Hacía frío la madrugada del 31 de octubre de 1979 y, según los reportes meteorológicos, a las 5:00 horas el entonces Distrito Federal aún no empezaba a clarear. Los nueve grados centígrados se sentían. Un banco de niebla no dejaba ver más allá de los diez metros en el barrio del Peñón de los Baños, a un costado del aeropuerto internacional, el “Licenciado Benito Juárez”, como le decían los habitantes de la capital por aquellos días.

Aun así, a las 5:10 horas, el Boeing 727 de Mexicana de Aviación, que venía de Los Angeles, California, logró aterrizar. Por eso, a los controladores no les pareció peligroso que veinte minutos después lo hiciera el DC-10 de la Western Airlines, que venía volando del mismo destino. El avión era piloteado por el capitán Charles Gilbert, quien había aterrizado 28 veces en el Distrito Federal en los últimos ocho años, cuatro ese mismo octubre de 1979.

El cielo y las pistas los conocía bien: el capitán Gilbert sabía cómo aterrizar entre la niebla, el humo y la contaminación que suele azotar al cielo de la capital de México.

A las 5: 38 horas, la torre de control recibió el saludo:

Avión: —Buenos días, México.
Torre: —Correcto. Reporte sobre viento. Calma.

Unos segundos después, los controladores Luis Munguía y Guillermo Loam le indicaron al capitán Gilbert, un hombre rubio y joven de sonrisa tímida, que la pista asignada para el aterrizaje sería la 23 D, es decir, la pista derecha del aeropuerto. Fueron ellos quienes notaron una maniobra extraña.

Torre: —¿Tiene sus luces encendidas? ¿Está a la izquierda de la pista?
Avión: —Negativo…

El piloto, que había volado cientos de horas, esa mañana de Halloween acabó aterrizando sobre la pista 23 pero del lado izquierdo, una que estaba cerrada desde octubre de ese año por obras de nivelación del piso. Esa madrugada el avión se estrelló contra el hangar de mantenimiento de la aerolínea Eastern Airlines, contra un tractocamión que llevaba diez toneladas de tierra y contra el Centro Postal Mecanizado.

A través de solicitudes de acceso a la información, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes decidió entregar el reporte de la investigación sobre el accidente más trágico en la historia de la aviación mexicana: según un reporte oficial murieron 73 personas. Es un informe con reservas y tachones porque, tantos años después, aún aseguran que revelar el expediente completo del “tecolotazo”, como la prensa llamó al accidente, pondría en riesgo la seguridad nacional y su relación con Estados Unidos.

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para MILENIO, que reconstruye esta historia gracias a la desclasificación de expedientes olvidados entre cajones y viejas oficinas públicas. Casos como este revelan que en México la verdad oficial siempre está en obra negra.

Un pasajero logró salir de los restos hirvientes

El avión DC-10 aún lucía impecable: su viaje inaugural fue en 1973 y seis años después aún conservaba intacta la pintura blanca satinada con una raya roja, que iba de la cola a la punta y que, justo en la primera puerta, terminaba con una W gigante: la de Western Airlines, una compañía histórica de aviación en California, Estados Unidos.

La noche del 30 de octubre de 1979, la compañía eligió al capitán Charles Gilbert, a dos copilotos y a once sobrecargos para operar el vuelo nocturno que saldría de Los Ángeles a la Ciudad de México. Según testimonios de sobrevivientes llevaba el número 2605 y tenían previsto salir cerca de las 00:30 horas, sin embargo inconvenientes en el aeropuerto retrasaron su salida hasta la 1:40, hora del Pacífico. Estos vuelos nocturnos eran conocidos en el sector como ‘los tecolotes’, en honor al búho que ve todo en la oscuridad.

Según el archivo de la investigación, el avión estuvo en contacto durante el vuelo con el centro de control de Mazatlán, Sinaloa, donde la tripulación no informó de ninguna preocupación; según los pasajeros el vuelo transcurrió con tranquilidad. Finalmente, a las 5:38 horas, empezó su comunicación con la torre de control de la Ciudad de México para aterrizar. En ese entonces el aeropuerto era otro: a finales de los setenta apenas tenía tres pistas pavimentadas, a dos de ellas llamaban la “Derecha 23” y la “Izquierda 23”.

Días antes, desde el 19 de octubre, el aeropuerto había anunciado a través de un NOTAM 2841, un boletín que alerta distintas situaciones de riesgo, que la pista izquierda estaría cerrada por obras de renivelación. Esa madrugada los controladores le recordaron al menos en tres ocasiones al capitán Gilbert que debía aterrizar del lado derecho. Rápidamente los operadores de la torre de control se dieron cuenta de que el avión se encontraba enfilando a la pista izquierda.

Cuando el controlador se dio cuenta, perdió totalmente de vista al DC-10. Un banco de niebla cubría todo el aeropuerto esa mañana. Los controladores alcanzaron a decirle: “¿Ves las luces de la pista?”. El capitán dijo que no. Entonces empezó a gritar:

Avión:—¡No, esta es la aproximación hacia la maldita izquierda!…

Aterrizó en la pista equivocada y aplicaron máxima potencia a los motores para irse de nuevo al aire colocando la nariz del avión a once grados hacia el cielo. Pero en su intento por despegar otra vez, el DC-10 golpeó con la pierna derecha del tren de aterrizaje a un camión que, en ese momento se encontraba sobre la pista con diez toneladas de tierra, iba conducido por el señor Salvador Rodríguez.

Al tren de aterrizaje, se le desprendieron las dos llantas delanteras y volaron a unos 400 metros de ahí. La parte interior de la aleta derecha chocó con la caja de volteo del camión que quedó completamente desintegrado. En la maniobra el avión dio un ligero giro a la derecha provocando que su ala izquierda golpeara y arrancara la cabina de una máquina excavadora con la que realizaban los trabajos de remodelación. El avión terminó impactándose contra un hangar de reparaciones, las salas móviles de pasajeros y la oficina postal. Los testigos relatan que las llamas alcanzaron unos diez metros de altura.

Del avión se desprendieron el estabilizador, el motor, los timones y el ala izquierda había salido disparada a más de 200 metros. Las fotografías son impresionantes: un ala gigante afuera del aeropuerto cayó sobre las casitas del Peñón de los Baños. En los diarios de 1979 pueden leerse testimonios de personas que viajaron esa madrugada y lograron sobrevivir a la tragedia del ‘tecolotazo’:

“Se escuchó un fuerte golpe, luego una explosión y luego todo empezó arder”, dijo el capitán Teodoro Moreno, quien entonces era piloto de la Dirección de la Policía y Tránsito del Distrito Federal, e iba de pasajero en el avión.
“Cuando sentía que el avión venía aterrizando, sentí que pegó un brincó y luego un golpe. Me cayó el techo del avión encima”, dijo otro pasajero estadounidense, quien logró salir de entre los restos hirvientes.
Otro pasajero, Hoogland A. Llad, dijo que cuando el avión tocó tierra escuchó un ruido estremecedor, sintió después que el DC-10 iba a volver a volar pero no sucedió. Su cinturón de seguridad se botó y salió disparado. Él iba en el asiento 27-F y recuerda que a esa altura el avión se partió en dos.

“Sí me traje un pedazo del avión”

Salvador Hernández había entrado a trabajar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 12 de septiembre de 1979, en la empresa Mexicana de Aviación . Era muy jovencito pero ya había pasado la vida entera metido en las salas de espera, viendo cómo iban y venían los aviones pues su papá trabajaba desde mediados de 1950 en la empresa.

“Me encantaba escuchar el ruido de los aviones aterrizando y despegando, antes había un mirador en el aeropuerto que hasta tenía una cafetería”, recuerda Salvador, con nostalgia, desde su casa en San Luis Potosí, 45 años después del accidente.

Era la época dorada cuando los viajeros estadounidenses preferían los aviones de México porque les daban fruta de temporada, barras de quesos y hasta champaña francesa, de cuando Maradona viajaba por Mexicana de Aviación; Salvador aún guarda el pase de abordar del ídolo argentino por el que cualquier coleccionista mataría.

Recuerda que el día del accidente se reportó con su jefe a las 4:30 de la mañana porque les dijeron que iban a recibir un vuelo: era el de Mexicana que había llegado 20 minutos antes que el de Western Airlines. Cerca de las seis de la mañana escuchó un ruido inusual, vio un destello o un parpadeo, aún hoy le cuesta describirlo. Instinto. Corrió hacía la pista y en el camino encontró a uno de los tractoristas, que llevaban el equipaje de los pasajeros de la aerolínea Western, quien le soltó la noticia: Un avión se había impactado.

“Fuimos pocos los que estuvimos ahí. Llego, veo cuando el avión se compactó, de ser tan grande quedó totalmente reducido. El fuselaje y la cabina se comprimieron cuando impactó contra el área de Eastern Airlines. Solo quedó la turbina de arriba, asientos, maletas, gente. No se podía ver nada… Pero sí recuerdo un charco de agua, como un arroyo y era sangre”, dice.

Cerca de lo que hoy es el estacionamiento, podían verse techos de las viviendas incendiados con parte del avión encima.

“Te soy honesto, sí me traje un pedazo de avión”, confiesa.

Solo se reconocieron cinco cuerpos

Las fotografías son difíciles de ver: parece una fotografía de un sismo, donde los restos apenas tienen formas. Fierros achicharrados, humeantes, una pila de metal retorcido, restos de los asientos que algún día fueron rojos, cuerpos por toda la pista de aterrizaje.

El señor Héctor González también conocía cada recoveco del aeropuerto. Desde 1958 laboraba ahí, la mañana del 31 de octubre le tocó estar desde la madrugada pues trabajaba como gerente de operaciones de la empresa Cocina del Aire, que suministraba alimentación a los pasajeros de varias aerolíneas. Las oficinas de Cocina del Aire estaban a unos 150 metros de dónde se había estrellado el avión.

 “Ahí vimos los restos, los taparon después pero vi los restos quemados, cómo los metieron en bolsas negras y llegaban las ambulancias” recuerda Héctor, hoy a sus 79 años.

El reporte oficial desclasificado asegura que ese día fallecieron 73 personas, 11 pertenecían a la tripulación, 61 eran pasajeros y el señor que manejaba el camión con tierra; quince personas sobrevivieron con heridas graves y solo dos resultaron ilesas. En ese entonces el subdirector de Servicio Médico Forense, el doctor Ramón Fernández Cazares aseguró que durante las primeras horas solo había sido posible reconocer cinco cuerpos.

Las notas de la prensa cuentan que en el Peñón de los Baños se sintió así:

“Un fuerte golpe y luego las llamas envolvían mi cuarto. En medio de mis hijas y mi esposa logramos salir del horno”, dice un señor que vivía en la calle de Matamoros.

Adriana Miranda recuerda que en 1979 vivían en la colonia San Juan de Aragón y que para ir a la escuela tenían que salir a las 6:30 horas. En el auto, su mamá tomaba un atajo por la parte trasera del aeropuerto. Pasaban junto a un edificio de oficinas y del lado izquierdo no había nada porque el terreno conectaba con las pistas de aterrizaje. Luego del edificio seguían talleres mecánicos, donde reparaban avionetas privadas y aviones de Mexicana de Aviación. Esa mañana estaba muy nublada y, mientras iban en su Duster 1977 color azul metálico, escucharon en la radio el accidente.

“Mi mamá tuvo que poner las luces altas porque ya no se veía nada, y por el frío matutino llevábamos las ventanas cerradas; sin embargo, un olor muy fuerte, que nunca hemos vuelto a percibir mi hermana y yo, lo recordamos perfectamente, era olor a ahumado, a quemado, pero no solo plástico, hule, era claramente olor a carne quemada pero no de algún animal que reconociéramos, era carne humana quemada”.

Siguieron su trayecto y llegaron a la parte de la malla que le permitía ver hacia las pistas: todo estaba repleto de camiones de bomberos, patrullas y la fachada del último edificio del aeropuerto destruida. Era una escena de emergencia.

“Por la tarde que volvíamos de la jornada, al pasar de nuevo por ahí seguían los movimientos de la policía y otras autoridades, pero ya era un terreno con el piso negro, mojado y el ambiente era desolador y triste”, dice Adriana, hoy de 55 años.

En el reporte final de la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes de Aviación, presidida entonces por Domingo Rodríguez López, aseguró que la tripulación de la aeronave no respetó los mínimos del procedimiento de aproximación que le fue autorizado, que ni siquiera alcanzaron a autorizar su aterrizaje.

Margarito Monroy Candia lo reconoció a pesar de los cambios. Estaba estacionado entre otras cuatro aeronaves en el hangar militar del Escuadrón Aéreo 301, en Santa Lucía, Estado de México. Aún lucía entero: tenía esas alas de veinte metros de punta a punta, las diez ventanas cuadradas no habían sufrido modificaciones y el dibujo de un triángulo con la punta invertida —característica de las Fuerzas Armadas— se distinguía a pesar del tiempo. “El número cinco”, les dijo este hombre.

El 27 de junio de 2001, el veterano mecánico militar notó modificaciones menores: estaba pintado de verde olivo y no de blanco, y en lugar de llevar la matrícula 2005 —tal como lo conoció—, llevaba la 3005. Sobrevivía, sin embargo, una huella imborrable: en la cabina todavía estaba pegada una calcomanía que distinguía a este avión traído de Israel a finales de 1960. En su momento, Monroy revisó la operación de la aeronave y hasta tuvo que montarse en el aire para vigilar su funcionamiento por órdenes del mismísimo general Mario Arturo Acosta Chaparro, entonces jefe de la campaña antiguerrilla en Guerrero.

“¡Cómo es usted cobarde, son chingaderas!”, le dijo Acosta Chaparro la primera vez que se subió. Lo había encontrado fumando un cigarrillo, uno tras otro, de los nervios. Cómo no estarlo.

Monroy fue parte del grupo de militares que, entre 1974 y 1979, arrojaron a cientos de personas, vivas y muertas, disidentes del gobierno acusados de “guerrilleros”, lo hicieron desde la parte trasera de este avión con el que se volvía a encontrar. Ese día de 2001, no solo estaba ante el viejo Arava en el que había trabajado: estaba reconstruyendo uno de los pasajes más oscuros de México. Su testimonio quedaría para la posteridad en una investigación militar en la que él y otros testigos hablaron, por primera vez, de los vuelos nocturnos a la costa de Oaxaca, mejor conocidos como “los vuelos de la muerte”.

“Volábamos hasta una hora mar adentro para tirar a los muertos y que no fueran a caer cerca de la playa o algún barco. Como la sangre que escurría se metía en las pequeñas fisuras del avión al mediodía, en que hacía calor, se venía un olor insoportable”, confesó en 2001 y esa sería la última vez que quedaría un registro escrito del Arava 2005.

El expediente se fue al cajón porque los pilotos, mecánicos y otros testigos se habían convertido en piezas clave en otro caso más urgente. Según la Procuraduría General de la República, tres integrantes de esa tripulación habrían trabajado para Amado Carrillo, El Señor de los Cielos: el piloto Gustavo Tarín y los generales Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo. Entonces, la historia se desvió por los caminos del narcotráfico y los testimonios de los vuelos quedaron en los anaqueles de las fiscalías civiles y militares.

En estos años, entre las familias de personas desaparecidas han corrido historias: “se cayó en un accidente”, “se quemó”, “lo desarmaron en partes”. Pero el Arava existe aún, está intacto. Solo que no se encuentra en un museo de la memoria que recuerde su pasado atroz.

Esta es la historia de la aeronave ‘Arava 3005’ que, según una respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), primero fue donada y después abandonada en un predio baldío hasta que un profesor de la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ) y sus estudiantes decidieron restaurarla. Pese a que todos aseguran que es el ‘Arava 2005’, las matrículas y el número de serie le fueron retirados antes de ser donado.

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para MILENIO, la reconstrucción de un caso gracias a la desclasificación de expedientes olvidados entre cajones y viejas oficinas públicas. Casos como este revelan que la verdad oficial siempre está en obra negra.

Una aeronave aparece en Querétaro

Un correo electrónico llega el 13 de junio a las 15:53 horas. Viene de la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Desde que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) reconoció a inicios de 2024 que tenía las bitácoras que revelaban que sí existieron los vuelos de la muerte, se solicitó el destino de la aeronave. La información que Centro Prodh había hecho pública es que la aeronave tenía la matrícula 2005. Pero era todo. El 28 de mayo Sedena ya había respondido: no existía en su inventario el Arava 2005, lo habían dado de baja en septiembre de 2012.

Pero en junio, gracias a un recurso de revisión, Sedena entregó un documento oficial, de dos cuartillas, que relata que la Fuerza Aérea Mexicana autorizó la donación de cuatro aviones a la UNAQ, esto ocurrió el 26 de octubre de 2012, durante el sexenio de Felipe Calderón . Leonardo González García, piloto aviador y comandante, y el rector de la universidad, Jorge Enrique Leonardo Gutiérrez de Velasco, acordaron entregar y recibir un avión Bonanza, un Cessna, un helicóptero Bell y el ‘Arava 3005’ que sería utilizado para fines educativos.

Buscamos a la UNAQ: “Sí, aquí está”, confirmó sin rodeos la dirección de Comunicación Social. Una vez donada, dicen, obtuvieron información de que se había utilizado durante la Guerra Sucia, un periodo entre 1960 y 1980 donde el Estado cometió crímenes de lesa humanidad para encarcelar, torturar y asesinar a grupos disidentes.

Lo convirtieron en avión escuela

Una mañana de junio de 2024, desde la carretera que lleva al aeropuerto de Querétaro, se alcanza ver la UNAQ. No es fácil distinguirla: las naves tipo industrial donde dan clases se confunden con los hangares de su vecino.

En la puerta ya nos esperan: ahí está Julio Pizaña, un hombre joven y sonriente que lleva la relación con los medios. Con él viene un hombre de canas muy alto y de sonrisa tímida, de 55 años; lleva pantalón de mezclilla, una polo gris y botas de trabajo. Es el profesor Jorge Huerta Plaza, que llegó a la UNAQ a impartir clases sobre mantenimiento aeronáutico en 2013 y ha preservado los aviones que la institución alberga. “Pues ahí está… mire”, dice el profesor y hace una seña con la cabeza: a un costado del estacionamiento y frente al edificio principal, se revela el Arava que dice el Ejército llevó la matrícula 2005.

Cuando el profe Plaza, como le dicen sus estudiantes, entró a dar clases, en un terreno baldío del campus vio un avión viejo: según lo que aprendió, era uno de esos aviones traídos de Israel y que las fuerzas armadas mexicanas habían utilizado para realizar despegues y aterrizajes cortos. Sabía que la misión original del avión había sido el traslado de enfermos y de víveres durante los años setenta; así que estaba ante una verdadera reliquia. Era la oportunidad de que sus alumnos pudieran aprender sobre restauración y mecánica.

“En ese entonces se me ocurrió preguntarle al rector por qué no lo arreglábamos para que se utilizara, y me dijo ‘pues a ver que le puedes hacer’. Y de la nada ahora sí que fuimos y empezamos a conseguir lo poco que le hacía falta. Hicimos malabares y nos apoyaron los de la Fuerza Aérea porque tuvieron que compartirnos sus manuales para restaurarlo”, recuerda. “Eran cositas” lo que necesitaba el avión. Aún mantenía las hélices originales y los dos motores. Sin embargo, cuando comprendió el valor de estas partes decidió sacarlas y conservarlas. En su lugar, le colocaron un motorcito pequeño y le hicieron una hélice de fibra de carbón. Confiesa que no tenía la menor idea de que era el mismo avión desde donde lanzaron los cuerpos de decenas de personas al mar durante la Guerra Sucia.

Cuando el Arava llegó, venía pintado de verde militar, así que solo le añadieron una capa de pintura muy parecida. Pero los interiores los mantuvieron íntegros. El revestimiento blanco que cubre el fuselaje está intacto, las ventanas aún lucen su diseño original, cuadrado, también están los asientos de tela. Y lo más importante, preservaron los componentes de la cabina: los dos timones originales, el tablero color negro, los marcadores de gasolina, las agujas de velocidad de altitud. Tal vez lo único que delata el paso del tiempo son los sillones, que llevaban un tapiz azul, hoy derruidos y con el algodón que se escapa de entre la tela.

Cuando terminaron la restauración, tuvieron que arrastrarlo entre él y 23 estudiantes. Atravesaron el campus y lo colocaron en una pequeña pista artificial, a la que instalaron lucecitas para simular la pista. Huerta Plaza se emociona y muestra cómo hicieron la instalación para que se ilumine el Arava de noche.

“N’hombre, ¡se ve bien bonito!”, dice.

Dos años tardaron en que luciera como en 1970. Lo colocaron entre cuatro palmeras viendo a la entrada de la nave escolar. Lleva el logo de la universidad en el costado.

“Todavía iban vivos, agonizantes, pero así los subíamos”

Para subir hay que hacerlo por la puerta lateral, muy cerca de la cola del avión. Aún tiene la escalerilla y hay que agarrarse y pisar fuerte tres escalones. Lo primero que se tiene a la vista es la zona del fuselaje (que alberga la cabina de pasajeros, de mandos y la bodega de carga), que mide apenas dos metros de ancho pero casi diez de largo. Hace mucho calor en Querétaro, pero en el interior del avión se siente un sofocón aún peor.

Huerta Plaza no cabe de pie. “Esta chiquito”, decimos. El profe corrige y explica que aún así cabían bastantes personas en la cabina de pasajeros para que el avión despegara sin problemas. El profe camina a la cabina. Muestra el tablero desde el cual controlaban el despegue, los nudos, la distancia y la altura se ve viejo. “Todo está original tal cual nos lo entregaron, ese [el tablero] venía ya con el avión”, dice.

Hace 23 años, cuando Margarito Monroy reconoció el avión en el hangar de Santa Lucía y vio el fuselaje, confesó que tiraban una lona de varios metros que cubría el piso, para que la sangre no manchara el avión y “apestara”. En los documentos, se lee: “Algo que se me quedó grabado de los vuelos que hacíamos con el personal de muertos para tirarlos al mar, [es que] en ocasiones me di cuenta que […] supuestamente estaban muertos, todavía iban vivos, agonizantes, pero así los subíamos al avión”, declaró.

Al igual que Monroy, el piloto militar Apolinar Ceballos Espinoza declaró que en 1979 le había llegado la orden de relevar a un compañero en la base de Pie de la Cuesta, Acapulco. Al principio le sonó bien, le habían dicho que ese puesto tenía un sobresueldo del 50 por ciento, aunque rápidamente le aclararon la razón: era una “misión muy delicada” y no podía contarlo ni siquiera a su propia familia.

En los documentos se consignó que, la primera vez que Ceballos se subió, aunque intentó no mirar atrás sintió el movimiento de gente que parecía caminar en la cabina de pasajeros. También escuchó la plática de unas tres o cuatro personas que decían cosas como “este paquete está pesadito” o “este está ligero”.

Recordó que el capitán era un militar al que apodaban ‘Manzana’, quien ordenó que despegara con las luces prendidas pero que, una vez en el cielo, tenía que apagarlas. En aire pidió ir hacia el norte de la Cuesta, a unas 50 millas. Una vez en mar adentro, le dijo que descendiera a 500 pies de altura, a 60 metros de la superficie del mar. “Después se escuchaba el arrastre de un bulto o algo así, alguien de atrás gritaba ‘¡listo!’”, y emprendían el regreso.

Según las declaraciones que rindieron pilotos, mecánicos y militares en la averiguación 034/2000 por homicidio calificado, pudieron haber arrojado al menos a mil 500 personas. Este dato lo reveló Tarín, tras convertirse en testigo protegido en 1998. “Había ocasiones en que el avión Arava hacía tres o cuatro vuelos en una sola noche”, declaró.

Monroy realizó 35 vuelos y llevaba entre cinco y ocho cuerpos. “Algunos de los cuerpos […] que se tiraban aparecieron en las costas de Oaxaca, por lo que igualmente, sin saber quien lo haya ordenado, se empezaron a meter los cuerpos en costales de ixtle, como de estropajo y para que no flotaran les ponían piedras dentro”, dijo. La cifra definitiva aún se desconoce.

Un avión con aura de terror

El Profe Plaza dice que apenas en junio de 2024 se enteró de boca del personal de la UNAQ de todo lo que había pasado en el Arava. Pensó en la cantidad de alumnos que han hecho prácticas aquí. Entiende el pasado pero cree que, tal vez, con todo lo que han hecho los jóvenes y los niños que se han subido en él, le quitaron “esta aura de horror”.

Hoy sabe, porque ha empezado a leer su historia, que decenas de familias perdieron a un hermano, a un padre, a un hijo cuando fueron arrojados al mar, envueltos en un costal de ixtle, como describió Margarito Monroy. “El día que gusten venir aquí a verlo, pues está abierta la universidad. Pero yo diría que será doloroso para ellos pensar en qué fue lo que le pasó a su familiar”. Aunque luego se corrige: también sería grato que vean que, por lo menos, se está ocupando para algo bueno.

Después de la restauración, invitaron a niños de primarias y secundarias de Querétaro, para que se subieran y conocieran el Arava. Incluso, instalaron una pequeña pantalla con caricaturas que explican cómo funciona el avión. “Ya lo curamos y lo volvimos a renacer, es prácticamente lo que nosotros hicimos”. Cree que el pasado hay que dejarlo por allá, no olvidarlo, pero si empezar a sanarlo y tal vez esta es la oportunidad para hacerlo: Las familias que perdieron un ser querido, tal vez quieren saber dónde fue la última vez dónde estuvieron…”, dice y deja abierta la puerta de embarque.

Al bajar da la sensación de estar endeble: el avión se menea ante cualquier brinco. Abajo el profe Plaza nos enseña una foto de abril de 2018: están sus 23 alumnos frente a la punta del Arava. Llevan puestas sus batas de mecánica. Todos son jovencitos, unos tienen las manos al frente, otros se sientan en el piso. Sonríen, celebran haber terminado los trabajos de restauración. Veo la foto y pienso que los chicos desconocían que preservaron uno de los instrumentos que utilizó el antiguo régimen.

Reconocer la propia historia

Me encuentro con César Contreras León, abogado, en las oficinas del Centro Prodh. Es un día de lluvia. Explica que cuando se habla de graves violaciones a los derechos humanos cometidos hace 50 años, la gente suele verlo abstracto, es difícil que conecte con el dolor de las familias de personas desaparecidas. Considera que, si el Arava existe, pondrá en el centro a un avión empleado para lanzar personas al mar. El avión ha pasado por infinidad de manos, dice, sin conocer su historia. Ha llegado el momento en que los pilotos nuevos sepan quien los antecedió y que el Ejército reconozca su propia historia.

Contreras también es abogado de Alicia de los Ríos, quien sospecha que su madre fue una de las cientos de personas arrojadas al mar. La activista e historiadora dice que con los años han descubierto que su mamá, militante de la Liga Comunista 23 de septiembre — organización guerrillera​ que luchaba por la liberación del proletariado— estuvo en Pie de la Cuesta en junio de 1978. Durante años han seguido los pasos de Alicia. En 2022 obtuvieron las bitácoras de los vuelos nocturnos del Arava 2005, que coinciden con las fechas en que la vieron por última vez.

“Encontrar el avión que fue empleado para realizar los vuelos de la muerte, ahora implica la oportunidad de ir, nombrar y reconocerlo”.

Fue en aquellos días de 1984 cuando estallaron los nervios entre los pobladores de Samalayuca. Un brote psicótico que hermanó a las más de cien familias que vivían en las casitas salpicadas entre dunas y matorrales secos de este pequeño ejido enclavado en el desierto de Chihuahua.

Antes de ese año, la vida transcurría de forma ordinaria. Les gustaba la tranquilidad con la que se levantaban por la mañana a revisar la cosecha de calabaza, las caminatas con las comadres, las huellas que se hundían en la arena pesada o el lejano sonido del tránsito de los tráileres de carga por la carretera. Aquí la vida pasaba a cuarenta kilómetros de las ciudades fronterizas de El Paso y Ciudad Juárez, entre México y Estados Unidos, hasta que llegó el día en que les tuvieron miedo a las nubes.

Miedo sobre todo a las nubes gordas, negras, cargadas de lluvia que se paseaban con un cinismo peligroso por el cielo del desierto. Pero los pensamientos obsesivos de los habitantes de Samalayuca no quedaron ahí. Pronto el miedo lo extendieron al viento, ese maldito que, al igual que la lluvia, también les escupía veneno.
—Teníamos miedo de las nubes. Porque cuando se cargan, lo hacen con todo y lo que trae el ambiente. Decíamos que, si había contaminación y llovía, nos lo estaban regresando. Les teníamos mucho miedo […]. Pensábamos que [el veneno] venía en el aire. Teníamos terror. “Si pasa por encima y se viene, ¿nos contamina?” —se preguntaban—. Era algo increíble. En el pueblo después decían: “¡Ay, ay!, ¡me duele la cabeza!”.

Martha Ávila, una agricultora de 57 años, es una mujer de plática fácil, pero que al recordar la tragedia aún lanza sonrisas con dejos de angustia. Sabe que han pasado cuarenta años. Era muy joven cuando temía que aquello invisible la alcanzara con su hija recién nacida. Hoy reconoce que, a mediados de los años ochenta, todos en este pueblo de 2 500 metros cuadrados se contagiaron de una enfermedad que parecía muy real. Y, al menos para ella, los dolores colectivos empezaron cuando los camiones llegaron al pueblo con varillas y fierros viejos destartalados. Cuando las cuadrillas de ejidatarios cavaron en el desierto y construyeron siete sarcófagos de concreto. Ahí escuchó por primera vez de algo llamado cobalto-60, como una superfuente de energía que emanaba radiación, algo que podría enfermarlos a todos.

—Ay, no sabes cómo nos gustaba cazar conejos, nos gustaba mucho la carne, pero cuando enterraron las varillas contaminadas a unos kilómetros de aquí…, hasta eso dejamos de hacer.

En 1984, los pobladores de Samalayuca, acostumbrados a sembrar con la espalda encorvada sobre la tierra hirviente del desierto, dejaron de hacerlo. Algo que ni el cansancio ni el calor habían logrado. Un año entero creyeron que, cuando lloviera, el cobalto, que imaginaban como un gran metal, escurriría algún veneno que después se filtraría por el suelo arenoso. Y entonces ahí vendría el verdadero problema: cargar con la culpa de contaminar a todo el que comprara sus cosechas.
—Nosotros regamos con aguas de pozos profundos; entonces, obviamente, al extraer el agua pensábamos que estaba contaminada y, por lo tanto, también los cultivos. Tuvimos un año en que no sembramos por temor.

Los habitantes del pueblo abandonaron lo que hacían desde más de cincuenta años atrás. Intercambiaron las verduras por la leña y el carbón. Empezaron a cortar los brazos del mezquite que crecía en el desierto y los ofrecían a los que tenían para una chimenea.
—Ese año fue demasiado difícil para nosotros. Pero es que, de verdad, de todo le echábamos la culpa al cobalto. Si salían embarazadas, decíamos que era porque la pastilla no hizo efecto por el cobalto. Si les dolía la cabeza era porque el viento trajo cobalto.
El miedo incontrolable. De hecho, hubo un día en que pensaron que, cuando cayera la siguiente lluvia, una especie de ácido bajaría del cielo y desharía a todos en Samalayuca.

El 22 de febrero de 1984, tres científicos del Centro de Asistencia de Emergencia Radiológica del Instituto Oak Ridge para la Ciencia y la Educación —Karl Hubner, hematólogo; Eugene Joiner, citogenetista, y Myles Cabot, bioquímico— llegaron desde el lejano Tennessee hasta una ciudad en la que nunca antes habían estado. Ciudad Juárez ya era entonces un lugar sacudido por el boom de la maquiladora y la producción en serie: se había convertido en el verdadero imperio del checador. Y había crecido a un ritmo tan desaforado que, en los cerros, de un día para otro, se entremezclaron las construcciones modestas, en obra negra, con las impresionantes fortalezas de los que hicieron dinero con el narcotráfico.

A mediados de esa década, los ochenta, muchos migrantes mexicanos llegaron a buscar lo que no había en otras ciudades: trabajo. A cambio, entregaron el cuerpo doce horas al día y seis días a la semana para producir sin descansos. Con el paso de los años, las maquiladoras comenzaron a aparecer en cualquier predio desocupado, y con ellas los desechos y los fierros oxidados. En esa época también se instauraba el miedo colectivo al tétanos, quizás como un efecto colateral. Entonces, tras las maquilas que brotaron por la ciudad, empezaron a aparecer los “yonkes”, deshuesaderos de terrenos kilométricos, donde se levantaba una casa pequeña para recibir a clientes deseosos de intercambiar fierro y basura de las maquilas por dinero. Cientos de hombres recibían, a mano pelada, el desecho industrial, los carros, los cables de luz robados. Todo lo que
pudiera subirse a una báscula y comprarse por kilo. Ciudad Juárez, entonces, comenzaba a cubrirse de una estela de humo negro, que se mezclaba con la arena, y que en los días de viento venía arrastrada desde Samalayuca, el desierto que rodeaba la ciudad.

Aquel 22 de febrero, los científicos estadounidenses llegaron. Se bajaron de un taxi con poco equipaje, pero bien armados con un artefacto llamado Geiger, una especie de walkie-talkie que tenía una pantallita blanca que iba marcando números, haciendo tictac. Ese aparato era definitivo para saber la cantidad de radiación a la que una persona estuvo expuesta. Llegaron asustados porque, desde el Laboratorio Nacional Oak Ridge, escucharon la noticia que empezaba a correr como onda expansiva en dos idiomas. “Nuclear spill at Juárez looms as one of worst”, rezaba el encabezado de una nota en The New York Times. “Mil toneladas de varilla radiactiva, perdidas en el país”, tituló Proceso. Y es que, en ese entonces, la mayoría de las personas desconocía la magnitud de lo ocurrido en Ciudad Juárez. Pocos habían escuchado hablar de radiactividad. Esto cambiaría años después, en 1986, cuando ocurrió un accidente en la planta nuclear de Chernóbil, el cual dejó expuestas a la radiación a 8.4 millones de personas.

—Supimos por artículos periodísticos que se había transportado, desde México, acero radiactivo a Estados Unidos. Recuerdo que las mesas de los restaurantes, las patas, se habían fabricado con este acero y que quizás los clientes podrían estar expuestos en los restaurantes. Estaba trabajando en Oak Ridge, y el centro brindaba asistencia para investigar accidentes relacionados con la radiación —recuerda Cabot, científico de asc endencia española que se convertiría en una eminencia en células cancerosas.

Al llegar a Ciudad Juárez, los estadounidenses supieron que una máquina de teleterapia había sido robada de un hospital privado de la ciudad y luego vendida en uno de los cientos de yonkes del municipio. La máquina de la desgracia era una especie de robot ochentero con forma de microscopio gigante con la que se realizaban tratamientos de radioterapia. La gente se acostaba y recibía radiación desde una fuente de cobalto-60, un isótopo radiactivo sintético utilizado para tratar distintos padecimientos, como el cáncer. Conforme pasaban los días, la historia se volvía rocambolesca: los trabajadores del Yonke Fénix, desconociendo que tenían en las manos una bomba nuclear, la habían fundido con sus propias manos y sin protección alguna, y vendido a dos empresas fundidoras, donde la convirtieron en varillas y mesas industriales. Con las primeras se construyeron decenas de casas de interés social por el país, mientras que las mesas se enviaron a Estados Unidos. Parte de este material industrial desató que esta historia se conociera.

El 16 de enero de 1984, un camión de la empresa Aceros de Chihuahua transportó mesas y varilla con cobalto por una carretera de Nuevo México. El transportista se extravío en la ruta y terminó cerca del Laboratorio Nacional de Los Álamos, donde había detectores de radiación nuclear. Las autoridades estadounidenses concluyeron que el material contaminado provenía de las fundidoras mexicanas y entonces filtraron la noticia a la prensa. No tardaron en aparecer en los diarios especulaciones sobre los miles de personas que estarían contaminadas y enfermas. En un principio, para los científicos estadounidenses fue una sorpresa encontrarse con personas aparentemente ilesas. Pero después hallarían los patrones.

Los juarenses les contaron que tenían náuseas raras, dolores de cabeza, diarrea y fiebre que había durado varios días; uno dijo que se le cayó el cabello; alguien más, que tenía tejido cicatrizado, y otro, que le aparecieron manchas en la piel. Gracias a un expediente en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), ahora desclasificado, sé que nombres hubo muchos. Agustín Villanueva, de dieciséis años, reportó que las uñas se le volvieron cafés, como si tuvieran arena que no se podía quitar ni con tíner. Según sus estudios médicos, algo que compartió con otros posibles casos de contacto con cobalto, fue una condición llamada azoospermia, una ausencia total de espermatozoides, infertilidad temporal.

A Pedro Torres, juarense de veintiocho años, le empezaron unos dolores de cabeza, algo anormal para él, acostumbrado al trabajo pesado en el Yonke Fénix; tenía las mismas manchas que Agustín Villanueva, pero en las palmas de las manos. Según los estudios, le encontraron oligospermia, una condición que genera menos espermatozoides de lo normal. A Ricardo Hernández, de veintitrés años, un joven que cargó con sus manos la fuente en el hospital, le encontraron una cicatriz de 3.5 milímetros en la mano, la piel muy adelgazada y con hipersensibilidad. Recuerda que todo empezó con una manchita roja, que más tarde se convirtió en ampolla y en una masa rosada. Se aplicó ungüentos que consiguió en una farmacia local.

En algunos pacientes, los rastros exteriores de la radiación comenzaban a desvanecerse. Ellos fueron localizados por la Secretaría de Salud, dos meses después del hallazgo en Estados Unidos. El plan de Cabot y sus colegas era con-
cientizar a las autoridades mexicanas de que se requeriría un monitoreo a largo plazo.
—Viajamos a Juárez para brindar asistencia y evaluar las necesidades de los pacientes. Creo que solo examinamos a cuatro, cinco, pero, en general, los pacientes no tenían conocimientos sobre la radiación. Se tomaron muestras de sangre para análisis cromosómico. Leímos algunos de los registros médicos de los pacientes mientras estábamos en la clínica. Hubo evidencia de supresión de la médula ósea, hemorragias nasales y sangrado de las encías en algunos pacientes. Un paciente preguntó si podíamos curarlo en Estados Unidos. No supe si hubo seguimiento —dice Cabot, quien se disculpa por no recordar tantos detalles como quisiera luego del paso de los años.

El bioquímico cuenta una anécdota que revela lo fácil que era encontrar contaminación radiactiva por las calles de Ciudad Juárez.
—Logramos tomar un taxi a Yonke Fénix. El conductor no sabía exactamente dónde estaba, así que encendimos
nuestros dispositivos de detección de radiación y seguimos el tictac. Lo encontramos así.

El 23 de febrero de 1984, los científicos estadounidenses informaron a la CNSNS que todas las personas que habían estado expuestas debían llevar un seguimiento de quince años. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lo intentó al principio, pero con los años se rindió. La gente se había mudado. Para el 14 de diciembre, el IMSS reconoció que, en efecto, la fuente de cobalto sí había causado daños irreversibles en algunos de los examinados. Según se lee en el expediente del caso: “De los primeros enviados a la Ciudad de México, se obtuvieron los siguientes pacientes con daño irreversible. Esterilidad permanente en los tres primeros. [Los hermanos] Agustín, Pedro, Lorenzo de la Cruz”.

El IMSS elaboró, además, informes en los que se aseguraba que era “indispensable, para justificar adecuadamente las incapacidades, que se concedan, y no crear precedentes a nivel nacional que puedan resultar inconvenientes para la
industria nuclear, en general, ya que los trabajadores ocupacionalmente expuestos podrían demandar este tipo de incapacidades utilizando los precedentes de este caso”.
—Se tenía que hacer el estudio epidemiológico a largo plazo, y aquí lo que pasó es que muchas personas ya no fueron nunca al IMSS. Ellos eran los responsables de hacer el seguimiento. La idea es que de alguna manera tenían que convencer a las personas de que hicieran el estudio a largo plazo —dice el ingeniero Mario Arturo Reyes, director de Seguridad Radiológica de la CNSNS.
Tras la bomba mediática, los pobladores expuestos a la radiación en Ciudad Juárez regresaron a sus actividades, a trabajar a los yonkes, a cargar el fierro pese a las heridas, a respirar el aire amarillo y terregoso. Volvieron a llevar y traer el fierro de origen desconocido por las planicies amarronadas del desierto.

En la calle Aldama, entre banquetas cuarteadas, cables y diablitos con los que se roban la luz, a pesar del maltrato de los años, aún quedan reminiscencias de lo que fue alguna vez. Son las diez de una mañana de enero de 2023, en Ciudad Juárez, y la temperatura ronda los 10 °C. Por eso, este sábado, las calles de la colonia Bellavista están desiertas. En este barrio destacan las casas cuadradas de una planta, construidas en 1913, casas de abobe que han sido pintadas de amarillo, rosa, naranja y azul pastel. Desde los techos se alcanza a ver una valla de metal color rojo oxidado que contrasta con el paisaje, el muro fronterizo que divide a Juárez de Texas, y a dos cuadras de Aldama, un freeway de varios carriles.
—Fue un escándalo. Hubo mucha gente contaminada con el cobalto-60. Pero yo no tenía miedo, de algo se tiene que morir uno —dice Leonor Mena con calma.

Leonor Mena, de 78 años, es una de las habitantes de estas casas en Bellavista. Una señora muy norteña: anda arreglada, aunque está mirando la televisión en su casa. Lleva un suéter azul turquesa con flores bordadas con incrustaciones de bisutería. Lo que más resalta son las uñas perfectas, de unos tres centímetros de largo, con incrustaciones estilo la Rosalía. Leonor Mena fue parte de las 118 familias que en 1984 fueron afectadas por la radiación nuclear de la fuente de cobalto-60. Fue a causa de su vecino Vicente Sotelo, el aparente chivo expiatorio de esta historia.

Vicente Sotelo vivía también sobre la calle Aldama y trabajaba como técnico de mantenimiento en el Centro Médico de Especialidades, un hospital de los más antiguos de la ciudad, fundado en 1949. Su jefe era un hombre mayor, el doctor Abelardo Lemus, el villano probable de esta historia. A Abelardo Lemus, el 25 de noviembre de 1977, se le ocurrió comprar en Estados Unidos una máquina para tratar el cáncer llamada Picker C-3000, que había sido fabricada en Ohio. Al doctor le costó apenas cinco mil dólares, según la factura, y para abaratar costos se la trajo a México en su vehículo particular, sin permisos de la CNSNS. El misterio que no logra descifrarse, a cuarenta años de distancia, es por qué la máquina jamás fue utilizada y estuvo durante seis años en el almacén del hospital. Hasta diciembre de 1983, cuando finalmente fue desarmada y salió a recorrer las calles de Ciudad Juárez, contaminando todo a su paso.

Y aquí hay dos versiones. La del doctor Abelardo Lemus: que Vicente Sotelo ingresó a la bodega del hospital, burló la supervisión, evadió al personal que trabajaba de guardia en la noche y se robó la máquina que pesaba cien kilos. Y la de Vicente Sotelo: que Abelardo Lemus le pidió sacarla porque estorbaba, y que su amigo Ricardo Hernández, uno de los pacientes citados en el expediente, lo ayudó. Ambas versiones pueden leerse en extractos de la averiguación previa 79/85, presentada ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

El hecho es que, en diciembre de 1983, el equipo —que incluía la camilla de tratamiento y el cabezal con miles de cápsulas milimétricas de cobalto-60— fue sacado de la bodega con rumbo a uno de los yonkes de Juárez. La subieron a una pequeña pick-up destartalada y la entregaron en el Yonke Fénix. Después, para desgracia del barrio, a Vicente Sotelo le robarían la batería afuera de su casa en Bellavista. La camioneta contaminada de cobalto-60 permaneció cuarenta días sobre la calle Aldama, donde los chiquillos anduvieron revoloteando después de la escuela.
—La camioneta estaba ahí en el callejón. La dejaron ahí abandonada, y luego la revisaron y estaba contaminada con el cobalto-60. Salió en el noticiero, y mi hija que vive en Texas le habló a otra de mis hijas en Oklahoma. Cuando mis hijas escucharon eso, me dijeron: “¡Usted no puede estar ahí!”. Y mandaron por mí. Me tuve que ir. Duré tres años allá —dice Leonor Mena.

Vicente Sotelo logró llevar la máquina robada hasta el Yonke Fénix, localizado a la entrada de Ciudad Juárez. Muchas manos tocaron la fuente: la bajaron, la metieron, la pesaron y la deshuesaron. Estuvo por las calles del centro, por los caminos de terracería, por la carretera. En los patios del yonke quedaron esparcidas las perlitas de la fuente radiactiva y nadie imaginaba el peligro. Uno de esos hombres del yonke fue Antonio Fabela, un joven de veintitrés años que siempre andaba uniformado con un overol. Martha Ávila aún lo recuerda llegando por las tardes, todo manchadito de aceite negro. Hijo de su comadre la Sanjuana, al muchacho lo conocía de toda la vida. Juran que Antonio Fabela murió meses después por culpa de la radiación del cobalto-60.
—Se le empezó a caer el cabello, problemas de la piel, y ya cuando fue al doctor le dijeron que tenía cáncer de piel. Después empezó a relacionar el cobalto, porque otros trabajadores del yonke empezaron a tener problemas de salud. —dice Martha Ávila.
Antonio Fabela duró solo siete meses vivo, su madre Sanjuana y Martha Ávila lo vieron morir muy rápido. Hoy se sabe que los empleados más afectados fueron los que trabajaban en el yonke y los de las dos empresas de fundición a las que vendieron el material contaminado: Aceros de Chihuahua y Falcón de Juárez. La primera fabricó toneladas de varilla con las que se levantaron miles de casas en México. Otro reporte del IMSS da cuenta de que, el 12 de abril de 1984, la Secretaría de Salud canceló las operaciones del Yonke Fénix y prohibió la entrada a los trabajadores. Excepto a tres empleados convocados a trabajar, ya que estaban “bajo la vigilancia y en completa seguridad de que no hay riesgos”, se lee en los reportes del expediente.

El edificio de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias es un bloque café sin forma, pero que aún conserva las siglas originales color oro en la entrada principal: CNSNS. Aunque están ahí desde siempre, los vecinos
de la calle Barragán, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, no saben qué significan.
La primera vez que me citaron, los árboles que llegaban hasta el cuarto piso me obstruyeron la mirada, así que empecé a preguntar a la gente del barrio dónde podía encontrar la Comisión. Ni uno solo sabía que existía, y pelaron los ojos porque la palabra “nuclear” sí que asusta. “¿Y ahí hacen radiación?”, me preguntó un vecino mayor que paseaba a su perro una mañana de 2022. Las paredes de la entrada están recubiertas de madera que ha perdido su brillo, y aún hay persianas de plástico que fueron blancas y se han vuelto amarillas. El edificio también es oscuro y, cuando entran destellos de luz, se alcanza a ver cómo revolotea el polvo acumulado sobre aquellos muebles de los años setenta. Un laberinto de cubículos austeros, donde hay alguna mesa, sillas viejas, muebles de madera y computadoras de escritorio que dejaron de funcionar hace tiempo. La única manera de entrar a la CNSNS es mediante peticiones de información para acceder a alguno de los
expedientes que resguarda celosamente.

“Es la primera vez que alguien viene a ver este expediente”, dice una empleada que me acomoda en una de las salas de juntas, la cual se ha convertido en una suerte de almacén de cajas. Trae en la mano cuatro expedientes color manila, a los que el paso del tiempo ha comenzado a deshacerles las esquinas de las hojas. Durante muchos años se mantuvieron como secreto de Estado, pero en diciembre de 2023 se cumplen cuarenta años del robo y accidente de cobalto-60. Tal vez fue eso o que mis solicitudes para acceder terminaron por abrirlos. Me acompaña —vigila— un ingeniero muy joven de respuestas cortas. Revisa hojas con mediciones y números, pero también me observa mientras reviso el expediente. Dice que es la primera vez que escucha sobre el caso de cobalto-60. Los nuevos científicos también se han olvidado de él.

Hay más de quinientas hojas que se sostienen con clips. Cada vez que saco una, parece que se va a deshacer como pastel en las manos. Aparecen mapas, números ilegibles e informes médicos difíciles de leer, ya que la tinta de la máquina ha comenzado a correrse. A pesar de la lectura complicada, el expediente está cargado de revelaciones. El mismísimo general Jorge Carrillo Olea, subsecretario de Gobernación durante el sexenio de Miguel de la Madrid —y creador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la agencia de espionaje mexicana—, dejó bitácoras que cuentan la magnitud de esta historia. Carrillo Olea hoy tiene 85 años y vive retirado en su casa de estilo mexicano en Cuernavaca, Morelos, un lindo lugar soleado al sur de la Ciudad de México. En una breve entrevista —no porque no quiera, sino porque dice que ya no recuerda tanto— me lanza una frase: “La historia no tiene dueño”, y enseguida me pregunta por qué me interesa un tema del que ha pasado tanto tiempo.
—¡Ya pasaron… como cincuenta años! —calcula—. Y recuerdo muy poco. Pero la gente estaba muy asustada, no era para menos. Además, fue un circo mediático. Se organizaron reuniones de urgencia, pero lo más importante para nosotros era rastrear de dónde venía el equipo, porque parecía que había entrado ilegalmente a México.

Las páginas del expediente están llenas de palabras como “hemoglobina” y “glóbulos blancos”; de análisis médicos para determinar quiénes serían los ingenieros que tomarían sus equipos con rumbo a Ciudad Juárez. Se eligieron cuadrillas de hombres muy jóvenes de la CNSNS que tuvieran salud suficiente para aguantar la radiación. Uno de esos jóvenes fue el ingeniero mecánico Andrés Rocha Barajas, de veintiséis años, que acababa de llegar de Michoacán; recuerda en entrevista, sonriente y hasta nostálgico, que fue su “estreno” en los temas nucleares mexicanos.
—Fue muy fuerte, el primer reto era iniciar la recolección de material, ese era el principal riesgo que tenía esa contaminación. Nosotros llegamos a hacer la recolección del yonke y Aceros de Chihuahua, y, para empezar, […] estaba muy fuerte la contaminación en el yonke, todos los pellets esparcidos. Fuimos con detectores a hacer la limpieza —recuerda.

Rocha Barajas fue uno de los ingenieros que tuvieron contacto con Vicente Sotelo y su amigo Ricardo Hernández, los choferes de la pick-up con la fuente de cobalto-60, acusados de robo. Estuvo tres meses moviéndose con un detector de material radiactivo en las carreteras, en el Yonke Fénix y finalmente en el desierto de Samalayuca, donde ayudó a enterrarlo. —Fue difícil, mucha materia y radiación y con riesgo a la salud, pero nosotros estábamos protegidos con nuestras herramientas de trabajo. Se nos hacían estudios antes y cuando llegábamos y salíamos. No tuvimos radiación.

Trabajaban en cuadrillas de cinco o seis personas, así que se iban rotando para evitar la exposición a la radiación. Empezaban a las siete de la mañana, porque en el norte el sol sale muy temprano, y terminaban a las ocho de la noche,
con el cielo limpio de Samalayuca. El trabajo fue tan exhaustivo que terminaron cavando con pico y pala, y echándoles tierra a los sarcófagos que construirían después para enterrar el material nuclear. Al ingeniero Rocha Barajas el accidente no lo espantó, y actualmente es subdirector de Servicios Generales de la CNSNS.

Otro de ellos fue el ingeniero Gustavo Molina, quien también iba empezando su carrera en el rubro nuclear, y quizás uno de más renuentes a hablar de esta historia. Solo accedió a contestar un cuestionario por correo electrónico, y en sus respuestas entiendo que la prensa, que cubrió el accidente, lo dejó marcado y un poco asustado.

“Para mí los primeros días del accidente fueron muy estresantes. La razón es que había mucha información en la prensa y en la televisión, siempre nos movíamos con periodistas alrededor y no sabíamos a ciencia cierta lo que estaba pasando. También era mi primera vez actuando como responsable en un accidente. Conforme fuimos investigando el origen de los sitios con contaminación, las cosas fueron tomando un cauce más normal, dentro de la anormalidad del accidente”, escribe Molina.

Al principio, el Yonke Fénix, Aceros de Chihuahua y Falcón de Juárez enterraban la basura nuclear donde se pudiera, como en terrenos aledaños a la cárcel municipal de Ciudad Juárez o un campo de béisbol cercano a Aceros de Chihuahua. En un cable enviado a la Secretaría de Energía en marzo de 1984, la CNSNS advirtió que el material seguía en predios al aire libre o cercanos a áreas pobladas donde las personas estaban recibiendo dosis de radiación más arriba de los niveles naturales. El cementerio terminó instalado en el desierto de Samalayuca. Y fue cuando apareció el miedo a las nubes.

El gobierno de Chihuahua lo instaló en un lugar llamado La Piedrera, un vasto terreno de 103 hectáreas. Un informe de la Secretaría de Salud de 1985 detalla que se construyeron siete celdas de quince por cuarenta metros, con fosa de desplante, muros y una tapa de concreto armado. Después de una labor de meses de recolección, fueron sepultadas 36 000 toneladas métricas de desechos radiactivos, entre los que se encontraban 2 930 toneladas de varilla contaminada provenientes de Aceros de Chihuahua; también enterraron doscientas toneladas de las bases metálicas de la fundidora Falcón de Juárez, 1 950 toneladas de chatarra del Yonke Fénix y 29 181 toneladas de basura y tierra contaminada. Entre los desechos que yacen bajo tierra están 860 tambos con gránulos de cobalto que fueron recuperados por toda Ciudad Juárez. En el expediente hay fotografías que no habían salido de los cubículos de la CNSNS. Son pequeñas imágenes pegadas sobre hojas blancas, y a
mí me impacta el color que conservan, a pesar de que han comenzado a volverse verdosas y sepias.

En las fotos, tres hombres mayores con botas picudas, sombrero y pantalones de mezclilla ajustados cargan a mano pelada tambos de metal color verde que tienen pintadas las letras “CO.6 Mat”, material con cobalto-60. Recuerdan a los liquidadores de Chernóbil, los que limpiaron con trajes blancos toda la zona de la actual Ucrania. Aquí fueron los propios ejidatarios de Samalayuca quienes hicieron el trabajo junto con personal de la CNSNS porque no se daban abasto. En el suelo arenoso y amarillo se ve un hoyo de al menos un metro y medio de profundidad. Adentro está otro de los ejidatarios; cava lo que parecería su propia tumba. En la siguiente foto, el tambo de material radiactivo ya descansa adentro.

La CNSNS informó en un escrito enviado al entonces gobernador, Óscar Ornelas Kuchle, que el 23 de agosto de 1985 terminaron el traslado de la basura nuclear. Hoy, los restos de ese accidente yacen bajo el desierto de Samalayuca, en el kilómetro 114 del desierto de Mexicali y en el Estado de México. Las páginas del expediente cuentan que el presupuesto total fue de 120 millones de viejos pesos. Hoy ni por Google Maps es posible recorrer la zona de La Piedrera para ver ese pedazo de tierra donde fue enterrado el cobalto-60. Solo una marca en el mapa indica “Cementerio Nuclear La Piedrera”. Tal vez ha sido la falta de acceso lo que ha despertado la leyenda entre los lugareños de que el cobalto ha atraído objetos voladores que por las noches bajan por el metal enterrado.

Según un informe de la Secretaría de Salud y la CNSNS, otra de las tragedias de esta historia fueron las casas y bardas que se levantaron en León, Tula, Aguascalientes, Culiacán, Fresnillo, Río Grande, Mexicali y Maquixco. Gracias a las páginas del informe se sabe que en León se construyeron —con siete toneladas de varilla— las columnas de la central de abasto, o las bardas de dos casas en la avenida Tezozómoc y en la calle Cabildo de Mexicali. Que después fueron demolidas y sus restos trasladados a los cementerios nucleares del norte de México en 1985. Que las operaciones se vieron retrasadas por la lentitud con que se elaboraron los contratos y los pagos a los trabajadores. En estas páginas se puede leer cómo la CNSNS incluso advertía que los retrasos podrían llegar a convertirse en un problema político para el país.

Intentaron solucionar los problemas, pero cuando se resolvía uno, llegaba otro: “Dejamos el lugar libre de escombros y borrando las huellas de la maniobra”, firma el 15 de abril de 1985 el Departamento de Salud Ambiental de Mexicali. Más adelante, en otra carpeta, encuentro otro documento. “Al hacer un recorrido por la colonia Mártires de Río Blanco, en Naucalpan, me encontré con el problema de la señora Oliva Silva, quien compró en una tlapalería de la localidad varilla que, al parecer, está contaminada con radiactividad, motivo por el cual un familiar se encuentra en estado de salud muy delicado”, dice un comunicado de Luis Priego Ortiz, entonces delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Este es uno de los cables de los que está repleto el expediente. Cuando la noticia de las varillas corrió como bomba nuclear, empezaron a llegar los reportes de la gente aterrorizada. La verdad es que los reportes destrozan el corazón. Nombres y apellidos de quienes perdieron sus casas que habían construido de a poquito. Sí, porque México es un país acostumbrado a levantar sus casas con las manos y entre vecinos.

“Es conveniente destacar que la fase intensiva de este proceso se registró del día 10 de marzo al 27 de abril de 1984, como lo revela el cúmulo de casos positivos que ascendió a 255 domicilios, donde se localizó varilla radiactiva”, firma la Secretaría de Salud de Baja California. “Se nos comunica la demolición de una casa habitación con aproximadamente cuatro o cinco toneladas de varilla contaminada, esta Comisión recomienda que esta varilla contaminada sea trasladada a La Piedrera”. Hasta el día de hoy, la CNSNS continúa recibiendo reportes de ciudadanos que aseguran que alguno de sus familiares enfermó de cáncer porque su casa fue construida posiblemente con varilla contaminada. Aún se destinan personal y recursos económicos para medir la radiación en el lugar. Según la CNSNS, en el país había 462 casas en dieciséis estados que estaban cimentadas con las varillas radiactivas que consideró que tenían niveles de radiación aceptables.

Me encuentro con Mario Pinto en un Sanborns de Coyoacán, en la Ciudad de México, un sábado de enero de 2023, a las ocho de la mañana. A pesar de la hora, está sonriente y emocionado. Pinto trabajó durante más de dos décadas en la CNSNS, como jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos, pero cuando llegó la administración de Andrés Manuel López Obrador, en 2018, les dieron el adiós a empleados de carrera como la suya. Cuenta que, aunque muchas casas se destruyeron porque fueron edificadas con la varilla, la mayoría de ellas no tenía dosis letales; sin embargo, se consideró la demolición porque resultaba “conveniente políticamente”.
—Imagínate que llegabas a tu casa y hay radiación, y lo primero que oyen es el Geiger y suena tictac, ¿quién va a querer vivir en esa casa? En muchas no iba a pasar nada, pero también ponte a ver si después a la gente, por otras cuestiones, no por la radiación, le diera cáncer —dice.

Pinto considera que, lógica y científicamente, no había razón para temer lo peor.
—Y esa es una de las cosas de la radiación. ¿A qué le tiene miedo la gente? A lo que no se ve. La radiación no se ve, no se huele ni se puede tocar. Es un fantasma. De hecho, con los años, los periódicos mexicanos rebautizaron este caso como “el Chernóbil mexicano”.

Pero ha sido difícil para los científicos traducirnos, con lenguaje coloquial, qué pasó aquellos meses de 1983 y 1984. Han dejado claro que este accidente radiológico fue muy diferente al de la planta nuclear de Chernóbil, que expulsó materiales
radiactivos a la atmósfera, formando una nube radiactiva que abarcó toda Europa.

El doctor Benjamín Leal, de la UNAM, revisa conmigo los números de radiación que recibió la gente en esos años. Es difícil hacer comparaciones, pero me da un ejemplo: la Ciudad de México recibe una contaminación promedio de 0.01 milirrem, una unidad para medir la carga eléctrica que produce la radiación en un volumen. Por ejemplo, en 1984, una radiografía de tórax tenía una exposición de sesenta milirrem y subirte a un avión, uno por cada hora de vuelo. En los patios de Aceros de Chihuahua, explica, hubo zonas que alcanzaron hasta doscientos milirrem. En algunos espacios de trabajo, como el Yonke Fénix, se midieron hasta setecientos.
—Ese era un valor muy alto y preocupante. Si alguien estuviera sobre esa varilla ya habría daños que podían ser malestares estomacales, moretones, y si la persona tiene herencia familiar o tenía cáncer, se hubiera agravado —dice el doctor Leal.

Mario Arturo Reyes, actual director de Seguridad Radiológica de la CNSNS, explica que no todo fue una pérdida. A raíz del accidente se aceleró la publicación del Reglamento General de Seguridad Radiológica. Desde noviembre de 1988 se les permitió inspeccionar y revisar el material radiactivo que entra al país y también aplicar sanciones.
—¿Qué pasaría si hoy el doctor Abelardo Lemus ingresara en su carro con una máquina de cobalto-60 de cinco
mil dólares? —le pregunto al ingeniero Reyes.
—Asumiendo que la hubiera pasado, ya está tipificado en el Código Penal; entonces, ya sería un caso de la Fiscalía
General. Ahorita ya es robo de material radiactivo e incluso se tipifica como terrorismo —responde.

En 1977, dice, no era tan raro este tipo de actos, ya que los médicos utilizaban estas fuentes para el tratamiento de cáncer sin que hubiera una regulación. No era con dolo, porque no se conocían los efectos como ahora. Era común en las clínicas de la frontera, las cuales eran populares por recibir a pacientes de Estados Unidos que se trataban en los estados fronterizos, ya que era más barato. Reyes, quien también lleva más de dos décadas en la CNSNS, recuerda que en su momento sí acusaron a Vicente Sotelo de robo, pero Abelardo Lemus no logró acreditar que Vicente Sotelo real-
mente haya hurtado la fuente radiactiva.
—Y creo que él vive por ahí, creo que tenía una tienda. Tuvo problemas, creo que hasta se divorció, tuvo muchos problemas personales por esta situación que se le acusó. Pero, repito, lo que él declaró y lo que él pudo probar es
que no lo hizo.
A cuarenta años, Vicente Sotelo es apenas un recuerdo para los vecinos de la colonia Bellavista, un culpable indefendible para algunos. Según el expediente, su último rastro es de mediados de los ochenta. El 2 de febrero de 1984 se le realizaron sus únicos estudios hematológicos. Increíblemente, resultó asintomático. “Sin patologías relacionadas con la radiación”, dice su estudio clínico. Para 1985, la PGR lo mandó llamar, pero los vecinos confirmaron que, por miedo, se mudaba constantemente de casa. Se convirtió así en el prófugo de la Bellavista. “Fue despedido de su trabajo y desde entonces no se le pudo localizar”, concluye el expediente.

Martha Ávila ha regresado a las caminatas que dejó de hacer cuarenta años atrás por el miedo a que, si pisaba esa tierra, sus pies se desharían como en ácido. Lo hizo impulsada por un grupo de diecisiete niños con los que cada semana recorre el desierto. Mientras caminan les habla sobre los cactus, los pumas, los zorros; les enseña a tomar coordenadas para que se apropien de Samalayuca.
—A querer donde ellos viven, a cuidar el agua, a valorar los recursos que tenemos, de los que dependemos. Es bonito cuando al final del año vemos la cantidad de fotografías que tomamos de los petrograbados, de las dunas. Yo les
digo que el desierto, para nosotros…, es la vida.

Martha Ávila también sabe que probablemente estos niños tendrán que suplirla en una encomienda: pelear por su desierto. Porque después del cobalto-60 se vinieron otras invasiones, como la planta termoeléctrica que se instaló a la fuerza en 1988 y, hace dos años, una mina de cobre a cielo abierto que, si no hubiera sido por los residentes de Samalayuca, habría terminado con los médanos. Hoy, el cementerio nuclear de La Piedrera luce como lo que fue: un desierto amarillo y vasto. Los pocos matorrales nativos aparecieron ahí como si nunca hubieran sido arrancados. El único rastro que permanece es una cerca de alambre de púas y un pequeño cartel amarillo que dice “Prohibido el paso. Sitio de confinamiento de desechos radioactivos”.

Con los años, la gente se ha olvidado de que los metales enterrados estaban contaminados. Los más jóvenes desconocen lo sucedido. En 2019, periódicos locales reportaron que vecinos de Samalayuca denunciaron el robo de material que había quedado a la intemperie. Empleados de los yonkes de Juárez contaron que, en efecto, algunas personas trataban de vender piezas metálicas que, al medirlas, arrojaban radiación. Por ignorancia, como lo hizo Vicente Sotelo, tratan de repetir la historia.

El vínculo entre el Estado y determinados medios de comunicación ha estado atravesado por campañas electorales, chayotes e influencias y favores políticos, pero también por el espionaje. En el año 1971, Luis de la Barreda Moreno, Director de la DFS, le solicitó al Presidente y Director del periódico El Sol de México, José García Valseca, que expida credenciales de reporteros para sus agentes. La suplantación de la profesión tenía la finalidad de poder infiltrarse con más facilidad en diversos ámbitos políticos y sociales de la época, sin dar a conocer la verdadera labor de los espías.  

José García Valseca constituyó desde los años 40, el multimedio gráfico más grande de México, la Cadena García Valseca, con alrededor de 37 periódicos. A principios de los ’50, la deuda que sostenía los medios con el gobierno de Miguel Alemán por el papel para producir los periódicos era insostenible. Valseca negoció la condonación de las deudas a cambio de un trato benévolo con el gobierno. Paradójicamente el 7 de junio de 1951, día que finalizaron estas negociaciones, se lo considera el día de la libertad de prensa.

A través del oficio 000571 del 2 de agosto de 1971, Valseca responde la solicitud y le envía a Barrera Moreno las credenciales de reporteros para 13 agentes de la Dirección. “Me es grato acompañar al presente las credenciales periodísticas expedidas a favor de las personas que se indican a continuación y que prestan servicios como Agentes de esa Dirección a su digno cargo”.

Entre los espías acreditados se destacan los casos de Enrique Hoeck Cossio y Javier Mancera Fuentes, quienes siguieron de cerca desde mediados de la década de los ´60 las actividades políticas del escritor y periodista José Revueltas. La actividad de Hoeck Cossio también estuvo marcada por inmiscuirse en los movimientos de Fabricio Apolos Gómez Souza, fundador del Movimiento Acción Revolucionaria (MAR).

Otro de los agentes de la DFS que accedió a la acreditación como reportero de El Sol de México fue Jorge Bustos Chavarría, quien fue acusado de la desaparición de seis integrantes de la Brigada Campesina Los Lacandones en 1974, caso por el cual estuvo preso en 2006, logrando recuperar su libertad meses después por falta de pruebas.

Los documentos a los que puedo acceder Archivero, también señalan que esta práctica ha sido replicada en otros medios de comunicación de la época, como por ejemplo “Noticias de la tarde”, reflejando que el evidente vínculo entre el poder y ciertos medios de comunicación.

Dardo Neubauer

El nombre de Miguel Nazar Haro es reconocido en la historia contemporánea de México por ser uno de los principales responsables de la represión política ejecutada en la década de los ´70. Desde la creación, por encomienda del ex presidente Luis Echeverría, de las Brigadas Blancas y su paso por la DFS como Director, Nazar Haro se irguió como uno de los principales responsables de la represión ejercida desde el Estado contra militantes políticos y sociales.

Su actividad de espionaje, persecución, secuestro, tortura y muerte principalmente sobre integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, lo llevó a estrechar vínculos con la agencia de inteligencia norteamericana (CIA), quien lo consideraba como su principal elemento tanto en México como en Centroamérica en el “combate” contra el comunismo.

El vínculo con la CIA le permitió a Nazar Haro eludir la justicia estadounidense, quien lo acusaba de dirigir una banda dedicada al robo de vehículos en California y de revenderlos en México desde fines de los ´70 y principios de los ´80. Sin embargo, la protección terminó cuando lo desplazaron de la dirección de la DFS y fue en abril de 1982 que Nazar Haro fue detenido en San Diego acusado de liderar una banda que había robado alrededor de 600 vehículos, en conjunto con ex subordinados suyos de la DFS como son Santiago Torres, Francisco Machado y Guillermo Lira, entre otros. La acusación del Procurador William Kennedy no quedó allí, sino que también lo señaló de ser informante de la CIA, acusación que le costó el puesto por violar la ley que prohíbe develar la identidad de los agentes de la Agencia de Inteligencia. El hecho generó un gran revuelo en el ámbito judicial y político, al constatarse las presiones desde Washington por cuidar al informante mexicano.

El rumor de que Nazar Haro lideraba una banda dedicada al robo de vehículos era tan conocido como su participación como miembro de la CIA. Pero fue a principios de 1982 que tanto el periódico San Diego Union y la revista Time publicaron una investigación donde presentaban pruebas contra el exdirector de la DFS. Fue por ello que, en abril de ese año, Nazar Haro se dirigió a EU para demandar a los medios de comunicación por difamación al honor. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba.

El 23 de abril de 1982, Miguel Nazar Haro era detenido y llevado a comparecer por el Gran Jurado de San Diego, quien lo acuso del robo de 600 vehículos con un valor de 8.4 millones de dólares, a la vez que le instó a pagar una fianza de 200.000 dólares para poder recuperar su libertad y continuar su proceso en libertad, dinero que logró reunir a los dos días. No obstante, el 3 de mayo del mismo año debería presentarse declarar, pero nunca llegó al juzgado. Nazar Haro fue declarado inmediatamente como prófugo de la justicia norteamericana y reclamó a México su extradición, pedido que no prosperó.

El ex Director de la DFS fue un fugitivo que la justicia estadounidense nunca pudo sentar en el banquillo de los acusados. Sin embargo, en el 2015, tres años después de su muerte, la Fiscalía solicitó a la Corte del Distrito Sur de California que “este Tribunal desestime sin perjuicio de la acusación en el proceso antes señalado contra los imputados MIGUEL NAZAR HARO, SANTIAGO TORRES, FRANCISCO MACHADO, LIRA GUILLERMO por las siguientes causas: (1) La acusación fue presentada hace aproximadamente 33 años y parece poco probable que el gobierno detenga a los acusados en el futuro; y (2) en interés de la justicia y la sana conservación de los recursos procesales”. El pedido hizo eco en el Juez del distrito Larry Burns quien en octubre de 2015 ordenó que “la Acusación en el caso mencionado anteriormente contra MIGUEL NAZAR HARO, SANTIAGO TORRES, FRANCISCO MACHADO, LIRA GUILLERMO, sea desestimada sin perjuicio. SE ORDENA ADEMÁS que se retiren las órdenes de aprehensión en este asunto”.

Lo curioso del fallo no es solamente que llega después de tres años de la muerte de Nazar Haro, sino que la resolución no se centra en la desaparición física del implicado, sino en la imposibilidad de impartir justicia a la vez que se deshecha el proceso contra el resto de los acusados. Nazar Haro no cumplió ninguna pena, ni por sus delitos cometidos durante la guerra sucia ni por el robo de autos en EU. Y como último favor por los servicios brindados, la justicia norteamericana limpia su legajo judicial.

La Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía secreta de México encargada de espiar y perseguir a todo movimiento, tuvo una activa participación los días previos y durante el transcurso del festival de rock Avándaro, llevado a cabo el 11 y 12 de septiembre de 1971 en el Club de Golf Avándaro, ubicado a 5km de Valle de Bravo, Edo. De México.

El seguimiento a todo movimiento que pudiera “perturbar” la paz social era parte de la misión que tenía asignada la DFS, y el movimiento juvenil era parte de sus objetivos. Avándaro logró reunir más de 200.000 personas, rebasando cualquier capacidad de organización.

Según la Dirección, Avándaro se desarrolló en “un ambiente en el que se dan exhibiciones de streap-tease, desnudos y relaciones sexuales”, destacando que “la drogadicción en jóvenes fue en grado superlativo y alarmante. Se calcula que un 70% de los asistentes consumió drogas” de un amplio público juvenil compuesto por hippies, rockeros y militantes políticos entre otros.

Durante el transcurso del festival de Avándaro, hubo una amalgama de música, discursos políticos y consumo de drogas, tal como lo destaca el informe de la DFS. Como parte de los registros, se señala indistintamente que “se podía apreciar un inmenso hongo de humo con un olor desagradable producido por el exceso de consumo de la mariguana”, mientras que a 800 metros del escenario “se efectuó un mitin con asistencia de 80 personas en el que hicieron uso de la palabra un joven y una señorita no identificados quienes hablaron de los problemas por los que atraviesa el Magisterio”