Gregorio Cárdenas se presentó a trabajar en Petróleos Mexicanos, el 3 de septiembre de 1942, donde había obtenido un empleo mientras estudiaba la carrera de Química en la UNAM. Como cada mañana se sentó en su lugar, pero esta vez con un frasco mortal: tenía arseniato de sodio. Estaba a punto de beberlo, cuando su compañero Eduardo Sandoval le preguntó qué era eso. “Me voy a suicidar […], acabo de matar a mi novia”, dijo.

Sin saber qué hacer, Eduardo lo sacó de la oficina y lo llevó en su carro a dar unas vueltas. Cuando llegaron a la altura de la Junta de Conciliación y Arbitraje del entonces Distrito Federal, se encontró con un viejo compañero de estudios, Francisco Correa y Caza, quien le dijo que en el coche traía a un amigo de la oficina que decía haber matado a la novia.

“Pero tengo sospechas [de] que es un enajenado mental”, dijo, al creerlo incapaz. Francisco Correa era abogado, se acercó al coche y entonces vio a Goyo Cárdenas ahí agazapado. Estaba tan mal que decidió llevárselo a su oficina para interrogarlo.

Tras confesar sus crímenes, ‘Goyo’ Cárdenas fue internado en un hospital psiquiátrico | Archivero

No sólo había matado a su novia, una jovencita llamada Graciela Arias, también “había sacrificado a otras tres mujeres”. Decía que estaba haciendo experimentos humanos buscando una fórmula que hiciera invisible a los hombres. “Sí, es un enajenado mental”, concluyó el abogado Correa y Caza al escuchar lo que le pareció una locura.

Eduardo llamó a uno de los hermanos de Gregorio, de nombre Moisés, a quien le dijo que era urgente internarlo en una institución mental porque estaba diciendo locuras. Ese día la familia Cárdenas tomó la decisión de internarlo en un hospital psiquiátrico en la colonia Tacubaya, con un doctor llamado Oneto Barenque. “Como era empleado y estudiante, no podían suponer que fuera capaz de cometer los homicidios”, declaró el amigo días después, cuando intentaron acusarlo de encubrimiento.

Gregorio Cárdenas ya estaba internado en ese hospital cuando sus dos vecinas, las señoras Cristina Martínez y Elvira Velázquez Peña, descubrieron desde su azotea un zapato ensangrentado de mujer. Más tarde los investigadores encontrarían que había desenterrado las flores y las plantas del jardín para enterrar los cuerpos de cuatro mujeres.

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA, la segunda parte del Estrangulador de Tacuba, que reconstruye el caso gracias a la desclasificación de expedientes olvidados entre cajones y viejas oficinas públicas. Historias como ésta revelan que en México la verdad oficial siempre está en obra negra.

Gregorio Cárdenas aprendió a leer y escribir leyendo la Biblia

ARCHIVERO consultó la historia de Gregorio Cárdenas en decenas de archivos históricos | ARCHIVERO

Según el expediente judicial que logró restaurar el Archivo Histórico de la Ciudad de México, Gregorio Cárdenas nació en 1915 en Córdoba, Veracruz, y sus primeros años los vivió en una hacienda, Los Kuchiles, que administraba su padre. Él mismo declaró a las autoridades que desde esa época comenzaron los “ataques nerviosos”, como él los llamaría.

Desde los cuatro años era tartamudo, lo que le dificultó relacionarse con otros niños. Así que su tía Dolores le enseñó a leer y escribir a través del estudio de la Biblia. Cuando era adolescente anduvo trabajando en las fincas de café con los padres, quienes vivían en una situación económica muy precaria. A la par estudió Mecanografía.

En 1935 tomó la decisión de mudarse a la capital y consiguió trabajo en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana como taquimecanógrafo. Fue ahí donde se interesó por estudiar y se inscribió a la Escuela Secundaria Juana de Asbaje, con miras a ser ingeniero químico. Cuatro años después conoció a la que sería su esposa, Sabina Lara González, quien tenía apenas 16 años. “Pasé a tener relaciones carnales y, con tal motivo, la mamá presentó una acusación en mi contra”, diría. Fue acusado del delito de estupro y lo dejaron salir de prisión con la condición de que se casara con Sabina.

‘Goyo’ Cárdenas se casó antes de convertirse en feminicida serial | ARCHIVERO

Sabina declarará a la policía del Distrito Federal que Gregorio la embarazó y le repetía que él no quería tener hijos: “tienes que ver la forma de abortar”. Ella se negó y, por el contrario, cuidó mucho su embarazo. Por esos días su esposo le dio de comer una torta de pescado, ella creía que eso le hizo daño y aseguró tener sospechas de que le había puesto una sustancia “preparada” porque a los dos días comenzó a sentirse mal. Con seis meses de embarazo se le vino un aborto.

Gregorio declaró: “No llegué a hacer vida común con ella, o mejor dicho a formar hogar, pues solamente la veía cuando tenía que entregar alguna cantidad de dinero y también accidentalmente la frecuentaba carnalmente”.

En marzo de 1940 Gregorio Cárdenas tramitó el divorcio por razones que “se reserva”. Ese mismo año tomaría clases nocturnas en la Preparatoria Nacional, ahí conocería a Graciela Arias, una mujer de 21 años de la que, dijo, se enamoró como nunca en la vida. Durante dos años fueron y vinieron hasta que en 1942 ella decidió dejarlo y, por eso, terminó con una soga en el cuello.

Así Gregorio Cárdenas ocultó los feminicidios que cometió

Víctimas y posibles víctimas del ‘Estrangulador de Tacuba’ | Archivero

El primer asesinato que cometió Gregorio Cárdenas fue el 15 de agosto de 1942. Según su propia declaración iba en su coche Ford modelo 39, cuando pasó frente al restaurante Chapultepec, muy cerca del Paseo de la Reforma. Ahí vio a una mujer “de esas que acostumbran vender caricias”. La invitó a subir al coche, ella lo hizo, y le propuso ir a un hotel por cuatro pesos. Él se negó y le dijo que mejor se fueran a su casa.

Llegaron a la casa de Gregorio en el número 20 de Mar del Norte, de la colonia Tacuba. Ella llevaba un impermeable en el brazo y un bolsito color azul. Gregorio le dio un recorrido por la casa y cuando pasaron por su estudio, donde tenía material para sus prácticas químicas, la jovencita le preguntó si era doctor. En ese cuarto tuvieron relaciones sexuales. “Nos acercamos el uno al otro en busca de placer”, dijo a las autoridades. Cuando terminaron, Gregorio dice que caminó hacia el cuarto contiguo y, al ponerse un pantalón, sintió que la sangre le hervía en las venas. “La cabeza me trastornó, mi cerebro me daba vueltas, sentí deseos de gritar, de correr”.

Estaba vuelto loco y, de repente, sintió tanto odio por ella. “No estaba Cárdenas ahí, Cárdenas se había transformado en una fiera, era una bestia fuera de la jaula”, dijo. Cogió un mecate y caminó hacia la jovencita, se lo puso al cuello y jaló hasta que la mató.

Las habitaciones y el jardín de la casa ubicada en el No. 20 de la calle Mar del Norte fueron escenario de los crímenes de ‘Goyo’ | ARCHIVERO

Después de pensar por horas qué hacer con el cuerpo, decidió coger una pala y enterrarla en su jardín. “Como el gato que se ensucia y después con la cola le arrima tierra para tapar su porquería”. La primera víctima conocida oficialmente se llamaba María de los Ángeles González, conocida en las calles sólo como Bertha. Tenía 16 años.

Gregorio Cárdenas se refugiaba en casa de su mamá y en la iglesia

Después del primer asesinato decidió mudarse unos días con su madre. Iba a la iglesia a ver si encontraba quién lo reconfortara. Pero una semana después de estar estudiando en casa de la madre, Gregorio Cárdenas salió a tomar un café porque “tenía deseos de una mujer”, diría. Salió a recorrer las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México y encontró a una jovencita. La abordó y le preguntó cuánto cobraba, ella le contestó que tres pesos.

La invitó a subir al carro y se la llevó a su casa y, después de tener relaciones sexuales, la invitó a pasar al baño para que se diera un aseo. Entonces, dicen los expedientes, “volvió a renacer en mí el odio que expuse en el caso número uno, la repugnancia por la mujer”. Agarró una toalla grande y con ella la asfixió. Ella le gritó antes de morir “¡no lo hagas!”. Según él no tuvo más remedio que enterrarla en el jardín también. Después se fue a la casa de su madre y luego a la iglesia. Se desconoce su identidad, el cuerpo nunca pudo ser identificado, pero se cree que tenía 14 años.

‘Goyo’ Cárdenas se escondía en casa de su madre tras cometer sus crímenes.

“Busqué nuevamente el reconfortamiento en los brazos de Dios, posteriormente recorrí varios templos para encontrar lo que buscaba y la cabeza se me abrumaba más de dolor”, diría después sobre este asesinato a las autoridades policiales.

El 29 de agosto mató a su tercera víctima: cerca del Paseo de la Reforma encontró a otra mujer en la calle y la invitó a su casa. Antes le preguntó qué edad tenía “porque tenía muchas arrugas”. Se llamaba Rosa Retes Quiroz y tenía 33 años. En el camino a su casa, Rosa le contó que tenía un hijo que su hermana cuidaba por las noches. Después de sostener relaciones sexuales, cuando se estaba vistiendo sucedió lo mismo: “un germen, un no sé qué [se apodero de él] y tomé una soga”. “¡No señor… déjeme!”, intentó detenerlo. La mató a las 11 de la noche y terminó de enterrarla en su jardín a las 3 de la mañana.

“Le hablé a Dios y le conté mis actos”, dijo Gregorio Cárdenas

A principios de septiembre, el día 2, mató a su exnovia Graciela. También la enterró en su jardín. Gregorio Cárdenas confesó estos crímenes a su familia, pero nadie le creyó, así que fue internado en un hospital psiquiátrico en la colonia Tacubaya. El padre de Graciela denunciaría su desaparición y señaló directamente a Cárdenas, a quien acusó de haberla hostigado durante años. Fue entonces que la Policía Secreta empezó una búsqueda y lo encontraron el 8 de septiembre de 1948 internado en la clínica.

El padre de una de las víctimas de ‘Goyo’ Cárdenas fue el primero en alertar a la Policía del Distrito Federal | ARCHIVERO

Luego de ser detenido y revelada su historia a una prensa que empezó a llamarlo “El Barba Azul Totonaca” y “El Descuartizador de Tacuba”, mientras que a las chicas las dejaban marcadas bajo la categoría de “las prostitutas”. Publicación tras publicación, los apodos eran más y más estigmatizantes.

“El cobarde tembló y sudó frío ante el cuerpo de su primera víctima”, decía una publicación de la época que forma parte del expediente policial. Ahí narran que tras realizarse exploraciones en distintos puntos del jardincillo de la casa, se descubrieron los cuerpos de la “vesania infernal de Cárdenas”.

Tanto Gregorio como su defensa alegaron que era un incapacitado mental. De hecho, en una de las declaraciones luego de ser detenido, le preguntaron directamente por qué las había matado. Él respondió que todo se remontaba al año 1935, cuando aún vivía en Veracruz. Por ese entonces padecía algo llamado “chancros sifilíticos”, úlceras que aparecen en la piel como primer síntoma de la sífilis. En ese año empezó a perder el cabello y a padecer dolores de hígado y el vaso. Para él, todo esto pudo haberle provocado “debilidad mental”. Los médicos de Lecumberri llegaron a una conclusión: Gregorio padecía un “trastorno post-encefálico”.

‘Goyo’ Cárdenas buscaba redención en la Iglesia | ARCHIVERO

Aun así las autoridades le dictaron auto de formal prisión. Lo enviaron al Palacio de Lecumberri, al pabellón de enfermos mentales en 1942. Después sería trasladado al manicomio La Castañeda en Mixcoac. En 1946 escapó de ahí y fue aprehendido y devuelto otra vez a Lecumberri, donde pudo estudiar la carrera de Derecho.

La prensa de la época asegura que el 8 de septiembre de 1976, después de 34 años, el presidente Luis Echeverría Álvarez le concedió un indulto ya que durante años había sido un preso ejemplar. Sin embargo, todo parece indicar que realmente su defensa logró comprobar que había pasado tres décadas encerrado, la pena máxima por asesinato en ese entonces. El gobierno mexicano aprovechó y se colgó la medalla asegurando que el caso de Goyo era el ejemplo del éxito de la reinserción del sistema penal mexicano. Tras ser liberado llevaron a Gregorio Cárdenas a la Cámara de Diputados, donde le dieron un aplauso de pie. Gregorio Cárdenas murió en libertad en 1999, a los 84 años.

Paolo Sánchez Castañeda colaboró en la búsqueda de este archivo.

Quizás lo que más impresionó a los pasajeros secuestrados en el vuelo 705 de Mexicana de Aviación no fueron las armas ni la amenaza de bomba. Lo que todos declararon, una vez en libertad, fue que quedaron boquiabiertos cuando vieron llegar a policías en trajes de baño.

La tarde del 8 de noviembre de 1972, un vuelo comercial, que se dirigía de Monterrey a la Ciudad de México, fue secuestrado por la Liga de Comunistas Armados, un grupo de insurgencia que luchaba contra la burguesía. Cuando llevaban 20 minutos volando, un joven tomó el altavoz de las azafatas para anunciar que estaban secuestrados. 

Se apoderaron de la cabina de pilotos y llamaron a la torre de control en Monterrey para comunicar al gobierno mexicano el trato que tendrían que hacer si querían a los 96 pasajeros de vuelta: primero, enumeraron, les permitirían regresar al Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo para recargar el avión de gasolina; después, iban a permitir que cinco compañeros de la guerrilla subieran, compañeros que estaban detenidos por la policía, otros prófugos e incluso una internada en un hospital. Una vez todos arriba, les garantizarían un vuelo tranquilo a Cuba, donde pedirían asilo político. 

Y además había una cláusula particular: toda la gente involucrada en recargar gasolina y llevar a sus compañeros hasta la puerta del avión deberían ir vestidos solo con calzones o traje baño. Eso garantizaría que nadie llevara una pistola escondida entre la ropa. 

Desde la ventana, los pasajeros miraban atónitos a los reabastecedores con trajes de baño coloridos, como si estuvieran en Acapulco. También vieron cómo llegaba una de las guerrilleras que intercambiarían, una jovencita morena que iba tendida sobre una camilla de hospital, tan pálida, parecía que se desangraba. La subieron dos hombres en traje de baño amarillo, una de las escenas que más se repite en las declaraciones de los archivos.

Es el secuestro más espectacular en la historia de la aviación nacional, está lleno de giros dramáticos que incluye a pasajeros pidiéndo autógrafos a sus secuestradores, como si fueran estrellas de cine. Una escena que ni Tarantino habría imaginado.  

Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA, que reconstruye este caso gracias a la desclasificación de expedientes olvidados entre cajones y viejas oficinas públicas. Casos como éste revelan que en México la verdad oficial siempre está en obra negra.

El relato de una sobrecargo del vuelo 705 

A Margarita Barragán, una joven sobrecargo que llevaba el cabello cortito, su jefe le avisó que el 8 de noviembre cubriría el vuelo de las 9:00 de la mañana, que saldría de Monterrey rumbo a la capital de México. El piloto sería el comandante Abel Quintana y la tripulación la conformaban los copilotos Carlos Pérez y Román Téllez, y sus compañeras Laurita Cordero, María Teresa Jasso y Adriana Sarabia.  

Esa mañana el avión despegó puntual y Margarita empezaría su rutina: sacar los platitos con los desayunos, servirlos en las charolas y pasar con el carrito por los asientos. Habían transcurrido 15 minutos cuando, cerca de la cabina, un joven medio regordete de bigote, que estaba sentado en las primeras filas, se levantó y le dijo con voz calma: 

–Esto es un secuestro– y le apuntó con una pistola, dejándola congelada con las manos en la charola. El joven le pidió que hablara por el altavoz y llamara a su compañeras sobrecargo que estaban desperdigadas por el avión. Le recargó un brazo por el hombro, como queriendo abrazarla, mientras la punta de la pistola rozaba su cara. 

A pesar de los nervios, Margarita alcanzó a ver, de reojo, a un segundo secuestrador, güero con ojos de color, en la cabina del capitan. Por cómo daba órdenes dedujo que ese chico que vestía una chamarrita de la Universidad Autónoma de Nuevo León, era el jefe.

Le pidió con respeto el altavoz y anunció:

–¡Levanten las manos! ¡Esto es un secuestro! Y no intenten hacer nada porque traemos armas y, si desobedecen, ¡los vamos a matar y vamos a volar! –dijo mientras señalaba a uno de sus compañeros que traía un maletín en la mano. 

A la sobrecargo le dio la sensación de que en ese portafolio traían los explosivos. Más atrás, en los asientos de pasajeros, el ingeniero Roberto Azcue García, quien se dirigía a su casa en la colonia San Rafael, en el Distrito Federal, también lo escuchó: 

–¡Levanten las manos! –Y eso hizo. Se levantó discretamente de su asiento y alcanzó a ver al frente a un joven que explicaba que ellos formaban parte de un movimiento armado a favor del proletariado y en contra de la burguesía. Según el informe, era uno de los grupos más violentos de la insurgencia. 

–¡Y ustedes representan a la burguesía!– gritó. 

Pronto recobró la calma y recomendó a los pasajeros guardar la compostura y no hacer nada que pudiera obligarlos a detonar los explosivos. Roberto sintió un viraje abrupto.

Ese día fueron cuatro jóvenes los secuestradores: Germán Segovia Escobedo, Víctor Huerta García, Ricardo Rodríguez y Jesús Martínez. 

Los jóvenes insurgentes pidieron metralletas marca Browning

A la azafata Margarita le dijeron que regresarían a Monterrey. Ese era el viraje que sintió Roberto, la vuelta al aeropuerto del que habían despegado. Pasarían casi tres horas dando vueltas por el espacio aéreo de la ciudad hasta que los secuestradores lograron un acuerdo con el gobierno de Luis Echeverría: les llevarían a sus compañeros que habían sido detenidos en otros enfrentamientos y sacarían a una compañera de un hospital. Los compañeros que intercambiaban por rehenes eran Tomás Okusono Martínez, Ángel Mejía Núñez, Reynaldo Sánchez, Francisca Saucedo Gómez y Edna Ovalle Rodríguez.

A las 12:05 de la tarde, el avión finalmente volvió a aterrizar en la plataforma. Un informe de la Dirección de Seguridad Federal (DFS) es rico en detalles: “A las 12.38, salieron un mecánico y dos personas más en traje de baño, abasteciendo la nave de combustible”, reportaron. Los agentes de la DFS empezaron una búsqueda frenética para saber a cuál de los guerrilleros tenía detenido: así encontraron primero a Ángel Mejia, a quien esa mañana lo habían traído por las calles de Saltillo, Coahuila, acompañándolos a hacer aprehensiones. Una avioneta tuvo que trasladarlo de emergencia hasta Monterrey.  

Después localizaron a Francisca Saucedo y Tomas Okusono, que andaban prófugos, llegaron hasta la torre de control y a Edna Ovalle la localizaron en un hospital. La policía tuvo que arreglar todo para hacer un traslado de emergencia, a pesar de la gravedad de una herida que recibió accidentalmente por parte de otro compañero de la guerrilla  A la 1:38 de la tarde finalmente llegó la ambulancia: “llegó la camilla con la lesionada, un médico y tres asistentes en traje de baño y se situaron frente al avión”, reportó la DFS.

Desde el avión, Germán Segovia, estudiante de la carrera de medicina, hizo una nueva exigencia: además del canje de compañeros exigían a las autoridades que les consiguiera metralletas marca Browning, cargadores y cuatro millones de pesos en efectivo. A las 2:47 de la tarde, el jefe de la policía estatal, Juan Urrutia “en traje de baño, llevó [al avión] una petaca que contenía dinero”.  

Para las 3:30, como símbolo de buena voluntad, los secuestradores liberaron a 25 pasajeros, mujeres, niños y cinco hombres enfermos. Se llevaron al resto de los pasajeros, entre los que iban María Emilia y Luis Farias, hijos del gobernador de Nuevo León, Luis M. Farías. Finalmente a esa hora las autoridades estatales y federales, que habían cumplido con las demandas, les permitieron despegar rumbo a La Habana, Cuba.

Se llevaron a 71 pasajeros a Cuba

Alberto Alonzo González, fue otro de los 71  pasajeros que se llevaron a Cuba y contó que cuando despegaron con rumbo a Cuba, los secuestradores comenzaron a platicar con ellos. Ángel Mejía contó cómo había sido detenido y que la única alternativa que les quedaba era huir del país y seguir la lucha desde Cuba. Otro pasajero, el empresario y político neolonés Graciano Bortoni Urteaga, iba en la octava fila y tuvo oportunidad de platicar a detalle con los secuestradores, dijo a la DFS que se notaba que eran gente que sabía mucho. 

Uno más, que no se alcanza a ver su nombre porque el papel está desgastado, contó que durante el vuelo los secuestradores se portaron muy amables y que incluso tuvo oportunidad de platicar con un maestro normalista que había sido intercambiado, quien le habló de su preferencia por los gobierno comunistas y la necesidad de motivar un cambio en el país, incluso si debía utilizarse la violencia. A Roberto Canavati Fraige, le impresionó tanto la personalidad de Okusono que incluso le pidió un autógrafo. 

En un folleto de la aerolínea le escribió: 

“Lo más preciado que posee el hombre es la vida se le otorga solamente una vez y hay que vivirla de tal forma que no se sienta el dolor de los años pasado en vano […] para que al morir pueda exclamar: Toda la vida y todas las fuerzas han sido entregadas a lo más hermoso del mundos ¡a la lucha por la liberación de la humanidad!”.

A las siete y media de la noche del 8 de noviembre, el avión secuestrado llegó a La Habana. Cuando aterrizaron los secuestradores no creyeron que era Cuba, así que uno de ellos bajó a verificar que estaban en la isla. Los guerrilleros finalmente fueron recibidos por el gobierno cubano y asilados en ese país, mientras que los 71 pasajeros secuestrados fueron regresados a México en un avión, luego de que el gobierno les diera una torta. 

* Paolo Sánchez Castañeda contribuyó en la busqueda de este archivo

Fue en aquellos días de 1984 cuando estallaron los nervios entre los pobladores de Samalayuca. Un brote psicótico que hermanó a las más de cien familias que vivían en las casitas salpicadas entre dunas y matorrales secos de este pequeño ejido enclavado en el desierto de Chihuahua.

Antes de ese año, la vida transcurría de forma ordinaria. Les gustaba la tranquilidad con la que se levantaban por la mañana a revisar la cosecha de calabaza, las caminatas con las comadres, las huellas que se hundían en la arena pesada o el lejano sonido del tránsito de los tráileres de carga por la carretera. Aquí la vida pasaba a cuarenta kilómetros de las ciudades fronterizas de El Paso y Ciudad Juárez, entre México y Estados Unidos, hasta que llegó el día en que les tuvieron miedo a las nubes.

Miedo sobre todo a las nubes gordas, negras, cargadas de lluvia que se paseaban con un cinismo peligroso por el cielo del desierto. Pero los pensamientos obsesivos de los habitantes de Samalayuca no quedaron ahí. Pronto el miedo lo extendieron al viento, ese maldito que, al igual que la lluvia, también les escupía veneno.
—Teníamos miedo de las nubes. Porque cuando se cargan, lo hacen con todo y lo que trae el ambiente. Decíamos que, si había contaminación y llovía, nos lo estaban regresando. Les teníamos mucho miedo […]. Pensábamos que [el veneno] venía en el aire. Teníamos terror. “Si pasa por encima y se viene, ¿nos contamina?” —se preguntaban—. Era algo increíble. En el pueblo después decían: “¡Ay, ay!, ¡me duele la cabeza!”.

Martha Ávila, una agricultora de 57 años, es una mujer de plática fácil, pero que al recordar la tragedia aún lanza sonrisas con dejos de angustia. Sabe que han pasado cuarenta años. Era muy joven cuando temía que aquello invisible la alcanzara con su hija recién nacida. Hoy reconoce que, a mediados de los años ochenta, todos en este pueblo de 2 500 metros cuadrados se contagiaron de una enfermedad que parecía muy real. Y, al menos para ella, los dolores colectivos empezaron cuando los camiones llegaron al pueblo con varillas y fierros viejos destartalados. Cuando las cuadrillas de ejidatarios cavaron en el desierto y construyeron siete sarcófagos de concreto. Ahí escuchó por primera vez de algo llamado cobalto-60, como una superfuente de energía que emanaba radiación, algo que podría enfermarlos a todos.

—Ay, no sabes cómo nos gustaba cazar conejos, nos gustaba mucho la carne, pero cuando enterraron las varillas contaminadas a unos kilómetros de aquí…, hasta eso dejamos de hacer.

En 1984, los pobladores de Samalayuca, acostumbrados a sembrar con la espalda encorvada sobre la tierra hirviente del desierto, dejaron de hacerlo. Algo que ni el cansancio ni el calor habían logrado. Un año entero creyeron que, cuando lloviera, el cobalto, que imaginaban como un gran metal, escurriría algún veneno que después se filtraría por el suelo arenoso. Y entonces ahí vendría el verdadero problema: cargar con la culpa de contaminar a todo el que comprara sus cosechas.
—Nosotros regamos con aguas de pozos profundos; entonces, obviamente, al extraer el agua pensábamos que estaba contaminada y, por lo tanto, también los cultivos. Tuvimos un año en que no sembramos por temor.

Los habitantes del pueblo abandonaron lo que hacían desde más de cincuenta años atrás. Intercambiaron las verduras por la leña y el carbón. Empezaron a cortar los brazos del mezquite que crecía en el desierto y los ofrecían a los que tenían para una chimenea.
—Ese año fue demasiado difícil para nosotros. Pero es que, de verdad, de todo le echábamos la culpa al cobalto. Si salían embarazadas, decíamos que era porque la pastilla no hizo efecto por el cobalto. Si les dolía la cabeza era porque el viento trajo cobalto.
El miedo incontrolable. De hecho, hubo un día en que pensaron que, cuando cayera la siguiente lluvia, una especie de ácido bajaría del cielo y desharía a todos en Samalayuca.

El 22 de febrero de 1984, tres científicos del Centro de Asistencia de Emergencia Radiológica del Instituto Oak Ridge para la Ciencia y la Educación —Karl Hubner, hematólogo; Eugene Joiner, citogenetista, y Myles Cabot, bioquímico— llegaron desde el lejano Tennessee hasta una ciudad en la que nunca antes habían estado. Ciudad Juárez ya era entonces un lugar sacudido por el boom de la maquiladora y la producción en serie: se había convertido en el verdadero imperio del checador. Y había crecido a un ritmo tan desaforado que, en los cerros, de un día para otro, se entremezclaron las construcciones modestas, en obra negra, con las impresionantes fortalezas de los que hicieron dinero con el narcotráfico.

A mediados de esa década, los ochenta, muchos migrantes mexicanos llegaron a buscar lo que no había en otras ciudades: trabajo. A cambio, entregaron el cuerpo doce horas al día y seis días a la semana para producir sin descansos. Con el paso de los años, las maquiladoras comenzaron a aparecer en cualquier predio desocupado, y con ellas los desechos y los fierros oxidados. En esa época también se instauraba el miedo colectivo al tétanos, quizás como un efecto colateral. Entonces, tras las maquilas que brotaron por la ciudad, empezaron a aparecer los “yonkes”, deshuesaderos de terrenos kilométricos, donde se levantaba una casa pequeña para recibir a clientes deseosos de intercambiar fierro y basura de las maquilas por dinero. Cientos de hombres recibían, a mano pelada, el desecho industrial, los carros, los cables de luz robados. Todo lo que
pudiera subirse a una báscula y comprarse por kilo. Ciudad Juárez, entonces, comenzaba a cubrirse de una estela de humo negro, que se mezclaba con la arena, y que en los días de viento venía arrastrada desde Samalayuca, el desierto que rodeaba la ciudad.

Aquel 22 de febrero, los científicos estadounidenses llegaron. Se bajaron de un taxi con poco equipaje, pero bien armados con un artefacto llamado Geiger, una especie de walkie-talkie que tenía una pantallita blanca que iba marcando números, haciendo tictac. Ese aparato era definitivo para saber la cantidad de radiación a la que una persona estuvo expuesta. Llegaron asustados porque, desde el Laboratorio Nacional Oak Ridge, escucharon la noticia que empezaba a correr como onda expansiva en dos idiomas. “Nuclear spill at Juárez looms as one of worst”, rezaba el encabezado de una nota en The New York Times. “Mil toneladas de varilla radiactiva, perdidas en el país”, tituló Proceso. Y es que, en ese entonces, la mayoría de las personas desconocía la magnitud de lo ocurrido en Ciudad Juárez. Pocos habían escuchado hablar de radiactividad. Esto cambiaría años después, en 1986, cuando ocurrió un accidente en la planta nuclear de Chernóbil, el cual dejó expuestas a la radiación a 8.4 millones de personas.

—Supimos por artículos periodísticos que se había transportado, desde México, acero radiactivo a Estados Unidos. Recuerdo que las mesas de los restaurantes, las patas, se habían fabricado con este acero y que quizás los clientes podrían estar expuestos en los restaurantes. Estaba trabajando en Oak Ridge, y el centro brindaba asistencia para investigar accidentes relacionados con la radiación —recuerda Cabot, científico de asc endencia española que se convertiría en una eminencia en células cancerosas.

Al llegar a Ciudad Juárez, los estadounidenses supieron que una máquina de teleterapia había sido robada de un hospital privado de la ciudad y luego vendida en uno de los cientos de yonkes del municipio. La máquina de la desgracia era una especie de robot ochentero con forma de microscopio gigante con la que se realizaban tratamientos de radioterapia. La gente se acostaba y recibía radiación desde una fuente de cobalto-60, un isótopo radiactivo sintético utilizado para tratar distintos padecimientos, como el cáncer. Conforme pasaban los días, la historia se volvía rocambolesca: los trabajadores del Yonke Fénix, desconociendo que tenían en las manos una bomba nuclear, la habían fundido con sus propias manos y sin protección alguna, y vendido a dos empresas fundidoras, donde la convirtieron en varillas y mesas industriales. Con las primeras se construyeron decenas de casas de interés social por el país, mientras que las mesas se enviaron a Estados Unidos. Parte de este material industrial desató que esta historia se conociera.

El 16 de enero de 1984, un camión de la empresa Aceros de Chihuahua transportó mesas y varilla con cobalto por una carretera de Nuevo México. El transportista se extravío en la ruta y terminó cerca del Laboratorio Nacional de Los Álamos, donde había detectores de radiación nuclear. Las autoridades estadounidenses concluyeron que el material contaminado provenía de las fundidoras mexicanas y entonces filtraron la noticia a la prensa. No tardaron en aparecer en los diarios especulaciones sobre los miles de personas que estarían contaminadas y enfermas. En un principio, para los científicos estadounidenses fue una sorpresa encontrarse con personas aparentemente ilesas. Pero después hallarían los patrones.

Los juarenses les contaron que tenían náuseas raras, dolores de cabeza, diarrea y fiebre que había durado varios días; uno dijo que se le cayó el cabello; alguien más, que tenía tejido cicatrizado, y otro, que le aparecieron manchas en la piel. Gracias a un expediente en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), ahora desclasificado, sé que nombres hubo muchos. Agustín Villanueva, de dieciséis años, reportó que las uñas se le volvieron cafés, como si tuvieran arena que no se podía quitar ni con tíner. Según sus estudios médicos, algo que compartió con otros posibles casos de contacto con cobalto, fue una condición llamada azoospermia, una ausencia total de espermatozoides, infertilidad temporal.

A Pedro Torres, juarense de veintiocho años, le empezaron unos dolores de cabeza, algo anormal para él, acostumbrado al trabajo pesado en el Yonke Fénix; tenía las mismas manchas que Agustín Villanueva, pero en las palmas de las manos. Según los estudios, le encontraron oligospermia, una condición que genera menos espermatozoides de lo normal. A Ricardo Hernández, de veintitrés años, un joven que cargó con sus manos la fuente en el hospital, le encontraron una cicatriz de 3.5 milímetros en la mano, la piel muy adelgazada y con hipersensibilidad. Recuerda que todo empezó con una manchita roja, que más tarde se convirtió en ampolla y en una masa rosada. Se aplicó ungüentos que consiguió en una farmacia local.

En algunos pacientes, los rastros exteriores de la radiación comenzaban a desvanecerse. Ellos fueron localizados por la Secretaría de Salud, dos meses después del hallazgo en Estados Unidos. El plan de Cabot y sus colegas era con-
cientizar a las autoridades mexicanas de que se requeriría un monitoreo a largo plazo.
—Viajamos a Juárez para brindar asistencia y evaluar las necesidades de los pacientes. Creo que solo examinamos a cuatro, cinco, pero, en general, los pacientes no tenían conocimientos sobre la radiación. Se tomaron muestras de sangre para análisis cromosómico. Leímos algunos de los registros médicos de los pacientes mientras estábamos en la clínica. Hubo evidencia de supresión de la médula ósea, hemorragias nasales y sangrado de las encías en algunos pacientes. Un paciente preguntó si podíamos curarlo en Estados Unidos. No supe si hubo seguimiento —dice Cabot, quien se disculpa por no recordar tantos detalles como quisiera luego del paso de los años.

El bioquímico cuenta una anécdota que revela lo fácil que era encontrar contaminación radiactiva por las calles de Ciudad Juárez.
—Logramos tomar un taxi a Yonke Fénix. El conductor no sabía exactamente dónde estaba, así que encendimos
nuestros dispositivos de detección de radiación y seguimos el tictac. Lo encontramos así.

El 23 de febrero de 1984, los científicos estadounidenses informaron a la CNSNS que todas las personas que habían estado expuestas debían llevar un seguimiento de quince años. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lo intentó al principio, pero con los años se rindió. La gente se había mudado. Para el 14 de diciembre, el IMSS reconoció que, en efecto, la fuente de cobalto sí había causado daños irreversibles en algunos de los examinados. Según se lee en el expediente del caso: “De los primeros enviados a la Ciudad de México, se obtuvieron los siguientes pacientes con daño irreversible. Esterilidad permanente en los tres primeros. [Los hermanos] Agustín, Pedro, Lorenzo de la Cruz”.

El IMSS elaboró, además, informes en los que se aseguraba que era “indispensable, para justificar adecuadamente las incapacidades, que se concedan, y no crear precedentes a nivel nacional que puedan resultar inconvenientes para la
industria nuclear, en general, ya que los trabajadores ocupacionalmente expuestos podrían demandar este tipo de incapacidades utilizando los precedentes de este caso”.
—Se tenía que hacer el estudio epidemiológico a largo plazo, y aquí lo que pasó es que muchas personas ya no fueron nunca al IMSS. Ellos eran los responsables de hacer el seguimiento. La idea es que de alguna manera tenían que convencer a las personas de que hicieran el estudio a largo plazo —dice el ingeniero Mario Arturo Reyes, director de Seguridad Radiológica de la CNSNS.
Tras la bomba mediática, los pobladores expuestos a la radiación en Ciudad Juárez regresaron a sus actividades, a trabajar a los yonkes, a cargar el fierro pese a las heridas, a respirar el aire amarillo y terregoso. Volvieron a llevar y traer el fierro de origen desconocido por las planicies amarronadas del desierto.

En la calle Aldama, entre banquetas cuarteadas, cables y diablitos con los que se roban la luz, a pesar del maltrato de los años, aún quedan reminiscencias de lo que fue alguna vez. Son las diez de una mañana de enero de 2023, en Ciudad Juárez, y la temperatura ronda los 10 °C. Por eso, este sábado, las calles de la colonia Bellavista están desiertas. En este barrio destacan las casas cuadradas de una planta, construidas en 1913, casas de abobe que han sido pintadas de amarillo, rosa, naranja y azul pastel. Desde los techos se alcanza a ver una valla de metal color rojo oxidado que contrasta con el paisaje, el muro fronterizo que divide a Juárez de Texas, y a dos cuadras de Aldama, un freeway de varios carriles.
—Fue un escándalo. Hubo mucha gente contaminada con el cobalto-60. Pero yo no tenía miedo, de algo se tiene que morir uno —dice Leonor Mena con calma.

Leonor Mena, de 78 años, es una de las habitantes de estas casas en Bellavista. Una señora muy norteña: anda arreglada, aunque está mirando la televisión en su casa. Lleva un suéter azul turquesa con flores bordadas con incrustaciones de bisutería. Lo que más resalta son las uñas perfectas, de unos tres centímetros de largo, con incrustaciones estilo la Rosalía. Leonor Mena fue parte de las 118 familias que en 1984 fueron afectadas por la radiación nuclear de la fuente de cobalto-60. Fue a causa de su vecino Vicente Sotelo, el aparente chivo expiatorio de esta historia.

Vicente Sotelo vivía también sobre la calle Aldama y trabajaba como técnico de mantenimiento en el Centro Médico de Especialidades, un hospital de los más antiguos de la ciudad, fundado en 1949. Su jefe era un hombre mayor, el doctor Abelardo Lemus, el villano probable de esta historia. A Abelardo Lemus, el 25 de noviembre de 1977, se le ocurrió comprar en Estados Unidos una máquina para tratar el cáncer llamada Picker C-3000, que había sido fabricada en Ohio. Al doctor le costó apenas cinco mil dólares, según la factura, y para abaratar costos se la trajo a México en su vehículo particular, sin permisos de la CNSNS. El misterio que no logra descifrarse, a cuarenta años de distancia, es por qué la máquina jamás fue utilizada y estuvo durante seis años en el almacén del hospital. Hasta diciembre de 1983, cuando finalmente fue desarmada y salió a recorrer las calles de Ciudad Juárez, contaminando todo a su paso.

Y aquí hay dos versiones. La del doctor Abelardo Lemus: que Vicente Sotelo ingresó a la bodega del hospital, burló la supervisión, evadió al personal que trabajaba de guardia en la noche y se robó la máquina que pesaba cien kilos. Y la de Vicente Sotelo: que Abelardo Lemus le pidió sacarla porque estorbaba, y que su amigo Ricardo Hernández, uno de los pacientes citados en el expediente, lo ayudó. Ambas versiones pueden leerse en extractos de la averiguación previa 79/85, presentada ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

El hecho es que, en diciembre de 1983, el equipo —que incluía la camilla de tratamiento y el cabezal con miles de cápsulas milimétricas de cobalto-60— fue sacado de la bodega con rumbo a uno de los yonkes de Juárez. La subieron a una pequeña pick-up destartalada y la entregaron en el Yonke Fénix. Después, para desgracia del barrio, a Vicente Sotelo le robarían la batería afuera de su casa en Bellavista. La camioneta contaminada de cobalto-60 permaneció cuarenta días sobre la calle Aldama, donde los chiquillos anduvieron revoloteando después de la escuela.
—La camioneta estaba ahí en el callejón. La dejaron ahí abandonada, y luego la revisaron y estaba contaminada con el cobalto-60. Salió en el noticiero, y mi hija que vive en Texas le habló a otra de mis hijas en Oklahoma. Cuando mis hijas escucharon eso, me dijeron: “¡Usted no puede estar ahí!”. Y mandaron por mí. Me tuve que ir. Duré tres años allá —dice Leonor Mena.

Vicente Sotelo logró llevar la máquina robada hasta el Yonke Fénix, localizado a la entrada de Ciudad Juárez. Muchas manos tocaron la fuente: la bajaron, la metieron, la pesaron y la deshuesaron. Estuvo por las calles del centro, por los caminos de terracería, por la carretera. En los patios del yonke quedaron esparcidas las perlitas de la fuente radiactiva y nadie imaginaba el peligro. Uno de esos hombres del yonke fue Antonio Fabela, un joven de veintitrés años que siempre andaba uniformado con un overol. Martha Ávila aún lo recuerda llegando por las tardes, todo manchadito de aceite negro. Hijo de su comadre la Sanjuana, al muchacho lo conocía de toda la vida. Juran que Antonio Fabela murió meses después por culpa de la radiación del cobalto-60.
—Se le empezó a caer el cabello, problemas de la piel, y ya cuando fue al doctor le dijeron que tenía cáncer de piel. Después empezó a relacionar el cobalto, porque otros trabajadores del yonke empezaron a tener problemas de salud. —dice Martha Ávila.
Antonio Fabela duró solo siete meses vivo, su madre Sanjuana y Martha Ávila lo vieron morir muy rápido. Hoy se sabe que los empleados más afectados fueron los que trabajaban en el yonke y los de las dos empresas de fundición a las que vendieron el material contaminado: Aceros de Chihuahua y Falcón de Juárez. La primera fabricó toneladas de varilla con las que se levantaron miles de casas en México. Otro reporte del IMSS da cuenta de que, el 12 de abril de 1984, la Secretaría de Salud canceló las operaciones del Yonke Fénix y prohibió la entrada a los trabajadores. Excepto a tres empleados convocados a trabajar, ya que estaban “bajo la vigilancia y en completa seguridad de que no hay riesgos”, se lee en los reportes del expediente.

El edificio de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias es un bloque café sin forma, pero que aún conserva las siglas originales color oro en la entrada principal: CNSNS. Aunque están ahí desde siempre, los vecinos
de la calle Barragán, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, no saben qué significan.
La primera vez que me citaron, los árboles que llegaban hasta el cuarto piso me obstruyeron la mirada, así que empecé a preguntar a la gente del barrio dónde podía encontrar la Comisión. Ni uno solo sabía que existía, y pelaron los ojos porque la palabra “nuclear” sí que asusta. “¿Y ahí hacen radiación?”, me preguntó un vecino mayor que paseaba a su perro una mañana de 2022. Las paredes de la entrada están recubiertas de madera que ha perdido su brillo, y aún hay persianas de plástico que fueron blancas y se han vuelto amarillas. El edificio también es oscuro y, cuando entran destellos de luz, se alcanza a ver cómo revolotea el polvo acumulado sobre aquellos muebles de los años setenta. Un laberinto de cubículos austeros, donde hay alguna mesa, sillas viejas, muebles de madera y computadoras de escritorio que dejaron de funcionar hace tiempo. La única manera de entrar a la CNSNS es mediante peticiones de información para acceder a alguno de los
expedientes que resguarda celosamente.

“Es la primera vez que alguien viene a ver este expediente”, dice una empleada que me acomoda en una de las salas de juntas, la cual se ha convertido en una suerte de almacén de cajas. Trae en la mano cuatro expedientes color manila, a los que el paso del tiempo ha comenzado a deshacerles las esquinas de las hojas. Durante muchos años se mantuvieron como secreto de Estado, pero en diciembre de 2023 se cumplen cuarenta años del robo y accidente de cobalto-60. Tal vez fue eso o que mis solicitudes para acceder terminaron por abrirlos. Me acompaña —vigila— un ingeniero muy joven de respuestas cortas. Revisa hojas con mediciones y números, pero también me observa mientras reviso el expediente. Dice que es la primera vez que escucha sobre el caso de cobalto-60. Los nuevos científicos también se han olvidado de él.

Hay más de quinientas hojas que se sostienen con clips. Cada vez que saco una, parece que se va a deshacer como pastel en las manos. Aparecen mapas, números ilegibles e informes médicos difíciles de leer, ya que la tinta de la máquina ha comenzado a correrse. A pesar de la lectura complicada, el expediente está cargado de revelaciones. El mismísimo general Jorge Carrillo Olea, subsecretario de Gobernación durante el sexenio de Miguel de la Madrid —y creador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la agencia de espionaje mexicana—, dejó bitácoras que cuentan la magnitud de esta historia. Carrillo Olea hoy tiene 85 años y vive retirado en su casa de estilo mexicano en Cuernavaca, Morelos, un lindo lugar soleado al sur de la Ciudad de México. En una breve entrevista —no porque no quiera, sino porque dice que ya no recuerda tanto— me lanza una frase: “La historia no tiene dueño”, y enseguida me pregunta por qué me interesa un tema del que ha pasado tanto tiempo.
—¡Ya pasaron… como cincuenta años! —calcula—. Y recuerdo muy poco. Pero la gente estaba muy asustada, no era para menos. Además, fue un circo mediático. Se organizaron reuniones de urgencia, pero lo más importante para nosotros era rastrear de dónde venía el equipo, porque parecía que había entrado ilegalmente a México.

Las páginas del expediente están llenas de palabras como “hemoglobina” y “glóbulos blancos”; de análisis médicos para determinar quiénes serían los ingenieros que tomarían sus equipos con rumbo a Ciudad Juárez. Se eligieron cuadrillas de hombres muy jóvenes de la CNSNS que tuvieran salud suficiente para aguantar la radiación. Uno de esos jóvenes fue el ingeniero mecánico Andrés Rocha Barajas, de veintiséis años, que acababa de llegar de Michoacán; recuerda en entrevista, sonriente y hasta nostálgico, que fue su “estreno” en los temas nucleares mexicanos.
—Fue muy fuerte, el primer reto era iniciar la recolección de material, ese era el principal riesgo que tenía esa contaminación. Nosotros llegamos a hacer la recolección del yonke y Aceros de Chihuahua, y, para empezar, […] estaba muy fuerte la contaminación en el yonke, todos los pellets esparcidos. Fuimos con detectores a hacer la limpieza —recuerda.

Rocha Barajas fue uno de los ingenieros que tuvieron contacto con Vicente Sotelo y su amigo Ricardo Hernández, los choferes de la pick-up con la fuente de cobalto-60, acusados de robo. Estuvo tres meses moviéndose con un detector de material radiactivo en las carreteras, en el Yonke Fénix y finalmente en el desierto de Samalayuca, donde ayudó a enterrarlo. —Fue difícil, mucha materia y radiación y con riesgo a la salud, pero nosotros estábamos protegidos con nuestras herramientas de trabajo. Se nos hacían estudios antes y cuando llegábamos y salíamos. No tuvimos radiación.

Trabajaban en cuadrillas de cinco o seis personas, así que se iban rotando para evitar la exposición a la radiación. Empezaban a las siete de la mañana, porque en el norte el sol sale muy temprano, y terminaban a las ocho de la noche,
con el cielo limpio de Samalayuca. El trabajo fue tan exhaustivo que terminaron cavando con pico y pala, y echándoles tierra a los sarcófagos que construirían después para enterrar el material nuclear. Al ingeniero Rocha Barajas el accidente no lo espantó, y actualmente es subdirector de Servicios Generales de la CNSNS.

Otro de ellos fue el ingeniero Gustavo Molina, quien también iba empezando su carrera en el rubro nuclear, y quizás uno de más renuentes a hablar de esta historia. Solo accedió a contestar un cuestionario por correo electrónico, y en sus respuestas entiendo que la prensa, que cubrió el accidente, lo dejó marcado y un poco asustado.

“Para mí los primeros días del accidente fueron muy estresantes. La razón es que había mucha información en la prensa y en la televisión, siempre nos movíamos con periodistas alrededor y no sabíamos a ciencia cierta lo que estaba pasando. También era mi primera vez actuando como responsable en un accidente. Conforme fuimos investigando el origen de los sitios con contaminación, las cosas fueron tomando un cauce más normal, dentro de la anormalidad del accidente”, escribe Molina.

Al principio, el Yonke Fénix, Aceros de Chihuahua y Falcón de Juárez enterraban la basura nuclear donde se pudiera, como en terrenos aledaños a la cárcel municipal de Ciudad Juárez o un campo de béisbol cercano a Aceros de Chihuahua. En un cable enviado a la Secretaría de Energía en marzo de 1984, la CNSNS advirtió que el material seguía en predios al aire libre o cercanos a áreas pobladas donde las personas estaban recibiendo dosis de radiación más arriba de los niveles naturales. El cementerio terminó instalado en el desierto de Samalayuca. Y fue cuando apareció el miedo a las nubes.

El gobierno de Chihuahua lo instaló en un lugar llamado La Piedrera, un vasto terreno de 103 hectáreas. Un informe de la Secretaría de Salud de 1985 detalla que se construyeron siete celdas de quince por cuarenta metros, con fosa de desplante, muros y una tapa de concreto armado. Después de una labor de meses de recolección, fueron sepultadas 36 000 toneladas métricas de desechos radiactivos, entre los que se encontraban 2 930 toneladas de varilla contaminada provenientes de Aceros de Chihuahua; también enterraron doscientas toneladas de las bases metálicas de la fundidora Falcón de Juárez, 1 950 toneladas de chatarra del Yonke Fénix y 29 181 toneladas de basura y tierra contaminada. Entre los desechos que yacen bajo tierra están 860 tambos con gránulos de cobalto que fueron recuperados por toda Ciudad Juárez. En el expediente hay fotografías que no habían salido de los cubículos de la CNSNS. Son pequeñas imágenes pegadas sobre hojas blancas, y a
mí me impacta el color que conservan, a pesar de que han comenzado a volverse verdosas y sepias.

En las fotos, tres hombres mayores con botas picudas, sombrero y pantalones de mezclilla ajustados cargan a mano pelada tambos de metal color verde que tienen pintadas las letras “CO.6 Mat”, material con cobalto-60. Recuerdan a los liquidadores de Chernóbil, los que limpiaron con trajes blancos toda la zona de la actual Ucrania. Aquí fueron los propios ejidatarios de Samalayuca quienes hicieron el trabajo junto con personal de la CNSNS porque no se daban abasto. En el suelo arenoso y amarillo se ve un hoyo de al menos un metro y medio de profundidad. Adentro está otro de los ejidatarios; cava lo que parecería su propia tumba. En la siguiente foto, el tambo de material radiactivo ya descansa adentro.

La CNSNS informó en un escrito enviado al entonces gobernador, Óscar Ornelas Kuchle, que el 23 de agosto de 1985 terminaron el traslado de la basura nuclear. Hoy, los restos de ese accidente yacen bajo el desierto de Samalayuca, en el kilómetro 114 del desierto de Mexicali y en el Estado de México. Las páginas del expediente cuentan que el presupuesto total fue de 120 millones de viejos pesos. Hoy ni por Google Maps es posible recorrer la zona de La Piedrera para ver ese pedazo de tierra donde fue enterrado el cobalto-60. Solo una marca en el mapa indica “Cementerio Nuclear La Piedrera”. Tal vez ha sido la falta de acceso lo que ha despertado la leyenda entre los lugareños de que el cobalto ha atraído objetos voladores que por las noches bajan por el metal enterrado.

Según un informe de la Secretaría de Salud y la CNSNS, otra de las tragedias de esta historia fueron las casas y bardas que se levantaron en León, Tula, Aguascalientes, Culiacán, Fresnillo, Río Grande, Mexicali y Maquixco. Gracias a las páginas del informe se sabe que en León se construyeron —con siete toneladas de varilla— las columnas de la central de abasto, o las bardas de dos casas en la avenida Tezozómoc y en la calle Cabildo de Mexicali. Que después fueron demolidas y sus restos trasladados a los cementerios nucleares del norte de México en 1985. Que las operaciones se vieron retrasadas por la lentitud con que se elaboraron los contratos y los pagos a los trabajadores. En estas páginas se puede leer cómo la CNSNS incluso advertía que los retrasos podrían llegar a convertirse en un problema político para el país.

Intentaron solucionar los problemas, pero cuando se resolvía uno, llegaba otro: “Dejamos el lugar libre de escombros y borrando las huellas de la maniobra”, firma el 15 de abril de 1985 el Departamento de Salud Ambiental de Mexicali. Más adelante, en otra carpeta, encuentro otro documento. “Al hacer un recorrido por la colonia Mártires de Río Blanco, en Naucalpan, me encontré con el problema de la señora Oliva Silva, quien compró en una tlapalería de la localidad varilla que, al parecer, está contaminada con radiactividad, motivo por el cual un familiar se encuentra en estado de salud muy delicado”, dice un comunicado de Luis Priego Ortiz, entonces delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Este es uno de los cables de los que está repleto el expediente. Cuando la noticia de las varillas corrió como bomba nuclear, empezaron a llegar los reportes de la gente aterrorizada. La verdad es que los reportes destrozan el corazón. Nombres y apellidos de quienes perdieron sus casas que habían construido de a poquito. Sí, porque México es un país acostumbrado a levantar sus casas con las manos y entre vecinos.

“Es conveniente destacar que la fase intensiva de este proceso se registró del día 10 de marzo al 27 de abril de 1984, como lo revela el cúmulo de casos positivos que ascendió a 255 domicilios, donde se localizó varilla radiactiva”, firma la Secretaría de Salud de Baja California. “Se nos comunica la demolición de una casa habitación con aproximadamente cuatro o cinco toneladas de varilla contaminada, esta Comisión recomienda que esta varilla contaminada sea trasladada a La Piedrera”. Hasta el día de hoy, la CNSNS continúa recibiendo reportes de ciudadanos que aseguran que alguno de sus familiares enfermó de cáncer porque su casa fue construida posiblemente con varilla contaminada. Aún se destinan personal y recursos económicos para medir la radiación en el lugar. Según la CNSNS, en el país había 462 casas en dieciséis estados que estaban cimentadas con las varillas radiactivas que consideró que tenían niveles de radiación aceptables.

Me encuentro con Mario Pinto en un Sanborns de Coyoacán, en la Ciudad de México, un sábado de enero de 2023, a las ocho de la mañana. A pesar de la hora, está sonriente y emocionado. Pinto trabajó durante más de dos décadas en la CNSNS, como jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos, pero cuando llegó la administración de Andrés Manuel López Obrador, en 2018, les dieron el adiós a empleados de carrera como la suya. Cuenta que, aunque muchas casas se destruyeron porque fueron edificadas con la varilla, la mayoría de ellas no tenía dosis letales; sin embargo, se consideró la demolición porque resultaba “conveniente políticamente”.
—Imagínate que llegabas a tu casa y hay radiación, y lo primero que oyen es el Geiger y suena tictac, ¿quién va a querer vivir en esa casa? En muchas no iba a pasar nada, pero también ponte a ver si después a la gente, por otras cuestiones, no por la radiación, le diera cáncer —dice.

Pinto considera que, lógica y científicamente, no había razón para temer lo peor.
—Y esa es una de las cosas de la radiación. ¿A qué le tiene miedo la gente? A lo que no se ve. La radiación no se ve, no se huele ni se puede tocar. Es un fantasma. De hecho, con los años, los periódicos mexicanos rebautizaron este caso como “el Chernóbil mexicano”.

Pero ha sido difícil para los científicos traducirnos, con lenguaje coloquial, qué pasó aquellos meses de 1983 y 1984. Han dejado claro que este accidente radiológico fue muy diferente al de la planta nuclear de Chernóbil, que expulsó materiales
radiactivos a la atmósfera, formando una nube radiactiva que abarcó toda Europa.

El doctor Benjamín Leal, de la UNAM, revisa conmigo los números de radiación que recibió la gente en esos años. Es difícil hacer comparaciones, pero me da un ejemplo: la Ciudad de México recibe una contaminación promedio de 0.01 milirrem, una unidad para medir la carga eléctrica que produce la radiación en un volumen. Por ejemplo, en 1984, una radiografía de tórax tenía una exposición de sesenta milirrem y subirte a un avión, uno por cada hora de vuelo. En los patios de Aceros de Chihuahua, explica, hubo zonas que alcanzaron hasta doscientos milirrem. En algunos espacios de trabajo, como el Yonke Fénix, se midieron hasta setecientos.
—Ese era un valor muy alto y preocupante. Si alguien estuviera sobre esa varilla ya habría daños que podían ser malestares estomacales, moretones, y si la persona tiene herencia familiar o tenía cáncer, se hubiera agravado —dice el doctor Leal.

Mario Arturo Reyes, actual director de Seguridad Radiológica de la CNSNS, explica que no todo fue una pérdida. A raíz del accidente se aceleró la publicación del Reglamento General de Seguridad Radiológica. Desde noviembre de 1988 se les permitió inspeccionar y revisar el material radiactivo que entra al país y también aplicar sanciones.
—¿Qué pasaría si hoy el doctor Abelardo Lemus ingresara en su carro con una máquina de cobalto-60 de cinco
mil dólares? —le pregunto al ingeniero Reyes.
—Asumiendo que la hubiera pasado, ya está tipificado en el Código Penal; entonces, ya sería un caso de la Fiscalía
General. Ahorita ya es robo de material radiactivo e incluso se tipifica como terrorismo —responde.

En 1977, dice, no era tan raro este tipo de actos, ya que los médicos utilizaban estas fuentes para el tratamiento de cáncer sin que hubiera una regulación. No era con dolo, porque no se conocían los efectos como ahora. Era común en las clínicas de la frontera, las cuales eran populares por recibir a pacientes de Estados Unidos que se trataban en los estados fronterizos, ya que era más barato. Reyes, quien también lleva más de dos décadas en la CNSNS, recuerda que en su momento sí acusaron a Vicente Sotelo de robo, pero Abelardo Lemus no logró acreditar que Vicente Sotelo real-
mente haya hurtado la fuente radiactiva.
—Y creo que él vive por ahí, creo que tenía una tienda. Tuvo problemas, creo que hasta se divorció, tuvo muchos problemas personales por esta situación que se le acusó. Pero, repito, lo que él declaró y lo que él pudo probar es
que no lo hizo.
A cuarenta años, Vicente Sotelo es apenas un recuerdo para los vecinos de la colonia Bellavista, un culpable indefendible para algunos. Según el expediente, su último rastro es de mediados de los ochenta. El 2 de febrero de 1984 se le realizaron sus únicos estudios hematológicos. Increíblemente, resultó asintomático. “Sin patologías relacionadas con la radiación”, dice su estudio clínico. Para 1985, la PGR lo mandó llamar, pero los vecinos confirmaron que, por miedo, se mudaba constantemente de casa. Se convirtió así en el prófugo de la Bellavista. “Fue despedido de su trabajo y desde entonces no se le pudo localizar”, concluye el expediente.

Martha Ávila ha regresado a las caminatas que dejó de hacer cuarenta años atrás por el miedo a que, si pisaba esa tierra, sus pies se desharían como en ácido. Lo hizo impulsada por un grupo de diecisiete niños con los que cada semana recorre el desierto. Mientras caminan les habla sobre los cactus, los pumas, los zorros; les enseña a tomar coordenadas para que se apropien de Samalayuca.
—A querer donde ellos viven, a cuidar el agua, a valorar los recursos que tenemos, de los que dependemos. Es bonito cuando al final del año vemos la cantidad de fotografías que tomamos de los petrograbados, de las dunas. Yo les
digo que el desierto, para nosotros…, es la vida.

Martha Ávila también sabe que probablemente estos niños tendrán que suplirla en una encomienda: pelear por su desierto. Porque después del cobalto-60 se vinieron otras invasiones, como la planta termoeléctrica que se instaló a la fuerza en 1988 y, hace dos años, una mina de cobre a cielo abierto que, si no hubiera sido por los residentes de Samalayuca, habría terminado con los médanos. Hoy, el cementerio nuclear de La Piedrera luce como lo que fue: un desierto amarillo y vasto. Los pocos matorrales nativos aparecieron ahí como si nunca hubieran sido arrancados. El único rastro que permanece es una cerca de alambre de púas y un pequeño cartel amarillo que dice “Prohibido el paso. Sitio de confinamiento de desechos radioactivos”.

Con los años, la gente se ha olvidado de que los metales enterrados estaban contaminados. Los más jóvenes desconocen lo sucedido. En 2019, periódicos locales reportaron que vecinos de Samalayuca denunciaron el robo de material que había quedado a la intemperie. Empleados de los yonkes de Juárez contaron que, en efecto, algunas personas trataban de vender piezas metálicas que, al medirlas, arrojaban radiación. Por ignorancia, como lo hizo Vicente Sotelo, tratan de repetir la historia.

El vínculo entre el Estado y determinados medios de comunicación ha estado atravesado por campañas electorales, chayotes e influencias y favores políticos, pero también por el espionaje. En el año 1971, Luis de la Barreda Moreno, Director de la DFS, le solicitó al Presidente y Director del periódico El Sol de México, José García Valseca, que expida credenciales de reporteros para sus agentes. La suplantación de la profesión tenía la finalidad de poder infiltrarse con más facilidad en diversos ámbitos políticos y sociales de la época, sin dar a conocer la verdadera labor de los espías.  

José García Valseca constituyó desde los años 40, el multimedio gráfico más grande de México, la Cadena García Valseca, con alrededor de 37 periódicos. A principios de los ’50, la deuda que sostenía los medios con el gobierno de Miguel Alemán por el papel para producir los periódicos era insostenible. Valseca negoció la condonación de las deudas a cambio de un trato benévolo con el gobierno. Paradójicamente el 7 de junio de 1951, día que finalizaron estas negociaciones, se lo considera el día de la libertad de prensa.

A través del oficio 000571 del 2 de agosto de 1971, Valseca responde la solicitud y le envía a Barrera Moreno las credenciales de reporteros para 13 agentes de la Dirección. “Me es grato acompañar al presente las credenciales periodísticas expedidas a favor de las personas que se indican a continuación y que prestan servicios como Agentes de esa Dirección a su digno cargo”.

Entre los espías acreditados se destacan los casos de Enrique Hoeck Cossio y Javier Mancera Fuentes, quienes siguieron de cerca desde mediados de la década de los ´60 las actividades políticas del escritor y periodista José Revueltas. La actividad de Hoeck Cossio también estuvo marcada por inmiscuirse en los movimientos de Fabricio Apolos Gómez Souza, fundador del Movimiento Acción Revolucionaria (MAR).

Otro de los agentes de la DFS que accedió a la acreditación como reportero de El Sol de México fue Jorge Bustos Chavarría, quien fue acusado de la desaparición de seis integrantes de la Brigada Campesina Los Lacandones en 1974, caso por el cual estuvo preso en 2006, logrando recuperar su libertad meses después por falta de pruebas.

Los documentos a los que puedo acceder Archivero, también señalan que esta práctica ha sido replicada en otros medios de comunicación de la época, como por ejemplo “Noticias de la tarde”, reflejando que el evidente vínculo entre el poder y ciertos medios de comunicación.

Dardo Neubauer

El nombre de Miguel Nazar Haro es reconocido en la historia contemporánea de México por ser uno de los principales responsables de la represión política ejecutada en la década de los ´70. Desde la creación, por encomienda del ex presidente Luis Echeverría, de las Brigadas Blancas y su paso por la DFS como Director, Nazar Haro se irguió como uno de los principales responsables de la represión ejercida desde el Estado contra militantes políticos y sociales.

Su actividad de espionaje, persecución, secuestro, tortura y muerte principalmente sobre integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, lo llevó a estrechar vínculos con la agencia de inteligencia norteamericana (CIA), quien lo consideraba como su principal elemento tanto en México como en Centroamérica en el “combate” contra el comunismo.

El vínculo con la CIA le permitió a Nazar Haro eludir la justicia estadounidense, quien lo acusaba de dirigir una banda dedicada al robo de vehículos en California y de revenderlos en México desde fines de los ´70 y principios de los ´80. Sin embargo, la protección terminó cuando lo desplazaron de la dirección de la DFS y fue en abril de 1982 que Nazar Haro fue detenido en San Diego acusado de liderar una banda que había robado alrededor de 600 vehículos, en conjunto con ex subordinados suyos de la DFS como son Santiago Torres, Francisco Machado y Guillermo Lira, entre otros. La acusación del Procurador William Kennedy no quedó allí, sino que también lo señaló de ser informante de la CIA, acusación que le costó el puesto por violar la ley que prohíbe develar la identidad de los agentes de la Agencia de Inteligencia. El hecho generó un gran revuelo en el ámbito judicial y político, al constatarse las presiones desde Washington por cuidar al informante mexicano.

El rumor de que Nazar Haro lideraba una banda dedicada al robo de vehículos era tan conocido como su participación como miembro de la CIA. Pero fue a principios de 1982 que tanto el periódico San Diego Union y la revista Time publicaron una investigación donde presentaban pruebas contra el exdirector de la DFS. Fue por ello que, en abril de ese año, Nazar Haro se dirigió a EU para demandar a los medios de comunicación por difamación al honor. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba.

El 23 de abril de 1982, Miguel Nazar Haro era detenido y llevado a comparecer por el Gran Jurado de San Diego, quien lo acuso del robo de 600 vehículos con un valor de 8.4 millones de dólares, a la vez que le instó a pagar una fianza de 200.000 dólares para poder recuperar su libertad y continuar su proceso en libertad, dinero que logró reunir a los dos días. No obstante, el 3 de mayo del mismo año debería presentarse declarar, pero nunca llegó al juzgado. Nazar Haro fue declarado inmediatamente como prófugo de la justicia norteamericana y reclamó a México su extradición, pedido que no prosperó.

El ex Director de la DFS fue un fugitivo que la justicia estadounidense nunca pudo sentar en el banquillo de los acusados. Sin embargo, en el 2015, tres años después de su muerte, la Fiscalía solicitó a la Corte del Distrito Sur de California que “este Tribunal desestime sin perjuicio de la acusación en el proceso antes señalado contra los imputados MIGUEL NAZAR HARO, SANTIAGO TORRES, FRANCISCO MACHADO, LIRA GUILLERMO por las siguientes causas: (1) La acusación fue presentada hace aproximadamente 33 años y parece poco probable que el gobierno detenga a los acusados en el futuro; y (2) en interés de la justicia y la sana conservación de los recursos procesales”. El pedido hizo eco en el Juez del distrito Larry Burns quien en octubre de 2015 ordenó que “la Acusación en el caso mencionado anteriormente contra MIGUEL NAZAR HARO, SANTIAGO TORRES, FRANCISCO MACHADO, LIRA GUILLERMO, sea desestimada sin perjuicio. SE ORDENA ADEMÁS que se retiren las órdenes de aprehensión en este asunto”.

Lo curioso del fallo no es solamente que llega después de tres años de la muerte de Nazar Haro, sino que la resolución no se centra en la desaparición física del implicado, sino en la imposibilidad de impartir justicia a la vez que se deshecha el proceso contra el resto de los acusados. Nazar Haro no cumplió ninguna pena, ni por sus delitos cometidos durante la guerra sucia ni por el robo de autos en EU. Y como último favor por los servicios brindados, la justicia norteamericana limpia su legajo judicial.

Fritz Kramer ingresó a México por Nuevo Laredo el 6 de diciembre de 1939 como representantes de la empresa alemana “Harburger Gummiwaren” con matriz en Hamburgo la cual fabricaba artículos de hule. En el país lo esperaba su esposa desde hace más de un año. Paulina Malinowaki de Kramer arribó al puerto de Veracruz en abril de 1938. No se sabe a ciencia cierta si la segunda guerra mundial los hizo migrar, pero sí que su filiación por el régimen nazi seguía intacta.

En este contexto bélico, las investigaciones sobre los migrantes provenientes de los países del Eje eran exhaustivas para evitar la infiltración de espías. Es por ello que, tras varios años de investigaciones, el Departamento de Investigaciones políticas y sociales de la SEGOB, comprobó que la familia Kramer tenía filiación nazi, que veneraban a Hitler y alardeaban de ser «adictos al Eje». La investigación señalaba que “en su domicilio que está ubicado en Av. Coyoacán 1108, de esta Capital, tienen con toda ostentación varios retratos de Hitler”, a la vez que se realizó un reporte sobre los visitantes frecuentes al domicilio.

Estas investigaciones se extendieron hasta 1943 y, si bien no se decidió su expulsión de territorio nacional, derivaron en que la autoridad no le renovara sus documentos migratorios, quedando catalogados como «elemento que desarrolló actividades inconvenientes», dándoles el status de migrantes condicionales durante el tiempo que dure la guerra.

Si bien, su estadía se extendió más allá de la finalización del conflicto bélico, la familia Kramer no lograba regularizar su situación migratoria. Es por ello que, en el año 1950, el dirigente fundador del PAN, Roberto Cossío y Cosío medió ante el Secretario de Gobernación Adolfo Ruíz Cortines para que se le otorgara a Fritz y Paulina Kramer su condición migratoria. «Durante el trato que hemos tenido me ha merecido siempre el concepto de una persona honorable», señaló Cossío y Cosío con respecto a los alemanes. Finalizando la carta, el dirigente panista señala: “Al tomarme la libertad de dirigirle ésta, lo hago porque abusando de la bondad que usted me dispensa y tratando de ser útil al señor Kramer que quiere arreglar su situación migratoria en México”