centro Histórico de la Ciudad de México, aun así rivaliza el claxon de los coches con los gritos de policías que intentan desalojar a personas sin hogar que viven en esta plaza. Un espacio amplísimo en forma de triángulo, que se adorna con una capilla del siglo XVII y un monumento enviado por el gobierno de Azerbaiyán. Hay una rampa que da al estacionamiento y unas escaleras que te llevan a mirar de frente la cúpula.

Los sótanos de Tlaxcoaque fueron utilizados en las décadas de los setenta y ochenta como centro de tortura, a lo largo del periodo de la ‘Guerra Sucia’ | Ariel Ojeda

En las escalinatas está Adalberto, tiene 45 años aunque parece mucho mayor. Hace media década, cuando su padre murió, sus hermanastros lo despojaron de la casa familiar, así que desde entonces monta y desmonta una casuchita de cartón. Se acaba de levantar y se tiende al lado de unas bolsas con latas que llevará a reciclar. Las bolsas de yute cubren una placa que dice “Plaza Tlaxcoaque”.

Adalberto dice que desde la entrada del sótano alguien le lanza gritos. Casi todos los días un jovencito en forma de sombra le dice “¡sácame de aquí!”. “Yo le digo que descanse, pero me doy cuenta que no puede escucharme”.

No es el único: el agente de la policía que cuida el estacionamiento dice que, en efecto, debajo hay unos sótanos. El agente hace guardia desde la entrada y no se mueve más allá. “Se siente, bien sabe cómo, feo…”.

Ahora vive gente en situación de calle y evita adentrarse a los sótanos que están en el estacionamiento subterráneo, un área que fue resguardada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desde 2022.

Denisse dirige hoy dos asociaciones, RespeTrans, para dignificar a las mujeres trans, y Reparación Sobrevivientes Adultas Mayores Trans | Ariel Ojeda

Durante 40 años aquí estuvo la Dirección General de Policía y Tránsito. Un edificio enorme, un cubo perfecto donde también alojó a la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), una corporación secreta de la policía, que detuvo, torturó y desapareció a “guerrilleros”, disidentes políticos, transexuales, falsos narcotraficantes y casi cualquiera que se les cruzara. El edificio tuvo que ser demolido a raíz del terremoto de 1985, quedando apenas los sótanos.

La Plaza Tlaxcoaque está a sólo unas cuadras del Zócalo, donde diario transitan miles de personas que trabajan, pasean, asisten a eventos masivos, mítines y protestas. Hoy la gente que camina por las calles que rodean la plaza, Chimalpopoca o la Avenida 20 de Noviembre, desconocen que si se agachan un poco y abren unas rejillas de metal que están al pie de la banqueta, aún podrían mirar los sótanos donde los policías torturaron y se popularizó el infame «tehuacanazo», cuando los torturadores agitaban una botella de agua con gas y la introducían por la nariz a la víctima.

Es martes, es marzo y desde la escalinata Adalberto ha visto llegar a Denisse y a Verónica. Las mira con curiosidad desde lo alto, a esa hora de la mañana casi siempre están las mismas personas sin hogar habitando la plaza. Ellas caminan entre los vestigios de lo que algún día fue un centro de tortura de la policía mexicana.

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA que reconstruye el caso gracias a la desclasificación de expedientes olvidados entre cajones y viejas oficinas públicas. Historias como ésta revelan que en México la verdad oficial está en obra negra.

Las detenciones de la corporación secreta de la policía

El Estado cometió crímenes en contra de las mujeres trans durante los años de la ‘Guerra Sucia’. «Por faltas a la moral», la autoridad acusaba | Ariel Ojeda

Denisse y Verónica están impecables, da envidia el maquillaje de salón. Se dirigen siempre con cariño, nos llaman muñequitas, hermosas. Un contraste con lo que van a contar.

Verónica López camina con un bastón que ahora se ha convertido en una extensión de su cuerpo. “Esto me quedó así por las torturas”, dice. Aún no se llamaba Verónica cuando llegó al Distrito Federal, tenía 12 años. Dice que desde niña vivió muchos problemas en su casa y eso la hizo tomar la decisión de escapar a la calle. Así, llegó a un orfanato en la colonia Tacuba, donde conoció a Chichipé, una mujer trans indígena, originaria de Oaxaca.

Un día, Chichipé y ella se escaparon del orfanato y el primer lugar al que llegaron fue al Cine Las Américas, en la colonia Roma.

“Me acuerdo que estaba la película Nora, la rebelde, con Olga Breeskin y afuera había muchas ‘vestidas’, así nos decían”.

Una de ellas era Graciela, quien se le acercó y, al saber que vivía en la calle, la llevó a su casa en Nezahualcóyotl. Ahí eligió llamarse Verónica y comenzó a tomar hormonas.

Graciela y sus amigas se arreglaban para salir a las calles, a trabajar, así conoció la cruda dinámica que vivían las trabajadoras sexuales. Sí, llegaban con dinero, pero también regresaban desnudas y golpeadas.

Verónica empezó a trabajar cerca del Parque México como las demás, hasta que una madrugada de 1979 llegó ‘La Julia’, como le decían a la camioneta de la policía, y se las llevaron a punta de macanazos. Recuerda que la primera vez que llegó a los sótanos de Tlaxcoaque tenía 15 años y coincidió con la visita del papa Juan Pablo II, el 26 de enero.

“Fue cuando vino el Papa, […] estuvimos ahí más o menos unos 15 días, es que ahí no sabíamos cuándo era de noche y cuándo era de día”.

La metieron por el estacionamiento, donde había una puerta chiquita a lado una ventana; de frente, un mostrador de concreto donde estaba un viejito pelón de lentes que registraba a las detenidas. Al fondo, un escritorio desde donde le gritaron:

“¡Órale, encuérate!”.

Bajando las escaleras había un pasillo largo donde se sentía frío y un olor a clorina. Ese maldito olor a cloro, que hoy le es imposible de tolerar. Su celda estaba al fondo, era la quinta, donde habían recluido a puras trabajadoras sexuales. Recuerda que no todas cabían en las literas, a unas les tocaba quedarse paradas y la gran mayoría en el piso.

En lo que alguna vez fue la Dirección General de Policía y Tránsito del DF se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Hoy es una plaza para la memoria histórica | Especial

Después de pasar toda la noche en las frías y húmedas celdas, por la mañana llegaban y les pegaban con un palo a los barrotes. “¡Vapor, vapor!”, gritaban para que se despertaran. Las chicas trans eran las primeras que obligaban a bañar a punta de madrazos. Verónica recuerda que había tres tambos, uno con agua y jabón de polvo; otro para enjuagarse, y otro más donde torturaban a los reos.

Cuando ella fue detenida en los sótanos de la DIPD, su titular era Francisco Sahagún Baca, y el Director de la Policía y Tránsito era Arturo El Negro Durazo. Dice que cuando llegaba Sahagún Baca –por cierto primo de Marta Sahagún, la exprimera dama de México– los custodios de las celdas tocaban un silbato. Y cuando entraba a los sótanos, todos permanecían en silencio.

“Era un viejo güero, pelón, de lentes a media nariz y con una mirada penetrante”, recuerda Verónica.

Al dirigirse hacia la celda donde se encontraban, daba la orden para que las raparan igual que a los ladrones comunes, para identificarlos una vez que estuvieran en la calle.

Las torturas que sufrió Verónica en los sótanos de Tlaxcoaque

Verónica vivió torturas atroces en los sótanos de Tlaxcoaque: mientras lavaba las charolas, escuchaba cómo torturaban a otros reos en los tambos. Dice que primero los colocaban en una tabla donde eran vendados como momias para inmovilizarlos, luego los sumergían en agua donde metían los cables de una batería de carro que les lanzaba toques eléctricos y las víctimas gritaban horrible a causa del dolor.

Verónica era una mujer trans que fue detenida y torturada en los sótanos de Tlaxcoaque en los ochenta | Cortesía/Archivero

“¿Por qué volteas?”, le preguntaban los agentes si intentaba ver a los torturados mientras la ponían a lavar las charolas. A causa de los golpes en la cabeza por intentar voltear, hoy Verónica sólo escucha gracias a un aparato auditivo.

Pero las torturas no sólo ocurrieron en Tlaxcoaque, había noches en que las subían a las patrullas y las trasladaban a calles aledañas al Paseo de la Reforma, donde prácticamente las usaban como carne de cañón.

“Estábamos ahí sobre los ríos, nos parábamos en Río Sena y nos vigilaban desde una esquina, nos obligaban a llevar a los clientes a unos estacionamientos [….] y los clientes se espantaban, ahí los agentes les quitaban su dinero y luego ellos pensaban que nosotras estábamos coludidas con la policía, pero nos obligaban”.

Verónica recuerda a otra de las chicas, su amiga Lorena. Cuando habla de ella hace largas pausas, luego se suelta a llorar: dice que en una de las veces que fueron ingresadas a los sótanos, después de bañarlas a cubetazos de agua congelada se enfermó:

“Me siento mal, mana, ayúdame”, le dijo su amiga. Los agentes decidieron sacarla de ahí. Verónica pensaba que la sacarían para curarla o que podría ir al médico al salir, sin embargo, narra: “Cuando yo salí, busqué a Lorena, pero ya no la volví a ver, ya no supe nada de ella…”. Desde entonces, Lorena está desaparecida y la pregunta ‘¿dónde está?’ es recurrente y dolorosa para Verónica.

El abuso que sufrió Verónica por parte del Estado, en los sótanos de Tlaxcoaque, dejó marcas en su salud física | Ariel Ojeda

Angeles de la policía se la llevaron sólo por caminar

El celular de Denisse Valverde no deja de sonar. Ha dejado a sus 40 perritos en casa, que ha ido rescatando por la ciudad y al mismo tiempo dirige dos asociaciones, RespeTrans, para dignificar a las mujeres trans, y Reparación Sobrevivientes Adultas Mayores Trans, en donde se acercan personas trans que fueron torturadas en aquellos sótanos. Buscan una reparación histórica.

Denisse recuerda que a los 15 años le gustaba caminar con su madre por las calles del Centro Histórico. Recuerda que cuando veía un vestido bonito en la vidriera, su mamá se lo regalaba pero le advertía que debían ocultárselo a su padre.

“No te lo pongas cuando esté tu papá”, le decía temerosa.

Fue un día de 1977 cuando salió de su casa con uno de esos vestidos coloridos. Por ese entonces vivía con su familia cerca de la Avenida Fray Servando Teresa de Mier, en el suroriente de la ciudad. Había salido al Mercado San Lucas, que estaba a unas cuadras. “Yo muy bonita”, se recuerda con nostalgia y un dejo de tristeza.

Llevaba las bolsas de mandado en la mano cuando un hombre frenó a su lado y le gritó: “¡Súbete!” A la joven Denisse se le vinieron a la mente las revistas de nota roja como Alarma!, que exhibían a otras “vestidas” en primera plana. “¿Y ahora qué? ¿Me van a golpear?”, pensó. Cuando finalmente pudo hablar, preguntó por qué la detenían. “Por faltas a la moral”, respondieron. A punta de golpes y una letanía de groserías la subieron a un automóvil que no tenía ninguna insignia oficial de la policía.

Manejaron unos dos kilómetros hasta que llegaron a un edificio de cristal muy cerca del Centro Histórico. Después sabría que al lugar adonde la llevaron era la Plaza Tlaxcoaque y que ahí estaban las oficinas de la DIPD.

Los pasillos de la DIPD fueron testigos de la tortura: desde los «tehuacanazos» hasta los toques eléctricos y ‘baños de vapor’ | Especial

Quien la detuvo fue El Gato, un hombre medio panzón y con ojos verdes, un mandadero de Sahagún Baca. Denisse cree que era uno de esos agentes a los que les llamaban “madrina”, que vestían de civiles y operaban en la clandestinidad para la DIPD. El Gato y otro más la llevaron al estacionamiento.

Las primeras torturas empezaron con insultos y cachetadas, pero el verdadero terror vino cuando le dijeron que le dirían a sus padres que “andaba vestido de mujer”. Y le advirtieron: “de aquí no vas a salir”, amenazando con meterla a los sótanos. Después le preguntaron cuánto dinero traía, pero cuando se dieron cuenta de que sólo era una chamaca, le preguntaron cuánto pagaría su familia por ella.

Después de la golpiza la volvieron a meter al carro y la llevaron a su casa. El Gato la llevó hasta la puerta donde estaba su mamá: “tu hijo estaba vestido…”, le dijo el hombre con voz aguardentosa. Aquel día su madre les entregó el dinero que tenían guardado para el gas. Cuando se fueron, Denisse se echó a llorar. Su madre la abrazó e intentó consolarla. Pero nada le quitó el miedo de saber que “ese pinche viejo” ya sabía donde vivía. El Gato, más tarde se vengaría.

Denisse ha olvidado la fecha exacta, pero la segunda vez que la detuvo, otra vez sólo por el hecho de existir como mujer trans, la llevó primero al estacionamiento y después “de entrada por salida” a los sótanos de Tlaxcoaque. Esa vez, entre cuatro hombres la golpearon y la violaron. No da detalles pero cuenta que fue en el estacionamiento. De aquel día lo que más tiene presente es la impotencia: “no poder gritar, no poder decir nada y de repente ‘ya, chingue a su madre’ y te ibas golpeada, robada y todo”.

El Estado mantuvo encubiertos los sótanos de Tlaxcoaque por décadas, hoy los resguarda la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México | Ariel Ojeda

Durante su segunda detención conoció a Francisco Sahagún Baca. Recuerda que era muy mal hablado y lo escuchó regañar a los agentes: “¡Ya les dije cabrones, que no quiero menores de edad aquí en la cárcel!”, dijo el jefe de la DIPD, los niños los metían en problemas aunque, para los agentes, eran una fuente de dinero seguro.

De “tiro por viaje” patrulleros detenían a las mujeres trans. “La verdad no valiamos nada en ese entonces […] si decías algo, te iba peor, hubo compañeras que denunciaron y desaparecieron”, recuerda Denisse.

“¡Enferma sexual!”, “Bailarina, torturada, violada y ahorcada”, “Más mujercitos, festines secretos de invertidos”, “¡Venden barato su amor los ‘mujercitos’!”, eran algunos de los titulares que se leían por las calles de la ciudad durante esos años. “Aunque las compañeras desaparecidas en Tlaxcoaque nunca salieron en las noticias”, dice con tristeza.

A diferencia de Verónica, Denisse así como entraba salía de este lugar, a ella la pusieron en una ocasión en una celda con “los chavos”; había rateros, comerciantes ambulantes, e indígenas que sólo por ser indígenas estaban adentro. “Ellos gozaban pegándonos y torturándonos psicológica y físicamente y nosotras en nuestra ignorancia no podíamos defendernos, hasta después cuando descubrimos que había derechos humanos”.

Hoy Denisse acompaña y escucha a las compañeras que estuvieron en los sótanos de Tlaxcoaque e intenta tejer el camino de la justicia. El abrazo de consuelo, ayuda y complicidad que su mamá le brindó en esos años, se los da ahora a sus compañeras.

Una plaza de la memoria que está en el abandono

En octubre de 2021 para conmemorar los 53 años de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de 1968, se anunció el proyecto “Tlaxcoaque: Sitio de Memoria”, por parte del gobierno de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum estuvo a cargo de la inauguración, era entonces Jefa de Gobierno de la ciudad. Ese día se colocaron algunas fotografías a blanco y negro en la escalinata de la plaza con soldados y jóvenes detenidos, recordando las detenciones arbitrarias que sufrieron en ese lugar. Sin embargo, las casitas de cartón improvisadas, como la del señor Adalberto, tapan las fotografías.

Las víctimas de la época, como Denisse y Verónica, no recibieron justicia. Hoy en día exigen una reparación histórica | Ariel Ojeda

Un año después, el 19 de agosto de 2022, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició la carpeta de investigación sobre las torturas cometidas en el inmueble de la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal. Desde entonces el Ministerio Público emprendió la búsqueda de posibles indicios. Prohibió la entrada a los sótanos que hoy resguardan policías, los mismos que no se quieren ni acercar. Sin embargo, desde las banquetas, es posible ver su estado: se están pudriendo, la humedad se siente y las losetas se han empezado a desprender de las paredes. Tlaxcoaque se deshace.

Denisse busca a través de la asociación que dirige, una reparación histórica para mujeres adultas mayores trans que sufrieron la violencia de Estado durante los años setenta y ochenta (y algunas posteriormente); así luchan, desde hace tres años, por una pensión vitalicia para las que son sobrevivientes de estas violaciones, y es que muchas de las mujeres trans torturadas aún viven con los estragos en el cuerpo. Verónica por ejemplo, perdió por completo un oído.

“Ya todos los culpables están muertos”, dice Denisse. Verónica le contesta: “Yo creo que ya no van a reparar, todo ese daño, todas esas muertes, ya no». No hay manera.

La señora Cristina Martínez conocía bien cómo suenan las telas cuando se tallan. Una costurera sabe cada secreto de la prenda que toca. El 7 de septiembre de 1942, estaba otra vez ahí, con las manos hinchadas fregando ropa en los lavaderos. Era temprano, la ciudad quedaba atrás, y lo único que se escuchaba en la azotea era el chapoteo del agua. De pronto escuchó un zumbido sordo que la distrajo, era un enjambre de moscas de colores.

La señora Cristina vivía en el número 18 de la calle Mar del Norte en la colonia Tacuba, una de las primeras zonas de casas campestres de la ciudad. Aquella mañana al ver revolotear esas moscas, viró la cabeza y miró al techo de su vecino. Ahí lo encontró: parecía un zapatito de mujer cubierto de lodo, algo extraño porque en esa casa sólo vivía un vecino.

Así lucía la casa que habitaba ‘Goyo’ Cárdenas en la calle Mar del Norte de la colonia Tacuba | ARCHIVERO

Esa mañana Cristina llamó a su vecina, la señora Elvira Velázquez de Peña, que le hacía compañía durante las mañanas de lavandería. Le pidió que subiera a la azotea y le comprobara si ella también veía lo mismo en el techo. Elvira subió y con su vista de halcón alcanzó a ver más detalles. De hecho, en la plantilla de lo que parecía un tacón había un pedazo de periódico manchado de rojo. Les pareció aún más raro.

Sólo Cristina y Elvira habrían podido adivinar lo que vendría: conocían cada rincón de la casa porque durante los últimos cuatro años, mientras pegaban la panza contra la piedra de lavar, echaban la plática y, en momentos de descanso, les gustaba contemplar el jardincito que había cuidado con mucha paciencia la dueña de esa casa que le rentaba la propiedad a un chico que siempre andaba solo, comentaron. Había sembrado unas plantas hermosas que les gustaba mirar desde arriba para tratar de descifrar de qué especie eran.

Pero ese día, además del zapato de mujer, se dieron cuenta de que las plantas ya no estaban más: como si alguien hubiera profanado la tierra y hubiera arrancado las matitas de raíz. Casi un sacrilegio. “Estaban muy maltratadas y lo que fue más importante es que la tierra estaba suelta”, declaró doña Cristina.

El jardín de la casa ubicada en el número 18 de la calle Mar del Norte ocultaba algunos de los crímenes más atroces de la época | ARCHIVERO

Elvira y Cristina contemplaron el jardín destruido y creyeron ver a una mujer a medio enterrar, rodeada de las mismas moscas que rondaban la azotea. Estas dos mujeres, a las que les gustaba contemplar el jardín de junto, descubrirían uno de los primeros asesinatos seriales en la historia moderna de la Ciudad de México: los que cometió Gregorio Goyo Cárdenas, un estudiante de química que estranguló a cuatro mujeres. El multihomicida sería conocido como El Estrangulador de Tacuba.

“Las encontramos a flor de tierra”, como flores en la tierra, dirían aquella mañana los policías que recibieron el reporte. El primer hallazgo del jardín sería el de Graciela Arias, una jovencita de 21 años, estudiante de la UNAM, la primera víctima.

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA, que reconstruye el caso gracias a la desclasificación de expedientes olvidados entre cajones y viejas oficinas públicas. Historias como ésta revelan que en México la verdad oficial está en obra negra.

La primera denuncia contra ‘Goyo’ Cárdenas

Los crímenes del ‘Estrangulador de Tacuba’ quedaron registrados en múltiples archivos históricos de la capital mexicana | ARCHIVERO

Los papeles amarillos han sido restaurados por el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Una misión que parece difícil a ochenta años de los asesinatos. De esos, que se tecleaban en máquina de escribir y papel cebolla. Uno de los primeros reportes del expediente es un informe de la Policía Secreta del Distrito Federal, que cuenta detalles de una denuncia presentada el 5 de septiembre de 1942 –dos días antes del descubrimiento en la azotea– que detonaría esta historia.

El señor Manuel Arias Córdoba, un reconocido abogado por ese entonces, se presentó a las 12:50 de la tarde en la jefatura de la policía del D.F. Su hija, la jovencita Graciela Arias Ávalos, de 21 años, había desaparecido hacía tres días. El señor Manuel dijo que era costumbre recogerla en la Escuela Preparatoria de la UNAM, donde estudiaba por las noches, todos los días, pero aquel miércoles no estaba en la puerta. Apresurado ingresó al plantel y preguntó a cada uno de sus profesores si había asistido.

Así logró reconstruir la última hora en que la vieron a Graciela con vida, a las 20:30 horas, cuando un exnovio –Gregorio Cárdenas– la recogió en el plantel.

El padre de una de las víctimas de ‘Goyo’ Cárdenas fue el primero en alertar a la Policía del Distrito Federal | ARCHIVERO

El señor Manuel no se anduvo por las ramas. Desde la primera declaración acusó a Gregorio, quien era un estudiante de la carrera de química de la UNAM y trabajador de Pemex. Lo acusó de “asediarla desde hace dos años”. Dijo que tenía conocimiento de que el joven Cárdenas se encontraba desesperado por la renuencia de su hija a “formalizar relaciones”, que desde hacía un mes Graciela había resuelto distanciarse definitivamente de él, que la pretendía de manera enfermiza, que “no ha sido devuelta por el señor Gregorio Cárdenas […], la tiene secuestrada”, acusó en la estación de policía.

‘Goyo’ Cárdenas la asesinó en un arranque de celos

Además de Graciela Arias Ávalos, a ‘Goyo’ Cárdenas se le relacionó con otros tres feminicidios | ARCHIVERO

​Gregorio conoció a Graciela en 1940 en la Escuela Central de México, un instituto de regularización al que asistieron juntos. Al parecer por esos años Gregorio se le declaró y se hicieron novios. Desde ese entonces empezarían las primeras escenas de celos que prendieron las alertas de la jovencita y de su padre.

Durante los siguientes meses siguieron más enfrentamientos constantes: como aquella noche de mayo de 1941, en que los chicos venían de pasear en Puebla y se accidentaron en el auto. Aunque salieron ilesos, llegaron a la puerta de la casa de Graciela a las 3 de la mañana y el señor Manuel se enfureció, cortando todos los gastos a su hija. Con los meses, ella parecía cansada de estar en la disputa entre su padre y el novio.

El 2 de septiembre Gregorio pasaría por Graciela a su casa localizada en Calzada de Tacubaya 63, donde por cierto no podía acercarse por órdenes del padre. La esperó cerca y desde ahí alcanzó a ver que estaba con un joven, que la tomaba cariñosamente del brazo y con quien se metió a su casa. “Esto me produjo una impresión fuerte de celos”, declararía después Goyo Cárdenas. Ese día se fue colérico a su casa en el número 20 de Mar del Norte, a unos 20 minutos en coche, y por la noche salió a visitar a su amiga Hermilia López. Cerca de las 20 horas, con toda la intención de reclamarle, se lanzó a la preparatoria para buscar a Graciela.

Evidencia de los crímenes de ‘Goyo’ Cárdenas | ARCHIVERO

A las 20:30, Gregorio le rogó que subiera a su carro para dar una vuelta y platicar. La jovencita aceptó y entonces el hombre manejó hacia el Ángel de la Independencia, en el Paseo de la Reforma. Comieron un sándwich y Graciela le pidió que la regresara a su casa. Poco antes de las 22:00 horas, cuando estaban por llegar, se estacionó. Y ahí empezó todo: le preguntó quién era el hombre con el que había estado por la tarde. Ella se negó a contestar y, según la versión de Gregorio, en la discusión Graciela le dio una cachetada.

“Me sentí raro y exasperado por la humillación”, dijo, así que cogió una cuerda que tenía en el respaldo del carro y la puso en el cuello de la joven. Según el expediente, la jaló con las dos manos en un arranque de locura que lo “trastornó por completo”. Graciela intentó gritar “¡auxilio!” pero la presión de la cuerda lo impidió. La mató muy rápido.

Goyo Cárdenas, por el contrario, pensó que se había desmayado. Intentó reanimarla, la movió de los hombros. Al ver que estaba muerta, cambió de ruta y condujo mejor a su casa. Al llegar, el coche se atascó en un lodazal que había dejado la lluvia en la ciudad. Y casi lo descubren: un hombre intentó ayudarlo a sacar el carro del lodo, pero Gregorio lo impidió. Una vez que lo dejó solo nuevamente, envolvió a Graciela en su saco del que se le resbalaba su cuerpo inerte. Con todas las dificultades logró meterla a su casa.

‘Goyo’ Cárdenas se resistió a sepultarla, pensaba “tenerla para siempre”

Reporte de desaparición de Graciela Arias Ávalos | ARCHIVERO

Gregorio Cárdenas la tenía tendida sobre su patio cuando decidió quitarle la ropa sucia, envolverla en una colcha limpia y acostarla en su cama. Preparó “oxígeno” –tal como lo declaró– y se lo puso en la boca con la esperanza de que volviera en sí. Movió sus brazos, la giró, pero Graciela estaba muerta. Por fin reconoció que la había matado.

“Me resistía a sepultarla, pensaba tenerla para siempre”, dijo a la autoridad; esa noche la abrazó y durmió con ella. Más tarde, según la policía, se daría a la fuga y se recluiría en un hospital psiquiátrico, con un doctor llamado Oneto Barenque, para evitar así su detención. Según su familia, serían ellos quienes lo internarían por esos días porque realmente empezó a enloquecer.

Con una pala, ‘Goyo’ Cárdenas enterró sus más oscuros secretos en su jardín | ARCHIVERO

El 7 de septiembre, tras la llamada de las señoras Elvira y Cristina, la policía llegó a la casa de Goyo Cárdenas y, como flores de la tierra, empezaron a salir corpiños rosas, tacones con flores, vestiditos de terciopelo verde y morado. El asesinato de Graciela sería uno de cuatro que le darían fama al Estrangulador de Tacuba.

“¡No lo esperaba!”, dijo la señora Cristina a las autoridades. “Solamente se creía que estaba el cadáver de Arias Ávalos”. Los otros casos serían todavía más atroces.

Paolo Sánchez Castañeda colaboró en la búsqueda de este archivo

A las dos de la tarde el teléfono de Bufet, un pequeño restaurante en el número 18 de Bucareli, empezó a sonar. Desde el mostrador le gritaron a la señora Estela Pérez –que estaba en su turno de mesera– que tenía una llamada de emergencia. Ese jueves 11 de junio de 1981, una de sus vecinas le dijo desde el otro lado de la bocina que se fuera a la casa de volada: unos agentes de la policía estaban saqueando su departamento en la calle República de Costa Rica en el Centro Histórica, muy cerca de su trabajo.

Estela llegó corriendo y aún alcanzó a hablar con dos hombres que salían del cuarto de uno de sus hijos. Entre el trajín les preguntó qué estaban haciendo ahí y sin dar muchos detalles le respondieron que venían de la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia, un área de la Dirección de la Policía del entonces Distrito Federal.

Estaban ahí porque su hijo Armando Magallán, de 26 años, había sido detenido horas antes asaltando una casa en el Estado de México.

Durante el interrogatorio, el chico había confesado que tenía un botín de artículos electrónicos en su cuarto que habían sido robados en otros atracos. La señora Estela intentó que le dijeran dónde estaba detenido, que su hijo sólo era taxista, pero a los agentes nada les importó. Se subieron a dos combis blancas y se marcharon con fayuca en las manos. Desde ese día, Estela empezó la búsqueda de su hijo.

Primero, recorrió los centros de detención de la ciudad y, cuando no lo encontró, pagó un desplegado durante ocho días en un periódico con su foto. Hasta que el 3 de julio de ese 1981 recibió otra llamada telefónica al restaurante. Era la voz de un hombre: “¡Ya deje de chingar con lo de Armando, el muchacho pronto va a regresar!”.

Fotografía del joven Armando Magallán, de 26 años. ARCHIVERO.

Seis meses después, el 15 de enero de 1982, la señora Estela vio en un kiosco un periódico con un titular espantoso: en los márgenes del río Tula aparecieron flotando siete cuerpos golpeados y mutilados, irreconocibles para todos, menos para la señora Estela, que creyó ver a su hijo Armando en las fotos de esos cuerpos que ya no tenían vida.

Durante cinco días fueron apareciendo más cuerpos en la última compuerta del drenaje profundo a orillas del río Tula, en el pueblo de San José Acoculco, Hidalgo. Hasta sumar 12. Los medios bautizaron el hallazgo como la “matanza del río Tula”. Y durante dos años la policía evitó realizar la investigación.

Hasta 1985 la señora Estela conoció finalmente la razón: los cuerpos que se encontraron en el río eran originarios de Colombia, parte de una supuesta banda de asaltantes a quienes les chofereaba su hijo. Fueron detenidos, uno a uno, y recluidos primero en hoteles, casas de seguridad, en las oficinas de la Policía Montada y en el pabellón psiquiátrico del penal de Santa Martha Acatitla, donde fueron torturados para que confesaran dónde habían escondido un botín de 120 millones de pesos.

Cuando entregaron el dinero, los sacaron del penal y fueron ejecutados por miembros del Grupo Jaguar, una división de la policía secreta que respondía al general Francisco Sahagún Baca, titular de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD); por cierto, primo de Martita Sahagún de Fox.

La DIPD era parte de la Dirección General de Policía y Tránsito, que entonces dirigía Arturo ‘el Negro’ Durazo, un funcionario conocido durante su gestión por sus actos de corrupción y violaciones a derechos humanos.

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA, que reconstruye este caso gracias a la desclasificación de expedientes olvidados entre cajones y viejas oficinas públicas. Casos como éste revelan que en México la verdad oficial está en obra negra.

Un joven lleva a unos colombianos a Garibaldi

Desde hacía unos años Armando Magallán trabajaba de taxista conduciendo un Rambler del año 70, que le rentaba a una señora llamada Isabel. Su muchacho le prometió a Estela que con su trabajo pronto le iba a comprar una casa, para que por fin dejaran el departamento de la calle Costa Rica.

Pero a inicios de mayo de 1981, Armando empezó a cambiar: dejó de ir a dormir a casa o llegaba hasta las 6 de la mañana. Extrañada, le preguntó qué estaba haciendo y éste le contó que unos amigos colombianos lo habían contratado para conocer la ciudad. En junio, Estela conoció a tres de ellos. Un día que regresó de trabajar los encontró en casa.

Estaban tomando unos vinos e incluso la invitaron a la plaza Garibaldi a cenar. Pero ella se negó y el único que aceptó fue otro de sus hijos, Arturo. Ese día se tomaron una foto que ha quedado en el expediente. Los hermanos Magallán están sentados en una mesa con tres hombres que visten muy formales y posan con un vaso en la mano. Al reverso, una dedicatoria: “recuerdo de sus amigos con todo cariño, Lupo, Carlos y Carlos”.

Fotografía tomada en el restaurante “El Marisquero”, de izquierda a derecha: Carlos Hernández “Carlos Ríos”; Armando Magallán Pérez; José Hernández “Lupo” o “Josele” y Arturo Rodríguez “Tito”.

Estela recuerda que, por esos días, también ocurrió un incidente familiar: Armando tuvo una pelea con su yerno, Jorge Arias Ángel y su hija Rebeca, quienes también vivían en el departamentito con sus niños. Los hijos despertaron a Armando y éste enfureció. Les dio 15 días para abandonar la casa porque no lo dejaban dormir. A la madre no le gustó la pelea pues sabía que su yerno trabajaba como mandadero de un comandante de la policía.

El 7 de junio, vio a Armando salir en el taxi, eran las nueve de la mañana. Su hijo dijo que llevaría a sus amigos colombianos a conocer el Estadio Azteca. “Ya no trabajes tanto, te va a hacer daño”, le diría su madre. Fueron las últimas palabras: no volvería a verlo. Al día siguiente ocurrió la llamada de su vecina, los policías cateando su casa. La zozobra.

En el expediente ha quedado asentado que, en agosto de ese año, la señora Estela presentó una denuncia formal en la Jefatura de la Policía de Tlaxcoaque. Fue la propia DIPD quien recibiría la denuncia, formalizada con el número 15434/81.

Los cuerpos que aparecieron estaban mutilados

El 11 de enero de 1982, a las 5:30 de la tarde, los campesinos de San José Acoculco los encontraron: los 12 cuerpos flotando en el canal de aguas negras en la salida del interceptor central. También alcanzaron a ver que a otros se los llevó la corriente.

A simple vista parecían todos hombres y tenían machetazos, balazos, quemaduras. Algo que compartían es que estaban amarrados de las muñecas con vendas elásticas. El reporte de los médicos forenses revela que antes de morir fueron torturados y después de su asesinato, probablemente mutilados. Les pusieron números. Cuerpo 1: sin cabeza y sin el brazo izquierdo desprendidos por machete. Cuerpo 2: sin brazo. Cuerpo 3: orificio de bala en la cabeza, quemaduras en las manos. Las descripciones son el recorrido por sus cuerpos y revelan lo que sufrieron antes de morir.

Los primeros siete cuerpos fueron trasladados al Hospital Civil de Tula y desde ahí las autoridades elaboraron los reportes que daban los primeros indicios: vestían ropa de buena calidad de “marcas colombianas”. Hasta el 15 de enero de 1982, los campesinos siguieron encontrando más cuerpos flotando en el Río Tula.

Las autoridades de Hidalgo le echaron la culpa a sus vecinos de la capital: aseguraron que los cuerpos habían sido echados en el desagüe desde el D.F y terminaron en su territorio. Por eso, entra en escena en este caso el coronel Francisco Sahagún Vaca, titular de la DIPD. Terminó involucrado en la investigación.

Su primera versión replicada por los medios a inicios de febrero, consignaba que ninguna de las víctimas era mexicana. Lo aseguraban porque las etiquetas de la ropa eran de marcas colombianas y guatemaltecas; también porque nadie había ido a reclamarlos. Incluso dijo que tenía la sospecha de que fueran guerrilleros de países sudamericanos, que hubieran sido asesinados por miembros de la ultraderecha, ante el peligro que representaban para la estabilidad de sus gobiernos.

Pero Sahagún Vaca nunca imaginó que entre los cuerpos estaba un chico mexicano, desaparecido, y cuya madre llevaba tiempo buscándolo por todos lados.

El 11 de enero de 1982, 12 cuerpos fueron encontrados en las aguas negras del río Tula. ARCHIVERO

Reconocer el cuerpo de Armando en el anfiteatro

El día que Estela acudió a reconocer el cuerpo de su hijo llevaba una blusa de tela roja con puntos blancos, de esas que traen un moño amarrado al cuello. Una fotografía que se anexó al expediente revela que, por ese entonces, tenía el cabello corto con el volumen que se usaba en los años ochenta. Tiene la mirada fija a la cámara, retadora.

En enero de 1982 llegó al anfiteatro de Hidalgo y le mostraron las fotografías de los cuerpos de hombres que ‘no’ eran su hijo. Pidió ver ese cadáver que reconoció en el periódico, pero le dijeron que estaba muy descompuesto. Ante su insistencia le solicitaron un documento donde aparecieran las huellas dactilares de su hijo. Al día siguiente, regresó acompañada de la novia de Armando, Martha, quien guardaba su cartilla militar. La señora esperó durante semanas los resultados que finalmente confirmaron lo que temía.

Por esos días un comandante de la DIPD, José Luis Licona, fue a su casa de la calle Costa Rica y llevó a doña Estela a las oficinas de Tlaxcoaque, donde la interrogaron. El caso se fue al archivo. Esporádicamente aparecían declaraciones de Sahagún Vaca con supuestos avances. La realidad es que fue hasta 1984 cuando la oficina de la Interpol en México, liderada por Jorge Aldana Ibarra, la retomó en forma.

La cartilla militar fue un documento clave para identificar el cuerpo del joven mexicano. ARCHIVERO.

La Interpol armó el caso del río Tula

La vecina de Estela, María Luisa, quien sin querer daría la pista a la Interpol para esclarecer el caso de la matanza de Tula: reveló que el día del cateo de 1981, desde la calle y agazapado en un poste estaba el yerno de Estela, Jorge Arias Ángel, lo que le pareció muy raro: ¿Por qué no subió?

En la colonia todos sabían que trabajaba para la DIPD como mandadero del comandante Raúl Chávez Trejo, encargado del Plan Tepito, un programa con el que pretendían controlar la venta de fayuca en la zona. Durante los interrogatorios distintos miembros de la familia de Armando fueron dando más pistas que apuntaban hacía él. La señora Estela revelaría que, por esos días, le preguntó a su yerno por qué no subió durante el cateo. Jorge le respondió que eso era mentira de su vecina.

Estela recordó que, durante la desaparición de su hijo, el yerno le prometió que le pediría ayuda a su jefe. Luego, también le dijo que a Armando lo había agarrado un grupo que se llamaba “Jaguar” y que no se preocupara porque de seguro “no aparecía porque estaba muy golpeado y que luego lo iban a dejar salir”.

Sin embargo, sería Rebeca, la hermana, quien daría una frase demoledora: “A ese ya ni lo busquen ya se lo echaron”, le dijo su esposo un día. Otra sería la señora Isabel, la dueña del taxi en el que desapareció, quien contó que un día se encontró a Jorge y le dijo “a sangre fría” que a Armando “ya lo habían matado”.

La Interpol armó la historia final: en venganza por el pleito familiar y para intentar quedar bien con el comandante Raúl Chávez, Jorge le contó sobre actividades sospechosas de su cuñado con algunos colombianos, de cómo había estado llevando dinero, alhajas, aparatos electrónicos y un millón de pesos a la casa de su madre Estela.

Las huellas dactilares de Armando Magallán Pérez pudieron ser contrastadas con las que aparecían en su cartilla militar que guardaba su novia. ARCHIVERO

La participación del ‘Negro’ Durazo

A mediados de 1981, cuando fue informado del asunto, ‘El Negro’ Durazo dio instrucciones a Sahagún Vaca para investigar el caso. Entonces, el titular de la DIPD encomendó la misión a Rodolfo Reséndiz Rodríguez ‘el Rudy’, comandante del Grupo Jaguar. Sabríamos entonces que quienes estuvieron en el cateo sin orden judicial fueron ‘el Rudy’, Fernando Durruti Castillo ‘el Flaco’ y Luis Gamboa Cruz ‘el Terremoto’.

Durazo y Sahagún Baca ordenaron la detención de los presuntos colombianos entre junio y julio de 1981 y fueron detenidos en el Hotel Panorama y en el Hotel Costa Rica; después fueron trasladados al campo de prácticas de la policía en la colonia Balbuena y a las caballerizas de la Policía Montada, donde fueron torturados.

Después, estuvieron en una cárcel clandestina en Avenida de las Torres, en la colonia Viaducto Piedad. Cuatro de ellos estaban muy lastimados por la tortura, así que decidieron trasladarlos al pabellón psiquiátrico del penal de Santa Martha Acatitla, donde permanecieron incomunicados.

Entre el 10 y el 13 de enero de 1982, es decir medio año después de las primeras desapariciones, Rodolfo Reséndiz los sacó del penal y los hizo subir a dos camionetas. Llegaron hasta la Lumbrera 8 del Emisor Central del drenaje profundo del Distrito Federal, una cascada subterránea. Les desataron los pies y los ejecutaron extrajudicialmente. En el lugar donde sus cuerpos fueron arrojados había una red de alambres de púas para evitar el paso de desechos: por eso los cuerpos estaban mutilados.

Un expediente en el Archivo General de la Nación también revela que, durante los interrogatorios de la Interpol, distintos miembros de la DIPD fueron torturados para obtener estas declaraciones.

Francisco Sahagún Baca, el titular de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia escapó del país y la última pista que tuvo la Interpol fue que estaba escondido en España. Hasta el día de hoy, no se conoce con exactitud cómo ocurrió la matanza de Tula y tampoco la identidad de las víctimas, asegura el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico en un informe. Hasta el día de hoy Sahagún Vaca continúa prófugo de la justicia.

El Negro Durazo escapó ese año de México y dos años después fue capturado en Costa Rica por contrabando, evasión fiscal, extorsión, acopio de armas y abuso de autoridad. Por las circunstancias de su extradición –sólo se podía juzgar a un “presunto delincuente” por los delitos de su extradición– no pudo ser acusado por la masacre del Río Tula, dice el Mecanismo. Durazo fue juzgado en 1986. Tras ocho años en prisión fue liberado por buena conducta y falleció en 2000 en su mansión con vista al Océano Pacífico.

El señor Manuel Uribe no supo explicar cómo inició todo: declaró a las autoridades que alcanzó a escuchar gritos y una voz que les ordenaba desde afuera que nadie podía salir de casa. Cuando pudo levantarse, logró distinguir que eran soldados. Después vino lo peor: sus invitados heridos de bala se metieron a su habitación corriendo, en un intento por resguardarse, pero ya iban moribundos.

Era un bautizo. Era una familia que vivía en la ranchería El Realito, a 27 kilómetros de la cabecera municipal de Badiraguato, Sinaloa, una región que sería conocida décadas después como la tierra de Joaquín El Chapo Guzmán y Rafael Caro Quintero. El 7 de abril de 1971 celebraban el sacramento que recibía el séptimo niño de los Uribe. En ese año El Realito tenía 26 habitantes y todos habían sido invitados, así como de otras rancherías aledañas.

Afuera de la casa, unas 45 personas bailaban y cantaban al ritmo de la banda, una fiesta que habían preparado desde temprano el señor Manuel y su esposa Bertilia Coronel, embarazada nuevamente de un bebito de siete meses. Manuel recuerda que acaba de entrar a su habitación, con unos amigos y familiares; quería reposar sobre la cama el pie derecho que le dolía por una lesión vieja. Agarró unas cervezas y los invitó a seguir la fiesta adentro. Después vino la tragedia. La balacera.

Toda la madrugada estuvieron retenidos mientras escuchaban los últimos susurros de su gente. Incluida su esposa, que fue baleada y murió durante la madrugada. “Permanecimos toda la noche escuchando quejidos y viendo muertos”, declararía después Manuel.

A las 23 horas, nueve soldados del 34º. Batallón de Infantería irrumpieron en el guateque. Según la primera versión del Ejército, cuando pasaban por el rancho, fueron atacados a balazos por una muchedumbre armada. Sin embargo, los reportes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y los testimonios recabados ante el ministerio público local, Francisco Guerra, ofrecen una versión distinta. En una operación “anti-narcos” el Ejército hizo del bautizo una masacre y los dejó morir durante la madrugada.

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA, que reconstruye este caso gracias a expedientes olvidados entre cajones y viejas oficinas públicas. Casos como éste revelan que en México la verdad oficial siempre está en obra negra.

Murieron 16 civiles en un bautizo en El Realito

En el informe del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, que busca poner luz a la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado entre 1965 y 1990, aparecen los hechos de El Realito. Uno de los actos graves en contra de habitantes en zonas donde se llevaba el combate al narcotráfico en el sexenio de Luis Echeverría. La de El Realito es una de las cuatro masacres en nombre de esta guerra. El Batallón masacró a 16 civiles e hirió a otros 12 que se encontraban en la fiesta.

Hoy un expediente resguardado en el Archivo General de la Nación y documentos de un juzgado de Badiraguato permiten reconstruir que la balacera duró aproximadamente 20 minutos, que fue hasta las 6 de la mañana del día siguiente que los sobrevivientes pudieron salir de la casa donde el bautizo se realizó.

Ante las autoridades las señoras Lydia Leyva y María Trinidad Pérez reconstruyeron lo que sucedió aquella noche en El Realito. Dijeron que era cerca de las once de la noche cuando todos bailaban “alegremente”. De repente se vieron rodeados por elementos del Ejército; al mando iba un hombre al que llamaban “sargento segundo” y hoy sabemos que se trataba del militar Ausencio Esparza Reyes. Ellas vieron cuando uno de los soldados jaló de la chamarra a uno de los invitados. Después el soldado cayó muerto sobre la tierra pedregosa. La versión de los militares es que el hombre traía una pistola dentro de la chamarra y que, cuando el militar lo jaló, la accionó y le disparó.

“De inmediato los soldados que lo acompañaban empezaron a disparar en contra de la gente […], todos dejaron de bailar […]. Hubo una gritería tratando la gente de correr para resguardarse en lugares seguros”, dijeron un día después de la masacre.

En el pórtico de la casa estaban la señora Silvia Contreras con la anfitriona, Bertilia. Las mujeres intentaron correr a la cocina cuando empezaron los balazos, sin embargo, al llegar a la puerta, Bertilia fue alcanzada por las balas de los militares. Silvia recibió un balazo en la espalda pero sobrevivió toda la noche herida. “La tropa mató a hombres y mujeres sin piedad”, dice un informe fechado el 9 de abril de 1981 por la DFS.

Gracias al testimonio de otro testigo, Ramón Duarte, sabe que los militares dejaron morir a los heridos impidiendo que cualquiera pudiera entrar o salir de ahí. En los portales de la casita se apilaron los cuerpos de las 16 personas que murieron durante la noche. El más pequeño de las víctimas fue el niño Ramón Ochoa, un vecino de Los Limones. Apenas tenía nueve años y recibió 13 balazos.

También hubo soldados heridos y uno muerto

En un ranchito a tres kilómetros de El Realito otros sobrevivientes declararon que hubo un soldado muerto y otros tres heridos que fueron acribillados por sus propios compañeros, ya que estuvieron disparando a todos lados. Fue hasta las 6 de la mañana del día siguiente que un juez de Tameapa, Amancio Rales Gastelum, llegó al rancho y empezó a repartir órdenes judiciales para que las víctimas pudieran salir del lugar y ser atendidos de sus heridas. A otros les dio boletas para que sacaran a sus familiares muertos.

“En el lugar de los hechos quedaron regados los cadáveres de mujeres, niños y adultos, quienes fueron victimados por la espalda. El Juez de Badiraguato, al acudir a dar fe de los hechos, quedó impresionado de aquella escena ‘patética’, llena de dolor y angustia. Hubo un momento en que los llantos y gritos de mujeres le impidieron continuar levantando el acta”, dice un reporte de la DFS sobre lo que ocurrió esa noche.

A las 14:55 horas del 9 de abril, un general del ejército de apellido Castro y Castro ordenó la retirada de El Realito. Los militares se fueron a bordo de cuatro comandos.

La versión de los soldados: llegaron atraídos por el sonido de balazos

La versión del teniente coronel, que en los documentos aparece citado con los apellidos “Núñez Jiménez”, de acuerdo con sus investigaciones, dijo que los soldados se acercaron a El Realito atraídos por el sonido de unos disparos. Al entrar a la casa, Ramón Camargo Lugo, un soldado de 23 años, encontró a una persona armada, quien a su vez disparó en contra del militar matándolo. Por eso sus compañeros del Batallón respondieron con fuego.

De acuerdo con el informe desclasificado de la DFS, consultado por DOMINGA, todos pertenecían al 34º. Batallón de Infantería con sede en la ciudad de Salvador Alvarado, Sinaloa. Los militares que resultaron heridos fueron el segundo sargento, Esparza Reyes, los cabos Hermeneciclo Hernández y Macario Lazcano.

José Martínez Lozano, un licenciado de la entonces Procuraduría General de la República que llegó al lugar al día siguiente, consideró que la PGR no necesitaba realizar una inspección ocular después de la masacre, pues ya la estaba haciendo el agente del Ministerio Público militar: “La que está muy bien hecha y detallada”.

Los heridos fueron atendidos en el Hospital Civil de Culiacán: llevaban heridas en el glúteo, en la espalda, les dieron por detrás. Con los días fueron apareciendo más heridos que se habían escondido en rancherías cercanas o en las faldas de los cerros. Según un reporte las autoridades locales estaban intentando identificar entre los muertos a traficantes de drogas. Pero en el expediente no hay registro alguno de que lo hayan logrado.

Después de muertos, intentaron fincarles responsabilidades pero no lo lograron. Según autoridades, los militares involucrados fueron trasladados a una prisión de Mazatlán, sin embargo, no hay más información de qué pasó con ellos.

El vínculo entre el Estado y determinados medios de comunicación ha estado atravesado por campañas electorales, chayotes e influencias y favores políticos, pero también por el espionaje. En el año 1971, Luis de la Barreda Moreno, Director de la DFS, le solicitó al Presidente y Director del periódico El Sol de México, José García Valseca, que expida credenciales de reporteros para sus agentes. La suplantación de la profesión tenía la finalidad de poder infiltrarse con más facilidad en diversos ámbitos políticos y sociales de la época, sin dar a conocer la verdadera labor de los espías.  

José García Valseca constituyó desde los años 40, el multimedio gráfico más grande de México, la Cadena García Valseca, con alrededor de 37 periódicos. A principios de los ’50, la deuda que sostenía los medios con el gobierno de Miguel Alemán por el papel para producir los periódicos era insostenible. Valseca negoció la condonación de las deudas a cambio de un trato benévolo con el gobierno. Paradójicamente el 7 de junio de 1951, día que finalizaron estas negociaciones, se lo considera el día de la libertad de prensa.

A través del oficio 000571 del 2 de agosto de 1971, Valseca responde la solicitud y le envía a Barrera Moreno las credenciales de reporteros para 13 agentes de la Dirección. “Me es grato acompañar al presente las credenciales periodísticas expedidas a favor de las personas que se indican a continuación y que prestan servicios como Agentes de esa Dirección a su digno cargo”.

Entre los espías acreditados se destacan los casos de Enrique Hoeck Cossio y Javier Mancera Fuentes, quienes siguieron de cerca desde mediados de la década de los ´60 las actividades políticas del escritor y periodista José Revueltas. La actividad de Hoeck Cossio también estuvo marcada por inmiscuirse en los movimientos de Fabricio Apolos Gómez Souza, fundador del Movimiento Acción Revolucionaria (MAR).

Otro de los agentes de la DFS que accedió a la acreditación como reportero de El Sol de México fue Jorge Bustos Chavarría, quien fue acusado de la desaparición de seis integrantes de la Brigada Campesina Los Lacandones en 1974, caso por el cual estuvo preso en 2006, logrando recuperar su libertad meses después por falta de pruebas.

Los documentos a los que puedo acceder Archivero, también señalan que esta práctica ha sido replicada en otros medios de comunicación de la época, como por ejemplo “Noticias de la tarde”, reflejando que el evidente vínculo entre el poder y ciertos medios de comunicación.

El 19 de octubre de 1985 resonó dentro los muros del Reclusorio Norte las tubas de las bandas sinaloenses que contrataron los narcos Caro Quintero y “Don Neto” para la celebración del día de San Rafael.

Por más de 10 horas, la música norteña animó la celebración onomástica, acompañada de 9 cajas de vino. Los privilegios de los narcos eran evidentes al interior del penal: Caro Quintero manifestó tener mucho dinero y poder hacer lo que quisiera en el Reclusorio Norte.

La Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional consultó al Director del penal, Jesús Villasagua Álvarez sobre cómo se permitió la celebración, pero se deslindó de responsabilidades: “Nada es cierto, nada más son rumores de la gente que no está conforme”.

Pero el jefe de seguridad Zoilo López Acuña, señaló lo contrario, que efectivamente sí ingresaron los grupos musicales pero que ignora quién dio la autorización. Él solo “tomó las medidas de seguridad pertinentes”.