En Archivero les contamos en una publicación previa, el intento por parte de la dictadura militar argentina de infiltrarse en el grupo guerrillero Montoneros, cuya cúpula se encontraba en el exilio en México. Según documentos de la DFS, la acción militar estuvo compuesta por dos grupos. Agentes de inteligencia del ejército argentino y dos militantes supuestamente arrepentidos y decididos a entregar a sus compañeros de lucha: Carlos Laluf y el Oficial Mayor Tulio Valenzuela.

La junta militar tenía secuestrada a la esposa embarazada de Valenzuela y al hijo de ella con la amenaza de matarlos si no cumplía con la delación. A pesar de ello, el guerrillero se reveló, escapó de la vigilancia de los agentes del ejército y reveló el plan homicida. En una conferencia de prensa el 18 de enero de 1978, dio a conocer públicamente los verdaderos objetivos de su presencia en México. Tras esta denuncia, los militares Rubén Fariña, Daniel Amelong y Jorge Cabrera y el guerrillero Carlos Laluf son detenidos por la DFS y deportados a Argentina. Por su parte, Tulio Valenzuela, se quedó en México en calidad de exiliado.

Sin embargo, esta historia no culmina aquí para Valenzuela. Al desbaratar el plan de infiltración, la cúpula de Montoneros lo acusó de traición y de colaborar con el enemigo militar. Esta acusación fue sostenida por el tribunal revolucionario, presidido por Mario Firmenich, Roberto Perdía y Raúl Yager, quienes sostuvieron que Valenzuela cometió una serie de delitos que merecían ser sancionados.

En Archivero les compartimos el documento del “juicio revolucionario” a Valenzuela. La acusación fue de traición, delación e instigación, por haber accedido a colaborar con el enemigo y poner en peligro a la cúpula.

El 7 de marzo de 1978, el tribunal falló y encontró a Valenzuela culpable de los delitos señalados. Si bien la condena correspondiente era la pena de muerte, “no corresponde la aplicación de la misma, por cuanto el efecto final y principal previsto por el enemigo no pudo ser ejecutado”. El tribunal también reconoce que “los delitos fueron cometidos en medio de una maniobra que permitió preservar a importantes sectores de la estructura partidaria”.

La condena que recibió Valenzuela fue la máxima degradación de cargo en la estructura guerrillera. Pasó de ser Oficial a Subteniente y debió realizar una autocrítica profunda de su conducta. Valenzuela reconoció su falta como “debilidad ideológica”, pero dejó un mensaje a la conducción guerrillera. “Algunos de ustedes están vivos porque, a pesar de todos los errores míos, el haberme presentado en México impidió que el enemigo los matara”.

Tras haber transcurrido 5 meses del juicio revolucionario, Tulio Valenzuela decide volver a Argentina para participar de la contraofensiva guerrillera. Tras un enfrentamiento con militares y verse rodeado y sin escapatoria, Valenzuela decidió ingerir una pastilla de cianuro y quitarse la vida antes de entregarse a las fuerzas armadas.

La acción de Valenzuela en México marcó el destino de su pareja y de sus hijos. Raquel Negro, militante montonera, la llevaron parir a un hospital militar. Luego ya no se supo más nada de ella. Su hijo fue entregado a la familia materna de Negro. Los mellizos que acaba de tener fueron separados al nacer: la niña fue entregada a una familia, recuperando su verdadera identidad en el 2009. Del niño aún se desconoce su paradero y es buscado por su familia biológica.

“Vendo Ford 400 mil pesos informes señor Madero. Precio Sumamente elevado pero en la mejor disposición de negociar”, decía el anuncio clasificado publicado el 25 de octubre de 1981 en el periódico El Universal con el que la familia Madero Bracho, intentó que los secuestradores bajaran el monto del rescate de su hija Beatriz.

El anuncio era parte de las exigencias de los secuestradores, un grupo de guerrilleros argentinos exiliados comandados, según la DFS por Roberto Guevara, hermano del “Che”. El objetivo: iniciar las tratativas para el pago de 40 millones de pesos y la posterior liberación. 

Beatriz era hija de Enrique Madero Bracho, fundador de la minera Autlán y sobrina de Antonio Madero y Pablo Emilio Madero Belden, excandidato a la presidencia de México. Todos ellos eran miembros de una vieja dinastía de hombres de negocios cercanos al poder político. Pero tal como se menciona en el clasificado, el regateo no conoce clases sociales. 

Este dato por sí curioso, forma parte de una historia que se desarrolló entre octubre y noviembre de 1981. Una historia que vinculó a grupos guerrilleros, una de las familias más importantes del país y las agencias de seguridad y espionaje del Estado.

ARCHIVERO reconstruye cómo ocurrieron aquellos hechos a través del acceso a decenas de informes de la entonces Dirección Federal de Seguridad (DFS), extractos de la causa penal radicada en un juzgado del Distrito Federal y una revisión hemerográfica durante un año. 

La historia en México de Roberto Guevara, hermano del reconocido guerrillero Ernesto Che Guevara, nos lleva a principios de la década de los 80. Como parte del gran grupo de exiliados por la persecución de las dictaduras del cono sur, Roberto Guevara transitó sus días fuera de Argentina entre Europa, Cuba y México, pero sin abandonar su militancia política en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) de Argentina.

Como parte de las acciones para recaudar dinero para la organización guerrillera, Roberto Guevara, en conjunto con un grupo de militantes argentinos, entre quienes se destaca Julio Santucho, hermano de Mario Roberto Santucho, líder del PRT-ERP, secuestró a Beatriz Madero Garza, hija del empresario Enrique Madero Bracho y sobrina de Pablo Emilio Madero Belden, candidato presidencial por el PAN en las elecciones de 1982.

Madero Garza trabajaba en la compañía “Minera Autlán”, propiedad de su padre, en la cual era parte del equipo de administración. El 23 de octubre a las 18.30 salió de su oficina en Polanco y subió a su Volkswagen Caribe verde para dirigirse a su domicilio. Sin embargo, ese viernes no sería como otros. Casi una hora después, su familia recibió una llamada en la que una voz amenazante decía: “Tenemos en nuestro poder a la señorita Beatriz Madero; no comuniquen a la policía; yo hablaré posteriormente con la clave (tachado). No avisen a la policía. No avisen a la policía. No avisen a la policía”.

Según la DFS, el secuestro fue ejecutado por Ángel Porcceu Sukka, Ramón Antonio Beviglia y Ariel Morán Silvestre, quienes interceptaron a Madero Garza en la avenida Campos Elíseos. Los secuestradores abordaron su vehículo, el cual fue abandonado calles adelante y sustituido por otro para dirigirse con rumbo a Cuernavaca, Morelos, lugar donde estaría en cautiverio.

Las comunicaciones entre los captores y la familia de la secuestrada se llevaron adelante mediante los métodos clásicos en este tipo de casos: a través de llamadas telefónicas y mensajes dispuestos en la vía pública, como por ejemplo, una carta debajo de una llanta en una entrada de automóviles en Eje Central y Tacuba o través de un mensaje cifrado en un anuncio clasificado en el periódico El Universal, en el cual los familiares afirmaban estar de acuerdo con la negociación. El pedido por la liberación de Beatriz Madero: 40 millones de pesos mexicano.

El secuestro no solo tomó por sorpresa a la familia Madero Bracho, sino que llevó a Enrique a reunirse de forma urgente con el Presidente López Portillo para plantearle la preocupación del caso.

Pero el plan de los guerrilleros tuvo un fallo inaudito. En una de las comunicaciones telefónicas, los captores le piden a la familia que retire una carta de las fauces de una estatua de un león ubicada en el ingreso al Bosque de Chapultepec. 

Agentes de la DFS y de la DIPD armaron un dispositivo en la zona e identificaron a un individuo sospechoso, el cual fue detenido, reconociendo su participación en el secuestro. Si bien se identificó como Geovanni Rosas, su nombre verdadero era Ángel Porcceu Sukka. 

Tras interrogarlo junto a su pareja y de allanar su domicilio, en donde se encontraron armas y propaganda política, Porcceu Sukka se logra comunicar con el resto de sus compañeros, pidiendo que liberaran a la secuestrada.

La liberación de Beatriz Madero el 27 de octubre de 1981, desencadenó una serie de detenciones, entre las que se destaca la de Roberto Guevara y Julio Santucho, líderes del movimiento guerrillero argentino en México. Esta posición de jerarquía entre los exiliados detenidos, llevó a la DFS a considerarlos como los instigadores y autores intelectuales del secuestro

Luego de estar detenidos varios días en la Procuraduría General de Justicia del DF, el 6 de noviembre el juez José Humberto Albarrán les dicta formal prisión de los detenidos. Se los acusa de ser presuntos responsables del delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, asociación delictuosa y portación ilegal de armas de fuego, siendo trasladados al Reclusorio Norte. 

Dentro de los delitos que se les atribuyó, se señalaron también el robo al Banco Nacional de México y al Banco Serafín ubicados ambos en la Colonia Del Valle, entre diciembre de 1980 y julio de 1981. También recayó sobre ellos la acusación de robo de un vehículo en la colonia Nápoles, en el cual el día 23 de octubre de 1981 secuestraron a Madero Garza.

La DFS reconoce que no son delincuentes comunes ni lucran para beneficio personal. “Son miembros de una gran organización que tiene actividades a nivel mundial y que los beneficios económicos obtenidos en acciones militares son controlados para la continuación de la lucha revolucionaria en su país y en apoyo a las revoluciones en otros países”. Ante esto, sugieren vigilar al resto de los exiliados argentinos en México, a quienes visitan a los detenidos y a los posibles nexos locales con el fin de impedir una penetración ideológica en el país.

En declaraciones públicas hechas a medios de comunicación y a través de una carta dirigida al Presidente José López Portillo el 25 de noviembre de 1981, Guevara y Santucho señalan su inocencia en el caso, destacando que la única vinculación se debe al rango jerárquico a nivel partidario. 

En esta carta, mencionan que muchas de las declaraciones obtenidas por la justicia se dieron luego de recibir golpes y que la verdadera intención de sus detenciones es por que “somos hermanos de Mario Roberto Santucho y Ernesto Che Guevara: al desprestigiarnos se pretende empañar la imagen de estos dos grandes luchadores de la Revolución en Argentina y América Latina”.

Sin embargo, Roberto no fue el único Guevara implicado en el secuestro. Su hija, Eleonora Guevara junto a Ángela Rosa Tivegna controlaban la casa de seguridad en Cuernavaca donde mantuvieron retenida a Beatriz Madero. Pero, enteradas de la captura de sus compañeros y el pedido para que la liberen, se fugaron sin que la DFS pueda saber su paradero.

Si bien el tiempo que pasó en prisión Roberto Guevara es difuso, se tiene conocimiento que, vuelta la democracia, decidió volver a Argentina para ejercer su labor como abogado.

Los documentos sacados a la luz por la National Security Archive de la Universidad de Washington y el Argentina Declassification Project del Gobierno de los Estados Unidos, revelan el conocimiento que tenía el país norteamericano sobre el Golpe de Estado que se avecinaba en Argentina, en el año 1976.

El acceso a estos archivos y cables diplomáticos evidencian que tanto la embajada como la CIA sabían del plan de las FFAA para interrumpir el orden constitucional. Hacia fines 1975, diversos reportes de la CIA ya señalaban que “Las discusiones reportadas en el alto mando ya no se centran en si un golpe es necesario o factible, sino en cómo y cuándo debe llevarse a cabo.»

A comienzos del 76, el Embajador Robert Hill notificó que altos mandos militares deseaban reunirse con el Secretario de Estado Henry Kissinger. Días después, el mismo Hill mantuvo una reunión con el Almirante Emilio Massera donde le revelaba que los militares debían ocupar el vacío político que existía en Argentina.

Mientras tanto, la CIA también notificaba que el golpe de estado era inevitable. A través de su Director, George Bush, se le dijo al presidente norteamericano de aquel entonces, Gerald Ford, sobre el avance golpista.

Un dato a resaltar es la partida de Argentina del Embajador Hill una semana previa al golpe, señalando que «El hecho de que yo esté fuera del país cuando el golpe caiga realmente sería, creo, un hecho a nuestro favor que indica la no implicación de la Embajada y del Gobierno de los Estados Unidos”.

Tal como señala Carlos Osorio, Director del Proyecto de Documentación del Cono Sur del National Security Archive, «No hay pruebas de que Estados Unidos instigara el golpe, pero Estados Unidos aceptó, y apoyó tácitamente, el cambio de régimen porque Washington compartía la posición de los militares de que el golpe era la única alternativa al caos en Argentina».