Fue en abril de 1994, apenas unos días después de su asesinato en Tijuana. Ahí estaban cada uno por teléfono, una desde Iztapalapa, en una casa azul marino que se construyó frente a un templo cristiano y él, en alguna de sus lujosas casas en Las Lomas.

Dice Francisca Zetina “La Paca” que las reuniones con un hombre tan importante como Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente Carlos Salinas, tenían que realizarse telefónicamente. Y como para Francisca la distancia no importaba o no evitaban que las visiones llegarán, ella aceptaba.

Ese día de abril, mientras sostenían el teléfono, sintió una presencia hasta su casa en Iztapalapa, una delegación del entonces Distrito Federal. Le recorrió el cuerpo la sensación, el mensaje llegaba: había que transmitírselo a su cliente, Raúl.

“Su puerta está manchada de sangre y un justo pide justicia”. Francisca rápidamente comenzó a sentir la presencia de un hombre que estaba metido entre los dos, al menos así lo describe ella.

En una declaración ministerial que hace parte de la carpeta de investigación 003/95 de la entonces Procuraduría General de la República y que ARCHIVERO ha ido desclasificando en partes, los agentes del Ministerio Público revelan un pasaje de los convulsos días de 1994 que involucra un asesinato, brujería y mucha política noventera.

Según “La Paca”, como ella se lo advirtió, el hombre que quería justicia se le apareció a Raúl Salinas mientras hablaban por teléfono. Ese inocente que habían matado era Luis Donaldo Colosio Murrieta, su compañero de partido que había sido asesinado el 23 de marzo de 1994 en un mitin en la ciudad de Tijuana, unas semanas antes de las elecciones presidenciales.

El relato ministerial permite reconstruir la versión de Francisca Zetina “La Paca”, una historia que marcó a una generación de mexicanos, un año de levantamientos armados, asesinatos políticos y una devaluación económica que cambió el destino de la política mexicana y del Partido Revolucionario Institucional, que había gobernado durante 65 años.

Los extractos de su declaración son difíciles de leer, pero este es uno de los pasajes que narra “La Paca” conocida como la vidente de Iztapalapa.

“Que cuando (Francisca) lo ve en el mes de abril 1994 fue por vía telefónica ya que siempre se utilizaba ese medio de comunicación por el ingeniero Salinas. Quien le llamaba para que tuviera su sesión (ocultista)… que enseguida ya entrando en plática le dijo la dicente a Raúl que su puerta estaba manchada de sangre y un justo pedía justicia y que estaba presente en medio de los dos. Que Raúl Salinas se agachó y se le quedó viendo….”

“Que le refirió (Raúl Salinas) que la persona que pedía justicia, que ese inocente que habían matado que era Colosio, estaba presente. Que vio el ingeniero Salinas como de uno de sus sillones se levantaba una persona, notando en su cara una expresión de espanto y no pronunciaba ninguna palabra”.

En el mismo documento judicial, como parte de las averiguaciones de la Subprocuraduría Especial para el Caso Colosio, Raúl Salinas de Gortari aseguró el 17 de julio del año 2000 que las sesiones ocultistas no ocurrieron y que La Paca era una mujer que mentía sistemáticamente.

—Que diga si en el mes de abril de 1994 el declarante se entrevistó con la señora Francisca Zetina para tener una sesión de “ciencias ocultas”.

—Es falso y absurdo las mentiras de la señora se pueden constatar sus declaraciones que existen en la causa 14/95— respondió Raúl al interrogatorio.

Francisca Zetina fue conocida hasta 1995, en ese entonces tenía 46 años cuando fue detenida en Iztapalapa acusada de un despojo. Según investigadores del caso, antes de que le dictaran auto de formal prisión, Zetina los amenazó en los separos de la procuraduría capitalina y les advirtió que “era gente de Raúl”, el hermano del presidente. Ese día les soltó la verdad: durante años había sido la bruja del político.

Según ella, un año antes había sido testigo de apariciones como la de Colosio, pero también del asesinato de otros dos políticos priistas: José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del partido y Manuel Muñoz Rocha, un diputado presuntamente cercano a Raúl Salinas.

En 1995, La Paca contó ante la PGR que conocía a Raúl, pero también a una mujer llamada María Bernal, quien aseguraba que era amante del político mexicano. Ella declaró que María le dijo que el 26 de agosto de 1994, Raúl Salinas le confesó, subido de copas, que matarían al exesposo de su hermana, Jose Francisco Ruiz Massieu.

Pero también que había sido el hermano del presidente el que asesinó al diputado Muñoz Rocha, ya que había sido su complice en el asesinato de su cuñado. La Paca incluso les reveló el lugar donde supuestamente había sido enterrado: El rancho el Encanto.

Gracias a sus declaraciones, fue detenido el 28 de febrero de 1995 y condenado a cincuenta años de prisión, sin embargo obtuvo su libertad en junio de 2005 y fue absuelto de los cargos de autoría intelectual en el homicidio de Ruiz Massieu.

Sin embargo, más tarde se comprobaría que los restos encontrados en El Encanto eran de un pariente de Zetina. Así que “La bruja” fue sentenciada a pasar nueve años y ocho meses de prisión. La Paca obtuvo su libertad hasta 2008, a los 59 años.

En agosto la encontramos: idéntica. El mismo lunar en la frente en medio de los dos ojos, un peinado espectacular de salón y maquillada con cobertura total a las 10 de la mañana. Francisca ya no vive en la misma casa, sin embargo sigue habitando el barrio de Iztapalapa donde su fama la antecede. Para todos es, la Bruja del señor Salinas.

Laura Sánchez Ley 

A un año y seis meses de que se integrara el llamado Equipo Especial de Investigación y Litigación para el caso Luis Donaldo Colosio Murrieta se han interrogado a 99 personas, de los cuales se encuentran testigos de la detención de Mario Aburto Martínez, peritos y hasta policías involucrados en el asesinato. 

A pesar del hermetismo con que se ha manejado, Archivero obtuvo a través de un recurso de transparencia un informe que revela que desde el pasado 5 de abril del 2022 se inició la nueva  investigación a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos instalada en 2019 y que entre sus atribuciones, se encuentran, hechos relacionados con torturas. 

En el informe revelaron por primera vez que, hasta el momento, han sido interrogadas casi un centenar de personas entre las que se encuentran 45 peritos, 24 testigos y 19 policías, todos ellos relacionados con una averiguación previa que ya había sido abierta en febrero de 1995. 

La Fiscalía explicó que hasta el momento el equipo integrado por 18 personas trabaja en la investigación número SE/003/95 y que han realizado en 17 meses 472 diligencias, es decir actos y movimientos que han dejado constancia documentada, con la finalidad de reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos. 

Aunque las identidades de los interrogados se guardan bajo llave, este diario ha revelado nombres de abogados que han sido llamados a declarar así como de personal de la PGR que laboraba en Tijuana el 23 de marzo de 1994 y un defensor de derechos humanos. 

Los interrogatorios se han extendido durante más de ocho horas y entre las preguntas que se les han realizado se encuentran si fueron testigos de los movimientos de Mario Aburto entre las 5 de la tarde del 23 de marzo y las 6 de la mañana del día 24 de 1994. También se ha indagado en la presencia de actores políticos como Manlio Fabio Beltrones, Diego Valades Rios, entre otros. 

Paradójicamente, pese a que la Fiscalia  investiga actos de tortura a Mario Aburto Martínez, por otra parte se esfuerza en evitar su liberación: la primera semana de diciembre logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptara la revisión de una impugnación contra el amparo que lo dejaría en libertad el próximo 23 de marzo de 2024, retrasando con ello que salga de prisión. 

Historia de una investigación

Habían pasado casi 12 meses desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas y para entonces el proceso judicial era un caos. Ya se había creado una fiscalía especial y el primer titular había renunciado: Miguel Montes García, quien primero se dejó llevar por la teoría del complot, para después retractarse y asegurar que solo había un asesino solitario, Mario Aburto Martínez.

Era febrero de 1995 y para ese día también había renunciado la segunda fiscal. Olga Islas Mariscal, quien el 31 de octubre de 1994 logró la sentencia de 42 años para Aburto, en medio de un caos mediático y la sospecha de la gente sobre si realmente había fraguado solo el asesinato. 

Para el 24 de febrero de ese año ya se había convertido en tercer fiscal el ex mecanógrafo Pablo Chapa Bezanilla. Fue él, quien contradijo la versión de sus antecesores y aseguró que el asesinato era producto de un complot y que el segundo tirador era un humilde chofer llamado Othón Cortez. Más tarde se comprobaría que eso fue una mentira. 

Sin embargo, fue durante su gestión que se iniciaría el 24 de febrero de 1995 la averiguación previa SE/003/95. Según el informe judicial revisado por este diario, el expediente fue abierto el 24 de febrero de 1995 para continuar con las investigaciones del homicidio, a la par de practicar nuevas diligencias, es decir, interrogatorios y más. 

En esta averiguación, por ejemplo, se recabaron 61 testimonios de personas que presenciaron la caída de Colosio cuando le dispararon, la posición de Aburto y el candidato durante el atentado, así como su colapso en el piso. 

También fue el documento que intentó reconstruir con mayor exhaustividad la cronología de hechos sucedidos durante la estancia de Mario Aburto en las instalaciones de la PGR en Baja California. 

Fue a través de ella que se estableció que se mantuvo a Aburto de las 17:30 horas del día 23 de marzo a las 6:45 horas, aproximadamente, del día 24 de marzo de 1994. 

Durante esas 13 horas y 15 minutos se desarrollaron los principales actos, que concluyeron con la remisión del expediente a la Ciudad de México para su consignación. En su momento la Fiscalía Especial aseguró que a través del expediente SE/003/95 es que lograron esclarecer en forma lógica muchos de los señalamientos, e incluso de las especulaciones y sospechas, en torno al autor material del crimen y el homicidio mismo.

“La descripción sucesiva de hechos permite, además, ubicar distintos acontecimientos que se fueron sucediendo, que en forma separada tienen una compleja explicación, pero a la luz de su conjunto se pueden visualizar con mayor claridad. Aun cuando la mayoría de las horas señaladas en esta cronología pueden no ser exactas o precisas, atendiendo al recuerdo borroso de los testigos por el tiempo transcurrido”, reconocieron. 

En esta averiguación previa también pueden encontrarse el acta de nacimiento de Aburto, su fe de bautizo, documentos encontrados en un baúl que supuestamente era de su pertenencia, pertenencias de su padre, Rubén Aburto, correspondencia familiar, dos cartas anónimas de 1999, dictámenes de audio y video elaborados por  Michael Kasis Petraki, un perito de voz, entre otros. 

Es esta la averiguación previa que refiere, que  investiga, el Equipo Especial de Investigación y Litigación para el caso Luis Donaldo Colosio Murrieta en respuesta a la solicitud de acceso a la información realizada por Archivero. 

Poco personal, poco presupuesto

Aunque fue hasta julio del año pasado que la Fiscalía General de la República anunciara la reapertura del Caso Colosio, fue el 5 de abril del 2022 que arrancó oficialmente esta investigación que intenta esclarecer qué pasó el 23 de marzo de 1994, luego de ser asesinado el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio.

Sin embargo, desde ese día solo se reveló que quien estaría a cargo del equipo sería Abel Galván Gallardo. Y no más. Pero en el reporte que entregaron revelan que hasta el momento trabajan 18 personas en la investigación. 

Un Fiscal Especial en jefe, con un asistente, un Subcoordinador Ejecutivo con un asistente, un Supervisor Especializado, un jefe de departamento, solo siete Ministerios Públicos, uno de los puestos más importantes y cinco Auxiliares Ministeriales. 

Aunque no detallaron el monto de dinero ejercido explicaron que esta investigación se apoya con el presupuesto destinado a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, cuyo presupuesto para 2023 es de solo 10 millones 777 mil 596 pesos. 

Cabe recordar que fue el 15 de julio de 2019 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la instalación de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos que entre otras facultades, tiene la conducción legal de la investigación de delitos y el ejercicio de la acción penal en casos de violaciones a los derechos humanos. 

Los interrogatorios 

Según el documento enviado por la FGR desde el 5 de abril han sido interrogados 99 personas, 42 testimoniales, 45 peritos y 12 policías. Aunque no se revela el nombre de las personas para cuidar la investigación algunos de ellos se han acercado a este diario para contar cómo han sido los interrogatorios. 

Entre ellos el ex procurador de Derechos Humanos de Baja California, José Luis Pérez Canchola, reiteró que el detenido “estaba golpeado y lo envolvieron en un colchón en estado de inconsciencia” y ha sido uno de los testigos que se mantienen en esa versión desde 1994. Lo interrogaron durante más de 4 horas. 

El primer abogado de Aburto, Xavier Carbajal, aseguró que tenía la impresión de que el interrogatorio “tiene tintes políticos” y le desconcertó que los interrogatorios se centrarán en la participación de actores políticos en lugar de focalizarse en Mario Aburto. 

El litigante estuvo seis horas y media sentado, respondiendo cuestionamientos de ese día. Sin embargo, asegura que durante el interrogatorio de 113 preguntas, insistieron en la presencia de Beltrones.

Otro de los abogados que fue llamado a declarar fue Marco Antonio Macklis, quien fue testigo de asistencia en la PGR el 23 de marzo de 1994. El litigante declaró durante más de cinco horas y recuerda que también le preguntaron por Beltrones, si lo había visto, si estaba ahí el día del interrogatorio con su jefe de escoltas.

A estos testigos también se le interrogó como parte de otra averiguación previa que investiga la FGR la, 2080/94 sobre la tortura de Aburto y que está ligada a la SE/003/95 es decir el homicidio de Luis Donaldo Colosio. 

Sin fecha

A pesar del personal y el dinero que la Fiscalía está gastando en el caso Aburto, la realidad es que no lo quiere en libertad. Jesus González Schmal, abogado de Aburto, explica que con la decisión de la Suprema Corte de revisar el caso que es a todas luces improcedente. 

Está cubriendo las apariencias para no exhibir a la a la Fiscalía General de la República: “Es notoriamente improcedente,  no hay en absoluto un solo indicio de violación constitucional que justificara la razón de la Fiscalía de invalidar la resolución del amparo que concedió el (tribunal) colegial”, dice. 

Teme tristemente que la FGR esté usando este caso para que cumpla una tarea de estrategia electoral de parte del gobierno y es que no no es lógico que una Fiscalía no esté siendo rigorista en el sentido de la aplicación de la ley y protección de los derechos humanos. 

“Baja California, donde ocurrió es la única (ley) aplicable para estos casos y no puede ser trasladado o impuesto  una sanción que está contenida  en otro dispositivo en legislativo, en otra ley, y que no es aplicable más que en casos de que la competencia del suceso tenga relevancia federal.  Aquí no lo tuvo puesto que Colosio era un candidato, era un ciudadano en campaña, no era un funcionario público. Claro, claro, aquí aplica definitivamente la ley local”. 

La realidad es que la liberación de Mario Aburto, otra vez, queda en el limbo.

Las primeras imágenes son las transcripciones que hacía José María, joven que con menos de 20 años fue convocado a la guerra, de los mensajes que pronunciaba el capitán del portaaviones “ARA 25 de Mayo” a la tripulación que se dirigía el día 2 de abril de 1982 a las Islas Malvinas.

El mapa dibujado en la tercera imagen, se cree fue hecho por el padre del excombatiente José María desde la Provincia de Buenos Aires para saber las distancias donde estaría su hijo movilizado.

La siguiente imagen es un recibo que se le entregaba a los argentinos que hacía donaciones para los combatientes. Se puede observar que entre los artículos había revistas, dulces y galletas.

La última imagen corresponde a un parte de la Armada que circulaba entre los excombatientes donde se relatan las bajas, capturas y un llamamiento a la dirección de la Asociación de Fútbol Argentino.

Estos documentos tienen un valor significativo como archivos y por la carga simbólica que representa para las personas que, de una manera u otra, vivieron el conflicto. En las transcripciones compartidas se valora como un “privilegio” el ser protagonista de una acción histórica y de soberanía nacional a decenas de jóvenes de no más de 20 años, sin preparación ni los medios para participar de un conflicto bélico. 

El dibujo de un mapa hecho por un padre que no sabía si volvería a ver a su hijo. Una muestra de la solidaridad de la sociedad argentina a través de las donaciones que hacían para sus jóvenes, donaciones que nunca llegaron al campo de batalla. Partes donde se difundía la supuesta victoria de una guerra que, por las vías de las armas, jamás se ganaría.

Se trata de los amigos Christopher Boyce y Andrew Dalton Lee, que, en mayo del 77 fueron condenados en EU por espionaje al revelarse que entregaban a la embajada soviética en México información sobre el desarrollo de satélites que monitoreaban a Rusia y China.

Boyce trabajaba desde 1975 en la sala de códigos secretos de la empresa TRW Systems Group, quien estaba llevando adelante un proyecto de desarrollo de satélites para la CIA, teniendo acceso a documentos secretos donde se detallaba cómo descifrar el tráfico seguro de mensajes del gobierno de EE. UU.

Andrew Lee, quien viajaba asiduamente a México para traficar drogas, era el encargado de entregar la información que recopilaba Boyce a agentes de la KGB. El 6 de enero de 1977, Lee fue detenido frente a la embajada soviética en México con 20 negativos que contenían información sobre un programa de desarrollo satelital de EU y develó la trama de espionaje de la que formaba parte junto a Boyce.

Según la justicia norteamericana, los condenados filtraron información secreta por casi dos años, por lo cual fueron condenados a cadena perpetua, en el caso de Lee y a 40 años de prisión en el caso de Boyce. Sin embargo, Lee fue puesto en libertad condicional en 1998, mientras que Boyce, varios años después de su fuga del penal de Lompoc en 1981, recuperó su libertad en 2002.

Este caso atrajo el interés del periodista Robert Lindsey, quien escribió el libro “The Falcon and the Snowman: A True Story of Friendship and Espionage” (1979), en el cual se basó la película que lleva el mismo nombre, donde Timothy Hutton interpretó a Boyce y Sean Penn a Andrew Dalton Lee.

Una serie de cables diplomáticos revelaron que mientras el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna recibió sobornos del cártel de Sinaloa, altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos lo respaldaron y hasta lo consideraban un profesional de la fuerza de investigación policial.

Los cables diplomáticos que salieron de la embajada de Estados Unidos en México entre los años 2006 al 2010 dan detalles de cómo el gobierno estadounidense exaltó la labor del exsecretario al que ahora acusan de colusión con el narco.

En el año 2020 el gobierno de Estados Unidos desclasificó una serie de cables diplomáticos que salieron desde las oficinas de la embajada en México.

Por ejemplo en la comunicación con número ZCZCXRO2139 enviado el 11 de diciembre de 2006 a distintas dependencias entre ellas al departamento de Justicia, la ministra consejera de la Embajada de Estados Unidos en México, Leslie Bassett aseguró que era un enlace de confianza.

“Y un estratega, que aborda cuestiones y problemas como el ingeniero que es. Su reputación personal es muy buena. Ayudó a diseñar un plan de reorganización para transformar la fuerza de PJF altamente contaminada por la corrupción. Es un profesional de la fuerza policial de investigación”.

Un año después en 2007 a través del cable ZCZCXRO9174 que salió de la embajada revelaron que García Luna era tan valorado que incluso tuvo una reunión con el propio Michael Chertoff, Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

En esta reunión García Luna aseguró que estaría reclutando a más de 8,000 nuevos oficiales. En esa entonces dijo que requeriría un nuevo enfoque para investigar a los oficiales, y expresó la esperanza de que el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos pudiera ayudarlo a establecer programas para asegurar la integridad de su fuerza.

Para el 27 de octubre del año 2009, en otro cable con número VZCZCXRO178 justo antes de la visita de García Luna a una reunión a Washington para tratar asuntos relacionados con el plan Mérida, el Ministro Consejero de la Embajada de Estados Unidos en México, John Feeley lo describe como un actor clave del aparato de seguridad de México.

Hoy el exsecretario de seguridad enfrenta a la justicia de Estados Unidos por colusión con el narcotráfico y protección al cártel de Sinaloa. Su juicio acumula más de 1 millón de pruebas en su contra. 

A comienzos del 2020 el científico oriundo de Oaxaca, Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, fue detenido en Estados Unidos acusado de ser un espía de Rusia. En un primer momento, reconoce haber tenido contacto con un funcionario del gobierno ruso, en uno de sus viajes a Moscú, pero rechaza cualquier tipo de vínculo profesional.

Según la justicia norteamericana, la misión de Cabrera era rentar un apartamento en Miami y localizar un vehículo de un agente del FBI, que luego informaría a los servicios de inteligencia rusos. Las fotografías de este vehículo encontradas en el teléfono de la esposa de Cabrera, fueron la evidencia contundente para encarcelar.

El 15 de febrero de 2022, en un acuerdo con la justicia, Cabrera se declara culpable del delito de espionaje. Se espera que la condena se conozca el 17 de mayo de 2022. Originario de El Espinal, Oaxaca, allí nadie cree en el caso de espionaje, sino que señalan una conspiración científica en relación a su conocimiento e investigación en el campo de la medicina genómica.

Otros casos son los de la periodista peruana Vicky Pelaez y su esposo, Lázaro Juan. Según el expediente desclasificado en la Fiscalía de Nueva York, en el año 2000 llegaron a vivir a Nueva York.

Lázaro Juan se hacía pasar por fotógrafo uruguayo y ella trabajaba para el diario La Prensa.

Desde el 14 de enero de 2000 recibieron dinero en un país de América del Sur por parte de otro agente del gobierno de Rusia, lo mismo su esposo, Juan Lázaro, en 2007.

En una publicación de 2011, la periodista escribió que era inocente de los cargos de espionaje a pesar que los fiscales aseguraron que tenían comprobado que recibió al menos 80 mil dólares. Sin embargo, la acusación de Estados Unidos contradice los dichos de la periodista:

“A lo largo de 2003, los agentes interceptaron la comunicación en una casa en Yonkers (Nueva York). Esta vigilancia aural reveló chasquidos electrónicos irregulares asociados con la recepción de transmisiones de radio codificadas. Basado en mi entrenamiento, eran los sonidos de una transmisión de radio que se recibía desde Moscú. Ese día, Juan Lázaro le dijo a Vicky Pelaez que estaba recibiendo radio desde allí”.

Fueron detenidos y liberados en el 2010 en un intercambio de espías con Rusia.